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Chile: ¿transición o revolución?

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Extractado por Ruy Mauro Marini de su libro El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, México, Ediciones ERA, 1976, pp. 86-118. La primera versión de este trabajo se presentó en enero de 1973, en un simposio organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), de la Universidad Católica de Chile, en Santiago, y se publicó en la revista Pasado y Presente (B. Aires), Año IV, núm. 1, nueva serie, abril-junio de 1973.

Índice

El sistema de dominación en Chile

La "vía chilena" al socialismo

Alianzas y compromisos

La pequeña burguesía en el proceso chileno

El carácter del gobierno y del periodo

 

La situación que produjo en Chile la formación de un gobierno de izquierda, a través de la vía electoral, ha llevado a que se plantee la posibilidad de transformar revolucionariamente la sociedad chilena mediante la utilización del aparato estatal existente, y de promover la sustitución gradual de ese aparato a medida que avanza el proceso mismo de transformación social. Esto es lo que se ha designado como “vía chilena al socialismo”.

Conviene hacer aquí una precisión: en el seno de la izquierda, nadie ha puesto en duda la necesidad de cambiar el actual orden jurídico y político, observándose un razonable consenso en que ello corresponde a lo que se llama, en la teoría revolucionaria, “toma del poder”, es decir, el reemplazo de la burguesía por el proletariado como clase dominante y la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario. No es éste, por tanto, el punto de discusión. La especificidad de la “vía chilena” (término que engloba una amplia gama de posiciones) [1] estaría en que la toma del poder no precede, sino que sigue a la transformación de la sociedad; en otras palabras, es la modificación de la infraestructura social lo que, alterando la correlación de fuerzas, impone y hace posible la modificación de la superestructura. La toma del poder se realizaría así gradualmente y, en cierto sentido, pacíficamente, hasta el punto de conformar un nuevo Estado, correspondiente a la estructura socialista que se habría ido creando.

La discusión sobre si existe o no una vía chilena al socialismo sería irrelevante, si no implicara dos supuestos: primero, el de que Chile ha definido ya su camino de transición al socialismo; segundo, el de que el carácter peculiar que asume hoy la lucha de clases en Chile tiene el status de un modelo radicalmente distinto, y en cierta medida alternativo, al que se ha presentado en otros países que lograron instaurar la dictadura del proletariado. En efecto, a la pregunta de si existe una vía chilena al socialismo, la respuesta sólo puede ser afirmativa: existen tantas vías al socialismo cuantos sean los pueblos que emprendan, bajo la dirección del proletariado, la tarea de destruir la sociedad explotadora burguesa. Se puede, en este sentido, hablar de una vía rusa, una vía vietnamita, una vía china, una vía cubana, una vía propia a los países de Europa oriental. Pero ninguna de ellas es en sí un modelo, todas se rigen por las leyes generales de la revolución proletaria, tal como la ciencia marxista las ha definido. (...)

El sistema de dominación en Chile

Tal como se presentaba en septiembre de 1970, el sistema de dominación chileno era el resultado de la recomposición de alianzas de clases acaecida en la década de 1930. A grandes líneas, se asiste en aquel entonces a la culminación de un largo proceso de cuestionamiento de la dominación oligárquica, que ejercían la clase terrateniente y la burguesía comercial y financiera, estrechamente asociadas al imperialismo. Esa dominación se rompe en los años 30 para reestructurarse de nuevo en torno a la vieja oligarquía y las clases medias burguesas; se trataba de una solución de compromiso que no era específicamente chilena, sino que correspondía a las nuevas formas de dominación que, con la sola excepción de Argentina, emergían entonces en los países latinoamericanos de mayor desarrollo capitalista relativo.

Lo peculiar del caso chileno se debe a la situación de la pequeña burguesía en el nuevo esquema de alianza de clases y su posición vis-à-vis del Estado. No tanto porque la pequeña burguesía obtuviera allí ventajas y privilegios, ya que esto se dio también en otros países latinoamericanos, como México y aun Brasil: en todos ellos la pequeña burguesía, proporcionando las tropas de choque de las clases medias, desempeñó un papel relevante en la lucha política y entró a participar directamente en la gestión del aparato estatal, valiéndose de ello para cuidar sus intereses económicos. Ello fue sobre todo cierto para sus capas no propietarias, que mejoraron considerablemente sus oportunidades de empleo y sus condiciones de remuneración, gracias a la ampliación de los servicios públicos, así como también al impulso industrializante recibido por la economía que hizo expandirse las ramas privadas de los servicios. En el México de Cárdenas o en el Brasil tenentista, del mismo modo que en el Chile del Frente Popular, se desarrolla entonces una amplia capa burocrática de extracción pequeñoburguesa.

Chile se distingue, de los demás países, sin embargo, por el carácter que asume esa capa burocrática y la relación que establece con el conjunto de la clase de la cual provenía. Es así como, a diferencia de México, en donde esa capa utiliza su posición en el Estado para ascender a las filas de la burguesía, dando origen a lo que se ha llamado burguesía burocrática, o de Brasil, en donde, además de su subordinación efectiva a la burguesía [2], sufre una degradación progresiva, pasando a vegetar en los puestos subalternos del aparato estatal, la pequeña burguesía burocrática en Chile logra mantener la posición conquistada, sin que esto acarree para ella el desprendimiento de su clase y su incorporación a la burguesía. Por el contrario, mantiene con ésta una relación de clase a clase, que se formaliza mediante algunos instrumentos básicos: la democracia parlamentaria, en el marco de la cual el conjunto de la pequeña burguesía podía hacer sentir su peso e imponer a la burguesía, necesitada de sus votos, el respeto a la alianza contraída; la expansión y el monopolio de los cargos públicos, y la garantía de movilidad vertical al conjunto de la clase, mediante la ampliación del sistema educativo [3]. En relación a éste, el último bastión bajo el control oligárquico, las universidades, fue finalmente conquistado a fines de la década del sesenta, en el marco de la contraofensiva desatada por la pequeña burguesía después de su repliegue en el periodo gubernamental de Jorge Alessandri.

La pequeña burguesía chilena llega así a conformar una verdadera capa política dirigente, que, respondiendo a los intereses de su clase, convierte a ésta en su conjunto en una clase de apoyo activa [4] al sistema de dominación vigente. No sorprende así su adhesión decidida a las instituciones y valores que ella misma ha ayudado a forjar y que le han resultado por lo general beneficiosos. El profesionalismo de las fuerzas armadas chilenas y su respaldo a la institucionalidad no son sino una manifestación de esa actitud de clase de la pequeña burguesía, una vez que el aparato armado del Estado quedó también virtualmente en sus manos.[5]

La “vía chilena” al socialismo

La estrategia de la Unidad Popular sólo se explica en este contexto. Clase activa de apoyo al sistema de dominación, vinculada a la institucionalidad por sus intereses y su ideología, la pequeña burguesía chilena no constituía en la década de 1960 una fuerza social movilizable en torno a una política insurreccional. Se diferenciaba en ello de la mayoría de las capas medias latinoamericanas que, ocupando una posición francamente subordinada en el sistema de dominación, no experimentaba lealtad particular a éste, y que, enfrentadas a un grave deterioro de su situación económica, se polarizaban rápidamente alrededor de las corrientes políticas más radicalizadas. Es así como, en la mayoría de esos países (aunque de manera inconsecuente, como se da particularmente en Venezuela, Brasil y Bolivia), la pequeña burguesía evolucionó, desde la crítica ácida al despilfarro, la incapacidad y la corrupción de las clases dominantes, a una política cada vez más hostil a éstas, que acaba por conducir a sus grupos de vanguardia a plantearse abiertamente el camino insurreccional.

Acogida a los privilegios que lograra crear para sí, la pequeña burguesía chilena se comporta de otra manera. Aun cuando se ve amenazada, como ocurrió después de las elecciones de 1958, resiste a la presión ejercida sobre ella por las fracciones más reaccionarias de la coalición dominante sin salirse del sistema vigente y, bien al contrario, tratando de utilizarlo para reforzar su capacidad de respuesta — lo que se concretó en el ascenso al gobierno de la Democracia Cristiana, en 1964. Esto, sumado al crecimiento de la votación de izquierda, mostraba que la pequeña burguesía había aprendido la lección del Frente Popular, ella misma producto de experiencias anteriores: valerse de la manipulación del movimiento de masas en el marco institucional para estrechar sus vínculos con la burguesía y fortalecer su posición política.

Sin embargo, aunque las maniobras de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes amenazaran realmente a la pequeña burguesía, la amenaza mayor que se cernía sobre ella provenía de la misma burguesía. Comprometida con un proceso de acumulación capitalista dependiente, no podía escapar a la dinámica propia de ese proceso. La monopolización creciente de los medios de producción, el impulso a la producción de bienes suntuarios y la declinación relativa de la producción de bienes esenciales de consumo, que caracterizan a la acumulación dependiente, generaban presiones cada vez más fuertes por parte de la burguesía para readecuar la estructura del mercado; un elemento fundamental de esa readecuación está dado por la distribución regresiva del ingreso, lograda a través de la erosión de los sueldos y salarios [6]. Era por tanto inevitable que el gobierno democristiano abandonara de manera cada vez más ostensible su plataforma progresista, que contemplaba la elevación de los niveles de consumo popular mediante reformas estructurales y una política redistributiva, en favor de la política antipopular propiciada por el gran capital nacional y extranjero. Además de herir duramente los intereses de las masas trabajadoras y agudizar las contradicciones interburguesas, el cambio de orientación de la política económica del gobierno de Frei resquebrajó gravemente la alianza entre la burguesía y la pequeña burguesía.

Se entiende así que esta clase iniciara un proceso de autonomización política frente a la burguesía, que se refleja en su comportamiento contradictorio a partir de 1967. Pasando por el intento de conformar una alternativa propia (que cristalizará en 1970 en la candidatura de Radomiro Tomic), ese comportamiento presenta dos variantes extremas: por un lado, el desplazamiento hacia la derecha de algunos sectores, que van a buscar en la acción más reaccionaria del bloque dominante una defensa contra la gran burguesía y acaban por quedar allí codo a codo con ésta, formando la base electoral de la candidatura de Jorge Alessandri; por otro lado, el fenómeno izquierdizante, que se expresa ya en la tentación de aliarse a las masas trabajadoras, para reafirmarse en el plano institucional, ya en la de romper sus lazos con la institucionalidad, lo que incidió en la clase de manera muy reducida pero se exacerbó a nivel de sus sectores de vanguardia, particularmente los estudiantes.

En esta perspectiva, la formación de la Unidad Popular corresponde a un reflejo del descontento de la pequeña burguesía, así como a una estrategia calculada para aprovechar la confusión reinante entre sus filas. Unida al ascenso del movimiento de masas y a los conflictos que oponían entre sí a las capas burguesas, la situación de la pequeña burguesía creaba condiciones propicias para hacer estallar la crisis latente en el sistema de dominación vigente. Fue lo que efectivamente pasó cuando, para sorpresa de las clases dominantes y de su propia clase de apoyo, la izquierda logró introducir, en septiembre de 1970, una cuña en el aparato del Estado, desarticulando el elemento básico en la estructura del sistema dominante.

Es, por tanto, en las condiciones de la lucha de clases previa a septiembre de 1970 que debemos buscar la explicación para el fenómeno de la Unidad Popular. El deseo de la coalición electoral de izquierda de atraer o neutralizar sectores de la pequeña burguesía obligaba a tomar en consideración la situación real de ésta: salvo una acción muy minoritaria, el grueso de la clase procuraba encontrar una salida dentro del marco institucional. Esto llevó a la coalición de izquierda a establecer claramente su compromiso con el sistema político vigente, y más concretamente con las instituciones del Estado burgués, con el fin de no enajenarse el eventual apoyo de los sectores pequeñoburgueses que buscaban una salida de izquierda.

Pero la marcha de la acumulación capitalista dependiente no había golpeado tan sólo a la pequeña burguesía, sino también, y con más fuerza aún, al proletariado industrial y amplias capas populares no proletarias [7], poniendo a la coalición de izquierda en la necesidad de extremar sus posiciones programáticas [8]. Es entonces que se dará explícitamente como objetivo la construcción del socialismo.

Es así como la necesidad de forjar una determinada alianza de clases se expresa programáticamente en lo que vendrá a llamarse después “vía chilena al socialismo”: la conquista gradual y pacífica del poder político, sin ruptura brusca del orden burgués, acompañada de la liquidación de las bases de la dominación imperialista, latifundista y monopólica, a través de medidas planteadas en la perspectiva de la construcción del socialismo.

Alianzas y compromisos

Las dificultades implícitas en esa estrategia han estado siempre referidas a problemas que atañen al carácter mismo de la alianza de clases que se quiere conformar; particularmente respecto a la relación a establecer con las capas medias de la burguesía, cuyos intereses han sido recogidos en el programa (por ejemplo, a través del concepto de área privada de la economía). Este fue el sentido de la discusión que precedió a la formación de la coalición electoral, cuando, tomando como punto de referencia al FRAP y reflejando la radicalización que había experimentado desde 1964, el Partido Socialista contrapuso la idea del Frente de Trabajadores, que implicaba en la práctica la exclusión del Partido Radical y de los sectores sociales que éste simboliza. Posteriormente a 1970, las divergencias surgidas en el seno de la izquierda, que enfrentaron primero al partido comunista y el MIR para entrar a polarizar después a importantes corrientes en el seno mismo de la Unidad Popular, han girado fundamentalmente en torno a esa cuestión.

La primera manifestación explícita de esas divergencias se dio poco después de las elecciones municipales de 1971, cuando se elevaron desde las filas del MIR críticas a los criterios burocráticos y eficientistas puestos en práctica por el gobierno, así como a la subestimación implícita de la movilización de los trabajadores [9]. Iniciada en estos términos, y enfocándose inicialmente a la disyuntiva capitalismo de Estado-socialismo, esa crítica derivaría rápidamente hacia la raíz del problema planteado: el carácter de alianzas de clases perseguidas respectivamente por el partido comunista y el MIR [10]. La cuestión volvió a presentarse con más fuerza en la polémica entablada entre estas dos organizaciones, a principios de 1972, a propósito de la reforma agraria. Sin abandonar la línea que sostuviera anteriormente, en el sentido de que la UP excluía de la alianza de clases al proletariado no organizado y a las capas más pobres del semiproletariado, el MIR desarrolla más ampliamente la contrapartida de este razonamiento: dicha exclusión correspondía a la alianza que la Unidad Popular establecía con la burguesía rural, y la llevaba a enmarcar su política en la ley democristiana de reforma agraria, limitando pues las expropiaciones de tierras a los fundos con más de 80 hectáreas de riego básico [11]. Un planteamiento similar se hizo respecto a la burguesía urbana. Secundariamente, esto ha suscitado discusiones relacionadas con el concepto de gran empresa y atinentes a qué sectores de la burguesía no se contemplarían en la política de estatizaciones. Pero el argumento central del MIR ha sido que la Unidad Popular no ha proporcionado objetivos inmediatos de lucha a la mayoría del proletariado industrial, sino tan sólo al sector más organizado de la clase obrera, al cual le abrió la perspectiva del área de propiedad social.[12]

En lo fundamental, esas divergencias se deben a la imprecisión de las formulaciones de la Unidad Popular respecto al carácter de las relaciones a ser establecidas por el proletariado con las fuerzas sociales que se pretende agrupar en torno a él, en particular las capas medias. Ejemplo de esa imprecisión es el uso indiscriminado del término “alianza”, tomado muchas veces como sinónimo de compromiso. Esto no tiene una importancia meramente semántica: lo que transluce, en esa confusión conceptual, es la dificultad que experimenta la Unidad Popular, en virtud de su heterogeneidad, para definir una clara jerarquía entre los sectores sociales aliados y los sectores por neutralizar, así como entre los intereses generales que el proletariado está en condiciones de asumir y aquellos que se limita a respetar en virtud de la correlación de fuerzas existente.

Es útil, en este sentido, recurrir a las enseñanzas de Lenin, particularmente las que se refieren a las relaciones entre el proletariado y el campesinado en el curso de la revolución de 1917. En ellas se observa claramente que la alianza obrero-campesina, en su sentido amplio, expresaba de hecho una verdadera alianza con las capas pobres del campesinado (que Lenin caracterizaba como un semiproletariado) y un compromiso con las capas altas. Tan era así que, en el marco de ese compromiso, los bolcheviques no se ataban las manos en la tarea de preparar y desarrollar la lucha entre ambas fracciones campesinas, dedicándose desde un principio a dividirlas y a organizar al campesinado pobre en forma independiente. Por lo demás, la posición leninista frente a la pequeña burguesía campesina no implicó nunca el supuesto de que era necesario ganarla antes de la toma del poder, sino más bien que bastaba con neutralizarla; más aún, la conquista del aparato del Estado constituía una condición sine qua non para realizar en los hechos la alianza de clases, y no al revés. En otros términos, la toma del poder es una tarea que atañe esencialmente al proletariado, mientras que la atracción de las capas medias constituye un problema de la revolución victoriosa.[13]

La pequeña burguesía en el proceso chileno

Las condiciones en que se lleva a cabo el proceso chileno —y que no han permitido excluir a las elecciones parlamentarias burguesas como una de las formas que asume la lucha por el poder— confieren sin duda una mayor complejidad a la cuestión de las alianzas y compromisos. Pero ello no dispensa la necesidad de definiciones rigurosas. Menos aún permite poner a todas las clases y fracciones de clases que el proletariado debe ganar o neutralizar en un pie de igualdad. En la práctica, sin embargo, es como se presentan los intereses de las capas medias burguesas en el programa de la Unidad Popular.

Conviene empero señalar que ello no ha dado lugar a que cristalice en la UP un ala propiamente burguesa. La defensa de dichos intereses en el interior de la coalición política ha quedado en manos de las corrientes pequeñoburguesas de corte socialdemócrata y del partido comunista, que se diferencia netamente de ellas. Esto se debe en parte, al hecho de que las capas medias burguesas no han reaccionado favorablemente al proyecto de alianza que propugna la UP, por lo menos hasta ahora, pero también, y quizás principalmente, a la capacidad ya señalada que posee en Chile la pequeña burguesía para responder por la defensa ideológica y política de los intereses burgueses. Este último aspecto ha quedado meridianamente claro con la incorporación de las fuerzas armadas al gobierno, después de la crisis de octubre de 1972.

La especificidad de la pequeña burguesía chilena, es decir, su capacidad como agente del consenso entre las clases, sobre el cual reposan las instituciones vigentes, se ha acentuado en el curso del periodo. Clase activa de apoyo en el sistema de dominación que entró en crisis en 1970, sigue apareciendo con la misma calidad en el proyecto propugnado por la Unidad Popular para reemplazar ese sistema. En ambos casos, se la privilegia como aliado fundamental, lo que tiene como resultado acentuar la autonomización relativa que empezó a vivir durante la última década.

Si se observa la evolución de la pequeña burguesía, se observa, en efecto, que ha sido llevada a asumir cada vez más su papel de garante de la convivencia institucional entre las clases. Inicialmente, en el periodo que siguió inmediatamente al 4 de septiembre, la pequeña burguesía aparece relativamente neutralizada, lo que favorece la formación del gobierno de la Unidad Popular; después realiza un movimiento de desplazamiento hacia el campo de la izquierda, el cual tiene su culminación en las elecciones municipales de 1971; pero, desde mediados de ese año, corrige su posición y asume una actitud de creciente independencia. El surgimiento del fascismo —la forma por excelencia de la autonomización de la pequeña burguesía— fue una expresión parcial de ese fenómeno. Pero lo ha sido también la neutralidad mantenida durante un largo periodo por las fuerzas armadas y su intento de arbitrar los conflictos de clase desde el seno mismo del gobierno, lo que empieza a darse en ocasión del llamado “caso Tohá”, en enero de 1972.

Una cosa, sin embargo, es la motivación subjetiva que caracteriza el comportamiento político de una clase, y otra bien diferente las condiciones objetivas en que ella debe ejercerlo. Fue lo que quedó patente en el curso mismo de la crisis de octubre: entonces, el espejismo de la importancia primordial de la pequeña burguesía en la lucha de clases, así como la ilusión de autonomía que ella alimentaba, se deshicieron bruscamente para dar paso a la realidad. Y la realidad es que la lucha de clases se libra en última instancia, y allí se decide, en torno al proletariado y la burguesía, en torno al trabajo y el capital. El carácter de apéndice de la reacción burguesa que el fascismo empezara a revelar desde agosto de 1972, se hizo patente en octubre, llevando a que la pequeña burguesía, celosa de su autonomía, desplazara hacia las fuerzas armadas sus ansias de liderazgo. Consumado el gabinete cívico militar, los hechos posteriores pasarían a presentar una dinámica similar, con los militares esforzándose por mantenerse como una fuerza autónoma en el seno del gobierno e inclinándose cada vez más a asumir en la práctica la defensa de los intereses burgueses.

Es por tanto bajo el prisma de la contradicción fundamental que plantea la lucha de clases, y que pone frente a frente a la burguesía y el proletariado, que habrá que entender en qué términos está planteado hoy en Chile el problema del poder.

El carácter del gobierno y del periodo

La situación particular por la que atraviesa el Estado chileno ha generado confusión en cuanto a su carácter, así como respecto a la relación que con él mantiene el gobierno. Aunque sean pocos los que cuestionen abiertamente el carácter burgués del Estado, se observa la tendencia a considerar al gobierno como un cuerpo independiente de él y, en la práctica, como un Estado contrapuesto.

Ello aparece, por ejemplo, cuando se habla de una dualidad de poder en el seno del Estado [14]. Se ignora así que el pretendido poder dual —el gobierno— extrae su legitimidad de la organización estatal vigente, como lo demuestra su generación por la vía electoral y su encuadramiento en el marco institucional creado en Chile por las clases dominantes. Se ignora también que el poder político de una clase no se expresa en la acción que lleva a cabo en su nombre un cuerpo de funcionarios, sino en la capacidad de coerción ejercida materialmente por la clase misma en el plano de la lucha de clases, coadyuvada, esto sí, por las instituciones del Estado. Se ignora, en fin, que el carácter de esas instituciones cambia necesariamente cuando, en vez de expresar la voluntad de una minoría, expresan la de la mayoría del pueblo, caso en el cual corresponden a la proyección a nivel del aparato estatal de las organizaciones populares de base.

La característica esencial del gobierno de la Unidad Popular consiste precisamente en su incapacidad para romper con una determinada fuente de legitimidad —la que le otorgó la democracia representativa burguesa, a través del proceso electoral— para basar su legitimidad en la organización masiva del pueblo. La desmovilización y la disolución progresiva de los Comités de Unidad Popular, creados durante la campaña electoral y a los que se pretendió hacer aparecer como órganos embrionarios de poder popular; la forma burocrática y verticalista como la UP se enfrentó a los consejos comunales campesinos, a la participación obrera en la gestión de las empresas estatales, a las Juntas de Abastecimiento y Precios, todo ello ha configurado una política destinada a someter las organizaciones del pueblo al aparato del Estado, en lugar de enfrentarlas a éste como un poder alternativo en gestación. Con ello, el gobierno se afincó cada vez más en el Estado burgués, en vez de hacerlo en la movilización revolucionaria del pueblo. Es por esta razón que los órganos que se presentan hoy como embriones de poder dual, como los consejos comunales urbanos, los cordones industriales de Santiago y los consejos campesinos “formados por la base”, se han constituido al margen del gobierno, aunque no en contra de él, y sus posibilidades de desarrollo están en razón directa de su grado de autonomía.

Por razones similares, no se puede tampoco caracterizar al gobierno de la UP como una dictadura legal del pueblo [15]. No se trata tan sólo de que ello involucra un equívoco teórico, similar al que llevó a Jruschov a aplicar al Estado soviético el concepto de “Estado de todo el pueblo”, sino también que el gobierno de la UP sólo es popular en el sentido de que se identifica con las aspiraciones del pueblo. Sin embargo, esa identificación no impide que siga siendo un cuerpo de funcionarios que actúa en representación del pueblo, y que no sea la expresión directa del pueblo organizado ejerciendo funciones de gobierno.

Es evidente, sin embargo, que esas tesis no aparecen por acaso. Reflejan una posibilidad real que se abrió para la clase obrera chilena y sus aliados, en septiembre de 1970, de constituir en el país lo que se podría llamar “gobierno obrero proletario”, para emplear un término marxista clásico. Conviene aclarar que, acogida por la Tercera Internacional, la expresión “gobierno obrero” no tiene ninguna connotación maximalista, diferenciándose claramente de la dictadura del proletariado, y que no representa tampoco un concepto unívoco desde el punto de vista de clase. Es así como la Internacional Comunista no sólo reconocía la existencia de gobiernos obreros que correspondían a formas camufladas de coalición entre la burguesía y dirigentes obreros contrarrevolucionarios, sino que contemplaba otras formas que, sin constituirse todavía en un elemento de transición hacia la dictadura del proletariado, podrían crear condiciones para ésta, en la medida en que avanzaran hacia la conformación de un gobierno obrero proletario. Este no podría ser otra cosa que un gobierno nacido “de la lucha de las propias masas y apoyado sobre órganos aptos para el combate, creados por las más vastas capas de las masas obreras oprimidas” [16]. El hecho de que la UP no haya constituido un gobierno de esta naturaleza no significa empero que no se hayan dado las condiciones en Chile para marchar en esa dirección. El drama de la Unidad Popular y de la izquierda en general ha resultado en una amplia medida de la percepción de esa posibilidad y de los obstáculos establecidos para su realización por la correlación de fuerzas a nivel de la sociedad, así como por el peso específico de la pequeña burguesía en el seno de la coalición gobernante. Pero esa contradicción no se supera mediante el recurso a tesis como la del poder dual en el seno del Estado o de la dictadura legal del pueblo, que contribuyen más bien a enmascararla.

Como quiera que sea, la forma limitada en que la UP hizo cristalizar el objetivo del gobierno obrero ha permitido entrever el papel que éste debe tener en tanto que órgano de clase del proletariado revolucionario en Chile. Las funciones que le corresponden consisten en dificultar a la burguesía el recurso al aparato de Estado para restañar las heridas abiertas en su sistema de dominación; hacer jugar contra las clases dominantes los instrumentos legales y materiales de que dispone, ejerciendo contra ellas un cierto grado de coerción que encuentra su límite en la supervivencia misma del aparato estatal burgués; promover una política encaminada a reforzar la capacidad orgánica del proletariado, así como a agrupar en torno a él las demás clases capaces de conformar una alianza social revolucionaria, y favorecer por todos los medios la imposición del control de masas sobre la producción y la distribución de la riqueza.

El simple enunciado de esas funciones nos está mostrando que ese gobierno depara ya tareas que corresponden históricamente a los Estados proletarios. Evitemos empero el absurdo lógico: la existencia de esas funciones no quiere decir que se cuenta ya con un Estado de esa naturaleza, del mismo modo que el hecho de que al principio de todo proceso de transición al socialismo se haya verificado la desorganización del mercado y el surgimiento del acaparamiento, la especulación y el boicot no quiere decir que el que estos fenómenos se estén produciendo hoy en Chile demuestre la existencia de un proceso de transición. Las tareas de corte revolucionario que depara el gobierno obrero sólo pueden entenderse en la medida en que éste se define en tanto que elemento de transición hacia la dictadura del proletariado; es decir, si caracterizamos correctamente al periodo en que ellas se dan como un periodo de lucha por el poder.

Señalemos que el periodo que atraviesa Chile se caracteriza por la crisis del sistema burgués de dominación y se expresa en una exacerbación de la lucha de clases, a lo cual contribuye la desarticulación relativa del aparato de Estado. Ello corresponde en amplia medida a una situación prerrevolucionaria [17]. La posibilidad de contar con una rama del Estado burgués para expropiar y reprimir a la burguesía, afirmar los órganos de poder popular e intensificar su acción aglutinadora sobre las clases potencialmente aliadas agudiza esa situación. Pero es a la luz de esas tareas que el desempeño del gobierno de la UP debe ser evaluado. En otros términos, el parámetro para evaluar la acción del actual gobierno no es la construcción del socialismo, sino más bien la conquista del poder político. Es la revolución, no la transición, el eslabón por el cual hay que asir hoy la cadena del desarrollo político, para poder pasar al eslabón siguiente.[18]

El hecho de que la lucha de clases plantee hoy como centrales tareas revolucionarias, no quiere decir empero que las cuestiones de la transición sean indiferentes al proletariado chileno; quiere decir tan sólo que es resolviendo las tareas centrales del periodo como se podrá encarar lo que aparece hoy como una posibilidad y llevarlo al terreno de las tareas prácticas. Por lo demás, no existe una muralla china entre los momentos de un proceso. Los órganos de combate que el proletariado crea en su lucha contra la burguesía son potencialmente sus órganos de poder: esta fue la gran enseñanza de los soviets. Las medidas que el proletariado adopta para hacer frente a la reacción burguesa son aquellas que le permiten operar la transformación de la sociedad: esta es la gran enseñanza que el proletariado chileno sacó de las jornadas de octubre.

La política es la expresión concentrada de la economía, señalaba Lenin. En Chile, la política se centra cada vez más en torno a la economía; esto es así porque la burguesía misma eligió este frente de batalla y se muestra dispuesta a desmantelar su propia economía, para reconstruir sobre ella un sistema económico aún más represivo, explotador y divorciado de las necesidades de las grandes masas. Con ello, la burguesía hizo pasar a primer plano el problema del control de masas sobre la producción y la distribución. Es evidente que es ese control el que permitirá avanzar mañana hacia la dirección de esas actividades por las masas, lo que es rasgo fundamental del régimen económico socialista.

Perderse hoy en día en disquisiciones sobre “la vía chilena” al socialismo es pretender remplazar con la utopía una realidad viva. Y la realidad viva de la lucha de clases en Chile está centrada, como ha ocurrido siempre que la lucha de clases configuró una situación prerrevolucionaria, en torno al nudo gordiano de la toma del poder.

 

NOTAS

[1] Esas posiciones tienen sus expresiones extremas en los planteamientos de lo que podríamos considerar como una corriente allendista en la izquierda, por un lado, y en los que han levantado dirigentes del partido comunista (en el cual, sin embargo, no tiene curso oficial la expresión “vía chilena”), por el otro; véase, por ejemplo, Allende, S., Primer Mensaje al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1971, varias ediciones; Garcés, J. E., Revolución, Congreso y Constitución. El caso Tohá, Ed. Quimantú, Santiago, 1972, parte I, cap. IV, y Millas, O., “La clase obrera en las condiciones del gobierno popular”, diario El Siglo, Santiago, 5 de junio de 1972.

[2] Uno de los mecanismos mediante los cuales la pequeña burguesía sella en Brasil su alianza con la burguesía es la legislación que establece que los cargos públicos se llenan con base en el mérito, es decir, por concurso público. Como única clase letrada en la sociedad brasileña, la pequeña burguesía aseguraba así que esos cargos quedaban reservados para ella. Sin embargo, la norma sólo se aplicaba a los cargos inferiores, quedando excluidos los puestos de dirección y los cargos de confianza, que son los mejor remunerados. Para acceder a ellos, el pequeño burgués no podía accionar los resortes legales, sino que debía hacer méritos ante la burguesía; para mantenerlos, era forzado a convertir el desempeño de la función en una defensa permanente de los intereses burgueses.

[3] James Petras, en Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno, B. Aires, Amorrortu, 1971, aporta elementos útiles para analizar la situación de clase de la pequeña burguesía en Chile; véanse particularmente los capítulos 2 y 8, basados en encuestas efectuadas por Dale Johnson y Eduardo Hamuy, respectivamente. Como término de comparación, se puede tomar a Rangel Contla, J. C., La pequeña burguesía en la sociedad mexicana, 1895 a 1960, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1972.

[4] Entendemos por clase de apoyo activa aquella que, sin participar directamente del bloque dominante, desempeña un papel activo en la alianza de clases en que se basa el sistema de dominación, sea en el sentido de contribuir ideológica y políticamente al afianzamiento de éste, sea en el de retirar de él beneficios para sí misma. La pequeña burguesía chilena asume esa posición en el sistema de dominación conducida por sus capas dirigentes, las cuales llegan a asumir en este sistema el papel de fracción de clase reinante durante el periodo del Frente Popular. Sobre el concepto de clase reinante, véase Poulantzas, Clases sociales. . ., op. cit., parte III, cap. 4, en especial p. 325

[5] Una encuesta realizada en Chile por Roy Allen Hansen, en 1967, para la Rand Corporation y otras instituciones norteamericanas, mostró, entre otras cosas, que el 51% de los padres de 37 generales retirados entre 1952 y 1964 eran profesionales y gerentes y que los 5 mejores amigos de los militares entrevistados eran, en la proporción de un 86%, profesionales y gerentes. Cit. por Cayuela, J., y Camilo Taufic, “Claves para la presencia militar”, Chile Hoy, Santiago, núm. 25, 17 de diciembre de 1972. Una versión inútilmente complicada de la tesis de la identidad entre las fuerzas armadas y la pequeña burguesía en Chile puede encontrarse también en Joxe, A., Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile, Santiago, Ed. Universitaria, 1970.

[6] Para la fundamentación teórica de este punto, véase mi Dialéctica de la dependencia, México, Ediciones ERA, 1973.

[7] Entre 1960 y 1969, la participación de los salarios en el ingreso nacional bajó del 22.7% al 20.7% mientras que la de los trabajadores por cuenta propia descendió del 21.8% al 14.3%. La pauperización de esta última categoría es aún más significativa si consideramos que su participación en la ocupación total se elevó del 20.4% al 22.1% en el mismo periodo. ODEPLAN, Antecedentes sobre el desarrollo chileno, Santiago, 1971.

[8] Esa radicalización se hace sentir sobre todo en el Partido Socialista y responde en grado significativo de la consolidación y el desarrollo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

[9] Véase Díaz, G., “Socialismo o capitalismo de Estado”, Punto Final, Santiago, núm. 131, 25 de mayo de 1971.

[10] Véase Arredondo, J., “Los grandes ausentes: obreros no organizados”, Punto Final, núm. 134, 6 de julio de 1971.

[11] Véase La política del MIR en el campo. Declaración del Secretariado Nacional, Ed. “El Rebelde”, Santiago, s/f.

[12] La polémica en torno al llamado “proyecto Millas” —en realidad, una definición de la política gubernamental hacia el área estatal—, a principios de 1973, puso al descubierto que la mayor parte de las empresas intervenidas o requisadas por el gobierno en sus dos primeros años de existencia correspondían más bien a empresas medianas y pequeñas, para las cuales no se preveía el paso al área estatal. Esto demuestra que los trabajadores que se movilizaban en la lucha diaria contra la burguesía no tenían consignas que defender sino la de la estatización, que la UP había sin embargo reservado para ciertos sectores obreros de la gran industria. La situación habría sido distinta si tales consignas —como, por ejemplo, la del control obrero de la producción— hubieran existido.

[13] Cf. “Las elecciones...” o “La revolución proletaria. . .”, ya citadas. Entre los muchos pasajes en que Lenin se refiere al problema se podría destacar el siguiente: “Sólo el proletariado puede derribar a la burguesía. Sólo el proletariado puede arrastrar tras de sí a las masas contra la burguesía. Sin embargo, de aquí no se deduce en modo alguno —creerlo constituiría el más grave error— que en la obra posterior de la edificación del comunismo, una vez derribada ya la burguesía y cuando el poder político se encuentre ya en manos del proletariado, podamos prescindir asimismo en adelante de los elementos medios, intermedios”. “Informe sobre el trabajo en el campo”, op. cit., p. 205, sub. RMM. En cuanto al carácter de esa no prescindencia, Lenin lo aclara más adelante, definiéndolo fundamentalmente como de “neutralización”; cf. p. 207. Véase también “Discurso en defensa de la táctica de la Internacional Comunista, 1° de julio”, III Congreso de la IC, Obras escogidas, t. III, pp. 67-179.

[14] Cf. Ramos, S., Chile: ¿una economía de transición?, Santiago de Chile, CESO-PLA, 1972, cap. IC.

[15] La expresión es de Luis Corvalán, secretario general del PC. Cf. Labarca, E., Corvalán 27 horas, Santiago de Chile, Ed. Quimantú, 1972.

[16] Véase la resolución sobre la táctica del IV Congreso de la Internacional, Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, 1973, t. II, pp. 186-89.

[17] La conceptualización de la situación prerrevolucionaria fue hecha por Lenin en varios de sus textos; su formulación más acabada se encuentra en “la enfermedad infantil del `izquierdismo' en el comunismo”, Obras escogidas, t. III, p. 427. Allí, tras señalar como rasgo fundamental de dicha situación a la crisis general de la sociedad, Lenin distinguía en ésta tres elementos: la decisión revolucionaria de la vanguardia obrera, la crisis política de las clases dominantes y la irrupción de las masas más atrasadas en la escena política. En algunos textos anteriores, había mencionado también, como dato importante, las vacilaciones de las clases intermedias, que aparecen, en la formulación mencionada, asimiladas de hecho al segundo elemento. Aplicamos aquí el término “situación prerrevolucionaria” a aquel momento del proceso revolucionario en que esos elementos hacen su aparición o se encuentran en desarrollo, y el de “situación revolucionaria” al momento en que dichos elementos presentan un grado correlativo de madurez que permite arremeter contra el poder estatal burgués. El paso de un momento al otro es analizado por Lenin en “El marxismo y la insurrección”, Obras escogidas, t. II, y tiene su tratamiento más sistemático en “Las elecciones. . . “, op. cit.

[18] “Es necesario saber encontrar en cada momento el eslabón particular al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón siguiente.” Lenin, “Las tareas inmediatas del poder soviético”, Obras escogidas, t. II, p. 719. Bujarin señala al respecto, en su polémica con Trotski de 1924: “[...] la principal cualidad del método leninista [...] la real expresión de la dialéctica marxista-leninista reside en la capacidad para percibir las condiciones peculiares, el pasaje de una situación a otra, y para encontrar ese eslabón importante de la cadena al cual hay que asirse para dominarla en su conjunto”. Bujarin, N. L., “Acerca de la teoría de la revolución permanente”, en El gran debate (1924-1926). La revolución permanente, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, 1972, p. 101.