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Subdesarrollo y Revolución

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Subdesarrollo y Revolución, México, Siglo XXI Editores, 12ª edición, 1985, pp. 26-58.

Capítulo 2. LA DIALÉCTICA DEL DESARROLLO CAPITALISTA EN BRASIL

(1a. parte)

1. Política y lucha de clases

La coalición dominante: la primera fisura

Latifundio contra industria

La escisión horizontal

El bonapartismo de Quadros

Goulart y la colaboración de clases

La radicalización política

La intervención militar

 

El golpe militar que depuso al presidente constitucional de Brasil, João Goulart, en abril de 1964, fue presentado por los militares brasileños como una revolución, y definido un año después por uno de sus voceros como una “contrarrevolución preventiva”. Por sus repercusiones internacionales, sobre todo en América Latina, y ante las concesiones económicas que tuvo para los capitales norteamericanos, muchos lo consideraron sencillamente como una intervención disfrazada de Estados Unidos. Esta opinión es compartida por ciertos sectores de la izquierda brasileña que, sin embargo, nunca supieron explicar por qué, en el momento mismo en que parecían llegar al poder, éste les fue arrebatado sorpresivamente sin que se disparara un solo tiro.

A nosotros nos parece que ninguna explicación de un fenómeno político es buena si lo reduce sólo a uno de sus elementos, y que es decididamente mala si toma por clave justamente un factor que lo condiciona desde fuera. En un mundo caracterizado por la interdependencia, y más que ello, por la integración, nadie niega la influencia de los factores internacionales sobre las cuestiones internas, principalmente cuando se está en presencia de una economía de las llamadas centrales, dominantes o metropolitanas, y de un país periférico, subdesarrollado. Pero ¿en qué medida se ejerce esta influencia? ¿Qué fuerza tiene frente a los factores internos específicos de la sociedad sobre la cual actúa?

Brasil, con sus 90 millones de habitantes y una economía industrialmente diversificada, es una realidad social compleja, un compromiso cuya dinámica, aunque condicionada y limitada por el marco internacional en que se inserta, rehúye las interpretaciones unilaterales. Sin un análisis de la problemática brasileña, de las relaciones de fuerza allí existentes entre los grupos políticos, de las contradicciones de clase que se desarrollaban con base en una configuración económica dada, no se comprenderá el cambio político que experimentó a partir de 1964. Peor que esto, no se podrá relacionar ese desarrollo político con la realidad económico-social que se encuentra en su base, ni estimar las perspectivas probables de su evolución. Perspectivas que, a fin de cuentas, no se refieren tan sólo a Brasil, sino a toda Latinoamérica.

 

1. Política y lucha de clases

La historia política brasileña presenta, en este siglo, dos fases bien caracterizadas. La primera, que va de 1922 a 1937, es de gran agitación social, marcada por varias rebeliones y una revolución, la de 1930. Sus causas pueden buscarse en la industrialización que se produce en el país en la década de 1910, gracias sobre todo a la guerra de 1914, que conduce a la economía brasileña a realizar un considerable esfuerzo de sustitución de importaciones. La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones sobre el mercado internacional van a mantener en un bajo nivel la capacidad de importación del país, acelerando, de esta manera, su proceso de industrialización.

Las transformaciones que operan en la estructura económica en ese período se expresan, socialmente, en el surgimiento de una nueva clase media, es decir, de una burguesía industrial directamente vinculada al mercado interno, y de un nuevo proletariado, que presionan a los antiguos grupos dominantes para obtener un lugar propio en la sociedad política. El resultado de las luchas desencadenadas por ese conflicto es, por intermedio de la revolución de 1930, un compromiso —Estado Nôvo de 1937, bajo la dictadura de Getúlio Vargas—, con el cual la burguesía se estabiliza en el poder, en asociación con los terratenientes y los viejos grupos comerciantes, al mismo tiempo que establece un esquema particular de relaciones con el proletariado. En este esquema, el proletariado será beneficiado por toda una serie de concesiones sociales (concretadas sobre todo en la legislación laboral del Estado Nôvo) y, por otra parte, encuadrado en una organización sindical rígida, que lo subordina al gobierno, dentro de un modelo de tipo corporativista.

 

La coalición dominante: la primera fisura

Con pequeños cambios, y a pesar de que se derroca a la dictadura de Vargas, este compromiso político de 1945, este contrato social —si se le puede llamar así— se mantiene estable hasta 1950. Empieza entonces un nuevo período de agudas luchas políticas, de las que el suicidio de Vargas (que regresa al poder mediante elecciones), en 1954, es el primer fruto, y que conducirán al país, en 10 años tormentosos, al golpe militar de 1964. En la raíz de esas luchas encontramos el esfuerzo de la burguesía industrial por poner a su servicio el aparato del Estado y los recursos económicos disponibles; rompiendo, o por lo menos transgrediendo, las reglas del juego que se habían fijado en 1937. Pero las razones, en verdad, son más profundas: se asiste, en ese período, al deterioro de las condiciones en las que se basaban esas reglas, lo que se debe, por una parte, al crecimiento constante del sector industrial, y por otra, a las dificultades que, apareciendo primero en el sector externo, hicieron que la complementariedad hasta entonces existente entre el desarrollo industrial y las actividades agroexportadoras se convirtieran en una verdadera oposición.

Junto con la escisión vertical que se producía entre las clases dominantes, las presiones de las masas en busca de nuevas conquistas sociales rompen el dique que la dictadura les impuso hasta 1945, y que el gobierno fuerte del mariscal Dura (1945-1950) había mantenido. La fuerza ascendente del movimiento de masas, que se expresa ya en la elección de Vargas como presidente de la República (cuando, por primera vez en Brasil, llegó al poder un candidato de la oposición), es estimulada por la burguesía, que se apoya en ella para quebrar la resistencia de las antiguas clases dominantes. Esa alianza era posible porque, proponiendo un amplio programa de expansión económica, la burguesía abría perspectivas de empleo y de elevación del nivel de vida a la clase obrera y a las clases medias urbanas, creando de esta manera una zona de intereses comunes que tendían a expresarse políticamente en un comportamiento homogéneo. Esa tendencia será acentuada por la burguesía mediante el manejo de las directivas sindicales (vía Ministerio del trabajo) y con el impulso que dio a las ideas nacionalistas, que le permitieron ejercer un control ideológico sobre las masas.

Reflejando esa correlación de fuerzas, Getúlio Vargas no tarda en definirse por una política progresista y nacionalista, de la que fueron frutos: la creación, en 1952, del Banco Nacional de Desarrollo Económico; la decisión de concretar el Plan Salte (programación de las inversiones públicas en los sectores de salud, alimentación, transporte y energía); el Plan Nacional de Carreteras y el Fondo Nacional de Electrificación; el reequipamiento de la marina mercante y del sistema portuario; el monopolio estatal del petróleo (Petrobrás) y el proyecto de monopolio estatal de energía eléctrica (Electrobrás). El envío al Congreso de un proyecto de ley limitando los beneficios extraordinarios y los pronunciamientos favorables a la restricción de la exportación de beneficios se vio acompañado, por el gobierno, de una política laboral destinada a atraer el apoyo obrero, algo que Vargas confió a un joven gaucho desconocido llamado João Goulart, a quien nombró ministro del trabajo.

En un esfuerzo por movilizar de modo orgánico a las masas obreras, Goulart echó mano de diferentes métodos, desde el aumento del salario mínimo (congelado desde 1945) hasta la organización unitaria de las directivas sindicales. La demostración de fuerza que representó el I Congreso Nacional de la Previsión Social en Río de Janeiro, y los ataques que allí, rodeado de conocidos líderes comunistas, lanzó Goulart contra las oligarquías dominantes y la explotación imperialista, conmovieron a la derecha y asustaron a las clases dominantes con la amenaza de una república sindicalista de tipo peronista. Las estrechas relaciones de amistad que mantenían el Brasil de Vargas y la Argentina de Perón reforzaban ese temor. Presionado furiosamente, Goulart se vio obligado a abandonar el ministerio y a exiliarse en Uruguay.

Era, para Vargas, el principio del fin. Retrocediendo ante la reacción derechista, trató de calmar la furia de la oposición con varias medidas, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional y la prorrogación y ampliación del acuerdo militar Brasil-Estados Unidos. La primera, sin consecuencias inmediatas, creaba el marco jurídico para la represión del movimiento popular, que el gobierno militar de 1964 utilizaría ampliamente; el segundo ponía definitivamente a las Fuerzas Armadas brasileñas bajo la influencia del Pentágono norteamericano. Pero el mejor ejemplo de la política de conciliación de Vargas fue la reforma cambiaria de 1953, con la cual se buscó incrementar las exportaciones y contener las importaciones (realizadas, bajo el control gubernamental, en el mercado oficial), al mismo tiempo que, transfiriéndolas al mercado libre, se liberaba la entrada y salida de capitales.

Esa reforma cambiaria, si bien tuvo poca influencia sobre las exportaciones, comprimió fuertemente el nivel de las importaciones, equilibrando provisionalmente las cuentas externas del país, aunque buena parte del saldo así obtenido fue absorbido por la evasión de divisas permitidas por el nuevo sistema. La caída del precio internacional del café y la reducción del volumen de las exportaciones brasileñas hicieron que, en 1954, la balanza comercial volviera a presentar un déficit, lo que lanzó nuevamente a la economía a una grave crisis cambiaria. Internamente, la marcha de la inflación (el promedio mensual de los precios pasó de 175 en 1953 a 222 en 1954) impulsó al movimiento obrero a reivindicar reajustes de salarios; ahora los sindicatos contaban con el recurso efectivo de la huelga (cuyo derecho fue conquistado, de hecho, con el gran paro de los metalúrgicos, vidrieros y gráficos en São Paulo, en 1953).

Sobre esa base, la campaña de la derecha se intensificó —dirigida por un periodista llamado Carlos Lacerda— frente a Vargas, cuya política de conciliación lo aisló de las masas y atrajo la oposición de sus fuerzas organizadas, sobre todo de los comunistas. Un intento de asesinar a Lacerda, aunque frustrado, proporcionó el pretexto para que se exigiera la renuncia del presidente, puesto que varios miembros de su gabinete habían quedado comprometidos. En la madrugada del 24 de agosto, virtualmente depuesto, Getúlio Vargas se suicidó disparándose un tiro en el corazón.

“Una vez más —decía en un mensaje póstumo, divulgado poco después por Goulart— las fuerzas y los intereses contrarios al pueblo se unieron y nuevamente se desencadenaron contra mí”. tras denunciar como responsables de su muerte a los grupos económicos nacionales e internacionales, Vargas concluía: “He luchado mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo a una presión constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando todo, renunciando a mí mismo para defender al pueblo, que ahora se queda desamparado. No puedo daros nada más que no sea mi propia sangre.”

Se cerraba así un período de gobierno que marcó la eclosión de las contradicciones que se venían gestando hacía mucho en el proceso de desarrollo económico de Brasil. El hecho básico que debe considerarse es que la industria nacional se expandió gracias al sistema semicolonial de exportación, que caracterizó a la economía brasileña antes de los años treinta, y que esa industria no sufrió limitación o competencia sensible, en virtud de las condiciones excepcionales que habían creado la crisis de 1929 y el conflicto mundial. El compromiso político de 1937 había tenido por base esa realidad objetiva. Hacia los años cincuenta la situación cambia. Mientras la industria se empeña en mantener altos los tipos de cambio, lo que la lleva a chocar con el sector agroexportador, cuyas ganancias quedaban así disminuidas, este sector ya no puede ofrecer a la industria el monto de divisas que le había proporcionado en otros tiempos. Por el contrario, muchas veces se hace necesario que, mediante la formación de existencias generosamente pagadas, el gobierno garantice las ganancias de los plantadores y exportadores, existencias que, en verdad, corresponden a la inmovilización de recursos necesarios para la actividad industrial.

La crisis del sector externo de la economía brasileña expresaba, por lo tanto, la ruptura de la complementariedad que había caracterizado las relaciones de la industria con las actividades agroexportadoras. Esta crisis se agravó con otro elemento: la remuneración del capital extranjero. Como observa Caio Prado Júnior, los gastos anuales medios relativos a la exportación de capital fueron, en el período 1949-1953, de casi 3.000 millones de cruceiros, suma sólo superada por la exportación de café y muy superior a la que se gastó en la importación de equipos mecánicos y vehículos motorizados, que constituyen suplementos esenciales para la economía [1]. Como la remuneración del capital extranjero sólo puede cubrirse normalmente con los recursos de la exportación, y de hecho se asistía a una crisis de la exportación, era evidente la interacción de esos dos elementos: del sector externo y sus repercusiones sobre los intereses de la industria.

Las luchas políticas de 1954 reflejaron la agudización de esas contradicciones de la sociedad brasileña, que terminaron con una tregua y no con una solución. Tras la muerte de Vargas, efectivamente, se intentó un compromiso, entregándose la Presidencia de la República a Café Filho, vicepresidente cuya candidatura fue presentada por el Partido Socialista al mismo tiempo que se le rodeaba de un ministerio donde la derecha se encontraba muy bien representada. El importante Ministerio de Hacienda quedó en manos de Eugenio Gudin, abiertamente favorable a la más estrecha colaboración con el capital extranjero y contrario a todo programa intensivo de industrialización.

Ese compromiso mostraba, en realidad, el callejón donde se encontraban las fuerzas brasileñas. El gobierno abandonó los arrojados proyectos de Vargas para hacer lo que se llamó “un sondeo de la política económica para regresar a su modelo convencional, preocupada por la estabilidad, mediante la contención de la demanda global” [2]. Hasta 1956, ninguna iniciativa importante capaz de alterar el equilibrio relativo que se establecía entre los grupos dominantes marcó la acción gubernamental, con excepción de la instrucción 113 de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito, actual Banco Central.

Esa instrucción, sin alterar el sistema cambiario vigente, daba facilidades excepcionales al ingreso de capitales extranjeros, en la medida en que permitía que las máquinas y los equipos introducidos al país por empresas extranjeras no tuvieran cobertura cambiaria, exigencia que se mantenía para las empresas nacionales. Bajo la vigencia de esa norma, combinada con la Ley 2.145/54, es decir, entre 1955 y 1961, el importe total de capitales extranjeros, que bajo la forma de financiamientos o inversiones directas entraron en el país, fue de unos 2.300 millones de dólares. Hecho que, como veremos, no podía dejar de tener influencia sobre el equilibrio social y político existente.

Por este medio, la burguesía industrial tomaba una posición frente a la crisis que había surgido en el sector externo. Agobiada por la escasez de divisas, que amenazaba con un colapso de todo el sistema industrial, la burguesía aceptaba el suministro, por parte de los grupos extranjeros, de divisas necesarias para la superación de esa crisis, concediéndoles a cambio una amplia libertad de ingreso y de acción, y renunciando, por lo tanto, a la política nacionalista que se había esbozado con Vargas. Las condiciones especiales de la economía norteamericana, más que nunca necesitada de nuevos campos de inversión, garantizaban el acuerdo.

 

Latifundio contra industria

Es evidente que ese acuerdo no fue firmado mientras “se tomaba el té”. En noviembre de 1955, tras una tentativa de la derecha para quedarse sola en el poder, se verificó lo que se llamó, con un eufemismo, el contragolpe del 11 de noviembre, bajo el mando del ministro de guerra, mariscal Teixeira Lott. Se aseguró, así, la toma de posesión, en la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de los candidatos elegidos en octubre por la coalición del Partido Social Demócrata y el Partido Laborista: Juscelino Kubitschek, ex gobernador de Minas Gerais, y João Goulart.

Desde el primer año de su gobierno, en 1956, el nuevo presidente lanzó un ambicioso programa de desarrollo económico —el Plan de Metas—, cuya aplicación empezó al año siguiente. Aunque contaba con facilidades arancelarias y estímulos fiscales a la iniciativa privada, el Plan se respaldaba, principalmente, en las inversiones públicas en sectores básicos y en los ingresos de capital extranjero. Para mantener el ritmo previsto se hacía necesaria una inversión monetaria importante en las obras públicas y en la construcción civil; Kubitschek prefirió concentrarlas, ad suam majorem gloriam, en la edificación de una nueva capital: Brasilia.

La expansión económica que se logró fue apreciable; pero para comprender cómo evolucionaron las relaciones de clase hay que examinar las condiciones en que se produjo. Un primer punto que se debe destacar es la participación del capital extranjero. Dijimos que el total de inversiones y financiación de origen externo suma casi 2.500 millones de dólares para el período, lo que indica un refuerzo considerable de la posición de los grupos extranjeros en la economía brasileña. Las formas específicas que asume ese refuerzo se pueden imaginar si señalamos que casi la totalidad de esa suma se destinó a las actividades infraestructurales y a la industria ligera y pesada, y si se considera que grandes partes, difíciles de estimar, de esos capitales vinieron asociados a empresas nacionales; al proceder de esa manera se aprovecharon de la facilidad creada por la instrucción 113 para la importación de equipos sin cobertura cambiaria. Es natural, por lo tanto, que en virtud del crecimiento de la intervención del factor extranjero en la economía, y de los lazos que el mecanismo de la asociación estableció entre este sector y el nacional, creciera la influencia de los grupos económicos internacionales en la sociedad política brasileña.

Otra consecuencia tendrá la ampliación en la intervención del sector extranjero, y será su repercusión sobre las relaciones existentes entre el sector industrial y el agroexportador. Efectivamente, el deterioro de la situación económica de este último, que ya señalamos, no correspondió a la depreciación de su fuerza política. Esto no se debió tan sólo a la firme posición que ocupaba en la estructura política ni al dominio que ejercía sobre la masa campesina, decisivo en el juego electoral, sino también a la dependencia en que se encontraba todavía la industria en relación con la exportación, fuente de divisas para sus importaciones, dependencia que la extensión del sector extranjero vino a acentuar: “… los beneficios obtenidos por las empresas imperialistas en Brasil sólo se pueden liquidar (y sólo entonces constituirán para ellos verdaderos lucros) con los saldos de nuestro comercio exterior, por ser de la exportación de donde proceden nuestros recursos en moneda extranjera. Descontada la parte de esos recursos que se destinen a pagar las importaciones, es del saldo restante, y solamente de él, de donde podrá salir el beneficio de las inversiones hechas aquí por los trusts”. [3]

Esta observación tiene implicaciones seguras en el análisis de las relaciones de clase, tal como se desarrollaron en ese período. Es de hecho evidente que la tregua que se estableció entre los grupos industriales y agroexportadores en la fase de ejecución del Plan de Metas terminó por traducirse en un incremento de su solidaridad mutua, gracias a la influencia del capital extranjero invertido en la industria, al que le importa mucho más el aumento de las ganancias de la exportación. Se comprende así que en el proceso de intensiva capitalización que representó el período de Kubitschek, la industria haya permitido, sin protestar, que una buena parte del aumento de la productividad urbana fuera transferida hacia el sector agroexportador, por mediación de la mecánica de los precios [4], como incentivo a las actividades de este sector, y que igualmente haya aceptado la política de almacenamiento del café, destinada a sostener los precios internacionales del producto, que entre 1954 y 1960 absorbió nada menos que 147.000 millones de cruceiros, correspondientes a un promedio anual de 1,32% del producto nacional bruto [5].

Pero si la contradicción entre los sectores industrial y agroexportador tendía a disminuir, otra oposición, nueva en cierta manera, hacía su aparición en la economía brasileña. El examen del cuadro de los precios de intercambio entre los productos agrícolas e industriales no muestra tan sólo una transferencia de renta urbana hacia la agricultura en general, sino, en particular, una fuerte transferencia hacia la agricultura que produce para el mercado interno [6]. Si se considera que, en el período 1955-1960 en que se acentúa esa tendencia, la tasa de expansión de la producción agrícola para el mercado interno disminuye (pasando de 4,9% en el período 1947-1954 a 4,3% en 1955-1960), mientras se eleva la tasa anual de crecimiento industrial (de 8,8% a 10,4% en los períodos considerados), se concluirá que la aceleración de la transferencia de rendimientos relativos a la productividad urbana hacia el campo se debe, básicamente, a una rigidez relativa de la oferta de bienes agrícolas, frente a una demanda urbana creciente. [7]

La causa fundamental de esa rigidez no ha de buscarse muy lejos: “Todos los estudios e investigaciones sobre las causas del atraso relativo de la agricultura brasileña, de su baja productividad y de la pobreza de las poblaciones rurales conducen, unánime e inevitablemente, a la identificación de sus orígenes en la deficiente estructura agraria del país [dirá el gobierno de Goulart, al lanzar su Plan Trienal de Desarrollo, subrayando:] El rasgo característico de esa estructura agraria arcaica y superada, que está en conflicto peligroso con las necesidades sociales y materiales de la población brasileña, es la absurda y antieconómica distribución de las tierras”. [8]

Esa estructura, que deja en manos de menos del 26% de los propietarios más de la mitad de las tierras, mientras adjudica el 10% de éstas al 75% de la población activa rural en condiciones de muy baja productividad, reduce a la mayoría de los campesinos a una situación permanente de subempleo y de miseria, y permite, además, que a través del arrendamiento de la tierra, toda la riqueza producida en el sector agrícola se la apropie una minoría de terratenientes. Tal estructura es un obstáculo a la ampliación del mercado interno para los productos industriales. Por lo tanto, en un momento en que las inversiones extranjeras en la industria tienden a minimizar el divorcio creciente entre los intereses industriales y los del sector agroexportador, la oposición entre la industria y la agricultura para el mercado interno agrava globalmente la contradicción existente entre el sector industrial y el sector agrícola. La consecuencia es el planteamiento cada vez más urgente de la reforma agraria.

Esta verdad será aún más evidente cuando, hacia 1960, declinen los ingresos de capital extranjero, al mismo tiempo que, pasado el período de maduración de las inversiones, los grupos internacionales vuelvan a presionar sobre la balanza de pagos para exportar sus beneficios. En ese momento —sobre todo grave por la tendencia a la baja de los precios de exportación— la expansión industrial brasileña se verá contenida de dos maneras: desde el exterior por la crisis de la balanza de pagos, que no deja otra alternativa que devaluar la moneda, lo cual dificulta todavía más las importaciones esenciales, o contener la exportación de beneficios y ampliar el mercado internacional para los productos brasileños; y desde el interior, por el agotamiento del mercado para los productos industriales, mercado que sólo podrá ampliarse a través de la estructura agraria. Ahí se funda, desde el punto de vista de la burguesía industrial, el binomio política externa independiente/reforma agraria, que dominará el debate político a partir de 1960. De manera general, este dilema es el mismo que se presentó hacia los años 1953-1954 y que desencadenó la crisis política colmada por el suicidio de Vargas. Se podría decir, entonces, que con ayuda sobre todo de la instrucción 113 se logró superar la crisis sin solucionarla, y que su aplazamiento sólo condujo a que volviera a presentarse con mayor violencia. Aquí es donde debemos verificar el comportamiento de factores que, teniendo todavía un papel secundario en la crisis de 1954, habían continuado desarrollándose.

 

La escisión horizontal

Dijimos que, gracias sobre todo al alquiler de la tierra, la estructura agraria brasileña permite el drenaje de toda la riqueza producida en el campo hacia una minoría de grandes propietarios. Más grave es que cualquier cambio tecnológico introducido en el trabajo agrícola, como la utilización de equipos y fertilizantes producidos por la industria, no se refleja en una mejora real de la situación del campesino. Por el contrario, es fuente de desempleo, y fuerza al trabajador rural a huir a las ciudades, donde, por una parte, se sumará al triste cuadro de las favelas cariocas, de los mocambos de Recife, de las ciudades satélite de Brasilia, y, por otra parte, contribuirá a envilecer el nivel de los salarios urbanos por el aumento de la oferta de mano de obra. Además, mientras la introducción de la tecnología en la agricultura aumenta el nivel de la productividad (el producto, por persona ocupada en la agricultura, subió de 100 en 1950 a 127,7 en 1960), esa estructura impide que esas ganancias vayan al trabajador, con lo cual; el aumento de la productividad tan sólo pasa a significar una intensificación de la explotación del trabajo.

Es natural, pues, que en la segunda mitad de la década de los cincuenta se agudizasen las luchas en el campo por la posesión de la tierra. En 1958 surge en Galilea, Pernambuco, la primera liga campesina bajo el liderazgo de Francisco Julião. El movimiento se amplía rápidamente y en poco tiempo se desborda hacia el noreste, y llega al sur, sobre todo al viejo y oligárquico estado de Minas Gerais. Mera asociación de autodefensa y solidaridad al principio, las ligas campesinas no tardan en situarse en el escenario político con una bandera arrancada de las manos a las clases dominantes: la reforma agraria radical. El Congreso Nacional de los Campesinos, efectuado en 1961 en Belo Horizonte, con una representación de más de mil líderes rurales de todo el país, expresa la afirmación definitiva del movimiento campesino. La reforma agraria dejaba de ser un tema de discusión de los expertos y se convertía en uno de los factores más importantes de la lucha de masas en Brasil.

De una manera más sutil, la cuestión agraria influiría también sobre el movimiento de masas en la ciudad. Supliendo constantemente con sus excedentes el mercado urbano de trabajo, la estructura agraria brasileña contribuía a que el nivel de los salarios se mantuviera estacionario, al mismo tiempo que, por el aumento desproporcionado de los precios agrícolas, forzaba violentamente el alza del costo de la vida. El fenómeno afectaba también a la clase media asalariada, cuyos ingresos estuvieron siempre en función del salario mínimo obrero.

Esta tendencia era reforzada por la política general del gobierno, y se constituía en una necesidad del programa de industrialización, que dependía de una intensificación del proceso de acumulación de capital. “Durante el período del Plan de Metas [dice un estudio del Centro de Desarrollo Económico cePal-bnde] se procuró mantener constantes los salarios nominales, resistiéndose a la concesión de reajustes y facilitándose la captación de ahorros forzados de los sectores de ingresos contractuales. Y añade: “Es evidente que el factor mayor para el éxito de esa política fue la presencia de una oferta flexible de mano de obra sin un elevado grado de organización sindical… [siendo el] comportamiento salarial de indiscutible importancia en la obtención de altas tasas de inversión. [9]

Gracias a este expediente fue posible contener de manera relativa las presiones inflacionarias en esta fase de intenso desarrollo económico, de tal manera que la tasa de inflación, que fuera de 14,9% en 1953, no fue más allá del promedio de 22,7% en el período 1957-1959. Desde 1959, sin embargo, un factor perturbador interviene en el comportamiento de la economía, representado por la ascensión espectacular de los movimientos reivindicativos de la clase obrera, que presionó para detener la caída del poder de compra de los salarios. La razón directa de esta tendencia puede buscarse en la elevación brusca del costo de vida, determinada principalmente por el alza de los precios de los productos alimenticios, que se volvió sensible a partir de ese año.

Esa elevación del costo de vida coincide con la aceleración del grado de organización sindical de la clase obrera. En efecto, mientras crecían por la industrialización los efectivos del ejército obrero, los sindicatos pasaron a buscar fórmulas para superar los obstáculos a su acción común, que derivaban de la legislación heredada del Estado Nôvo: en la imposibilidad inmediata de formar una directiva única, los pactos de acción conjunta les permitieron coordinar sus actividades. Eso fue sensible especialmente en los trabajadores de las empresas estatales o paraestatales —como Petrobrás, los ferrocarriles y las administraciones de los puertos—, cuya importancia económica y estratégica les proporcionaba mayor poder de discusión. La llamada huelga de la paridad, que hacia fines de 1960 reunió en Río de Janeiro a los portuarios, estibadores y marítimos con el apoyo de otras categorías, fue una demostración de fuerza del movimiento obrero, cuya importancia estriba en que no le fue posible al gobierno detenerla mediante el manejo de los pelegos al servicio del Ministerio del Trabajo.

La consecuencia es que la curva de los salarios, que después de un período estacionario presentó una tendencia al descenso desde 1956, a partir de 1961 muestra una ligera recuperación. Al intento de las clases empresariales de contestar a la presión sindical con nuevos aumentos de precios (el costo de vida subió de 24% en 1960 a 81% en 1963), la clase obrera responde con la obtención de reajustes salariales. Eso se ve cuando se considera que el salario mínimo urbano, en el período 1955-1960, se mantuvo estable por un promedio de 25 meses, y se reajustó todos los años, después de 1961, y cada seis meses a partir de 1963.

La inflación es, normalmente, un mecanismo por el cual las clases dominantes de una sociedad buscan mejorar su participación en el monto de las riquezas producidas. En el Brasil de los sesenta, su aceleración indicaba una lucha entre precios y salarios que sólo significaba que la inflación, como instrumento de acumulación de capital, dejaba de ser eficaz. Era imposible continuar financiando la industrialización mediante ahorros forzados, cuando se tenía el nivel de vida popular comprimido al máximo (gracias a la erosión constante a que habían estado sometidos los salarios) y un movimiento sindical en mejores condiciones para defenderse. Paralelamente a la disputa entre las clases dominantes por las ganancias originadas en el aumento de la productividad (que mostramos al tratar de la relación entre precios industriales y agrícolas), esas clases tenían que enfrentarse ahora con la resistencia opuesta por las masas populares. Inútilmente la tasa de inflación saltó de 25% en 1960 a 43% en 1961, a 55% en 1962 y a 81% en 1963; de ser un mecanismo de distribución de la renta en favor de las clases dominantes, el proceso inflacionario se convirtió en una lucha a muerte entre todas las clases de la sociedad brasileña con miras a asegurar su propia supervivencia, y no podría terminar de otra manera sino poniendo a esa sociedad frente a la necesidad de una solución de fuerza.

El desarrollo económico que el país experimentó desde la segunda década del siglo lo había conducido a una crisis que se había podido contornear, en 1954, gracias al insuficiente grado de agudización de las contradicciones que contenía. En los primeros años de la década de los sesenta, sin embargo, tales contradicciones asumían un carácter mucho más grave, no solamente desde el punto de vista de las relaciones externas, como pretenden muchos, sino también desde las oposiciones que se habían desarrollado en el interior mismo de la sociedad. A la escisión vertical que en 1954 oponía a la burguesía industrial, al sector agroexportador y a los grupos extranjeros, se sumaba ahora horizontalmente la oposición entre las clases dominantes como un todo, y las masas trabajadoras de la ciudad y del campo.

 

El bonapartismo de Quadros

De enero de 1961 a abril de 1964, el país presenció tres intentos de implantar un gobierno fuerte, tentativas que se basaron en diferentes coaliciones de clase y que reflejaron, en último término, la correlación real de fuerzas en la sociedad brasileña. La primera concretada en el gobierno de Janio Quadros, quien sucedió por vía electoral a Juscelino Kubitschek, representó un bonapartismo carismático, ungido de legalidad y teñido de progresismo en grado suficiente para obtener la adhesión de las masas, al mismo tiempo que lo bastante liberado de compromisos partidarios para que, en nombre del interés nacional, pudiese arbitrar los conflictos de clase. A pesar de no pertenecer a los cuadros del principal partido que lo apoyó —la Unión Democrática Nacional—, y siendo por su naturaleza contrario a la actuación política basada en fuerzas organizadas, Quadros era aún más indicado para ese papel en virtud de la ambigüedad que había marcado su llegada al poder: un candidato de la derecha que lograría una enorme penetración popular gracias a los temas estabilidad monetaria, reformas estructurales, política externa independienteen que centró su campaña electoral.

Declarado presidente, se rodeó de un ministerio conservador e inexpresivo y dejó claro desde el principio que gobernaría solo, pues sus ministros eran solamente secretarios particulares. Su primera medida de gobierno fue aplastar violentamente, incluso moviendo una parte de la escuadra [10], una huelga estudiantil sin importancia surgida en Recife. En lo sucesivo su comportamiento fue el de un déspota; se mostraba despectivo frente a cualquier tipo de presión y no ocultaba un soberano desprecio por los sindicatos, las directivas estudiantiles, los órganos patronales, los partidos políticos…, en fin, por cualquier forma de organización.

Su iniciativa más notable fue la reformulación general del esquema cambiario. Por medio de la instrucción 204 de la sumoc [11], y su complemento, quedó abolido el sistema adoptado en 1953, extinción que alcanzaba a todos los regímenes establecidos bajo tal sistema, incluso la instrucción 113. El nuevo esquema cambiario creaba un solo mercado para las importaciones y exportaciones, donde la tasa de cambio se fijaba libremente, dejando así de ser uno de los instrumentos primordiales de la política económica. El gobierno sustituyó ese instrumento por la tributación interna sobre las importaciones y exportaciones, por la utilización de cuotas de retención de los beneficios y por la emisión de bonos de importación. Aumentaba de este modo la disponibilidad del tesoro público, al mismo tiempo que beneficiaba las exportaciones, gracias a la devaluación monetaria provocada por la instrucción 204.

La nueva política cambiaria fue considerada por amplios sectores de la izquierda como una capitulación de Quadros frente a los intereses del sector agroexportador y de los grupos extranjeros, expresados estos por el Fondo Monetario Internacional. Esto nos parece una simplificación. Es significativo, en efecto, que los grandes grupos económicos, sean de la industria o de la agricultura y comercio de exportación —en una palabra, la economía de São Paulo— aplaudiesen las directrices gubernamentales. Pero la oposición partió, sobre todo, de los productores de café de tipo inferior, principalmente los del estado de Paraná, y de los grupos comerciales a ellos ligados, cuya actividad antieconómica fue sancionada por Quadros mediante la tributación diferencial. También se opusieron los sectores industriales que se encontraban en situación económica difícil o que estaban todavía en fase de implantación —por lo tanto, necesitados de los privilegios concedidos por el antiguo sistema cambiario—, que tienen su mejor ejemplo en la industria textil de todo el país y en la joven siderurgia de Minas Gerais.

La liberación de los cambios tenía, pues, un doble objetivo: desahogar al sector externo abriendo perspectivas para superar la grave crisis en que vivía, ampliar al mismo tiempo los recursos del Estado para atender los compromisos de la deuda exterior y permitir, con un mayor liberalismo económico, que la economía interna marchase hacia una “racionalización”, es decir, eliminar los sectores considerados antieconómicos o todavía incapaces de enfrentarse a la competencia. No es necesaria mucha perspicacia para ver que eso libraba a las empresas medias y pequeñas al apetito de los grandes grupos económicos.

La misma tendencia se manifestó en la política relativa al capital extranjero. Anulando los privilegios que había tenido hasta entonces, la instrucción 204 no establecía limitación alguna a su actividad. El proyecto de ley presentado al Congreso por el gobierno, en el que se proponía reglamentar la exportación de beneficios, se basaba, a su vez, en métodos liberales, principalmente la tributación. Ningún límite cuantitativo se planteaba allí a la exportación de beneficios y tan sólo se ofrecían ventajas fiscales a aquéllos que reinvirtieran en el país.

Simultáneamente, el gobierno trató de aliviar al sector externo en otras direcciones: primero, negociando la recomposición de la deuda externa, mientras gestionaba la obtención de nuevos créditos en Estados Unidos y en Europa y, un poco más tarde, también en los países socialistas; segundo, planteando la reformulación del comercio exterior con objeto de ampliar el mercado para las exportaciones tradicionales, pero también con el de diversificar las exportaciones con la inclusión de productos manufacturados.

Es natural, pues, que la diplomacia brasileña presentase cambios sensibles. Quadros inició conversaciones para normalizar las relaciones con los países socialistas, en especial con la Unión Soviética (interrumpidas desde 1947); envió una misión comercial a China encabezada por el vicepresidente Goulart; inició una activa política africana abriendo nuevas embajadas y consulados, y enviando misiones comerciales a los jóvenes países de África, y esbozó, también, una nueva política en relación con Latinoamérica.

En este campo la cuestión cubana desempeñó un papel importante. Manifestando siempre su simpatía por la revolución de Castro, Quadros reprobó abiertamente el intento de invasión de 1961 y definió su posición: el pueblo cubano tiene derecho a autodeterminarse, y hay que impedir que, con motivo de la cuestión cubana, los países latinoamericanos se conviertan en mero juguete en el conflicto norteamericano-soviético. La única solución es la constitución de un bloque autónomo que sirva de contrapeso a la influencia norteamericana y permita a Latinoamérica solucionar libremente sus problemas. Este bloque, en las condiciones vigentes en 1961, tendría por eje a Brasil y Argentina. En abril de ese año, en Uruguaiana, en la frontera brasileño-argentina, Quadros y Frondizi se pusieron de acuerdo sobre esas cuestiones.

La política exterior apareció como la faz más espectacular del gobierno de Quadros, quien la utilizó conscientemente para solucionar no sólo el problema de mercado que apremiaba a la economía brasileña, sino el de los créditos externos que se necesitaban. Esto permitió a Brasil sentarse como una de las estrellas en la Conferencia de Punta del Este en agosto de 1961, de donde saldría la Alianza para el Progreso. Decidiendo enviar un diplomático de alto rango a la conferencia neutralista de Belgrado, fijada para septiembre; condecorando al ministro cubano Ernesto Che Guevara; estableciendo una correspondencia personal con el premier soviético Jruschev en la que se planteaba abiertamente la posibilidad de ayuda económica a Brasil, y preparando cuidadosamente la delegación brasileña que participaría en la sesión anual de las naciones unidas, Quadros mostraba que evolucionaba cada vez más hacia una posición de autonomía en el plano internacional, dispuesto a aprovecharse, al estilo nasserista, de las ventajas que eso podía proporcionarle.

En el interior, esa política externa rendía también sus dividendos. El respaldo unánime que le daba el pueblo y la importancia que las cuestiones internacionales asumían en el debate político permitían a Quadros hacer olvidar los sacrificios que su política económica representaba para las capas menos favorecidas. Es natural que la contención de las emisiones monetarias, la supresión de los subsidios a bienes esenciales de importación (como el trigo y el petróleo) y la libertad cambiaria se manifestaban en la elevación del costo de vida. Quadros no parecía inclinado, sin embargo, a permitir un aumento correlativo de los salarios. Desdeñando la presión de los sindicatos y la oposición parlamentaria, convocaba a la nación al sacrificio de una “política de austeridad”.

Por otra parte, atacaba los problemas estructurales internos, sobre todo el agrario, con medidas de efecto inmediato, mientras exigía del Congreso una reforma global. Al establecimiento de una política de precios mínimos, favorables al agricultor medio y pequeño, siguió la creación del crédito rural móvil, suministrado sin dificultades burocráticas por unidades volantes del Banco del Brasil. Con eso hería hondamente la estructura del dominio de los latifundistas y especuladores comerciales sobre los campesinos, estructura que se apoyaba principalmente en la fijación de precios a la producción y en el agio.

Abriendo tantos frentes, que despertaban el descontento de los más distintos sectores, desde los comunistas hasta los de extrema derecha, Quadros se escudaba sólo en su fuerza personal, no preocupándose nunca de resguardarse en un dispositivo político, popular y militar propio. Cuando, después de dos o tres ataques de Lacerda, renunció sorpresivamente a la Presidencia el 25 de agosto de 1961, su prestigio popular llegaba a la cima y nada parecía, en verdad, amenazar su posición. ¿Qué había pasado?

Se admite que, al desafiarle, Lacerda estaba respaldado por los ministros militares y cubierto por grupos patronales insatisfechos con la política de Quadros. Cuando éste trató de impedir que Lacerda hablase por la televisión el 24 de agosto, los jefes militares se negaron a cumplir sus órdenes. Se le forzaba, así, a arreglarse con la derecha o a declararle la guerra, y su renuncia fue una estratagema para eludir ese dilema. Quadros tenía conciencia de su fuerza política, confirmada por el hecho de que la derecha no osaba atacarlo de frente, limitándose a intentar contenerlo. La circunstancia de encontrarse sin sucesor legal (porque al renunciar, el vicepresidente Goulart estaba en China), llevaría al país al caos, pues, en cualquier hipótesis, Quadros se sentía seguro de que la derecha le prefería mil veces más a él que a Goulart. Renunciando (proceso que empleó con éxito durante la campaña electoral para doblegar a la UDN), esperaba volver al poder en brazos del pueblo, con lo que dispondría de una fuerza tal que ya nadie —ni el Congreso, ni los partidos, ni los militares— podría enfrentársele. Si las articulaciones de la derecha, bajo el liderazgo de Lacerda, permiten, pues, que se hable de una tentativa de golpe, la respuesta de Quadros, con su renuncia, era también de un gesto golpista, y ambas se inscriben en la tendencia hacia el gobierno de fuerza que caracterizaba a la política brasileña.

 

Goulart y la colaboración de clases

Los acontecimientos que siguieron confirmaron y desmintieron, al mismo tiempo, las esperanzas de Quadros. Tenía razón al creer que su renuncia llevaría al país al borde de la guerra civil, pero se engañaba al pensar que el movimiento popular le restituiría el poder. Contrario de lo que le dictaba su concepción carismática y pequeñoburguesa de la política, el pueblo como tal no existe sino como fuerzas populares que se mueven siempre bajo la dirección de grupos organizados. La desconfianza que inspiraba a esas fuerzas hizo que ellas tratasen de aprovechar a su manera el caos que su renuncia había creado. El pueblo, como esperaba Quadros, salió a las calles para enfrentarse a la derecha, pero no tomó su nombre como bandera y sí el de Goulart, mucho más ligado a las directivas de las masas.

Tras un intento fracasado de los ministros militares de Quadros para someter el país a la tutela militar —y que anunciaba lo que pasaría en 1964—, y gracias sobre todo a la resistencia opuesta por el gobernador de Río grande do Sul, Leonel Brizola, el vicepresidente João Goulart asumió por fin la Presidencia, aunque en el marco de un compromiso que sustituía el régimen presidencial por el parlamentario. Se trataba, evidentemente, de una tregua. Muy pronto Goulart dejó claro que no aceptaría la situación, e inició una campaña cada vez más violenta de desmoralización del parlamentarismo. Por otra parte, si a nivel de la política externa se mantenía el dinamismo impreso por Quadros, en el plano interno entraba en una fase de relativo inmovilismo.

Es necesario observar que ese inmovilismo no era exclusivamente, ni siquiera principalmente, el resultado de la tregua parlamentaria, como Goulart y sus partidarios daban a entender, sino, por encima de todo, del estancamiento de la expansión industrial y del equilibrio a que habían llegado las tensiones sociales. En efecto, desde 1962 la tasa de inversiones declinó (señal segura de que había caído la tasa de beneficios), mientras, reforzados por la movilización provocada por la crisis de agosto, los movimientos reivindicativos de la clase obrera y de la pequeña burguesía se volvían cada vez más agresivos. Era evidente que la economía brasileña estaba en un callejón sin salida. La tregua política resultante de esa situación la agravaba, ya que no permitía a ninguna clase imponer una solución.

La fuerza de Goulart en el movimiento sindical llevó a la burguesía a depositar en él sus esperanzas de contenerlo y utilizarlo en su intento de constituir un gobierno fuerte, capaz de atacar a los dos factores determinantes de la crisis económica (el sector externo y la cuestión agraria), para abrir así a la economía nuevas perspectivas de expansión. Es decir, se intentaría sustituir el liderazgo carismático de Quadros, basado en una concepción abstracta de la autoridad, por un liderazgo de masas sostenido por fuerzas organizadas y con una ideología definida. Esta tendencia se concretó por la actuación de Goulart, quien se movió en dos direcciones: poco a poco montó un dispositivo militar propio y reforzó su posición en el movimiento sindical. Data de esta fecha el surgimiento de un organismo nuevo que tendría gran repercusión en el equilibrio de las fuerzas políticas: el Comando General de los Trabajadores (CGT), cuya constitución era una superación de los obstáculos levantados por la legislación del Estado Nôvo para lograr la unificación del gobierno sindical. Apoyado por la fracción militar progresista y por el CGT, Goulart desarrolló la campaña de 1962, favorable al retorno al presidencialismo.

Lo que así resurgía en el panorama político brasileño era una forma de Frente Popular que Vargas había intentado, sin atreverse a concretarla, y que se convirtió posteriormente en una orientación estratégica del Partido Comunista. Bajo el liderazgo de Goulart, y con el fin de obtener “reformas de base”, ese amplio movimiento, valiéndose de la movilización militar y de dos huelgas generales (5 de julio y 14 de septiembre de 1962), doblegó la resistencia de los sectores reaccionarios del Congreso y logró la convocación de un plebiscito para decidir sobre la forma nacional de gobierno. El 6 de enero de 1963, por aplastante mayoría, el pueblo brasileño aprobó la derogación de la enmienda constitucional de 1961 y la devolución de los poderes presidenciales a Goulart. Parecía, finalmente, que la tendencia bonapartista que se esbozaba en el escenario político de la nación iba a concretarse y que vencería la tesis, preconizada por el PCB, de un gobierno de la burguesía industrial respaldado por la clase obrera.

La tarea fundamental del nuevo gobierno era hacer frente a la situación económica, cuyo deterioro se manifestaba en dos índices: disminución de la tasa de crecimiento del producto nacional de 7,7% en 1961, a 5,5% en 1962 (con un aumento demográfico de 3,1% al año), y elevación de la tasa de inflación de 37% en 1961 a 51% en 1962. En diciembre de 1962 Goulart dio a conocer su plan económico, el llamado Plan Trienal de Desarrollo (1963-1965). En líneas generales se trataba de un conjunto de medidas destinadas a reactivar el crecimiento económico y a promover progresivamente un regreso a la estabilidad monetaria. La palabra deflación, que estuviera de moda en el período de Quadros, volvía a los periódicos y declaraciones oficiales [12]. En este sentido, se preveía la reducción del 4% en los gastos gubernamentales y una reforma tributaria, medidas destinadas a reducir el déficit de más de 700.000 millones de cruceiros a 300.000 millones, a lograr la renegociación de la deuda externa con el aplazamiento de los pagos, la disciplina del mercado interno de capitales, una contención relativa de los salarios y sueldos en proporción al aumento de la productividad, y, en consecuencia, la reducción del aumento del nivel general de los precios, de 50% en 1962 a 25% en 1963 y a 10% en 1965. Paralelamente, trazaba el Plan una serie de directrices para las reformas estructurales: administrativa, bancaria, fiscal y agraria.

El fracaso del Plan Trienal en el mismo año de 1963 no se debió, en última instancia, al hecho de que se trataba de una programación defectuosa, sino a la contradicción misma que se encontraba en la base del gobierno de Goulart. nacido de un movimiento popular que se desplegó en agosto de 1961 y culminó con el plebiscito de 1963, ese gobierno tenía por misión, desde el punto de vista de la burguesía, restablecer las condiciones necesarias para asegurar la rentabilidad de las inversiones, es decir, detener la tendencia a la baja que acusaba la tasa de beneficios. A largo plazo eso significaba ampliar el mercado interno mediante una reforma agraria que, mientras no diera resultados, se compensaría con la ampliación del mercado externo buscado por la política exterior. A corto plazo, se trataba de disciplinar el mercado existente conteniendo el movimiento reivindicativo de las clases asalariadas. Es decir que a pesar de su sello de gobierno popular, se le exigía a la administración de Goulart que tuviera una actuación impopular y reprimiera las reivindicaciones de las masas. Así, cuando, tras la protesta de los grupos independientes de izquierda y de los sindicatos, el PCB se vio forzado a condenar el Plan Trienal (el primer fruto de un gobierno que tenía todo su respaldo), no hacía, en verdad, sino confesar la imposibilidad de su frente único obrero-burgués. Esa condena, en efecto, tendría que hacerla el PCB, cualquiera que fuera el plan del gobierno, ya que no son las fases cíclicas de depresión las más indicadas para que se establezca una colaboración de clases entre la burguesía y el proletariado.

 

La radicalización política

Otro factor contribuía a dificultar el tipo de alianza que Goulart y el PCB, cada uno por su lado, buscaban. El ascenso del movimiento de masas, que se advertía desde el fin del gobierno de Kubitschek y se aceleró con la crisis de agosto de 1961, se había reflejado en el plano político de modo perturbador. El movimiento de izquierda —que hasta 1960 se dividía entre el PC y el ala izquierda del nacionalismo— sufrió varios fraccionamientos desde 1961. En enero de ese año se constituyó la Organización Revolucionaria Marxista (más conocida como PoloP, en virtud de su órgano de divulgación Política Operária) que se propuso restablecer el carácter revolucionario del marxismo-leninismo que el PCB traicionaba. Esa ruptura del monopolio marxista, hasta entonces en manos del PCB (con excepción de la reducida fracción trotskista), era solamente una señal; en 1962 se produjo el cisma interno del Partido Comunista brasileño, entre su directiva y un grupo del Comité Central, constituyéndose los disidentes en un partido independiente, el PC de Brasil, con el periódico Classe Operária como su vocero. El mismo año, Francisco Julião, en su manifiesto de Ouro Preto, llamaba a la formación del Movimiento Radical Tiradentes (mrt) e iniciaba la publicación del periódico Liga, pero en octubre se escindió del MRT. Surgió finalmente la Acción Popular, iniciativa de los católicos de izquierda, que tenía como vocero el periódico Brasil Urgente. Esa proliferación de organizaciones se completó con las corrientes que se formaron alrededor de líderes populares como Brizola y Miguel Arraes, gobernador de Pernambuco; y se encontraban en la cumbre del Frente de Movilización Popular, en Río de Janeiro, que reunía además a los principales organismos de masas, como el CGT, el Comando General de los Sargentos, la Unión Nacional de los Estudiantes, la Confederación de los Trabajadores Agrícolas, la Asociación de Marineros. En este parlamento de las izquierdas, el sector radical se oponía con una fuerza cada vez mayor al ala reformista, encabezada por el PCB, en lo que se refiere a la posición que debía asumirse frente al gobierno.

El aumento de los movimientos de masas y la polarización que se efectuaba en su representación política repercutieron inmediatamente sobre las clases dominantes. Protestando contra la amenaza de reforma agraria, los latifundistas, bajo la dirección de la Sociedad Rural Brasileña, empezaron a armar milicias. Formaciones urbanas del mismo tipo (como el grupo de Acción Patriótica —dirigido por el almirante Heck, uno de los ministros militares de Quadros—, las Milicias Anticomunistas —vinculadas al gobernador Lacerda— y la Patrulla Auxiliar Brasileña, financiada por el gobernador de São Paulo, Ademar de Barros) hicieron su aparición, mientras los industriales de São Paulo y de Río de Janeiro formaban una “sociedad de estudios” —el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (iies)— que se destinaba a reunir fondos para la actuación contra el gobierno.

La intervención norteamericana tampoco tardó en revelarse. Como declaró públicamente el subsecretario Thomas Mann, los créditos de la alPro, sin pasar por el gobierno federal, se dirigían a aquellos gobernadores “capaces de sostener la democracia”; sólo el gobernador Lacerda recibió, entre 1961 y 1963, 71 millones de dólares por esa vía. El embajador Lincoln Gordon desplegaba una actividad inmensa junto a las clases empresariales. y un organismo directamente financiado por los grupos extranjeros y —como denunció el gobierno de Goulart— por la Embajada de Estados Unidos, el Instituto Brasileño de Acción Democrática (ibad), interfirió abiertamente en la vida política, sosteniendo a un grupo parlamentario (Acción Democrática Parlamentaria) y financiando, en las elecciones, a los candidatos de su preferencia. [13]

Esta movilización de las clases dominantes mostraba que el esquema burgués-popular, bajo el cual se formó el gobierno de Goulart, era impracticable. Frente a la intensificación de la lucha de clases (que la tasa de inflación relativa a 1963, de 81%, claramente expresa) y el estancamiento de la producción (aumento bruto de 2,1%, con las inversiones aún en recesión), la burguesía retiraba cada vez más su apoyo a Goulart y se dejaba ganar por el pánico difundido por los grupos reaccionarios. Además, como señalamos, la expansión del sector extranjero de la economía, su penetración intensiva en el campo industrial y su organización en el plano político a través de órganos como el ibad, contribuían a diluir la resistencia burguesa. El fracaso de Goulart, al tratar de contener el movimiento reivindicatorio de las masas —el Plan Trienal se frustraría justamente por eso, más específicamente por el aumento de sueldos logrado por la burocracia pública en octubre de 1963— y la radicalización política, que llegaba ya a las Fuerzas Armadas (rebelión de los sargentos en Brasilia en septiembre de 1963), alejaron progresivamente a la burguesía de Goulart.

Ese divorcio se vio agravado por la polarización de las clases medias hacia la derecha. Sufriendo una violenta disminución en su nivel de vida, habiendo sucedido esto en medio de constantes huelgas del CGT y de los estudiantes, bajo un gobierno llamado de izquierda, las clases medias se hicieron cada vez más permeables a la propaganda que les presentaba las reivindicaciones obreras como el elemento determinante del alza del costo de la vida. A su vez, las huelgas sucesivas que paralizaban los transportes y demás servicios públicos, algo que afectaba directamente a las clases medias, les parecían a éstas una confirmación de que el país se encontraba al borde del caos, y las llevaron a aceptar la tesis de la derecha de que todo eso era un plan comunista. La intervención de la iglesia católica precipitó esa tendencia. A través del rosario en familia, en todas las ciudades se realizaron concentraciones hogareñas anticomunistas. De ahí se pasó a las manifestaciones públicas, a las llamadas marchas de la familia, con Dios, por la libertad. En enero de 1964, en ocasión del Congreso unitario de los trabajadores de América Latina que se debía realizar en Belo Horizonte, la pequeña burguesía de allí salió a la calle azuzada por los latifundistas y los curas, y logró que el movimiento se transfiriera a Brasilia. Por primera vez, desde el “integralismo” fascista de los años treinta, la derecha movilizaba a las masas. Los conflictos populares entre grupos radicales se hicieron cada vez más frecuentes y violentos, y el país pasó a vivir un clima pre-revolucionario.

Goulart, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, intentó volverse a la izquierda. Su mensaje anual al Congreso, en los primeros meses de 1964, constituía un ultimátum para la aprobación de las reformas de base. Luego emprendió la movilización popular. En el mitin del 13 de marzo que en Río de Janeiro reunió alrededor de 500.000 personas, dio a conocer al pueblo varios decretos, entre ellos el de la limitación de los alquileres urbanos, el de la nacionalización de las refinerías petroleras privadas y el de la incautación de las tierras situadas al borde de las carreteras. Allí, con los representes del CGT, rodeado de los estudiantes y de los sargentos, al lado de Brizola y Arraes, y frente a las pancartas del PCB y demás organizaciones de izquierda, Goulart aceptaba la prueba de fuerza con la reacción. El 13 de marzo, las clases dominantes vieron a la izquierda unida anunciando el fin de una era.

Mas si la estrategia de Goulart fue buena para devolverle un año antes los poderes presidenciales, no lo era para hacerlo el dictador de un gobierno popular. Cuando la rebelión de los marinos, y su confraternización con los trabajadores del Sindicato de los Metalúrgicos de Río quebró días después la disciplina militar y dio pretexto a la derecha para evocar a los soviets, su dispositivo de sustentación se escindió. La fracción militar le hizo saber que no lo seguiría apoyando si no disolvía el CGT y liquidaba las organizaciones de izquierda. Ceder ante los militares era convertirse en su prisionero, y un prisionero sin valor, puesto que Goulart no ignoraba que toda su fuerza política reposaba en el prestigio derivado de unirse a los sindicatos. Por otra parte, confiando siempre en que su triunfo dependía de la superioridad que tuviese en términos militares, Goulart no había creado las condiciones efectivas para una insurrección popular. El comportamiento de la mayoría de la izquierda, sobre todo del PCB, con su teoría de la revolución pacífica y su cretinismo parlamentario, tuvo el mismo efecto: desarmar a las masas.

El 2 de abril, alegando no querer derramar sangre, Goulart pasaba la frontera brasileño-uruguaya. La víspera se había constituido un gobierno provisional que, aunque ilegítimo (el presidente constitucional se encontraba todavía en Brasil), fue reconocido por Estados Unidos. Siete días después, las Fuerzas Armadas se adueñaban del poder proclamando el Acta institucional, que suspendía prácticamente la Constitución.

 

La intervención militar

El análisis de los hechos muestra claramente que no tienen razón quienes ven el actual régimen militar de Brasil como el resultado de una acción externa. El intento fracasado de 1961 dejó claramente expresado que una intervención militar sólo podría tener éxito si: a) correspondía a una situación objetiva de crisis de la sociedad brasileña, y b) se insertaba dentro del juego de las fuerzas políticas en conflicto. El respaldo que los militares recibieron de la pequeña burguesía, expresado en la “marcha de la familia” que reunió, el 2 de abril de 1964, a un millón de manifestantes en Río de Janeiro, es señal evidente de que la acción de las Fuerzas Armadas correspondía a una realidad social objetiva. Otra confirmación es la adhesión unánime que recibieron de las clases dominantes.

Es necesario comprender que la escisión que se produjo en las clases medias y que bajo banderas extremistas opuestas las llevó a chocar violentamente en las calles en los primeros meses de 1964 (eso pasó sobre todo en Minas Gerais, de donde procedió el movimiento armado que derrocó a Goulart) indicaba claramente que las tensiones sociales habían llegado a un punto crítico. Tales tensiones oponían con fuerza creciente las clases dominantes, como un bloque, al proletariado, a las capas radicales de la pequeña burguesía urbana (de las que fue expresión el brizolismo) y a los campesinos y trabajadores rurales a causa de la agudización de las contradicciones que analizamos anteriormente.

Si se considera, en efecto, el modelo de las crisis políticas por las que pasó el país, se verá claramente que desde 1961 las fuerzas populares ganaban autonomía de acción y las crisis resultaban más difíciles de resolver por acuerdos palaciegos. En el movimiento pro legalidad, que se desplegó tras la renuncia de Quadros, todavía les fue posible a los grupos políticos dominantes encontrar una forma de transacción: el régimen parlamentario. Pero en las luchas subsecuentes por el restablecimiento del presidencialismo, si bien el mando estuvo siempre en manos de Goulart, hubo un momento (durante la huelga general de julio de 1962) en que casi se le escapó. Fue el pánico provocado por la amplitud de la huelga general de septiembre y el recuerdo de los disturbios sangrientos que se habían verificado en julio, en Río de Janeiro, los que, aliados al temor de una intervención militar pro Goulart, doblegaron la resistencia del Congreso.

La crisis de septiembre de 1963 presenta ya modalidades distintas. Su iniciativa no se origina en las esferas dominantes, como las anteriores, sino que pertenece a un sector específico del movimiento popular: los sargentos, cuya rebelión, en Brasilia, se halla en el origen de los acontecimientos. En ningún momento Goulart pudo contener la acción autónoma de los sindicatos obreros y estudiantiles. La solución de la crisis, es decir, el rechazo por el Congreso de la declaración de Goulart que establecía el estado de sitio, tuvo como factor decisivo la movilización popular que se desarrolló en todo el país. Tal demostración de fuerza del movimiento popular, y una prueba tal de debilidad de Goulart, convencieron a la burguesía de que la esperanza de que éste pudiera ofrecerle una garantía de “paz social”, gracias al control que ejerció siempre sobre los organismos de masas, era vana. El fracaso subsecuente del Plan Trienal reforzó esa desilusión. Fue entonces cuando la burguesía abandonó a Goulart y cuando las aspiraciones que tuvo de lograr con él un gobierno bonapartista actuaron en beneficio de la derecha.

Naturalmente, no es solamente el recelo que inspiraba el movimiento de masas lo que contribuyó a aproximar la burguesía a las demás clases dominantes y a fundirlas en un bloque. Indicamos ya que la crisis económica visible desde 1962 no favorecía la alianza de la burguesía con las clases populares, sobre todo con la clase obrera, por los sacrificios populares que aquélla debería imponer al país. Desde el momento en que Goulart se mostró incapaz de realizar el milagro de esa alianza —y su viraje hacia la izquierda, en marzo de 1964, apenas confirmaba esa incapacidad—, la burguesía, siempre necesitada de un gobierno fuerte, tenía que contar con la derecha. Por otra parte, el cambio que desde 1955 se efectuó en el interior de la clase burguesa, con el aumento del sector vinculado al capital extranjero, hacía cada vez más posible ese arreglo entre los grupos dominantes.

Esto explica por qué la primera faz que mostró el gobierno militar fue la represión policíaca del movimiento de masas: la intervención en los sindicatos, la disolución de los órganos directivos populares (incluso el CGT), la persecución de los líderes obreros y campesinos, la supresión de mandatos y derechos políticos, la prisión y la tortura. Explica también la política económica de ese gobierno, que fue, ante todo, de contención de los salarios, de restricción del crédito y del aumento de la carga tributaria [14]. En líneas generales, la política de estabilización financiera del actual gobierno quiere crear una oferta de mano de obra más abundante, bajando así su precio, y al mismo tiempo “racionalizar” la economía liquidando la competencia excesiva que produjo en ciertos sectores la expansión industrial, y favoreciendo, por lo tanto, la concentración del capital en manos de los grupos más poderosos. Esto beneficia, por supuesto, a los grupos extranjeros, pero también a la gran burguesía nacional. Esa política representa un intento de resucitar las prácticas originadas por la instrucción 113 con el objeto de superar la crisis del sector externo; pero obedece también a las exigencias planteadas por el propio desarrollo capitalista brasileño, como son la rebaja de los salarios y la racionalización de la producción.

El hecho de que la burguesía brasileña finalmente haya aceptado el papel de socio menor en su alianza con los capitales extranjeros y decidido intensificar la capitalización, rebajando aún más el nivel de vida popular y concentrando en sus manos el capital disperso en la burguesía pequeña y mediana, tiene serias implicaciones políticas. Para amplios sectores de la izquierda, el actual régimen militar representa el fracaso de una clase —la burguesía nacional— y de una política: el reformismo. Planteada así, en términos radicalmente antiburgueses, la lucha popular tiende a rehuir las soluciones legales y se inclina por la lucha armada. Es evidente que la concreción de esa tendencia depende de la evolución de la crisis en que se debate la economía brasileña.

Pero no sólo de la situación económica pueden valerse las izquierdas brasileñas para llevar a las masas al camino de la insurrección. El carácter extranjero del actual régimen militar puede ayudarlas considerablemente. En efecto, si bien rechazamos la interpretación simplista que quiere ver en el golpe de abril una acción exterior a la realidad brasileña, no pretendemos negar la existencia y la importancia de la influencia norteamericana en los acontecimientos, no sólo, como señalamos, por la actuación de la Embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro y la de organismos como el ibad, sino también por la política de vinculación de las Fuerzas Armadas de Brasil con la estrategia del Pentágono. El acuerdo militar entre los dos países (firmado en 1942 y ampliado en 1954), la estandarización de los armamentos (1955), la creación de organismos continentales, como el Colegio Interamericano de Defensa (1961), las misiones de instrucción y de entrenamiento, todo eso creó progresivamente una elite militar inclinada a enfocar los problemas brasileños desde la perspectiva de los intereses estratégicos de Estados Unidos. A través de un centro de irradiación (la Escuela Superior de Guerra, a la que perteneció Castelo Branco, así como otros jefes militares del actual régimen) se difundieron teorías como la de la agresión comunista interna y la de la guerra revolucionaria, creadas por los franceses en la campaña de Indochina. El espíritu de casta y el paternalismo que caracterizan a los militares latinoamericanos hicieron el resto y llevaron a las Fuerzas Armadas brasileñas a llenar el vacío de poder que se había creado.

El régimen militar que se implantó en abril de 1964 inauguró un nuevo estilo en la política exterior de Brasil, cuyo principal objetivo parece ser el de lograr una perfecta adecuación entre los intereses nacionales del país y la política de hegemonía mundial llevada a cabo por Estados Unidos. El examen de esa política exterior arroja una nueva luz en la interpretación de la problemática brasileña, y merece que le dediquemos un capítulo aparte.

 

Notas

[1] Caio Prado Júnior, História econômica do Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1959, p. 321.

[2] Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, 15 anos de política econômica do Brasil, 1964, mimeo, p. 16.

[3] Caio Prado Júnior, História econômica do Brasil, op. cit., p. 325.

[4] Los precios agrícolas globales pasaron del índice 222,6 en 1954 a 686,3 en 1960, mientras el índice de los precios industriales progresó de 204,2 a apenas 462,4 en los años considerados (1949 = 100). Presidencia de la República de Brasil, Síntesis del Plan Trienal de Desarrollo, diciembre de 1962, p. 126.

[5] Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, 15 anos de política econômica do Brasil, op. cit., p. 66.

[6] Si el índice relativo de los precios agrícolas en general y los precios industriales, tomando como base a 1949, pasa de 118,8 en 1955 a 148,4 en 1960, el de los precios del producto agrícola para el mercado interno se eleva de 109 a 147,6 en los años considerados, presentando, pues, una progresión más rápida. Presidencia de la República de Brasil, Síntesis del Plan Trienal de Desarrollo, op. cit., p. 126.

[7] Ibid., p. 127.

[8] Ibid., pp. 140-141.

[9] Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, 15 anos de política econômica do Brasil, op. cit., p. 63.

[10] Con este término el autor se refiere al ejército o policía militar (N. del E.).

[11] Superintendencia de la Moneda y el Crédito (N. del E.).

[12] La expresión deflación se utilizó por primera vez en el período de Kubitschek, en el plan de estabilización financiera presentado por su ministro de Hacienda, Lucas Lopes, que no llegó a aplicarse. Véase Embajada de Brasil en Estados Unidos, Survey of the Brazilian Economy, Washington, 1958, p. 71.

[13] Los gastos del IBAD en los comicios para gobernador de Pernambuco y su confraternización con los marinos rebeldes en 1962, mismo año en que apoyó al adversario de Miguel Arraes João Cleofas, representaron alrededor de 500 millones de cruceiros, como comprobó la comisión parlamentaria que investigó la actuación de ese organismo. Sobre la intervención norteamericana en la política de Brasil en ese período, véase el informe periodístico de Robinson Rojas, Estados Unidos en Brasil, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1965.

[14] Es interesante observar que la política tributaria del gobierno de Castelo Branco se basó sobre todo en la hoja de salarios, y no en la capacidad de producción de las empresas: salario familiar, impuestos para educación y habitaciones populares, decimotercer salario, etc. Es decir, se incrementó principalmente la carga fiscal de las empresas tecnológicamente menos evolucionadas, que emplean más mano de obra y que corresponden, socialmente, a la mediana y pequeña burguesía.