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Subdesarrollo y Revolución

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI Editores, México, (quinta edición) 1974, pp. 191-204.

 

Capítulo IV. HACIA LA REVOLUCIÓN CONTINENTAL

El subimperialismo

Las vicisitudes del subimperialismo

Perspectivas del subimperialismo

Consideraciones finales

 

La dictadura militar es una respuesta a la crisis económica que afectó a la economía brasileña, entre 1962 y 1967, y a la consecuente intensificación de la lucha de clases. Pero es algo más: constituye el instrumento y el resultado de un desarrollo de tipo capitalista de Estado y subimperialista. En esta perspectiva, ella es, por un lado, lo que garantiza una acumulación de capital basada en la superexplotación de las masas trabajadoras, tanto urbanas como rurales, y, por otro lado, la expresión de la hegemonía conquistada, gracias a la crisis, por los monopolios industriales y por el capital financiero nacional e internacional.

No cabe retomar aquí la crisis de los años sesenta. Lo que importa destacar es que ésta aparece como una crisis de realización que planteaba la necesidad de abrir mercados para la producción de bienes durables (de consumo y de capital), con el objeto de asegurar campos de inversión para los monopolios industriales y el capital financiero interesado en esa producción. Simultáneamente, el desarrollo de esas líneas de producción exigía una acumulación de capital más intensa, lo que suponía quebrar la dinámica reivindicativa del proletariado industrial y de las masas del campo particularmente fuerte después de 1959.

Esto es lo que explica que el golpe militar haya sido distinto a los anteriores que se hicieron para romper impases surgidos en las relaciones entre las clases, principalmente a nivel de las clases dominantes, y permitieron después que la burguesía volviera a tomar directamente el control del Estado. En 1964, la situación es diferente: la élite militar que encabeza el golpe no sólo interviene en la lucha de clases, sino que presenta todo un esquema económico-político, el cual consagra definitivamente la fusión de intereses entre ella y el gran capital. Ese esquema es el subimperialismo, la forma que asume el capitalismo dependiente al llegar a la etapa de los monopolios y del capital financiero.

 

El subimperialismo

El eje del esquema subimperialista está constituido por el problema del mercado. Para la industria de bienes durables, la crisis de los sesenta se presenta como la imposibilidad de seguir desarrollándose en línea ascendente con base en un mercado interno insuficiente. Esto había llevado a los gobiernos anteriores, sobre todo al de João Goulart, a insistir en la dinamización del mercado interno mediante la redistribución del ingreso. Los intentos de redistribución mostraron empero ser una mala solución para el gran capital, por dos razones:

la redistribución (operando, entre otros mecanismos, a través de alzas salariales) se reflejaba principalmente en el incremento de la demanda de bienes no durables, que el gran capital no producía o producía en pequeña escala, y

la redistribución afectaba duramente a la plusvalía de las empresas medianas y pequeñas, productoras de bienes no durables, restringiendo aún más su capacidad para absorber bienes durables.

Se observa así que las capas más bajas de la burguesía que (en alianza con los sectores populares, principalmente la clase obrera organizada) constituían la base social del gobierno de Goulart, resentían contradictoriamente la política redistributiva, al tiempo que la gran burguesía se le oponía abiertamente. A medida que el movimiento reivindicativo de las masas se acentúa, la pequeña y la mediana burguesía ven aumentar sus dificultades económicas, las cuales se hacen insoportables en el momento en que, cediendo a la presión del gran capital, el gobierno intenta llevar a cabo la estabilización monetaria (1963) y restringe, en consecuencia, el crédito. Con ello, Goulart pierde su base social burguesa (y también la popular, ya que la estabilización afecta negativamente las presiones salariales) y la empuja hacia los brazos del gran capital. Cambiaba así la correlación de fuerzas y, teniendo en cuenta la oposición que la clase terrateniente había presentado sistemáticamente al reformismo gubernamental, se crean las condiciones para el golpe de abril de 1964, cuyo resultado es la dictadura militar encabezada por el mariscal Castelo Branco.

La política del equipo tecnocrático-militar de Castelo Branco va a atender fundamentalmente a los intereses del gran capital. En líneas generales, se cifra en concentrar aún más el ingreso y sus fuentes de producción, a través de medidas destinadas a bajar los salarios (la política llamada del “tapón”) o de medidas orientadas a facilitar la absorción más o menos violenta de las empresas menores por las grandes (crédito, tributación, etc.). Es evidente que su efecto inmediato consistía en agravar aún más la crisis interna de realización, lo que puede parecer paradójico. Sin embargo, atendiendo siempre a los intereses del gran capital, el nuevo régimen plantea una solución distinta a esa crisis, que se basa en dos elementos: en primer lugar, la exportación de manufacturas, tanto de bienes durables como no durables, siendo conveniente señalar que la exportación de estos últimos conlleva la elevación del nivel tecnológico de las empresas, lo que implica mayores posibilidades de absorción de bienes de capital; en segundo lugar, el aumento de la capacidad de compra del Estado, mediante una activa política de desarrollo de la infraestructura de transportes, de electrificación y reequipamiento de las fuerzas armadas —todo ello acarreando una expansión del mercado para los bienes de capital.

Hasta allí, lo que se tenía era un modelo económico similar al que fue aplicado en la Alemania de los treinta por el nazismo. La novedad era el papel atribuido al capital extranjero. Proveedores de la tecnología indispensable para la ambicionada expansión comercial, los monopolios imperialistas son también los dueños del mercado mundial. El Brasil no disponía, en términos relativos, de la base económica y tecnológica de la Alemania de los treinta, y tampoco podía, como ésta, disputar el mercado por la fuerza. La solución encontrada, propia de un país dependiente y que convierte su imperialismo en un subimperialismo, fue la de ofrecer participación a los monopolios extranjeros en la explotación del trabajador brasileño y en las ganancias derivadas de la expansión comercial —es decir, realizar esa política mediante una alianza irrestricta con el capital extranjero.

El imperialismo aceptó la participación, pero impuso sus condiciones. El capital extranjero se hizo más presente que nunca en la gran industria y en la explotación de materias primas básicas como el mineral de hierro; la política de electrificación contó con aportes considerables de las agencias financieras internacionales. A partir de 1964, el Brasil ocupa de lejos el primer lugar en América Latina en los programas de inversión pública y privada auspiciados por la Alianza para el Progreso. Sin embargo, el capital extranjero rehusó promover el desarrollo de sectores reservados a los países avanzados, como la aeronáutica, y el gobierno norteamericano obstaculizó las pretensiones brasileñas de acceder al dominio de la tecnología nuclear [1]. Estas actitudes provocaron fricciones, que explican hechos como la compra de Mirages a Francia y la negativa brasileña a firmar el acuerdo de desnuclearización de Ginebra, pero que no comprometen en lo fundamental el modelo de asociación adoptado.

Por otra parte, esto no modificó el esquema de realización establecido por la dictadura, el cual se basaba, como vimos, esencialmente en el mercado externo y en el gasto público, en obras de infraestructura o en la producción bélica. El crecimiento de las exportaciones, que pasan de 1 400 millones de dólares en 1963 a 2 700 millones en 1970, se hizo siempre a costa del consumo interno. El ejemplo más flagrante es el de la carne de vacuno, de la cual se exportaron 18 500 toneladas en 1964 y 79 000 en 1969, gracias a la restricción del consumo interno, obtenido mediante el alza de los precios (el precio interno de la carne subió considerablemente, pese a que el precio internacional del producto bajó, en el período considerado, de 613.07 dólares a 549.90 por tonelada). La exportación de productos manufacturados, a su vez, que había sido de 37 millones de dólares en 1963, sube, ya en 1964, a casi 70 millones, y llega a 473 millones en 1970, merced a subsidios gubernamentales, que permiten exportar a un precio FOB inferior en un 50% al precio de venta en el mercado interno. [2]

La realización de esta política implicó, de inmediato, reforzar la tendencia del capitalismo brasileño a la monopolización, con el propósito de crear una estructura de producción apta para competir en el mercado internacional. Además de facilitar la desnacionalización de la industria, esto llevó a la pequeña y mediana empresa a la quiebra o a la absorción por el gran capital, en el momento mismo en que el desarrollo del capital financiero —a través de las compañías financieras y de los bancos de inversiones, con fuerte participación extranjera— creaba el instrumento capaz de centralizar el capital social en pocas manos.

 

Las vicisitudes del subimperialismo

Después de la recuperación observada en el primer semestre de 1966, el ritmo de crecimiento de la economía brasileña descendió otra vez, alcanzando su punto más bajo en el primer trimestre de 1967. Varias razones concurrieron para ello, pero lo que importa señalar es que se tomó entonces conciencia de que la expansión comercial exterior sólo a largo plazo podría convertirse en un instrumento efectivo de realización, y que el Estado no podría entrar, mientras tanto, a suplir todas las necesidades de la industria sin agravar violentamente el proceso inflacionario. Ya a fines del gobierno de Castelo Branco el esquema empieza, pues, a sufrir adaptaciones, mediante la concesión de créditos a las empresas, con el objeto de amortiguar los efectos de la depresión. Cuando le sucede el mariscal Artur da Costa e Silva (marzo de 1967), se acentuará esta política y se intentará revitalizar el mercado interno gracias a una mayor flexibilidad de la política salarial.

Los resultados de esto se hacen sentir inmediatamente. No sólo cae el ritmo de las exportaciones, sino que se agrava la situación interna. En efecto, el intento de detener el deterioro del salario real no conduce a la dinamización del mercado interno, toda vez que, en términos globales, ello repercute sobre todo en la demanda de bienes agrícolas y productos industriales de consumo inmediato, etc., afectando poco al mercado de bienes durables, que interesa a los sectores monopolizados. Por otra parte, al desacelerarse el aumento de la tasa de explotación de la masa trabajadora, se reducen las posibilidades de transferencia de ingreso a las capas altas, burguesas y pequeñoburguesas, las que sí crean demanda para los bienes durables.

No será, pues, una coincidencia que, cuando el salario mínimo real (que bajara violentamente de 279.55 cruceiros en 1965 a 195.36 en 1967) se estabiliza relativamente en 1968 (194.83), el salario medio (en el que están comprendidas las remuneraciones de la pequeña burguesía), que se recuperara considerablemente en 1967 (466.00 cruceiros), baja bruscamente en 1968 (400.66). Las consecuencias políticas de esta situación serán también negativas para el gobierno: la radicalización de la pequeña burguesía coincide con la movilización iniciada por la clase obrera en pro de sus reivindicaciones, mientras los sectores de la burguesía que la monopolización desfavorecía se aprovechan de la coyuntura para chantajear a la dictadura y arrancarle concesiones.

La respuesta es el endurecimiento del régimen, mediante lo que puede considerarse como un nuevo golpe de Estado, el Acta institucional No. 5, del 13 de diciembre de 1968, que suspende la Constitución, cierra el Congreso y castra las funciones del poder judicial. A esa respuesta política corresponde, en el plano económico, la intensificación de la explotación de los trabajadores, acentuándose el “tapón”, mediante lo cual podrá transferirse (bajo la forma de crédito, subsidios y sueldos) poder de compra a las capas medias y altas. Los datos salariales para 1969 hablan por sí: el salario mínimo desciende a 189.37 cruceiros, mientras el medio sube a 470.00 [3]. La neutralización de amplios sectores de la pequeña burguesía y la adhesión de otros a la política de la dictadura no nacen tan sólo del terror, sino también del soborno, soborno que interesa objetivamente al gran capital.

Con esto, se dinamizaba el mercado interno, atendiéndose parcialmente a los intereses de la pequeña y la mediana burguesía, sin desatenderse para nada a los intereses del gran capital. La dictadura lograba conciliar las contradicciones interburguesas, lo que se reflejaría pronto en su consolidación política. El tercer gobierno militar, encabezado por el general Emilio Garrastazu Médici, que se instala en el poder en octubre de 1969, reposará sobre una coalición burguesa mucho más sólida que las anteriores.

En la perspectiva del esquema subimperialista, lo que surge así es la tercera pata en la que él se apoya: “la sociedad de consumo” a la moda de la casa, creada mediante la transferencia de ingreso desde las capas más pobres hacia las capas medias y altas, a fin de garantizar el mercado para una industria altamente tecnificada, que se divorcia cada vez más de las necesidades de consumo de las grandes masas. El capitalismo brasileño es un monstruo, pero un monstruo lógico: si el consumo popular no sirve a la realización de lo que producen los sectores más dinámicos de la industria, peor para el consumo popular; el capital seguirá su acumulación prescindiendo de él. El resultado de esto es que la especialización funcional de la economía brasileña es tan lógica que se convierte en absurda: de un lado, la masa productora de plusvalía, que no tiene prácticamente acceso al consumo; del otro, los grupos y estratos que acumulan y/o consumen plusvalía. El divorcio entre las clases no podría ser más radical, y revela con meridiana claridad la base de clase de la dictadura militar.

Así como rompió con el mito de una redistribución del ingreso que redujera las disparidades sociales dentro del sistema, la dictadura renunció también a llevar a cabo una reforma agraria que palie las desigualdades existentes en el campo. Desde 1964, ante la presión que el alza de los precios agrícolas ejercía sobre la tasa de la inflación, el gobierno optó por la solución de contener los precios por la fuerza, ofreciendo en contrapartida a los latifundistas mejores condiciones para la explotación del trabajador. La mecanización de la agricultura, la extensión de la legislación laboral al campo (que llevó a la reducción del número de empleados fijos en la hacienda) y la ampliación del área dedicada a la ganadería, todo ello implicó arrancar de la tierra al pequeño productor (aparcero, “posseiro”, minifundista) y convertirlo en jornalero, incorporándolo al proletariado agrícola. De esta manera, el pequeño productor no sólo perdió la posibilidad de proveer parcialmente su subsistencia, mediante el autoconsumo, sino que (en virtud del gran aumento de mano de obra que se produjo) ha visto caer muy bajo el nivel de su remuneración. El trabajador rural ya no puede siquiera quedarse en el campo: expulsado de la tierra, va a vivir en la periferia de los centros urbanos más cercanos, de donde es llevado a la hacienda por los intermediarios, lo que crea una nueva faja de acción para el capital —la venta de trabajo.

El capitalismo brasileño está realizando su reforma agraria, y ésta nada tiene de idílica. La extensión acelerada de las relaciones capitalistas al campo ostenta, en Brasil, el mismo carácter despiadado y brutal que presentó en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII y, más precisamente, en la Rusia que Lenin describió.

 

Perspectivas del subimperialismo

Son muchas las implicaciones de este análisis para la elaboración de una estrategia revolucionaria que corresponda a la realidad de la lucha de clases en Brasil. Pero antes de intentar extraerlas, es necesario contestar a una cuestión clave: ¿cuál es la viabilidad, a mediano plazo, del esquema económico y político formulado por la dictadura militar? El tema es muy amplio para ser bien tratado aquí, pero sentemos algunas premisas para ello.

Todo indica que, siendo lo que se ha desarrollado más tardíamente en ese esquema, la transferencia de poder de compra a ciertas capas de la población, con la creación de un simulacro de “sociedad de consumo”, sea el elemento más limitado y menos estable. La elevación permanente del ingreso de las capas medias y altas es impracticable, sin romper con la ley capitalista de los salarios y sin convertir el subsidio en un factor antieconómico en términos capitalistas. El aumento numérico de estas capas, sobre todo de la pequeña burguesía asalariada, es un recurso que seguirá siendo utilizado por el sistema, pero representa muy poco en el conjunto de las necesidades de mercado que plantea la industria, además de ser ampliamente neutralizado por la baja del poder adquisitivo de las grandes masas. Quedaría la posibilidad de incorporar nuevas capas a la “sociedad de consumo”, principalmente grupos obreros empleados en los sectores de alta productividad; pero ello desencadenaría una lucha reivindicativa general por parte de la masa trabajadora, dado el carácter solidario de la fijación de los salarios en Brasil [4], lo que amenazaría la base que sustenta a la “sociedad de consumo”: la superexplotación del trabajo, y que es el pilar mismo del esquema subimperialista.

El mercado externo se presenta actualmente en mejor situación. Sin embargo, es conveniente considerar que la expansión comercial es un proceso largo, como acabó por entenderlo la misma dictadura militar, y particularmente difícil en el momento en que la economía capitalista mundial entra en una fase de, por lo menos, menor dinamismo —lo que quiere decir agudización de la competencia. Como quiera que sea, se requiere tiempo para hacer de la exportación una solución a los problemas de realización planteados por el sistema y, mientras tanto, éste tendrá no sólo que mantener y agravar la explotación de las masas (con todas las implicaciones políticas que esto encierra), sino también contar con una válvula de escape.

Esta válvula parece ser el tercer elemento del esquema subimperialista que mencionamos: el Estado. Teóricamente, el incremento del papel del Estado como promotor de demanda para los bienes durables es ilimitado, siempre que las condiciones políticas en las que se desarrolla la lucha de clases no se modifiquen, es decir, mientras las masas trabajadoras no digan basta a la superexplotación que sufren. En la práctica el Estado tiende a hacer crecer sobre todo los gastos militares [5], el único medio efectivo de consumo superfluo. Ésta es la razón por la cual la fusión de intereses entre la élite militar y el capital nacional y extranjero es permanente y tiende a crear una solidaridad mutua siempre mayor.

La militarización del capitalismo brasileño no es accidental ni circunstancial. Es la expresión necesaria de la lógica monstruosa del sistema, como el nazismo lo fue para la Alemania de los treinta. Así como pasó con el nazismo, la guerra debe ser su resultado, y no es casual que Castelo Branco pretendiera invadir el Uruguay, intervenir en la guerra colonialista que Portugal hace en África e incluso mandar tropas a Vietnam; que Costa e Silva quiso invadir Bolivia; que el actual presidente, el general Garrastazu Médici, además de continuar amenazando al Uruguay, conspira contra el “Pacífico Rojo”, particularmente Chile, y haya intervenido constantemente en los asuntos bolivianos, además de alentar el expansionismo brasileño en dirección a África, en estrecha alianza con Portugal.

 

Consideraciones finales

El análisis precedente permite sacar algunas conclusiones, que interesan directamente a la estrategia del movimiento revolucionario brasileño. En resumidas cuentas, éstas son las siguientes:

El reflujo del movimiento pequeñoburgués, a excepción de algunos de sus sectores menos afectados por la política de soborno (como los estudiantes), tiende a ser permanente, mientras las masas trabajadoras no estén en condiciones de impedir el traspaso de ingreso actualmente en curso.

El sistema no tiene posibilidades de ampliar este traspaso sin caer en una redistribución que pondría en jaque su funcionamiento; la expansión comercial externa representa una solución a largo plazo; todo ello hace aparecer el aumento del gasto público, sobre todo en los renglones militares, como la solución más viable de que el sistema puede echar mano a mediano plazo.

Sin embargo, esto sólo será efectivo si las masas trabajadoras siguen soportando sin mayor resistencia la superexplotación que les ha sido impuesta.

En consecuencia, la movilización y organización de los trabajadores urbanos y rurales por sus reivindicaciones pone inmediatamente en jaque al esquema económico y político de la dictadura y cierra cualquier salida al desarrollo capitalista en Brasil; el eslabón débil del sistema brasileño no es el campo, como se ha venido diciendo de manera abstracta y mecánica, sino más bien los trabajadores urbanos y rurales, sobre todo los primeros, por el mayor impacto de sus luchas sobre el sistema.

Sin que el trabajo campesino haya perdido su importancia para la izquierda, la acción revolucionaria en el campo tendrá que estar determinada por el aumento del proletariado rural y por su dinámica, fijándose en la periferia de las ciudades del interior, ese proletariado establece la ligazón entre el trabajador urbano y el trabajador rural, con base en los mismos centros urbanos. Por ello, la actual discusión que se da en la izquierda sobre la prioridad del campo o de la ciudad en el trabajo político entre las masas es bizantina.

La tendencia intervencionista y belicista del capitalismo brasileño va en la dirección de la revolución continental, pero no en el sentido que se le ha dado tradicionalmente, es decir, de lucha contra el invasor en Brasil, sino más bien, en un primer momento por lo menos, en el sentido de la lucha contra la acción de la dictadura brasileña en el exterior; esto abre una nueva dimensión al trabajo revolucionario, o sea, el trabajo en el exterior, estrechamente vinculado al trabajo revolucionario dentro del propio país.

Estos planteamientos implican una redefinición de la estrategia que ha orientado a la izquierda revolucionaria, después de 1964. Sin embargo, la redefinición sólo podrá hacerse efectiva a partir del reconocimiento del verdadero carácter del régimen brasileño; en otros términos, de la comprensión de que la dictadura militar no es una superestructura extraña a la sociedad nacional y artificialmente superpuesta a ella, sino que expresa la cristalización de todo un sistema de explotación y opresión que allí prevalece. La política, como dijo Lenin, es una expresión concentrada de la economía: sólo este criterio permite establecer una correcta línea revolucionaria.

La principal consecuencia de su aplicación incide directamente en la manera como habrá que plantearse la cuestión de la lucha armada. En efecto, si la destrucción del actual sistema social brasileño pasa necesariamente por la lucha armada, por la guerra civil revolucionaria, ésta no se da como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Esto —que no invalida en lo más mínimo el recurso a las acciones armadas por parte de la vanguardia— quiere decir, en lo fundamental, que la lucha revolucionaria en Brasil no reviste todavía la forma del enfrentamiento militar directo: en esta etapa, lo que se ha de poner en primer plano es la agudización de los conflictos de clases, la movilización de las masas y la creación de un verdadero movimiento revolucionario.

Un movimiento revolucionario que apunte de hecho a la conquista del poder sólo puede ser efectivo en la medida misma de su grado de organización. El rechazo por ciertos sectores de la izquierda, a la organización partidaria, más allá de ser una herencia de su origen pequeñoburgués, se debe también a la incomprensión de lo que esto significa. La cuestión no se plantea en términos de construcción de un partido fuera del proceso de lucha y divorciado de la elevación de los niveles orgánicos del movimiento de masas; de lo que se trata es precisamente de —mediante el trabajo revolucionario con las masas— abrir al proletariado brasileño la posibilidad de conformar su organización de combate, su partido, y asegurarle así su capacidad de conducir a la victoria al movimiento de masas.

Cabe señalar aquí la relación que existe entre la tarea de construcción del partido y la caracterización de la revolución. Es obvio que, cuando ésta se da exclusivamente en términos de liberación nacional, supone una alianza de clases y fracciones de clases tan amplias que incluye a sectores de la misma burguesía y —con base en el supuesto de una contradicción entre la nación en su conjunto y el imperialismo— se resuelve, en última instancia, en tareas nacionalistas y democráticas. Inversamente, la erección del proletariado en única fuerza consecuentemente antiimperialista, si bien no excluye su alianza con otras clases, tiende a afirmar su hegemonía sobre éstas. La hegemonía del proletariado lleva necesariamente a que sean sus intereses los que primen en el programa revolucionario, ya que lo contrario implicaría que se pretende movilizar al proletariado en función de reivindicaciones que, no siendo las suyas, corresponden a otras clases —lo que (independientemente de que se plantee o no el camino armado) implicaría reincidir en el reformismo y en la colaboración de clases.

La afirmación de la hegemonía del proletariado en el movimiento revolucionario no puede realizarse, pues, sino en la medida en que éste aparece organizado partidariamente y levanta sus reivindicaciones de clase, es decir, su plataforma socialista. Desde luego, en un país dependiente como el Brasil, la alianza de clases asume tareas antiimperialistas, y puede incluso revestir la forma de un frente de liberación nacional. Ésta no es la cuestión central; el problema consiste en saber si hay o no la decisión de garantizar la hegemonía proletaria en la alianza, y es por lo que contraponer el frente al partido, así como negar los objetivos socialistas de la revolución, encubre el rechazo a esa hegemonía y la adhesión a la ideología pequeñoburguesa.

Señalemos, por último, que el marco internacional en que se tendrá que llevar a cabo la revolución hace aún más evidente el error de los que insisten en el carácter exclusivo de liberación nacional que ella presentaría. Es así como el tránsito recorrido por el capitalismo brasileño hacia el subimperialismo correspondió, en el contexto latinoamericano, a la conformación de una alternativa a la revolución socialista cubana. Si, en Brasil, el dilema revolución-contrarrevolución hizo emerger al actual régimen militar, no ha pasado lo mismo en otros países, siendo que, en algunos de ellos, la lucha de clases condujo a correlaciones de fuerzas mucho más favorables a las masas trabajadoras. En consecuencia, al polo subimperialista brasileño se contraponen, principalmente en Chile, los gérmenes de un nuevo orden social, del que Cuba representa el primer eslabón.

La visión del Che de una revolución continental, que exprese en los hechos el internacionalismo proletario, se está pues haciendo realidad en América Latina. La polarización política, que la dinámica del subimperialismo brasileño no puede sino agravar, determina el marco en que el proceso va a desarrollarse. Herederas legítimas del Che, las vanguardias latinoamericanas tienen allí un solo papel a cumplir: tomar la dirección de la lucha, conscientes de que su desenlace puede significar que para todos los pueblos haya finalmente sonado la hora de los expropiadores.

 

Notas

[1] Sobre este último punto, véase mi artículo, en colaboración con Olga Pellicer de Brody, “Militarismo y desnuclearización en América Latina”, Foro Internacional, núm. 29, México, julio-septiembre de 1967, pp. 1-24.

[2] Ver sobre el asunto, de Dimas Antonio de Moraes, “Incentivos fiscais para exportação de manufaturados”, Brazilian Business, enero de 1971.

[3] Los datos sobre salarios fueron tomados de Visão, de 23-5-70; el mínimo se expresa en cruceiros de mayo de 1970 y el medio en cruceiros de febrero de 1970.

[4] Esto se debe, en lo fundamental, a la estructura sindical brasileña, la cual se encuentra organizada verticalmente, por ramas de industria.

[5] El presupuesto militar brasileño de 1970 fue del orden de los 700 millones de dólares, es decir, 17,3% del presupuesto federal total. Si se le añaden los gastos para la policía militarizada, la cifra llega a 1 000.5 millones de dólares, equivalente casi a la mitad de los ingresos percibidos en el año por concepto de exportaciones. Ello ha impulsado un notable incremento de la producción de armamentos en el país, principalmente en la industria naval y aeronáutica.