Participantes

 

Contacto

 

La política económica de la “vía chilena”

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, Ediciones Era, México, 1976, pp. 119-151. Escrito en colaboración con Cristián Sepúlveda y publicado originalmente en Marxismo y Revolución n. 1, Santiago de Chile, julio-septiembre de 1973 [PDF]. Se publica en este sitio gracias a Ediciones Era.

 


Al gobierno de la Unidad Popular lo ha caracterizado, en materia económica, la improvisación. Esto es cierto para las medidas adoptadas con el fin de materializar los objetivos estratégicos del programa de la UP tales como la supresión de la dependencia ante el imperialismo y los monopolios industriales, financieros y terratenientes, pero lo es también y sobre todo, para las medidas coyunturales, tomadas en el marco de su política de corto plazo. La improvisación ha asumido allí formas tan exageradas que no faltan quienes —principalmente los que conocen desde dentro las debilidades de la conducción gubernamental en materia económica— llegan a negar la existencia de una verdadera política económica.

El razonamiento es engañoso. No es necesario que las medidas económicas de un gobierno se ajusten a un plan racional para configurar una política. Tampoco se ajustaron a ello, por ejemplo, los gobiernos burgueses, enfrentados a las presiones constantes que sobre ellos ejercían los capitalistas y, en menor medida, otros sectores sociales, lo que no implica que no hayan tenido una política económica. Lo que define una política es la coherencia interna de las medidas que la componen, coherencia que no se da necesariamente antes de su ejecución, sino que puede establecerse retrospectivamente. En este caso, lo que se configura no es la inexistencia de una política, sino más bien el hecho de que ésta expresa los intereses reales que operan en el plano de la economía y que poseen una racionalidad intrínseca, más que los puntos de vista de un puñado de políticos que hayan logrado imprimir a la intervención del gobierno en la economía su propia racionalidad. En otras palabras: la política no es atributo de la tecnocracia, sino más bien la presencia de intereses de clase en el plano del Estado. Por esto mismo, reflexionar sobre una política económica es, antes que nada, preocuparse por sacar de la sombra los intereses de clase que la han inspirado.

Una primera pregunta que se nos plantea, respecto a la política económica de la UP, se refiere al grado de compatibilidad existente entre las medidas destinadas a reformar la estructura económica que se propuso esa coalición y las que conforman su política de corto plazo. En el alegre optimismo de los primeros tiempos de gobierno, esta pregunta prácticamente no se le planteó al equipo económico dirigente. Las condiciones generales en que actuaba contribuían a esa despreocupación: la pasividad de la burguesía y la neutralidad simpatizante a la UP demostrada por las capas pequeñoburguesas se sumaban a la expectativa llena de confianza de las masas populares. Los éxitos iniciales de la política de corto plazo, expresados en el crecimiento de la producción y del consumo, se debieron en parte a esa situación y contribuyeron a reforzarla.

El planteamiento del equipo económico de la UP, en ese entonces, era sencillo: el objetivo de la política de corto plazo debería ser el de servir a la acumulación de fuerzas en el plano político, principalmente a través de la elevación de los niveles de empleo, salario y consumo, a fin de crear condiciones más favorables a la realización de las reformas de estructura, como la nacionalización de la minería y la banca, la estatización de industrias y la reforma agraria. Contando con estos instrumentos, el gobierno estaría en una situación privilegiada para reorientar el funcionamiento de la economía, estimaban los dirigentes de la UP.

El paso del tiempo vendría a mostrar que las dificultades para transformar la estructura económica sin provocar la crisis de la misma eran mayores de lo que se creía. Los problemas surgidos fueron llevando a que el optimismo inicial se transformara progresivamente en preocupación, y motivaron cambios en el equipo económico, que implicaban a su vez zigzagueos en la política de corto plazo. Poco a poco, se ha ido configurando la difícil situación que atraviesa el país actualmente, la cual, por la dimensión que ganan las colas, el desabastecimiento y la inflación, ha llevado al mismo presidente de la República a preconizar una “economía de guerra”.

Los intentos de la UP para explicar ese curso tomado por los acontecimientos giran, por lo general, en torno a hechos reales: la especulación, el sabotaje y el boicot llevados a efecto por la burguesía y el imperialismo; la baja de los precios internacionales del cobre en los dos primeros años de gobierno; las acciones políticas desatadas por la reacción, particularmente en octubre pasado. Secundariamente, se ha señalado también la ineficiencia gubernamental, la falta de planificación y la inexistencia de una dirección económica única.

Aunque todas esas causas estén en la raíz de la presente crisis económica, son insuficientes para explicar lo que ha pasado. La razón de fondo tiene que buscarse en la relación misma establecida entre el programa de reformas estructurales y la política de corto plazo del gobierno. Aparentemente, esa relación es contradictoria: mientras el primero hace hincapié en el dirigismo estatal, la segunda reposa por entero en la economía de mercado. Los cambios introducidos en el equipo gubernamental, en lugar de corregir esta situación, no han hecho sino agravarla.

Sin embargo, las orientaciones contradictorias que han regido la política económica de la UP tienen un mismo origen: su negativa a transferir a la iniciativa de las masas la solución de los problemas que plantea la transformación de los esquemas de producción y consumo en Chile. Es porque no ha querido hacerlo que la UP ha confiado en los resortes del Estado y en los mecanismos del mercado, quedando así prisionera de estructuras creadas por la burguesía para funcionar de acuerdo a los intereses del capital. En este sentido, las contradicciones de la política económica de la UP no son el resultado de las circunstancias, ni se explican por los percances de la lucha de clases o por errores de orden técnico; por lo contrario, expresan directamente las contradicciones propias a la concepción misma de la “vía chilena al socialismo”, o sea, la pretensión de proceder a transformaciones estructurales de la sociedad burguesa sin salirse del marco de ésta y pretendiendo apoyarse en esas transformaciones para suprimir finalmente esa sociedad en beneficio de un orden socialista.

En las páginas que siguen tratamos de poner en evidencia las contradicciones señaladas. La oportunidad del análisis nos parece hoy más evidente que nunca, debido a la insistencia de los gestores de esa política en eximirse de toda responsabilidad en los resultados que ha engendrado y su resistencia a cambiarla radicalmente. El análisis se justifica sobre todo porque, por los sacrificios que acarrea dicha política, las masas trabajadoras empiezan a tocar el límite de su capacidad de aguante y han comenzado ya a generar, a través de sus organizaciones de base, los instrumentos capaces de respaldar medidas de otro tipo.

 

La primera fase: consumismo y productivismo

Al iniciar su gobierno, la UP encontró el país sumido en una depresión económica que, comenzando en 1967, alcanzó su punto más bajo en 1970. En estas circunstancias, se planteó una política de corto plazo destinada a reactivar la economía mediante la expansión de la demanda. Para ello se recurrió a una sustancial redistribución del ingreso, postulándose que el aumento del poder de compra de la población debería actuar como un estímulo positivo sobre el aparato productivo y llevarlo a ampliar la oferta de bienes. Se contaba en este sentido con tres elementos heredados del periodo anterior: un amplio margen de capacidad ociosa en la industria (que, según los cálculos oficiales, alcanzaría un 40%), los grandes stocks de insumos industriales y bienes terminados, acumulados por fuerza de la depresión, y una disponibilidad de reservas en divisas cercana al tercio del valor total de las importaciones.

La redistribución del ingreso, como factor de reactivación de la demanda, tendió a operar a través de la expansión del gasto público, el cual llegó a crecer en un 43% en 1971; su principal instrumento fue la política de reajuste de las remuneraciones, que se hizo extensiva al sector privado. Simultáneamente, se recurrió a la contención de los precios, con el objeto de impedir que la inflación pudiera anular los efectos de la redistribución. El otro componente del gasto público —los gastos de capital— experimentó también un notable aumento, concentrándose en actividades que permitían impulsar los programas llamados movilizadores: vivienda, obras públicas, etcétera; por su naturaleza, dichos programas tendrían fuerte impacto en la reducción del desempleo, con el consiguiente efecto distributivo. Finalmente, programas de otro carácter —como los de salud, educación, desarrollo social, etcétera— entraron a reforzar por vía indirecta la política de redistribución del ingreso.

Mientras ampliaba de esta manera el gasto público, el gobierno encontró obstáculos para financiarlo, principalmente en virtud de la resistencia opuesta por la burguesía atrincherada en el Parlamento. Ello acarreó un crecimiento progresivo de las emisiones inorgánicas de papel moneda, lo que relativizaría los avances logrados por los sectores populares en materia de redistribución. En efecto, al ser ésta impulsada sobre la base de una expansión de la oferta monetaria en condiciones de precios contenidos, y no mediante una real transferencia de ingreso desde las capas privilegiadas a las masas del pueblo, se estaba incrementando indiscriminadamente el poder de compra de las diversas clases, tanto populares como privilegiadas. Era inevitable, pues, que la lucha por la apropiación del producto, saltando la barrera de la distribución del ingreso, se acentuara en la esfera del consumo y se viera agravada por el hecho de que la producción y los precios crecieran a un ritmo inferior al de la oferta monetaria. Fenómenos tales como el acaparamiento de bienes, el desabastecimiento y el mercado negro, que comenzaron a hacerse presentes en el transcurso de 1971, pero que se generalizaron de hecho en 1972, son en una amplia medida la expresión de la contradicción surgida entre la esfera monetaria y la esfera productiva, la cual estará en la base de los vaivenes posteriores de la política económica.

Una razón determinante para que la redistribución del ingreso se haya realizado de esta manera ha sido la relación que la UP ha buscado establecer con la pequeña burguesía. Esta ha recibido, en efecto, un trato cuidadoso por parte de la UP, la cual intentó ganarse su apoyo dándole amplias facilidades para incrementar su consumo Para esto concurrió el hecho de que la pequeña burguesía representa uno de los sectores clave en la alianza de clases que la UP se ha esforzado por forjar. Pero pesó también de manera significativa la influencia ejercida por los representantes de esa clase en el seno de la UP, así como la presencia de sus economistas y técnicos en el gobierno, después del 4 de noviembre de 1970.

Constituida mayoritariamente por sectores que están separados de la producción, la pequeña burguesía se inclina a considerar la economía desde un punto de vista exterior a ésta. Se preocupa, pues, por los impuestos, los sueldos, los precios, o sea, por todo lo que afecta su capacidad de consumo, sin entender el origen de la misma. Para el pequeño burgués, esa capacidad de consumo le cae del cielo, como una gracia divina o un derecho natural; no comprende que le adviene de la parte de la plusvalía que el capitalista, tras explotar a los obreros, le transfiere en pago de sus servicios. Por esto, cuando dirige la economía, el pequeño burgués tiende a enfocar los problemas siempre desde el ángulo del consumo.

Ahora bien: el consumo global consiste en el consumo de los trabajadores, o sea el gasto de salarios, y en el de los capitalistas y sectores medios, es decir, el que corresponde a la parte no acumulada de la plusvalía (el consumo público asimilándose a éste, para fines de análisis). El consumo de las capas semiproletarias —poco significativo— es similar al de la pequeña burguesía no propietaria, ya que nace de las migajas de la plusvalía que los capitalistas les arrojan de su mesa; a ello se debe el hecho de que las reivindicaciones de consumo prendan con más fuerza en la pequeña burguesía y el semiproletariado. Restando el consumo global a la producción global, se obtiene el excedente que se puede destinar a la reposición y a la creación de nuevo capital. Lo que permite, por tanto, hacer crecer el consumo es la inversión productiva de ese excedente, o sea la acumulación. Sólo ésta, al crear nuevos empleos, asegura la elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras, no sólo porque aumenta la suma de salarios pagados, sino también porque —al reducir el ejército de reserva— les da a los trabajadores mejores condiciones para luchar por la elevación de la tasa de salarios.

La ideología consumista que dominó durante largo tiempo la política económica de la UP trató de justificarse con el argumento de que era necesario ampliar la base política del gobierno para permitirle a éste extender su campo de actividad económica, o sea, su control directo sobre la producción, así como introducir en ésta las transformaciones capaces de ponerla al servicio de las masas. En realidad, el consumismo fue un obstáculo para la consecución de estos objetivos, en la medida en que los separó en el tiempo y en que llevó al gobierno a actuar con timidez en la política de estatizaciones, precisamente cuando disponía de mejores condiciones para hacerlo, en virtud de las ya señaladas pasividad de la burguesía y neutralidad relativa de la pequeña burguesía.

Sería incorrecto, sin embargo, atribuir la responsabilidad exclusiva o principal de la política económica practicada por la Unidad Popular a la relación que ésta estableció con la pequeña burguesía. Mucho más decisiva fue su actitud hacia aquellos sectores de la burguesía que pretendió atraer a su campo, en virtud de la concepción estratégica de la “vía chilena”. Planteando como objetivo el establecimiento de una alianza de clases que integrara a la pequeña burguesía propietaria y no propietaria, así como a la mediana burguesía, esa concepción —defendida principalmente por el partido comunista y las corrientes “allendistas”— condujo a la UP a practicar una política de concesiones. Es cierto que la búsqueda de esa alianza ha sido obstaculizada, por un lado, por la presión del movimiento popular y particularmente la clase obrera (como lo demuestra el carácter distinto que ésta imprimió al Área de Propiedad Social que la UP había ideado) y, por otro lado, por la carencia de un interlocutor burgués interesado en llegar a un compromiso con la UP. Pero la inexistencia de condiciones políticas que permitieran sellar un acuerdo con esas fracciones burguesas no le ha retirado, a los ojos de sus defensores, validez estratégica al objetivo planteado y ha llevado a repetidos intentos para concretarlo, contra viento y marea.

Esto concurrió decisivamente para impedir la puesta en marcha de una política económica destinada a arrancar de las manos de la burguesía el control efectivo del aparato de producción, sobre la base de la movilización creciente del movimiento de masas. Inversamente, condujo a que la UP se esforzara por encauzar esa movilización hacia el objetivo de crear condiciones favorables a la contratación de la alianza deseada con las capas medias burguesas y pequeñoburguesas. Aun las Juntas de Abastecimiento y Precios —el único organismo de masas contemplado por la UP y particularmente por el PC en esa fase— se impulsaron, por parte de los partidarios de la “vía chilena”, con el propósito de crear el marco adecuado para incorporar a los comerciantes detallistas al frente de clases de la UP, y no como un instrumento de control de masas sobre la burguesía mercantil.

Ha sido sobre esta base que la UP desarrolló su política redistributiva, que implicó el crecimiento del poder de compra de las masas populares sin la limitación correspondiente de los ingresos de los grupos privilegiados. Es evidente que esta situación hacía indispensable que el crecimiento de la demanda que debería acompañar dicha redistribución fuera respaldado por una expansión por lo menos igual de la producción. En otros términos, el consumismo que prevalecía en la política de corto plazo tendría como contrapartida una línea de acción marcadamente productivista.

El instrumento empleado para concretar la orientación productiva fue la “batalla de la producción”. Propugnada en principio para el conjunto de la economía, su aplicación se centraría particularmente en las empresas del área social. Allí, la consigna de la batalla de la producción se tradujo en comprometer los esfuerzos de los trabajadores por lograr aumentos de producción y productividad que permitieran hacer frente a la expansión prevista de la demanda. La movilización de los trabajadores tras estos objetivos se impulsó mediante la creación de mecanismos de incentivos y esquemas de participación en la administración de las empresas.

La política de incentivos planteada no rompió la concepción capitalista en esa materia, toda vez que tendió a privilegiar los estímulos que acarrean la intensificación de las relaciones de competencia entre los mismos trabajadores, antes que las relaciones de cooperación. Ello significó, aparte de la persistencia de los incentivos materiales, el predominio del estímulo individual y no el colectivo, lo que conspira contra la unidad de clase de los trabajadores y afecta negativamente la coordinación misma del proceso productivo.

La política de participación en la gestión de las empresas, a su vez, a medida que fue siendo implementada, puso en evidencia la contradicción entre las aspiraciones de los obreros de asumir el control real de la producción y el predominio de la gestión burocrático-estatal, que se afirmó como norma efectiva de administración. Ello ocurrió así por cuanto los esquemas de participación que se impulsaron se inscriben en la concepción de que la participación debe asumir un carácter asesor, consultivo y subordinado a la estructura jerárquica de mando, que se preserva intacta. De este modo, tal como se la entendió, la participación obrera apunta a comprometer a los trabajadores con las metas de producción definidas por el consejo de administración -la única instancia resolutiva- sin facultar, sin embargo, a los mismos para la participación en la toma de decisiones en la empresa, ni mucho menos en la rama (a medida que se fue ampliando el área social), en cuestiones como las financieras, de comercialización, de precios, etcétera. El relegar a los trabajadores al cumplimiento de las metas productivas, sin permitirles interferir en la fijación de éstas, vino a significar la subordinación de lo mejor de la clase obrera al capitalismo de Estado y acarreó una limitación de su independencia frente al Estado mismo, lo que se agravaría más adelante cuando sectores del gobierno y la UP plantearon la integración de los propios sindicatos a esta estructura de participación. Paralelamente a esas medidas, se impulsó en el área social una campaña sostenida de impulso al trabajo voluntario.

La campaña productivista pretendió alcanzar también al área privada, lo que dio motivo a la creación de comités de vigilancia con el apoyo de la CUT. Sin embargo, estos órganos carecieron de toda efectividad, en la medida en que no se les asignó más tarea que la denuncia, y tendieron a desaparecer después de 1971. Ello se explica por el hecho de que dichos comités se crearon sobre todo en aquellas empresas privadas que posteriormente fueron pasadas al área social.

A pesar de estas limitaciones, así como de las dificultades que encontró por parte del imperialismo y los capitalistas nacionales, la campaña productivista logró imponerse y aseguró la expansión del consumo. En el año de 1971, el índice de crecimiento de la economía fue de un 8.3% y el de la producción industrial aumentó en un 14.2%. La euforia que ello provocó en los círculos gubernamentales los llevó a olvidar que la base de la expansión económica eran todavía las antiguas estructuras productivas, las mismas que la UP había acusado anteriormente de estrangular el desarrollo del país. Pero esas estructuras se encargarían de hacerse recordar, al ejercer su acción de freno sobre la curva de crecimiento, que empezaba a elevarse.

 

Causas internas de la crisis

Mencionamos ya que, además de la existencia de bienes acumulados por efecto de la depresión anterior, los factores que habían permitido a la política de corto plazo postular un crecimiento de la oferta eran las disponibilidades en divisas y la capacidad instalada no utilizada en la industria. En relación al primer factor, la presión ejercida por el imperialismo llevaría a que, por la brusca reducción de créditos y de capitales de corto plazo, el movimiento de capitales presentara, a fines de 1971, un déficit de 100 millones de dólares. A ello se aunaba la declinación persistente de los precios internacionales del cobre. Esto llevaría a que la situación del sector externo se desmejorara. La difícil situación por la que pasaba la agricultura, enfrentada a la lucha de clases que desatara la profundización de la reforma agraria, obligaría sin embargo al gobierno a aumentar la importación de alimentos, en un momento en que los precios internacionales de éstos se encontraban en alza. Todo ello acarrearía la rápida disminución de las reservas en divisas del país, además de restringir las importaciones de bienes industriales, tanto de equipos como repuestos.

El aumento de la producción industrial quedó, pues, totalmente entregado a las posibilidades que brindara la capacidad ociosa de las empresas. En la práctica, sin embargo, ésta se revelaría menos efectiva de lo que se había supuesto. En primer lugar, el margen de capacidad ociosa era, en términos reales, menor que el que se previera: la interdependencia existente en el plano de la producción lleva a que el límite de capacidad existente en una fábrica productora de insumos sea también el de la que utiliza esos insumos, independientemente de que esta última ostente un límite teóricamente más elevado; en otras palabras, la capacidad instalada se nivela por abajo, no por arriba.

Por otra parte, la absorción de la capacidad ociosa en el proceso productivo conlleva normalmente una declinación de la productividad, ya que la maquinaria puesta en receso en los periodos de menor actividad económica es precisamente la menos eficiente. Por consiguiente, el agotamiento de la capacidad ociosa se acompañó de un descenso de la productividad, lo que repercutió en los costos de producción de la industria.

Enfrentados a esta situación, los capitalistas tenderían a extremar su resistencia a los objetivos establecidos por la política económica del gobierno y se plantearían la defensa de sus ganancias mediante la presión sobre los precios del mercado (máxime cuando el aumento de salarios derivado de la redistribución del ingreso incidía también sobre los costos de producción). Decidida a contener esas presiones, la dirección económica de la UP contestó deteniendo con mano de hierro todos los precios, incluso los de las empresas estatales, productoras, en su mayor parte, de materias primas e intermedias para la industria privada; con ello, el esfuerzo productivo de los trabajadores del área social se transfería de hecho al área privada, yendo a paliar allí los factores que provocaban el alza de los costos. Señalemos de paso que ello beneficiaba más a las grandes industrias, que utilizan una tecnología más avanzada y absorben una mayor masa de materias primas, que a las pequeñas y medianas, hecho al que volveremos más adelante.

Todo ello estaba mostrando que la política económica aplicada por el gobierno no era capaz de modificar por sí misma —ni siquiera gradualmente— la estructura productiva. La reactivación de la economía, planteada con base en el consumismo y el productivismo, no alteraba esa estructura y antes la llevaba a reproducirse tal cual era, aunque con un mayor dinamismo. Prueba de esto era el rápido crecimiento de la producción de bienes suntuarios, lo que constituía una característica heredada del periodo anterior y suponía, a su vez, un determinado tipo de distribución del ingreso, favorable a las capas privilegiadas de la sociedad. El incremento del ingreso de esas capas, gracias a la política redistributiva de la UP, les permitió estimular el crecimiento sostenido de la producción suntuaria —que sólo encontraría su límite, más adelante, en la capacidad de importación de materias primas y repuestos—, además de darles condiciones favorables para enfrentarse a los sectores populares en la esfera de la demanda de bienes esenciales y recurrir incluso, posteriormente, al mercado negro como una forma de asegurar sus privilegios.

La lentitud con que el gobierno —preocupado siempre por contemporizar con amplios sectores burgueses— procedió en la formación del área social agravaría esa situación, cerrándole la posibilidad de establecer nuevas pautas de producción y distribución para las empresas que trabajan directamente para el consumo. Basta señalar que, aun a fines de 1972, cuando ya la presión del movimiento de masas y los conflictos abiertos por la propia burguesía habían llevado al gobierno a avanzar considerablemente en la estatización de empresas, el área estatal incluía porciones significativas de la industria básica y de bienes intermedios, pero flaqueaba todavía en lo referente a la industria de bienes de consumo [1]. Fue de esta manera, así como apoyándose en el predominio de la comercialización privada sobre la estatal, que la burguesía pudo emprender, después, sus actividades especulativas en el mercado de productos finales.

Es así entonces como, al no operarse la rápida expansión del área social, el gobierno dejó de contar con excedentes que le habrían permitido —vía inversión—apuntar hacia la reorientación de la estructura productiva en beneficio del consumo popular. Esta cuestión cobra gran relevancia, si consideramos que los otros sectores productivos bajo control estatal, de los cuales se pensaba absorber excedentes, no los han producido en la manera esperada. Tal es el caso de la gran minería nacionalizada, cuyo excedente tendió a comprimirse, a raíz de la fuerte baja del precio del cobre y del aumento que experimentaron sus costos de producción, así como de la agricultura, en cuyo sector reformado la producción declinó, entre otras razones por la falta de organización adecuada.

Además de retrasar el proceso de estatización, el gobierno no fue capaz de accionar mecanismos que permitieran transferir al Estado por lo menos parte de las crecientes ganancias que la burguesía detentaba. Haberlo hecho hubiera significado aflojar las presiones sobre la oferta (ya que afectaría al capital especulativo), lo cual contribuiría a neutralizar las presiones inflacionarias: a la vez, habría puesto en manos del gobierno cuantiosos recursos asignables a la inversión de beneficio popular.

Actuando en sentido inverso, el manejo de la política económica llevó en muchos terrenos a transferir recursos del sector estatal al sector privado, favoreciendo así a la burguesía. Tal fue el caso de la política de contención de precios que, aplicada de manera pareja, permitió a los capitalistas contar con materias primas y energía baratas, proporcionadas a bajo costo por las empresas del sector público (acero, petróleo, carbón, electricidad, textiles, etcétera). El más favorecido fue el gran capital privado, puesto que, por producir con altos niveles de productividad, gracias a una tecnología más desarrollada, sus empresas demandan más insumos (materias primas y energía) que mano de obra, en términos relativos; en consecuencia, sus costos de producción (y por ende sus ganancias) se ven menos afectados por los reajustes de salarios que por el alza de precios de los insumos, a diferencia de los capitalistas medianos y pequeños. Por esto, el alza salarial los afectó poco, mientras que la contención de precios de los insumos los benefició mucho. Observemos que era a los capitalistas medianos y pequeños a los que la UP quería atraer a su alianza de clases.

No fue éste el único caso en que la UP, pretendiendo ganarse a los capitalistas medianos y pequeños, terminaría beneficiando al gran capital; esto pasó también con la política crediticia. La estatización de la banca perseguía, entre otros objetivos, controlar la política de asignación de crédito, a fin de favorecer a los medianos y pequeños productores, para lo cual se procedió a rebajar la tasa de interés. Sin embargo, al mantenerse relativamente inalterada la estructura de asignación de créditos (puesto que sólo los volúmenes de incrementos normales de créditos fueron los que beneficiaron a los pequeños y medianos productores) [2], la rebaja de la tasa de interés en condiciones inflacionarias vino a significar que el Estado transfiriera excedentes al sector privado, ya que, en la medida en que la tasa de inflación superaba a la tasa de interés, el capitalista acababa devolviendo en términos reales menos que el crédito adquirido.

En realidad, el gobierno no sólo no logró tocar las ganancias de los capitalistas [3], e inclusive les transfirió fondos a través de los mecanismos señalados, sino que tampoco fue capaz de controlar el uso que de los excedentes hicieron los capitalistas. Al respecto la única fórmula efectiva a que se podría haber recurrido era el control obrero de la producción en las empresas privadas. Al rechazar esta posibilidad, la UP optó por la aplicación de controles burocráticos. Pero la fijación de cuotas de producción por esa vía resultó aún más ineficaz que el control de precios a través de DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio).

En definitiva, el carácter que asumió la política económica permitió el aumento de las ganancias en manos de la burguesía, con las cuales ésta, absteniéndose de invertir, financiaría su consumo suntuario y sus actividades especulativas. Por su parte, el gasto público en inversiones productivas tuvo una significación secundaria en la dinámica del sector industrial, ya que fue absorbido en buena parte por el pago de remuneraciones. Se postergó, de esta manera, el inicio de cambios en la estructura de producción, acordes con la nueva estructura de la demanda que tendía a gestarse por el mayor poder de compra de las capas populares, lo que tendería a constituirse en un factor limitativo para la elevación de los niveles de bienestar futuro de las masas.

 

La “nueva política económica”

Los desequilibrios entre la oferta y la demanda, resultantes de esa situación, comenzaron a agudizarse a partir del último trimestre de 1971 y condujeron a una discusión en el seno de la UP. Los problemas de desabastecimiento se acompañaban de un repunte inflacionario; se reconoció que se originaba en el insuficiente crecimiento de la producción frente a la expansión de la demanda. Además se consideró que ello se agravaría en el transcurso de 1972, toda vez que las expectativas de evolución de la oferta no eran halagüeñas. En ese contexto, se plantearon dos opciones de política económica.

La primera pasaba por sustraer excedentes controlados por la burguesía, mediante una profundización del avance en la formación del área social, la imposición de mayores cargas tributarias a la burguesía y el manejo discriminado de la política de precios. Simultáneamente, se planteaba el sometimiento de las actividades de los empresarios al control de la clase obrera, para impedir que intentaran compensar la reducción de sus ganancias burlando los precios establecidos y desarrollando actividades especulativas; dicho control debería actuar en el sentido de forzar a los capitalistas a invertir los excedentes que aún controlaran en líneas de producción de bienes de consumo popular, reforzando las inversiones emprendidas por el gobierno. Otra dirección a que se apuntaba era la de hacer frente al imperialismo norteamericano, suspendiendo el pago de la deuda externa y abriendo negociaciones bilaterales con otros países capitalistas, para asegurar el flujo de importaciones. Esta política económica fue defendida, en lo fundamental, por el entonces ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en los cónclaves que la UP realizó, en el primer semestre de 1972, en El Arrayán y Lo Curro.

La otra alternativa, que encontró su mejor expresión en los planteamientos del dirigente del PC, Orlando Millas [4], se basaba en la interpretación de que las expectativas declinantes de la producción encontraban su causa en el rápido agotamiento de la capacidad instalada ociosa que se veía venir, a raíz de que la burguesía se había abstenido de emprender nuevas inversiones. Se imponía, por tanto, consolidar lo ya avanzado en materia de expropiaciones y restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno. Para ello, la política económica debería darse por objeto el garantizar la obtención de ganancias razonables por parte de los capitalistas medianos y pequeños. Sumando a ello la delimitación definitiva del APS (Área de Propiedad Social) en torno a las 91 empresas conocidas, se esperaba eliminar toda suspicacia de la burguesía hacia el gobierno. A partir de esa concepción, se rechazaba cualquier posibilidad de impulsar el control obrero de la producción. La no intervención de la clase obrera en el control de la economía implicaba que el funcionamiento de ésta quedaría subordinado a las leyes del mercado, aunque en condiciones de un capitalismo de Estado reforzado. En suma, de lo que se trataba era de asegurar la continuidad del desarrollo capitalista, estimulando la reproducción ampliada de la economía privada. Esto permitía a Millas comparar la política económica que él preconizaba con la que se había impulsado en la Rusia soviética, en 1921, bajo el nombre de “nueva política económica”.

De hecho, fue la “NEP” de Millas la estrategia que se impuso finalmente en Lo Curro. Es cierto que, posteriormente, terminaría aplicándose a medias, en virtud de la resistencia que encontró en la actividad de las masas, particularmente los obreros y en sectores de la izquierda. Sin embargo, Orlando Millas salió de Lo Curro convertido en Ministro de Hacienda, mientras Vuskovic era sustituido en el de Economía por Carlos Matus, del Partido Socialista, un tecnócrata formado en la mejor tradición desarrollista de la CEPAL. Entre ambos, pusieron en práctica un conjunto de medidas que tendrían graves repercusiones económicas y políticas.

La lucha que venía librando la burguesía por nuevos precios respondía a su tradicional criterio de —aprovechando el exceso de dinero en la economía— maximizar sus ganancias mediante una igual producción y mayores precios [5]. Ello vendría a ser atendido por el gobierno a través de las alzas de precios generalizadas, que comenzaron a otorgarse a partir de agosto. La política de alzas significó la más completa claudicación del gobierno ante las leyes espontáneas del mercado y las presiones de la burguesía, y se justificó por el postulado de que era necesario darle a ésta mayores incentivos para invertir.

En la perspectiva tecnocrática expresada por Matus, las alzas de precios tenían otro tipo de justificación, planteándose como un mecanismo de financiamiento de las empresas del área social. Puestas en estos términos, se trataba de un objetivo justo, si se consideran los precios subvaluados con que operaban esas empresas, lo que implicaba un subsidio neto en beneficio del área privada, particularmente en el caso de las industrias básicas y productoras de insumos industriales. Sin embargo, en la práctica, las alzas no cumplieron el supuesto indispensable para que dicho mecanismo pudiera operar: elevar más los precios de los productos del área social que del área privada. Por el contrario, tendieron a elevar el conjunto de los precios en forma totalmente anárquica, en función de la mayor o menor capacidad de presión desplegada por los capitalistas. En este sentido, destaca el alza superior al promedio que experimentaron los productores agropecuarios, lo que afectó duramente el presupuesto familiar de las capas populares.

El único intento de utilizar el alza de precios para golpear a los grupos sociales privilegiados se verificó a través del reajuste discriminatorio de las tarifas de algunos servicios públicos (tales como teléfonos y el consumo doméstico de electricidad) y los gravámenes que, después de muchas vacilaciones, se establecieron para los automóviles. En todo caso, estas excepciones no han llegado a tener una gran incidencia en el conjunto, además de estar referidas al consumo suntuario y no a los excedentes disponibles para la inversión.

Independientemente de las compensaciones salariales que otorgó el gobierno, la política de precios provocaría una tendencia al retroceso de las posiciones ganadas por los sectores populares en materia de redistribución del ingreso. Ello aconteció así principalmente porque existen capas pobres a quienes no beneficia el reajuste salarial, o beneficia muy poco; éste es el caso del semiproletariado, los cesantes, los trabajadores con empleo inestable e, inclusive, amplios sectores del proletariado de la pequeña y mediana industria, cuya escasa capacidad de negociación les acarrea un régimen de superexplotación. Si, además, consideramos que las alzas de precios tendrían un efecto de persistencia inflacionaria superior a la tasa de 100% alcanzada en septiembre, y que fue la que determinó el nivel del reajuste, hasta llegar a una cifra de 163% a fines de 1972 (31.8% en diciembre respecto a septiembre), concluiremos que la tendencia regresiva de la participación en el ingreso nacional ha afectado a la generalidad de los sectores que reciben salarios [6]. Ello ha sido agravado por la prohibición establecida en la ley de reajustes, que impide a los trabajadores presentar pliegos, aun dentro de plazos legales, una vez que hayan aceptado acogerse al reajuste general.

Estos hechos han afectado los márgenes entre los que ha operado la redistribución del consumo. Los problemas que se plantean en esta esfera, a través de la generalización del mercado negro y del desabastecimiento en general, encontraron condiciones favorables para su desarrollo en las diversas causales que analizamos anteriormente. Sin embargo, la envergadura que adquirieron en el último periodo exige detenernos en el análisis del comportamiento de oferta de bienes finales en condiciones de una expansión de la demanda que no ha discriminado entre los diferentes grupos sociales.

Continuando la tendencia que se inaugurara a mitad del año 1971, la producción industrial siguió creciendo durante 1972, aunque a un ritmo cada vez menor, hasta septiembre, para presentar después índices negativos. Señalamos ya que la creciente pérdida de dinamismo de la industria se debe a que el crecimiento anterior se realizó sobre la base de la utilización de la capacidad instalada ociosa y que ésta se ha prácticamente agotado, sin que la burguesía hubiera procedido a ampliarla, mediante nuevas inversiones. La ineficiencia y la falta de previsión de los órganos gubernamentales para emprender las inversiones correspondientes en forma oportuna, en el área social, agravó el estrangulamiento que se hizo presente del lado de la oferta.

Otro factor ha concurrido decisivamente para provocar esa situación. Es sabido que, por ser la economía chilena profundamente dependiente del imperialismo, uno de los aspectos en que se manifiesta dicha dependencia es la falta de autonomía del sector industrial; éste requiere, para funcionar, la importación de una gran cantidad de insumos, repuestos y piezas, y se encuentra por esto, en gran medida, condicionado por la disponibilidad de divisas. El déficit de la balanza de pagos se ha levantado, pues, como un factor determinante para el estrangulamiento de la oferta industrial, creando problemas que se podrían solucionar a veces con la importación de una sola máquina, y a veces de un simple repuesto clave, además de obstaculizar el aprovisionamiento normal de insumos. La declinación de los ingresos de exportación, a raíz de la fuerte baja del precio del cobre; las alzas de los precios de las importaciones, agravadas por la devaluación del dólar y que, en el caso de los productos agropecuarios, significó un aumento superior al 40%; la interrupción, a partir de septiembre de 1970, de la entrada de capitales extranjeros de corto plazo; las dificultades para la obtención de créditos de largo plazo en los mercados financieros capitalistas (aunque los países socialistas hayan compensado parcialmente esas dificultades), y el servicio de la deuda externa, explican una de las más importantes restricciones con que se enfrenta la posibilidad de ampliar la oferta del sector industrial.

Todo ello determinó que la tasa de crecimiento industrial cayera de 14.2% en 1971 a 2.4% en 1972, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Un comportamiento similar se observa respecto a la producción agrícola, para la cual se ha estimado un aumento de sólo 1.2% en 1972 (correspondiente a una disminución de 4.4% en la agricultura y un aumento de 6.5% en la actividad pecuaria), frente a un incremento de 3.5% en el año anterior.[7]

La tendencia al deterioro de la oferta interna se enfrentó a la expansión ininterrumpida de la demanda global. En efecto, aun considerando —en el caso de los sectores populares— los rezagos que sufre su poder de compra, debido a los desfases entre las alzas de precios y los reajustes salariales, se relativiza pero no se anula su mayor potencial de consumo adquirido en periodos anteriores, mientras que los grupos privilegiados de la burguesía y pequeña burguesía no sólo mantienen sino que han expandido el suyo. Ante la imposibilidad de que el producto global alcanzara para todos, se generaliza entonces el desabastecimiento, de donde arranca el antagonismo creciente con que los distintos grupos sociales han entrado a disputarse la apropiación de los bienes de consumo.

Los avances realizados en materia de estatización del comercio de importaciones y de la distribución mayorista interna han entregado una base significativa, aunque insuficiente, de aprovisionamiento para las JAP de los barrios populares. Esto ha permitido que, en términos relativos, las capas más pobres pudieran defender sus niveles de consumo, más allá de la capacidad de acción alcanzada por las distintas JAP, así como de la ineficiencia de la burocracia gubernamental para distribuir oportunamente y en las zonas más necesitadas los productos indispensables. Para hacer frente a esto, la burguesía y amplios sectores de la pequeña burguesía (particularmente su fracción propietaria) replicarían a través del acaparamiento de mercaderías para la posterior reventa en el mercado negro. Por los altos precios que en él imperan, éste cierra el acceso de las capas más pobres al consumo, restableciendo los privilegios de los grupos altos en esta esfera, además de constituirse en una fuente importante de ganancias especulativas, obtenidas a través del sobreprecio.

El mercado negro comienza a adquirir relevancia desde mediados de 1972, pero es a partir del paro patronal de octubre que se generaliza. Bajo la presión del movimiento de masas, el gobierno debió entonces reforzar su control en el área de la distribución de productos de primera necesidad, estando actualmente en manos de la Distribuidora Nacional (DINAC) un 33% del comercio interno de abarrotes. La presión de masas, como respuesta a la ofensiva de los grupos privilegiados, acarreó también el desarrollo de formas de comercialización estatal directa, vale decir, sin intervención del comercio privado, tales como los economatos, las ferias libres en barrios populares, los almacenes populares y la distribución a través de las JAP.[8]

La coexistencia de distintas formas de comercialización (distribución directa, comercio establecido privado y mercado negro), y la lucha que ellas libran entre sí, reflejan la profundidad que ha alcanzado la lucha de clases en el país. Desde otro ángulo, ese fenómeno expresa la desarticulación de la economía, o más precisamente, la crisis de descomposición del sistema capitalista chileno, a partir de la agudización experimentada por la contradicción entre la estructura productiva preexistente y la nueva estructura de demanda que empezó a acarrear la redistribución del ingreso. En última instancia, es la manifestación de la resistencia que opone el viejo orden capitalista a los embates del movimiento de masas, a lo que corresponde, en el plano político, la crisis del sistema burgués de dominación, en el marco de la cual el viejo Estado se afana por frustrar o supeditar a sí los órganos del poder popular que se están gestando.

La estrategia puesta en práctica por la burguesía para restituir los términos de reproducción de la economía capitalista en Chile pasa necesariamente por el pleno restablecimiento de su dominación política sobre la sociedad, de tal modo que le permita ejercer su dictadura represiva, quitándole todo ropaje democrático al Estado. En este sentido, el régimen militar brasileño es el modelo al que aspiran importantes corrientes en el seno de las clases dominantes. Sin embargo, el trayecto que tiene que recorrer la burguesía para restablecer su dominación encierra una serie de obstáculos. Tales son su propia debilidad estructural como clase y su división interna, que le costó la pérdida del gobierno en 1970 y que no ha sido superada todavía; el hecho de que no logra aún arrastrar tras de sí al grueso de las otras fuerzas sociales y, como obstáculo principal, la actividad desplegada por un poderoso movimiento de masas de corte revolucionario. La burguesía se ve, pues, forzada a buscar adecuaciones tácticas que la conduzcan al logro de sus objetivos. Una de ellas es, precisamente, la anarquización del régimen de producción y distribución.

Ahora bien, al abstenerse de invertir y al fomentar el mercado negro, la burguesía provoca un funcionamiento cada vez más degenerado del sistema capitalista, que acarrea un proceso acelerado de descomposición del mismo. La táctica burguesa se presenta, desde este punto de vista, en contradicción con su estrategia: acelerando la descomposición del sistema, crea condiciones para que éste sea superado. Sin embargo, en la medida en que se retrasen los intentos de la clase obrera y de los sectores más avanzados del movimiento de masas para proceder a esa superación, la anarquía económica amenaza con debilitar al movimiento popular y abrir camino al derrocamiento del gobierno, lo que implicaría el restablecimiento de la plena dominación política del capital.

 

Tareas inmediatas

En estos términos se encuentra planteada hoy la cuestión. El margen de compromiso en el cual ha operado la política reformista del gobierno y la UP se encuentra prácticamente agotado. Ello no se debe tan sólo a la disposición demostrada por los grupos privilegiados de la burguesía y la pequeña burguesía de defender sus privilegios hasta las últimas consecuencias: el agotamiento del margen de compromiso se deriva, en última instancia, de que ya no es posible solucionar los problemas inmediatos de la economía, enmarcados en la política de corto plazo, sin impulsar simultáneamente transformaciones revolucionarias en la estructura misma de producción y consumo de la economía chilena, así como sin cambiar radicalmente el carácter de sus relaciones con el exterior.

A primera vista, los problemas más inmediatos que depara la política económica son los que se expresan en la lucha que libran las distintas formas de circulación de productos que se han impuesto, las dificultades de abastecimiento de bienes esenciales, y la inflación. La estrecha interdependencia de los tres fenómenos es evidente, y está mostrando que es en la esfera del consumo que la lucha de clases adquiere un carácter más agudo. Ello no se da por accidente: esa agudización se debe a que los grupos privilegiados no encuentran trabas significativas para actuar en esa esfera en defensa de sus privilegios. En este sentido, no se puede menos que señalar la responsabilidad que ha tenido en ello el ministerio Millas-Matus, desde el momento en que, en lugar de apelar al movimiento de masas, prefirió entregar a los mecanismos del mercado la tarea de corregir los desequilibrios que se estaban produciendo en materia de costos y circulación de productos. La acción de clase patronal en octubre se produjo en parte mediante el aprovechamiento del desconcierto provocado en las masas por la política de alzas de precios puesta en práctica en agosto y septiembre, y los efectos de esa acción acentuaron lo que dicha política contenía ya en sí: la tendencia a que la corrección de los desequilibrios se hiciera en favor de los grupos privilegiados y en detrimento de la clase obrera y las masas populares con menor poder de compra.

Fue así como, desatados los aumentos de precios, florecieron en su cauda, con un vigor inusitado, el acaparamiento de productos y la especulación, que encontraron su máxima expresión en el desarrollo del mercado negro. Los intentos del gobierno para restituir a través de bonificaciones y reajustes salariales el poder de compra perdido por los trabajadores exasperaron —en la medida que no se acompañaron de medidas efectivas de control sobre los grupos privilegiados— la competencia a nivel del consumo y engrosaron rápidamente el caudal inflacionario. La falta de cobertura real para los aumentos de salarios (cobertura que sólo podría obtenerle mediante el traspaso de ingreso de las capas altas a los trabajadores, lo que resistió desesperadamente el Parlamento) infló la demanda monetaria, hizo saltar los controles de precios y ha sumergido la economía en la hiperinflación.

La inflación se define formalmente como un exceso de demanda en relación a la oferta. El análisis de una coyuntura inflacionaria pasa siempre, por tanto, por el examen de las razones que determinan la expansión de la demanda así como de las que limitan el crecimiento de la oferta. Es a partir de allí como se pueden encarar soluciones para el problema, soluciones que se establecen siempre desde un punto de vista de clase, toda vez que se refieren a la apropiación del producto por los distintos grupos sociales.

Cuando el fenómeno inflacionista se da en una economía tan dependiente del sector externo como la chilena —cuya oferta de alimentos, materias primas, maquinarias y repuestos se origina allí en una amplia medida— es hacia éste que debemos dirigir nuestra atención. Vimos ya que el gobierno de la UP se enfrentó a un sector externo en deterioro. En estas condiciones, el primer paso debía ser negociar la deuda externa, para lograr ampliar los plazos de pagos por concepto de intereses y amortizaciones. Era poco probable que el imperialismo norteamericano acogiera favorablemente esa pretensión, por razones políticas más que económicas (la renegociación de la deuda es un instrumento habitualmente utilizado por el imperialismo para imponer a cada nuevo gobierno condiciones específicas de vasallaje). Se imponía, pues, negociar desde una posición de fuerza con suspender el pago de la deuda; los inconvenientes que ello podría acarrear, particularmente el bloqueo de créditos públicos y el boicot por parte del capital extranjero privado, no llegaban a serlo, toda vez que no había razones para esperar otro comportamiento del imperialismo, cualquiera que fuera la actitud del gobierno chileno. Sin embargo, éste renunció por anticipado a su derecho de decretar una moratoria unilateral (lo que han hecho, en otras circunstancias, países capitalistas tan respetables con la misma Gran Bretaña) y se sentó desarmado a la mesa de las negociaciones. Son conocidos los resultados negativos que se obtuvieron.

Lo que el gobierno dejó de hacer, por claudicación, en un momento en que disponía de apreciables reservas en divisas y condiciones políticas suficientes, tendrá quizás que hacerlo ahora, cuando la situación es mucho más desfavorable, ya que el imperialismo sigue apretando la soga puesta en su cuello. La verdad es que deberá hacerlo, si desea solucionar los graves problemas económicos que enfrenta. Decretar la moratoria unilateral le permitirá establecer negociaciones bilaterales para la obtención de créditos y mercancías con otros países capitalistas de Europa y Japón, así como con países capitalistas latinoamericanos, particularmente Argentina, México e incluso Brasil (que, pese a su hostilidad al gobierno chileno, no querrá quedar fuera de la competencia); para proceder a esas negociaciones, Chile cuenta con un argumento de peso: un jugoso comercio de importaciones, del orden de los mil millones de dólares. Por otra parte, la moratoria no podrá influir seriamente en sus relaciones con los países del bloque socialista, particularmente la URSS.

La gravedad de una medida como la suspensión de los pagos de la deuda externa implica un estricto control sobre las disponibilidades y la utilización de las divisas. Esto no podrá lograrse si el gobierno no se decide a establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Además de que no hay otro recurso para racionalizar el gasto de divisas, sólo esto permitirá controlar las manipulaciones que se ejercen hoy sobre la paridad del escudo, amenazando la economía popular (es evidente que, por irreal que sea esa paridad, no podrá en las actuales circunstancias ser ajustada a su verdadero valor sin agravar la corrida inflacionaria).

Las medidas a tomarse respecto al sector externo tienen por objeto modificar las condiciones en que se lleva a cabo la oferta de bienes, y deben pues ser complementadas en el plano interno. Destacan allí aquellas que el gobierno puede tomar de inmediato, toda vez que tiene en sus manos los resortes necesarios para ello. Es, por ejemplo, el caso de la política de crédito, que debería readecuar el funcionamiento de la banca nacionalizada a metas definidas de producción y contribuir a doblegar más rápidamente a los grupos empresariales cuya acción conspira contra los intereses de los trabajadores.

Sin embargo —y esto se refiere incluso a la banca, dada la situación actual del Banco de Chile, que aún no ha sido nacionalizado—, la acción gubernamental depende aún, para ser eficaz, de que el Estado avance de manera más decidida en el control de la economía. La estatización de la gran industria, de las grandes distribuidoras privadas y de las tierras que la burguesía agraria mantiene en su poder (grosso modo, las que están por encima de 40 hectáreas de riego básico) es condición sine qua non para que la política económica del gobierno pueda adquirir la eficacia que el momento presente está reclamando.

Es, en efecto, evidente que dicha eficacia está directamente condicionada por las posibilidades que tenga el gobierno de marchar hacia la planificación de la economía, a partir del control ejercido sobre sus resortes fundamentales. Es en ese marco que será posible establecer relaciones estables, desde una posición de fuerza, con los empresarios privados y subordinarlos a una línea de acción trazada en función de objetivos revolucionarios. La precipitación que demuestran sectores de la UP en negociar con la burguesía, antes de crear la correlación de fuerzas adecuada para ello, no ha tenido como resultado sino debilitar la capacidad de acción del gobierno y confundir al pueblo; tal fue, por ejemplo, el caso de la política Millas-Matus, en julio-septiembre de 1972, así como la que se expresó en el proyecto Millas-Prats, en enero de 1973, el cual suscitó una vigorosa movilización obrera en contra suya. La insistencia de esos sectores, en el periodo anterior a marzo, en utilizar las elecciones parlamentarias para buscar de nuevo un acuerdo con la burguesía [9] no hizo sino desarmar al gobierno en el periodo poselectoral, llevándolo a desaprovechar la situación favorable en que lo puso el voto popular para impulsar una política más consecuente.

 

Planificación y participación popular

Es empero necesario tener presente que, si la situación económica no podrá ser sobrellevada sin planificación, ésta no tendrá la menor posibilidad de éxito si no asume desde el principio un carácter resueltamente proletario. Sin la incorporación activa de la clase obrera y del pueblo a la fijación de objetivos, al control de las medidas aplicadas y a las readecuaciones que se vayan imponiendo, cualquier planificación redundará en un rotundo fracaso. Para ello concurre, desde luego, la inexperiencia en la materia del cuerpo de funcionarios con que cuenta el gobierno, así como su tendencia —normal en todo estamento burocrático— de hacer pasar sus intereses personales por delante de los intereses de las masas. Pero la razón principal para que ello sea así se deriva de las condiciones mismas en que tendrá que aplicarse el plan.

Estas condiciones se caracterizan por un agudo enfrentamiento social, en el que, por razones políticas pero también económicas (que se expresan claramente en las fantásticas ganancias que acumula actualmente el capital especulativo), la burguesía empresarial se resiste a cualquier tipo de colaboración con la política gubernamental. Es inútil pretender atraerla a esa colaboración mediante concesiones: tendrá que serle impuesta por la fuerza de las masas organizadas. Sólo el control de la clase obrera en las fábricas pondrá término al sabotaje y al boicot que realizan los patrones, así como a la filtración permanente de mercancías y capitales hacia el mercado negro. Sólo el control popular de la distribución y los precios permitirá aplicar el racionamiento de productos esenciales —inevitable en las actuales circunstancias— y contener los precios de bienes de consumo popular que sigan siendo comercializados por canales privados. Sólo el control obrero en los fundos no expropiados evitará que, al lado del área reformada, se mantenga un foco de perturbación de la producción y comercialización de alimentos.

Es por lo demás sobre esta base, como se podrá pedir a los trabajadores, y particularmente a los obreros, sacrificios en materia de reivindicaciones salariales. La renuncia transitoria a aumentar su participación en la riqueza que crean no puede ser aceptada por ellos si saben que la parte de la riqueza a que renuncian va a parar a manos de los patrones. En la práctica, es lo que está sucediendo actualmente.

Conviene aquí aclarar que, más allá de representar la contrapartida de su participación efectiva en la formulación y aplicación de la política económica, los sacrificios solicitados a los trabajadores son susceptibles de motivar, en ciertas circunstancias, abusos en contra de éstos. Es imprescindible por tanto asegurarles condiciones para defenderse de esos abusos. Ello significa garantizarles el pleno derecho a la sindicalización, removiéndose las trabas legales todavía existentes al respecto; promover la unificación de los sindicatos por ramas industriales y, por encima de todo, rechazar las tentaciones de subordinar los sindicatos a la burocracia estatal. Aún después de que la reacción haya sido derrotada y el proceso chileno se encamine ya por la vía del socialismo, habrá todavía un largo periodo en el que los sindicatos deberán conservar su independencia frente al Estado, constituyéndose fundamentalmente en órganos de defensa de los intereses inmediatos de los obreros. En este sentido, es inaceptable la pretensión de sectores de la UP y del gobierno de subordinarlos a los esquemas de participación vigentes en las empresas del área social.

Habría finalmente que señalar que una política económica como la que se esboza aquí no tiene como objetivo beneficiar a todas las clases de la sociedad chilena, sino tan sólo a las clases que componen su sector mayoritario y explotado. Respecto a las clases y grupos privilegiados, se impone precisamente retirarles sus privilegios, que impiden de hecho la mejora de las condiciones de vida de las amplias masas. Esto aparece claramente cuando consideramos el otro aspecto del problema inflacionario a que hicimos alusión: la demanda. Es precisamente porque no se han confiscado los ingresos de los sectores sociales privilegiados que fenómenos como el acaparamiento y el mercado negro han podido medrar. La absorción de esos ingresos excedentes, mediante mecanismos tributarios y política de precios, constituye una exigencia para el saneamiento del mercado y de la economía en general.

En economía, como en política, el proletariado no puede combatir a la burguesía con las armas que ésta forjó para explotarlo. Así como el respeto a la legalidad burguesa que le inculcó la “vía chilena” ha atado las manos de las masas trabajadoras, así también el respeto a la economía capitalista está frustrando sus aspiraciones de marchar hacia una sociedad más justa. La conquista del poder político se vuelve una meta inalcanzable si no coincide con la destrucción del Estado burgués; el socialismo no puede iniciarse si se lo quiere hacer pasar a través de una política económica que no es capaz de romper los mecanismos de funcionamiento de la economía capitalista.

La crisis económica por la que pasa Chile es, en realidad, un aspecto de la crisis de una estrategia política, basada en el gradualismo y en el compromiso. Su desenlace depende de la capacidad de las fuerzas revolucionarias para revertir la correlación de fuerzas que favorece al reformismo y abrir cauces a una política que, en todos los planos, exprese realmente los objetivos de clase del proletariado.

 

Notas

[1] Ejemplos del primer caso: textiles, 52%; caucho, 67%; minerales no metálicos, 64%; metales básicos, 53%; derivados del petróleo, 100%; ejemplos del segundo caso: bebidas 26%; alimentación, 21%; calzado y ropa, menos del 2%, y muebles y accesorios, 2%.

[2] Al no expropiarse la totalidad de los monopolios en forma rápida, se debieron mantener abiertos los canales de crédito para financiar sus compromisos de corto plazo, ya que, como es sabido, los monopolios prefieren reservar sus propios recursos para atender a otras actividades lucrativas.

[3] Es cierto que, en el primer semestre de 1971, el gobierno envió al Parlamento un proyecto destinado a crear un fondo de capitalización, financiado por las ganancias de la burguesía. Pero la reacción hostil a esta medida y el retroceso político de la UP a raíz de la muerte del ex-ministro Edmundo Pérez Zujovic llevaron a que el proyecto fuera abandonado.

[4] Véase su artículo “La clase obrera en condiciones del gobierno popular”, op. cit.

[5] Es esa tendencia de la burguesía a actuar bajo formas monopólicas lo que explica la creciente capacidad instalada ociosa con que funcionó la industria durante el gobierno de Frei.

[6] El reajuste propuesto por el gobierno en 1973 confirma esta aseveración. En su forma final, concedió un reajuste del 100% del costo de la vida a las remuneraciones hasta 5 salarios vitales, recibiendo las demás un monto fijo calculado sobre 5 vitales (hasta 20). Sin embargo, no se estableció ninguna bonificación que permitiera a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo perdido entre éste y el último reajuste. Es de destacarse, por otro lado, que, por primera vez, el proyecto estableció fuertes tributos sobre los ingresos del capital para garantizar su financiamiento, lo que fue objeto de violenta oposición por parte del Congreso.

[7] Conviene tener presente que la producción agrícola no corresponde a la oferta agrícola global, la cual creció en el último bienio en un 27.1% (frente a sólo 14.8% verificado en el sexenio 1965-70); ello se debe a que la oferta global es fuertemente dependiente de las importaciones de alimentos. En 1972, éstas representaron más de un tercio de los ingresos de exportación, lo cual ha contribuido naturalmente al sacrificio de las importaciones necesarias a la industria.

[8] Con la solución cívico-militar que tuvo la crisis de octubre, muchas de estas medidas impulsadas autónomamente por el pueblo fueron anuladas por imposición burocrática, con el objeto de favorecer a los pequeños y medianos comerciantes. Estos, en principio, se ven igualmente afectados por la distribución directa y por el mercado negro. Al no predominar la primera, como expresión de la afirmación creciente del control popular sobre la economía y permitiendo que los comerciantes se integren a ella, vale decir al no contar éstos con una alternativa revolucionaria clara, terminan deslizándose a engrosar las filas de los acaparadores y especuladores, con lo que no sólo aseguran sino que acrecientan sus ganancias.

[9] Véase al respecto, el artículo del dirigente comunista José Cademártori: “Perspectivas y tareas revolucionarias en el frente económico”, Revista de la Universidad Técnica del Estado, n. 11-12, Santiago, noviembre de 1972-enero de 1973, pp. 101-118.