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La universidad brasileña

 

Ruy Mauro Marini y Paulo Speller

 

Fuente: Revista de Educación Superior, vol. VI, n. 2 (22), ANUIES, México, abril-junio de 1977. [PDF en portugués]

 

El problema de la educación debe ser examinado desde el punto de vista del proceso global de la sociedad considerada. Trataremos pues, de analizar la universidad brasileña en el marco del proceso económico y social del país. Sin embargo, empezaremos con algunas consideraciones de carácter general, respecto a la función de la universidad en la sociedad capitalista contemporánea y su relación con el Estado, a fin de comprender mejor el papel que cumple el sistema educativo superior en Brasil.

En el seno de las ciencias sociales, y en particular de las ciencias sociales marxistas, se desarrolla actualmente una interesante discusión respecto al papel de la universidad, y en general de la escuela, en la sociedad capitalista. El tema ha ganado relevancia y se ha vuelto crecientemente polémico en los últimos años, a raíz de los movimientos juveniles contestatarios que se produjeron en Europa, América Latina y otras partes del mundo hacia el año de 1968. A partir de ahí, en Francia, Alemania e Italia, particularmente, se ha intentado realizar la crítica radical de la universidad burguesa.

Hay una tesis, surgida en el curso de ese debate, que tiene bastante importancia. Los estudios que se llevan a cabo actualmente sobre la cuestión de la dominación ideológica en la sociedad capitalista la utilizan frecuentemente. Se trata del planteamiento de Luis Althusser, uno de los filósofos marxistas vivos de mayor proyección, que sostiene que la universidad es un aparato ideológico del Estado, un instrumento mediante el cual el aparato del Estado opera en el ámbito de la producción ideológica. Los aparatos ideológicos del Estado incluirían, además de la universidad, un conjunto de instituciones como los partidos políticos, los sindicatos, la prensa, la iglesia, la familia (Althusser, 1970). Tales aparatos se constituirían sin confundirse con el otro elemento del aparato del Estado: el aparato represivo, el cuerpo del Estado.

Siendo indiscutible que la mayoría de las instituciones que componen lo que podríamos llamar sistema de dominación (Marini, 1976) normalmente se encuentran bajo el control de la clase dominante, es decir, la clase que detenta el poder del Estado, el término aparato ideológico de Estado se presta a confusión, puesto que no permite distinguir qué instituciones del sistema de dominación escapan al control de la clase dominante ni cuándo ocurre esto. Un partido revolucionario que se propone el derrocamiento de la clase dominante, pero que en ciertas circunstancias actúa en la legalidad, es decir, constituye una institución enmarcada en el sistema jurídico de dominación, ¿debe considerarse también como aparato ideológico del Estado? Las universidades mismas, tales como surgieron y se desarrollaron en Francia e Inglaterra, así como en Estados Unidos, ¿no nacieron fuera del aparato del Estado entonces existente y no se mantienen hoy, en muchos países, separados de él?; lo que no quiere decir que no estén bajo el control de la clase dominante. ¿No existe, en la sociedad burguesa, bajo condiciones normales, una prensa que se orienta a combatir la ideología dominante, es decir, la ideología de la clase dominante?

Si consideramos situaciones concretas, veremos que la relación misma que puede existir entre el Estado y la universidad varía considerablemente en el espacio y en el tiempo. Las universidades surgen, en la Edad Media, como corporaciones de estudiantes y profesores que trataban precisamente de defenderse del poder del Estado y mantener un área propia de autonomía. La lucha por la autonomía universitaria, en sus distintas etapas y en diferentes épocas, ha implicado siempre enfrentamientos entre los integrantes de la institución académica y el Estado. La intervención del Estado es menor, hoy día, en países como México o Perú, en la vida universitaria, que en Brasil.

Son las condiciones históricas, determinadas por la lucha de clases, las que determinan la vinculación o la desvinculación, así como el grado de una y otra, de la universidad en relación al Estado. La universidad nace fuera del Estado y es independiente de él, en el periodo medieval, precisamente como consecuencia de la debilidad del Estado en el marco del fuerte sistema de dominación propio de la clase feudal. La universidad se integra después al Estado, en el periodo de la dominación burguesa, precisamente como resultado de la mayor debilidad de la burguesía, en tanto que clase dominante que, como lo señaló Engels, sólo en condiciones excepcionales gobierna sola. En consecuencia de ello, la burguesía necesita un Estado más fuerte, que pueda incluso asumir cierta independencia respecto a ella, sin que esto implique el debilitamiento de su dominación de clase, como se da, por ejemplo, en la forma del Estado bonapartista. Finalmente, al agudizarse la lucha de clases, ésta incide antes en las instituciones que componen el sistema de dominación —y por tanto en la universidad— que en el Estado; lo característico de una situación revolucionaria en que las clases dominadas hacen peligrar el poder de la clase dominante y amenazan con derribarlo, es precisamente el hecho de que el sistema de dominación entra en crisis, pasando una parte más o menos significativa de las instituciones que lo componen al control de las clases dominadas y se tambalea, entonces, el Estado, en tanto que cúspide del sistema de dominación, centro de poder que reposa sobre el conjunto del sistema de dominación. Sólo en el caso de que triunfe la contrarrevolución, es decir, de que las clases dominadas sean derrotadas, suele ocurrir que, para reconstituirlo, el Estado absorba, por un cierto periodo, la mayor parte del sistema de dominación; el fascismo representa el caso típico en que el límite del Estado coincide con los límites del sistema de dominación.

En tanto que institución funcional al sistema de dominación, es decir, en condiciones en que se mantiene intacto el control de la clase dominante sobre ella, la universidad cumple en la sociedad burguesa tres funciones principales.

La primera es la de reproducción de las condiciones ideológicas en que la burguesía basa su dominación de clase. Podemos distinguir allí dos niveles. Un primer nivel está dado por la reproducción, en el seno de la universidad, de la división del trabajo, de la estructura de autoridad y demás elementos constitutivos de la dominación burguesa; es así como la universidad reproduce permanentemente la separación entre trabajo manual e intelectual que rige en el conjunto de la sociedad, forma los cuadros directivos para la vida política y económica que en ésta se desarrolla, etcétera. En un segundo nivel, la reproducción del sistema de dominación se da por la transmisión de los valores ideológicos mediante los cuales la burguesía legitima su dominación; el análisis de teorías pedagógicas burguesas nos mostraría cómo su contenido, sus métodos, etcétera, responden a las fases que atraviesa en la historia la dominación burguesa; en un plano más inmediato, se puede señalar el hecho de que la universidad transmite, en forma permanente, valores como el individualismo y la competencia.

La segunda función que cumple la universidad burguesa es de orden económico y se traduce en la transmisión, e incluso la creación a través de la investigación, de las técnicas de producción. La universidad constituye uno de los centros fundamentales de concentración de la ciencia y la técnica, y su finalidad es su desarrollo y transmisión a los que deberán utilizarlas como medio para llevar a cabo la explotación del trabajo, en beneficio del capital. Con ello, la universidad burguesa se convierte en uno de los instrumentos principales para la reproducción del sistema económico capitalista. En otro plano, la universidad cumple esa función económica asegurando la formación de cuadros medios y superiores requeridos por el mercado de trabajo, es decir, proveyendo a éste de la mano de obra calificada que requiere el funcionamiento del sistema.

La tercera función de la universidad burguesa, de carácter político, es la de ser uno de los campos en que la burguesía puede concretar las alianzas de clases que necesita para afirmar su dominación. En un sentido, esto significa alianza con las antiguas clases dominantes, lo cual es particularmente cierto en los periodos en que la burguesía lucha todavía por la hegemonía sobre ellas y se integra a la vieja universidad de tipo oligárquico, tratando de modificarla en su beneficio, pero preservando parte de los privilegios que la universidad otorgaba a las primeras (esto se puede traducir, por ejemplo, en el carácter selectivo y excluyente, en favor de las viejas oligarquías, que sellan algunas carreras, como es el caso de las de derecho y medicina, en algunos países). En otro sentido, la universidad propicia la ampliación de la alianza de la burguesía con las clases subalternas, en especial con la pequeña burguesía, al presentarse a éstas como un medio de promoción social.

Precisamente porque cumple esta función política, la universidad constituye uno de los puntos críticos del sistema de dominación, en lo que a lucha de clases se refiere. Si consideramos los dos grandes momentos de la reforma universitaria en América Latina, veremos claramente que expresan procesos particulares de lucha de clases. En la década de los 20, nos encontramos con una burguesía ascendente, en alianza con la pequeña burguesía, que lucha contra las antiguas fracciones burguesas hegemónicas, latifundistas y comerciales, por transformar a la universidad y abrir camino a su adecuación a las exigencias del desarrollo urbano, industrial. En la década de los 60, el espectáculo que se nos ofrece es el de una pequeña burguesía —que la industrialización dependiente ha hecho aumentar numéricamente y proletarizarse en forma creciente— en lucha contra la burguesía industrial y financiera, y buscando para ello el acercamiento con las masas trabajadoras, en particular el proletariado urbano.

Este marco general, que nos permite distinguir las funciones ideológicas, económicas y políticas de la universidad burguesa, es perfectamente aplicable a América Latina. Es más, sólo el desarrollo real de la sociedad burguesa latinoamericana lleva al surgimiento de una universidad de este tipo. Esto es verdad incluso para países que, como Perú y México, han contado con instituciones universitarias desde el principio de la colonización, instituciones que han seguido la pauta de la universidad feudal ibérica (el doble origen de la Universidad de México, real y pontificia, lo ilustra a perfección). A medida que esas sociedades ingresan a la fase económica de tipo capitalista, tales instituciones se van refuncionalizando, hasta desprenderse de su antigua piel colonial. Sería interesante, en este sentido, analizar las modificaciones sufridas por la educación superior en México en el periodo del porfiriato, las vicisitudes de la Universidad de México a partir de 1910 y su resurgimiento bajo una forma modernizada, en el periodo posterior a 1929, coincidentemente con el ingreso de la sociedad mexicana a la etapa de pleno desarrollo capitalista, industrial.

El caso brasileño es aún más ilustrativo, puesto que, allí, la universidad es directamente una creación del capitalismo industrial, posterior a los años 30. Sus primeros pasos, los primeros intentos de formación de instituciones universitarias, corresponden a la década anterior, precisamente aquélla en que arranca el proceso de industrialización brasileña, al tiempo en que es manifiesta ya la crisis de la antigua economía exportadora. La historia de la universidad brasileña no cubre todavía un periodo mucho mayor a los 40 años.

Las razones para que ello haya sido así son muchas, pero se derivan siempre del carácter de la formación social brasileña. Economía de exportación, que produce materias primas, alimentos y metales preciosos para el mercado internacional; Brasil dependía de éste para proveerse de los medios de vida y de producción que necesitaba; hasta la mano de obra, durante un largo periodo, le fue proporcionada a través del comercio internacional, mediante el tráfico de esclavos africanos y, luego, la importación de trabajadores europeos. Es natural, por lo tanto, que las ideas, así como los productores y administradores de ideas, los letrados, se importaran también de los centros metropolitanos europeos. El envío de estudiantes a la Universidad de Coimbra, que eran devueltos al país transformados en juristas y hombres de letras, es la respuesta fiel, en el plano ideológico, del esquema de producción y circulación propio de la economía exportadora brasileña, tanto en un periodo colonial como independiente.

Desde luego, ello correspondía, particularmente en la fase colonial, a los intereses de dominación ideológica de la metrópoli. Pero esta dominación no hubiera podido establecer ese peculiar sistema educativo si ésta no correspondiera a un esquema dado de producción y circulación de mercancías. Tampoco se entendería el contenido mismo de la educación brasileña, en su periodo colonial así como en buena parte del independiente, si no le ponemos atención a las relaciones de producción que se encontraban en la base del sistema productivo.

Hemos señalado ya ese contenido: la formación de letrados, hombres de leyes y de letras. ¿Qué otra cosa esperar en un país donde el trabajo productivo se identificaba con la condición esclava? La esclavitud lleva a su límite extremo la separación entre el trabajo manual e intelectual. El trabajo manual es considerado no sólo como algo desagradable, sino degradante, señal visible del estatus de sujeción. La formación educativa de las capas medias y superiores se aleja, pues, hasta donde puede, de todo lo que tenga que ver con la producción material. Ahí donde el trabajo productivo es sujeción y degradación, la cultura se cristaliza en el otro polo como refinamiento y exquisitez. La educación superior no tiene cómo desarrollar así las tres funciones que la caracterizan, en el marco de la sociedad burguesa, y aparece, mutilada y caricaturizada, reducida a su función puramente ideológica.

Ello repercute, naturalmente, en los demás niveles educativos. Si nos fijamos en la sociedad colonial brasileña, veremos que allí prácticamente no existe la instrucción primaria como institución social independiente, sino que más bien se identifica todavía con la institución familiar, reservándose así a las clases pudientes. La instrucción media, extremadamente limitada, apenas empieza su proceso de institucionalización en el marco de la institución religiosa, desempeñando allí un papel relevante los jesuitas.

Las características mismas del proceso de producción, eminentemente agrícola y basado en la incorporación extensiva de tierras y hombres, agrava más esas tendencias. Las artesanías y manufacturas no sólo no encuentran campo para desenvolverse, dado el carácter mismo de la economía exportadora, sino que son prohibidas por la metrópoli cuando, en el siglo XVIII, al abrirse el ciclo de la mineración y, con ello, la urbanización, se dan condiciones para que ellas se desarrollen con base en una separación más marcada entre la ciudad y el campo. Pero, entonces, actúa como elemento sobredeterminante la condición dependiente de la metrópoli misma: su subordinación a Inglaterra la obliga a impedir el desarrollo industrial urbano para asegurar así un mercado para las florecientes manufacturas de aquel país.

La extremada polarización de la estructura social, generada por la esclavitud, no plantea tampoco a la clase dominante la necesidad de establecer alianzas políticas. La educación superior se reserva así a la oligarquía terrateniente. El desarrollo de una estrecha capa media autóctona, surgida con la urbanización del siglo XVIII, y su acceso a la cultura, apenas introduce un elemento conflictivo en el seno de la élite letrada, que coincide con la crisis de la economía colonial, a fines del siglo. La participación de letrados en las primeras luchas por la independencia es un hecho relevante. La respuesta de la clase dominante es la represión en todos los planos, no siendo accidental que, tras la expulsión de los jesuitas, el gobierno colonial establezca por primera y única vez en la historia de Brasil el breve periodo de monopolio estatal de la enseñanza, que la primera constitución independiente (1824) suprimirá.

No es, sin embargo, el hecho político de la independencia lo que va a sentar las bases para un progresivo cambio en el plano educativo, sino la transformación de la base económica, representada por la traslación del centro de gravedad de la economía brasileña hacia el centro-sur, con base en el cultivo del café. Apareciendo ya hacia 1830, este cultivo sólo va a ganar peso en la producción brasileña en la mitad del siglo, precisamente cuando el régimen esclavo recibía su primer golpe mortal, con la prohibición de tráfico que se completará en 1888, con la abolición de la esclavitud. Mientras tanto la población esclava, entregada a su propia reproducción y concentrada mayormente en las zonas decadentes del noreste azucarero, iría a perder progresivamente importancia ante el crecimiento de la población trabajadora libre, sujeta a regímenes variados de contratación, que tendían, sin embargo, a conformar una base real de trabajo asalariado. Empezaba así el tránsito del país hacia una economía capitalista plena, que llevaría todavía tiempo para expresarse en el plano político y echar por tierra la dominación de la oligarquía azucarera. En ese lapso, la educación superior sigue regida por el patrón colonial, aunque se observe, desde la segunda mitad de la década, el surgimiento de algunas instituciones superiores —facultades de derecho, en general— mientras gana impulso la formación militar, de carácter más técnico (allí empieza la enseñanza de ingeniería), de la que se benefician mayormente las capas medias.

Es precisamente esa nueva élite militar la que servirá de punta de lanza para golpear políticamente a la oligarquía azucarera y forzarla a aceptar una alianza con la burguesía del café, en la cual ésta no tardará en asumir la hegemonía. El Estado cambia de piel, la República sucede al Imperio. Con ello, se precipitan las transformaciones del aparato de Estado. Entre ellas, la creación del Ministerio de Educación, Correo y Telégrafos, más tarde convertido en Ministerio de Educación y Justicia.

Aunque importantes, las modificaciones verificadas en el marco de la Primera República (1889-1930) no revolucionan la base real de la sociedad brasileña; más bien, abren paso a que se afirmen plenamente los rasgos que ya se desarrollaban desde mediados del siglo pasado, sobre los cuales se había gestado la moderna economía exportadora, de corte capitalista. El sistema productivo sigue reposando en el régimen de incorporación de nuevas tierras y más fuerza de trabajo, mediante la inmigración. La economía mantiene su carácter marcadamente agrario, y el desarrollo industrial, de base esencialmente artesanal, continúa frenado por la forma misma de la articulación de la economía nacional con el mercado mundial, es decir, el esquema simple de dependencia: exportación de materias primas y alimentos e importación de manufacturas. En consecuencia, la urbanización mantiene también un ritmo lento y, con ella, la formación gradual de las clases medias urbanas, tanto propietarias (artesanos, pequeños industriales y comerciantes) como no propietarias (funcionarios, empleados).

El régimen republicano, por esa misma razón, tiende a asumir la forma oligárquica. El intento de las capas medias urbanas encabezadas por la oficialidad joven, de asumir un rol decisivo en el plano del Estado, pronto se ve obstaculizado por la alianza establecida entre la vieja oligarquía azucarera y la nueva burguesía del café. Desalojadas de la conducción del bloque republicano en 1893, las capas medias intentarán librar la lucha política y jugarán sus cartas en la llamada campaña civilista de 1910, en la que buscan impedir la consolidación del bloque burgués-oligárquico, que se apoyaba en la alta oficialidad del ejército. Su derrota significa la proscripción de la vida política por un largo periodo y las hará desembocar, en la década de 1920, conducidas siempre por la oficialidad joven —los “tenientes”—, en una táctica insurreccional que agitará el país y preparará las condiciones para la Revolución de 1930.

Se entiende así que los cambios introducidos por la Primera República en el plano educativo hayan sido limitados. Aunque se hubiera producido la separación entre la Iglesia y el Estado, esto sólo repercute en las escuelas primarias públicas, que son las menos, al suprimirse allí la enseñanza religiosa. El sistema educativo primario y medio sigue en su inmensa mayoría en manos de particulares, principalmente la iglesia, además de descentralizarse, escapando así a la esfera del gobierno federal. No se verifica, pues, la formación de un sistema educativo nacional integrado, y ni siquiera de una legislación que oriente la educación en todo el país. La educación superior sigue desarrollándose bajo la forma de instituciones aisladas, facultades de derecho en su mayoría, que proporcionan al país los administradores, juristas y políticos; se observa también el surgimiento de las primeras escuelas de medicina.

Ello explica por qué el movimiento reformista de Córdoba, que tuvo tanta influencia en muchos países de Latinoamérica, haya repercutido poco en Brasil. La derrota de las capas medias a que hicimos alusión, fue sin duda un factor decisivo para que ello fuera así. De todas maneras, el problema educativo se plantea ya para ellas, dando lugar al intento de formación de universidades (la Universidad de Río de Janeiro, en 1920, y la Universidad de Minas Gerais, en 1927), que eran, de hecho, un mero agregado de instituciones aisladas. Más importante es el debate educativo en torno a los métodos y contenidos de la educación, particularmente la media, que se expresó en la corriente de la llamada escuela nueva, y algunas reformas llevadas a cabo en los estados, particularmente la que tuvo lugar en Minas Gerais, también referidas al nivel medio y elemental.

Los grandes cambios en el campo educativo surgirán a raíz de la Revolución de 1930. Ésta corresponde al ascenso al poder de las capas medias burguesas, comercial e industrial, ligadas al mercado interno, en alianza con las antiguas clases dominantes. Éste es el esquema de relaciones de clases que prevalece, tras un periodo de turbulencia política, al llegar la Revolución del 30 a su verdadero resultado: el Estado Novo, nacido del golpe de 1937, bajo la conducción de Getulio Vargas.

Recogiendo en su ropaje ideológico y en sus métodos de gobierno muchos elementos del fascismo italiano, el Estado Novo no tiene con el régimen mussoliniano sino una semejanza formal. Anticipa, en algunos rasgos, el justicialismo peronista, que se implantará en la década siguiente en Argentina, y se identifica con muchos intentos de estructuración del moderno Estado Latinoamericano en otros países del continente. Su característica esencial es la de ser el marco en el cual se establece la alianza entre la burguesía industrial y la burguesía latifundista; es decir, entre la clase que hegemoniza los sectores ligados al mercado interno y la que representa los intereses de los grupos ligados a la exportación. En ese marco, se establecen relaciones de compromiso y subordinación respecto a la pequeña burguesía urbana, por un lado, y la clase obrera, por otro, para lo que sirve el régimen corporativo ideado por el fascismo italiano. Data de entonces la creación de la moderna organización sindical brasileña, estrechamente subordinada al Estado, y que busca trascender el ámbito obrero para extenderse a la pequeña burguesía urbana. Es importante señalar, en este sentido, la creación de un sindicato nacional estudiantil: la Unión Nacional de Estudiantes, en 1938, que desempeñaría un papel relevante en las luchas educativas y políticas del futuro.

En el proceso de creación de un Estado capitalista moderno, la revolución de 1930 no descuida el campo educativo. Con la creación, en 1930, del Ministerio de Educación y Salud (más tarde, de Educación y Cultura), se asiste a la formación de un sistema educativo nacional, altamente centralizado. Se impulsa la educación primaria; se restructura la enseñanza media, con las reformas de 1931 (que restablece la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con carácter facultativo) y de 1942, y se estructura un importante sistema de formación profesional, que asegura la oferta de mano de obra calificada y semicalificada que la industrialización requería.

A partir de 1931, se crea un sistema universitario nacional, con autonomía didáctica y administrativa. Se reforman las antiguas universidades creadas en la década anterior, particularmente la de Minas Gerais y la de Río de Janeiro; ésta se transforma en 1938 en lo que sería la cabeza del sistema universitario brasileño: la Universidad de Brasil. En 1934 se funda la Universidad de Sao Paulo, y en 1935 la del Distrito Federal; en Sao Paulo se verifica también, en 1932, la creación de la Escuela Libre de Sociología y Política, pionera en el estudio de las ciencias sociales en Brasil.

El sistema de educación superior surgía, pues, en el contexto de la transformación del antiguo Brasil agrario y exportador en el Brasil industrial de nuestros días. Su suerte va a estar ligada al desarrollo económico y político de esa nueva realidad, y se caracterizará por un crecimiento anárquico que desborda los marcos establecidos en el periodo del Estado Novo, sin que nuevos estatutos legales le vengan a dar coherencia. Sólo en 1961 se aprueba una ley global, la de Directrices y Bases de la Educación fruto de las luchas políticas que durante más de veinte años habían sacudido el país. Su vigencia fue sin embargo corta, puesto que el golpe militar de 1964, que culmina el agitado periodo que vive Brasil a partir de 1950, acarreará profundas transformaciones institucionales en el país, incluso en el campo educativo.

Una breve ojeada a lo que allí pasó, en el periodo previo a 1964, nos muestra, de partida, una fuerte expansión de la matrícula. A nivel primario, entre 1948 Y 1965, el crecimiento había sido relativamente alto; en 64, el 90% de la población correspondiente recibía ya atención, aunque su eficiencia fuera muy baja. La enseñanza media, a ejemplo de lo que ocurría en toda América Latina, crecía a ritmo aún más rápido, alcanzando un 257%, pero mantenía la tradicional predominancia de la escuela privada (el 64% del total). Un fenómeno opuesto se observaba a nivel superior, donde pese al gran crecimiento de la matrícula, la enseñanza pública seguía siendo mayoritaria.

Entre las tendencias más relevantes del periodo, habría que destacar el énfasis que empieza a adquirir, a partir de los 60, el tema de la formación de recursos humanos. El primer plan educativo nacional (1963-1965) ponía un acento particular en este aspecto. Igualmente, se desarrollan los estudios de economía y ciencias sociales en general. Su expresión a nivel superior fueron particularmente relevantes en el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), creado en 1957, Y en la Universidad de Brasilia (UnB), que empieza a funcionar en 1962; ambas instituciones tuvieron la característica de ubicarse fuera del esquema formal universitario, para escapar a la rigidez de éste, y jugaron un papel decisivo en el proceso ideológico que acompañó el auge y la crisis de la industrialización sustitutiva de importaciones en el país, con los fenómenos políticos correlativos: el nacionalismo y el populismo.

Finalmente, habría que señalar el desarrollo y la importancia política que tuvo el movimiento estudiantil, liderado por la UNE, en el periodo de la posguerra, que hicieron de él una de las grandes fuerzas políticas en la gran crisis de principios de la década de los 60. Actuando activamente en las grandes campañas nacionales, particularmente en la lucha por la nacionalización del petróleo; asumiendo las causas más avanzadas, como la defensa de la Revolución cubana; lanzando iniciativas osadas, como la campaña de alfabetización, en el periodo presidencial de Joao Goulart, la UNE desempeñó un papel importante en el proceso político brasileño de ese periodo. Este proceso, al arrastrar a amplias capas de la población urbana y rural al centro de la vida política, llevó a las clases dominantes y el imperialismo norteamericano a la solución contrarrevolucionaria, expresada en el golpe militar de 1964.

Las convulsiones políticas que sacuden Brasil desde la década de 1950, desembocan finalmente en el golpe de Estado del 1º de abril de 1964, que da lugar a la formación del actual régimen tecnocrático-militar, al que se encuentra sometido el país. A través del Estado Militar, el gran capital nacional y extranjero asume la plena hegemonía política sobre la sociedad en su conjunto y se impone la tarea de restructurarla en su propio beneficio. Ello acarrea profundas alteraciones institucionales, cambios radicales en la estructura económica, desplazamientos en las alianzas y relaciones de clases, que se extienden hasta 1968 y permiten, a partir de esa fecha, edificar de manera acelerada la moderna sociedad brasileña (Marini, 1974).

Respecto a la educación superior, la dictadura militar se mueve, en su primera fase, es decir, hasta 1968, en dos sentidos: busca doblegar al movimiento estudiantil, que ganara en el periodo anterior gran capacidad de movilización, y desempeña un papel destacado en el proceso político que precedió al golpe de Estado; y pretende establecer nuevos lineamientos para las estructuras educativas, con el fin de adecuarlas a los objetivos económicos y políticos que se daba el régimen del gran capital.

La lucha contra el movimiento estudiantil adquiere un carácter netamente represivo. Además de ilegalizar sus organizaciones, en particular a la UNE, el régimen perseguirá durante todo el periodo a los dirigentes y cuadros políticos estudiantiles. En 1965 se dicta la llamada Ley Suplicy, que recibe su nombre del entonces ministro de Educación, la cual plantea una nueva estructura organizativa para los estudiantes, eminentemente apolítica y centrada en cuestiones estrictamente gremiales, culturales y recreativas.

Paralelamente se establecen los acuerdos MEC-USAID, es decir, entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia Internacional para el Desarrollo Norteamericano, destinados a reorganizar la estructura educativa superior del país. Tales acuerdos nunca se hicieron públicos y se les conoce más bien por los resultados que fueron arrojando. En lo fundamental, como más tarde se vería, estaban centrados en la concepción de una educación funcional y rentable, que convirtiera a la universidad en una fábrica de recursos humanos para la economía capitalista brasileña, tal como la querían conformar los grandes monopolios nacionales y extranjeros.

Reorganizada en la clandestinidad, la UNE dirigió durante todo ese periodo la lucha de los estudiantes contra los dos objetivos planteados por los militares. Aunque utilizando las formas legales de lucha establecidas por la misma Ley Suplicy, la UNE se manifestó por su derogación, al tiempo que se erguía contra los intentos gubernamentales de implantar las medidas derivadas de los acuerdos WEC-USAID. En este sentido, la UNE se batió por la gratuidad de la enseñanza; la ampliación de la matrícula, con la supresión de los exámenes de ingreso a la universidad; el mantenimiento de los comedores escolares, que beneficiaban sobre todo a los estudiantes que contaban con pocos recursos, y el aumento del gasto público para la educación. Al mismo tiempo, vinculando la lucha específica de los estudiantes con los intereses populares generales, la UNE participó activamente en la lucha por la defensa de las libertades democráticas, contra la penetración imperialista en la economía del país, contra las campañas de esterilización masiva practicada entre los campesinos por agencias gubernamentales con asesoría norteamericana, etcétera.

El movimiento estudiantil ganó así un lugar destacado entre las fuerzas antidictatoriales. Éstas, incorporando a la clase obrera y los campesinos, a amplios sectores de la pequeña burguesía e incluso a fracciones burguesas desplazadas, ganaron la calle en 1968. La amplitud del movimiento y el vigor de las movilizaciones hicieron tambalear el régimen militar. La respuesta del gobierno fue la contraofensiva a fondo, mediante el Acta Institucional del 13 de diciembre n. 5, que suspendía el Congreso, cercenaba los derechos individuales más elementales y ponía en manos del Estado poderes discrecionales como ningún otro régimen ha tenido en el país.

Desde fines de 1968 se asiste a la reorganización del sistema educativo. Entre las medidas básicas a destacar está la Ley 5540, del 28 de noviembre, que disponía la restructuración de la educación superior, y que se completó con el Decreto-Ley n. 464, del 11 de febrero de 1969, que suprimió prácticamente la Ley de Directrices y Bases de la Educación (1961) entonces vigente. En el marco de la nueva legislación se concedían amplias facilidades a los particulares para la creación de escuelas y cursos aislados, se mantenía el sistema de examen de ingreso a la enseñanza superior y se daba prioridad absoluta a la educación científica y técnica.

En el mismo mes, el gobierno dictó el Decreto-Ley n. 477, que definía los delitos políticos en las universidades y establecía sanciones para los mismos. Mediante procesos sumarios, los profesores encontrados culpables quedarían impedidos de impartir enseñanza en cualquier escuela por el plazo de cinco años; y se prohibía a los estudiantes matricularse en una institución de enseñanza superior por el plazo de tres años. Señalemos, finalmente, que en septiembre de 1969, por el Decreto-Ley n. 869, se hizo obligatoria, a todos los niveles de enseñanza, la Educación Moral y Cívica, incluso en los cursos de posgrado, donde se imparte bajo la denominación de Estudios de Problemas Brasileños.

Éste es, en lo esencial, el marco jurídico en el cual se desenvuelve la educación superior brasileña, bajo el actual régimen militar. Trataremos, ahora, de analizar sus resultados en función de las líneas básicas que orientan el pensamiento gubernamental en esa materia.

Estas líneas pueden resumirse en tres: primero, el liberalismo, en el sentido clásico de que el Estado ejerce un papel normativo pero deja en manos de la empresa privada las iniciativas respecto a la educación; segundo, el desarrollismo, es decir, el énfasis en la educación como factor decisivo en el proceso de desarrollo económico, y tercera, el doctrinarismo, en cuya perspectiva la educación aparece como un elemento integrante de la defensa de la seguridad nacional.

El liberalismo en materia educativa, practicado por el régimen militar, se manifiesta: a) en la entrega de la educación superior a la empresa privada, lo que conduce a la privatización de la enseñanza y convierte a la enseñanza en un negocio; b) la liberación de la matrícula, que sólo encuentra límites en la capacidad del capital privado para crear oportunidades de enseñanza y en la capacidad del estudiante para aprovecharlas (entendiéndose aquí que esa capacidad es tanto intelectual como socioeconómica), y c) en la adecuación entre la oferta y la demanda de mano de obra técnica y profesional según el libre juego del mercado.

Es así como podemos entender que, entre 1964 y 1973, las instituciones privadas de enseñanza superior hayan pasado de un 38% del total, a un 61%; para 1976 se estimó que el 74% de las escuelas superiores son privadas y sólo el 26% públicas (véase Cuadro I). Ello tiene importantes consecuencias:

a) Un porcentaje significativo de los cursos (un 30% sobre el total), son irregulares o no reconocidos oficialmente, lo que dificulta la inserción de los egresados en el mercado de trabajo (véase Cuadro II);

b) La calidad de la enseñanza se deteriora, lo que se puede estimar por el hecho de que, entre 1966 y 1973, mientras la matrícula en la enseñanza superior creció en un 797%, el número de profesores aumentó sólo en un 194%. Se trata de un fenómeno que tiende a agravarse: en 1960, la relación profesor/alumno en la enseñanza superior era de 4.4, mientras que en 1973 era de 13.1; paralelamente, mientras el alumnado creció a una tasa anual de 10.8 entre 1960-1965, de 21.4 entre 1965-1968 y de 23.9 entre 1968-1973, el número de profesores aumentó en 9.5, 10.5 y 6.8 respectivamente (véase gráfica I);

c) Las posibilidades mismas de matrícula que crea el sistema educativo no pueden ser aprovechadas, lo que se acusa en los grandes centros: en 1974, 25% del total de plazas para educación superior en el país no fue ocupado, proporción que en la ciudad de Sao Paulo llegó al 41%. Ello se debe al costo de los estudios, la saturación del mercado de trabajo para ciertas carreras, la situación irregular de muchos de los cursos ofrecidos y la baja calidad de la enseñanza (véase Cuadro III).

La escasez de profesores es particularmente marcada en el sector privado del sistema educativo: en 1972, el sector público absorbía el 56% del total de profesores y el 82% de los profesores de tiempo completo.

En el sector público federal, el que está en mejores condiciones, en 1973, el 35% de los profesores allí empleados tenía tiempo completo y el 65% 24 horas semanales.

Señalamos ya que el liberalismo del régimen militar brasileño en materia educativa implica la liberación de la matrícula en las instituciones de enseñanza superior. Ello se ha traducido en un incremento espectacular de la misma, puesto que en diez años, entre 1963 y 1973, creció más del 550%, Y lo hizo en sentido progresivo: en 1963-1968, la tasa media anual de crecimiento fue de 17.5 y, en 1968-1973, de 23.9. Sin embargo estas cifras, que son exhibidas con orgullo por el régimen, además de conllevar problemas como los que indicamos arriba, ocultan particularidades que debemos señalar. Es así como ha sido el sector privado del sistema educativo que, como hemos visto, es el que presenta condiciones menos adecuadas, el que ha absorbido la mayor parte de ese crecimiento, en detrimento del sector público. En especial las instituciones federales, que concentraban en 1966 el 45% del total de la matrícula, han bajado su participación a un 24% en 1972 y deberán disminuirla todavía más, una vez que, para 1976, el gobierno logró finalmente implantar el sistema de la enseñanza pagada, con mediación de su Programa de Crédito Escolar.

Por otra parte, el gran aumento de la capacidad de matrícula, que se ha verificado en el sistema educativo, no atiende todavía a la demanda real de educación superior. En 1966 se presentaron al examen de ingreso en todo el país 144 mil candidatos, de los cuales sólo 69 mil, es decir, el 47%, lograron inscripción; en 1968, los candidatos fueron 228 mil y los inscritos 102 mil (el 44%) y, en 1972, los candidatos fueron 408 mil y los inscritos 221 mil (el 54%). Conviene tener presente que la disminución relativa de rechazados que se observa en el último periodo corresponde, en términos reales, a un aumento, si trabajamos con datos absolutos, una vez que en 1966 fueron rechazados 75 mil estudiantes, y 187 mil en 1972. Además, el fenómeno es desigual si lo consideramos por regiones y carreras; así, para medicina, en 1976, había una proporción de candidatos/plazas mientras que en Río de Janeiro, la relación era de 7.2 (véase Cuadro IV).

Pese al aumento de la matrícula, la enseñanza superior sigue siendo altamente discriminatoria con respecto a las clases populares, una vez que, según los datos disponibles, un poco menos del 80% de los estudiantes en ese nivel pertenecen a la clase alta y media, siendo de suponerse que, del 20%, buena parte corresponde a la pequeña burguesía pobre. Ello se debe a los costos de la enseñanza, que son consecuencia de la extensión misma de la iniciativa privada en materia educativa, pero que se agravan con el sistema de examen de ingreso a la universidad. En efecto, ese sistema ha dado lugar a una nueva faja de comercio educativo: los llamados cursillos, que sustituyeron al curso propedéutico, suprimido por la reforma de 1942, como nivel informal de acceso a la enseñanza superior. Existen empresas privadas que mantienen cursillos hasta con 20 mil alumnos inscritos, con filiales en diversas ciudades. El costo del cursillo para el estudiante ha sido estimado en 400 cruceiros mensuales (36 dólares aproximadamente), al principio de 1976, para ciudades como Río y Sao Paulo.

Finalmente, como una tercera consecuencia de la liberación de la matrícula en el marco de una enseñanza superior privatizada, se observa que dicha matrícula sufre fuertes deformaciones, que la alejan considerablemente de la estructura de la demanda de mano de obra que prevalece en el mercado de trabajo. Es así como la tasa anual de crecimiento global de la educación superior, que fue de 10.8 en el periodo 1960-1965 y de 23.7% en el periodo 1965-1972, tuvo su aumento fuertemente influenciado por carreras como las de filosofía, ciencias y letras, cuya tasa de crecimiento pasó del 12.2 en el primer periodo, al 25.9% en el segundo; de derecho, que presentó respectivamente tasas de 7.6 y 12.8; y medicina, con tasas de 8.6 y 11.2; inversamente, en los periodos considerados, la matrícula bajó en agricultura, de 17.8 a 4.7; y en ingeniería, de 15.2 a 9.5. En términos globales, si analizamos la estructura de la matrícula en la enseñanza superior para el año 1972, observamos que el 54% de la misma se encuentra en el área de ciencias sociales y humanas (que incluye derecho), el 12% en letras y artes, mientras que el área de ciencias exactas y tecnológicas se lleva sólo un 18%, y la de ciencias biomédicas un 15%. Es decir, la matrícula ha crecido en carreras con menor demanda en el mercado, pero que presentan, para los empresarios de la educación, menores costes en materia de instalaciones, ayudas didácticas, etc.

Asimismo, ya se observan los efectos de esta política. El Cuadro V, que se presenta a continuación, muestra claramente cómo no hay relación entre los egresados en cada carrera y las necesidades del mercado de trabajo, ya sea el real o el potencial. Vemos, por ejemplo, que en 1975 tres carreras representan más de la mitad (52.05%) de los egresados: Letras (26.88%); Pedagogía (13.34%), y Derecho (11.83%). (Véase Cuadro V.)

Otra tendencia que orienta la actual política educativa en Brasil, la desarrollista, merece también algunas observaciones.

Señalemos, inicialmente, que el caos que la iniciativa privada ha introducido en la enseñanza superior contradice, en una amplia medida, las prioridades establecidas por el Plan de Educación, en el sentido de formar principalmente recursos humanos en el área de ciencias y tecnología. Ello no implica que esa formación no tenga lugar y que, incluso, genere situaciones a las que hay que dar atención. Es así como, en parte, la formación de mano de obra técnica, cuya demanda ha aumentado en función del mismo desarrollo industrial, es atendido mediante carreras cortas terminales. Éstas no representan, en muchos casos, sino simulacros de cursos universitarios que debieran ubicarse fuera de ésta, a nivel de la enseñanza media y vocacional; por otra parte, al ser terminales, cierran al estudiante el acceso a una verdadera formación universitaria, creando subprofesionales vitalicios.

En el otro extremo, encontramos el incentivo a los cursos de posgrado, que tratan de compensar las insuficiencias y el desprestigio que afectan al nivel de licenciatura, mediante la creación de lo que podría llamar de ultra-universidad, marcada por el elitismo y la superespecialización. En 1971, por ejemplo, había poco menos de 8 mil estudiantes matriculados en los cursos de maestría y doctorado, lo que correspondía al 1.4% de la matrícula en licenciatura. La mayor parte se concentraba en ciencias exactas y tecnología (un 60% del total de los estudiantes de posgrado, que correspondía al 6.2% de los estudiantes de licenciatura en esa área), registrándose empero aberraciones, como la de que 54% de los estudiantes de doctorado se encontraban en la carrera de derecho.

Finalmente, la inserción de la educación en la política de seguridad nacional ha implicado que la Universidad brasileña haya sido puesta bajo estricto control policiaco y sometida a la más severa represión. Hemos citado ya el Decreto Ley N° 477, que constituye la pieza fundamental de la legislación represiva aplicada a la universidad. Sobre esa base, ha surgido en las instituciones superiores un régimen de infiltración policiaca y de soplonaje, que se completa con la estrecha colaboración establecida entre las autoridades universitarias y los órganos represivos, que llega al control minucioso de todas las actividades realizadas en las universidades, incluso los congresos científicos y las sesiones de cine-club. Por otra parte, se mantiene la persecución a los cuadros estudiantiles, que ha llegado al asesinato de sus dirigentes más destacados como le pasó, entre otros, a Honestino Monteiro Guimaraes, presidente de la UNE, que murió en la tortura en un cuartel de Brasilia entre 1963 y 1964.

Pero la universidad es vista también como un factor de adoctrinamiento de los jóvenes, proceso que se inicia en la escuela primaria y sigue hasta los cursos de posgrado, principalmente a través de la línea de enseñanza que comprende la Educación Moral y Cívica y su correspondiente universitario, los Estudios de Problemas Brasileños. Para implementar dicha línea se ha creado una Comisión Nacional de Moral y Civismo, directamente adscrita al Ministerio de Educación. Algunos de los textos que sirven de base a la enseñanza de la disciplina son altamente significativos, respecto a la ideología conservadora, chovinista y agresiva que se trata de inculcar en la juventud brasileña.

Tras el golpe de 1964, el gran capital nacional y extranjero lograron imponer sin cortapisas su dominación al conjunto de la sociedad brasileña. Abriendo las puertas de la economía a la penetración de las inversiones extranjeras, la burguesía nacional orientó el desarrollo capitalista del país hacia una industrialización acelerada, la cual, al centrarse en la producción y exportación al mercado exterior, divorcia la capacidad de producción de las necesidades de consumo de las amplias masas. Los trabajadores han sido privados del derecho de organización y de huelga, proscritos de la vida política y sometidos a la más despiadada explotación.

La puesta en marcha de ese sistema económico, que extrema las condiciones de dependencia y miseria propias de las economías latinoamericanas, exigió un Estado dictatorial, en el cual un reducido sector tecnocrático, civil y militar, se encuentra directamente vinculado a los representantes del gran capital. Ese Estado no es una superestructura aislada, impuesta simplemente por la fuerza, sino la cúspide de un sistema de dominación renovada, que ha removido y transformado a todas las instituciones que lo componen. Entre éstas, la universidad.

En este marco, la universidad brasileña, siguiendo la tendencia de la sociedad en que se encuentra inserta, acentúa hasta el límite las funciones propias de la universidad burguesa. La universidad brasileña no cumple simplemente con el cometido de reproducir la división entre trabajo manual e intelectual, así como de transmitir a los jóvenes los valores de la ideología burguesa: es en sí misma parte del aparato estatal, contribuyendo directamente al ejercicio de la política represiva de éste e identificando los contenidos que transmite con la ideología dominante, travestida de seguridad nacional. La universidad brasileña no es tan sólo uno de los medios de que se sirve la burguesía para formar la mano de obra calificada que requiere la reproducción del capital: se convierte en campo para la reproducción del propio capital; en área de inversión de la empresa privada. La universidad brasileña, al reflejar el esquema de alianzas de clases peculiar al régimen tecnocrático-militar, no sólo abre espacio para que se afirmen las pretensiones de promoción social de la pequeña burguesía, sino que destaca de ésta una capa privilegiada, al tiempo que, mediante la masificación y la degradación de la enseñanza, precipita a las masas pequeñoburguesas cultas a la proletarización.

Expresión fiel de la sociedad a que pertenece, la universidad brasileño persigue sus fines creando y agudizando contradicciones. Tanto fija prioridades que la hagan funcional a las necesidades del mercado de trabajo capitalista, como traslada hacia su seno, al abrirse a las inversiones privadas, la anarquía característica de la economía que sustenta ese mercado. Tanto desarrolla rasgos elitistas, tendientes a la ultra-universidad, como provoca el crecimiento masivo y tumultuoso de sus efectivos, al mismo tiempo que rebaja continuamente la calidad de la enseñanza. Tanto pretende ser un centro de encuadramiento ideológico como, al permitir a los jóvenes vislumbrar las posibilidades de la ciencia y la cultura, estimula su descontento y su aversión al régimen económico y político que ella expresa.

Es así como la universidad brasileña cumple los objetivos que le han asignado la clase dominante y su Estado, despilfarrando jóvenes para elaborar el producto específico: la fuerza de trabajo reducida, pero altamente calificada, que necesita el capital; concentrando masas crecientes de estudiantes para llevar a cabo su formación elitista y ultraespecializada; dejando entrever a la juventud los amplios horizontes de la ciencia y la cultura para tratar de imponerle los contenidos rígidos de la ideología dominante.

La universidad brasileña lleva así, en su seno, su propia crisis. En la medida en que, como los demás elementos que conforman el sistema de dominación en Brasil, se encuentra enmarcada en el aparato mismo del Estado, su crisis es también la crisis del Estado tecnocrático-brasileño. El imperativo de su transformación trasciende, pues, a la masa estudiantil universitaria y se convierte en tarea de las fuerzas sociales que trabajan por una sociedad de libertad, de bienestar y de justicia.

 

 

Fuentes

ALTHUSSER, L. Idéologie et appareils idéologiques d'etat, Paris, La Pensée, 1970.

AZEVEDO, Fernando de. A Cultura Brasileira, 4a. ed., Sao Paulo, Ediçoes Melhoramentos, 1964.

MARINI, R. M. El Reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, México, Editorial Era, 1976.

———— “Acerca de la Universidad Latinoamericana”, entrevista a la Revista Síntesis, México, N° 5, enero de 1973.

———— Subdesarrollo y revolución, 5a. ed., México, Siglo XXI, 1974.

SUCUPIRA, Newton. “Aspectos da organizaçao e funcionamiento da educaçao brasileira” (Relatorio apresentado na XXIV Sessao da Conferencia Internacional de Educaçao realizada em Genebra), Brasilia, Ministério de Educaçao e Cultura, 1974.

 

Nota: Los datos relativos a la Educación Superior en Brasil han sido tomados de reportes del Departamento de Asuntos Universitarios del Ministerio de Educación y Cultura (DAUMEC).