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América Latina en la encrucijada

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: mecanuscrito, s. f. (ca. 1990).

 

Las transformaciones y desafíos que este fin de siglo está planteando en todo el mundo, más allá de las ideologías y de los esquemas económicos y políticos adoptados por los pueblos, son resultado de un proceso que se inició hace más de dos décadas. Aparte algunas exageraciones —como las que han querido presentarlo como el fin de la llamada civilización occidental o como la crisis final del capitalismo— ese proceso ha sido correctamente analizado por los autores marxistas, que recurrieron para ello —dentro del rico arsenal analítico que esa corriente de pensamiento proporciona— a la teoría de los ciclos largos. La tesis que sostenemos aquí es la de que estamos ingresando a un nuevo ciclo de ese tipo, lo que implica necesariamente cambios drásticos y la búsqueda de nuevas soluciones. Nuestra preocupación gira en torno a lo que, en este marco, está pasando en América Latina, dado que, como ningún otro en el pasado reciente, el momento que vivimos tiene importancia decisiva para la conformación de nuestro futuro.

 

I

La recesión norteamericana de 1967 puso término al período de expansión que vivió la economía mundial capitalista desde el fin de la segunda guerra mundial. Es posible distinguir tres fases en la gran crisis que se abre entonces (Muller, 1987). En la primera, que culmina con la brusca elevación de los precios del petróleo, en 1973, se observan indicios de perturbación económica en los países centrales, en particular una persistente alza salarial —motivada por la creciente capacidad reivindicativa del movimiento obrero, ella misma derivada de la expansión capitalista sostenida—, que presiona hacia abajo la tasa de ganancia y conduce a la retracción de las inversiones industriales. Paralelamente, se manifiestan desequilibrios en la balanza de pagos de Estados Unidos, debido a la creciente pérdida de competitividad del país en el comercio de bienes industriales y a su conversión en importador de energía, al tiempo que se concluye el movimiento de grandes inversiones norteamericanas en Europa, todo ello conduciendo a la crisis del dólar y, en consecuencia, del sistema financiero internacional.

El aumento de la concurrencia entre los grandes centros capitalistas y las crecientes disponibilidades financieras generadas por la caída de la inversión productiva conducen a la sobreacumulación de capital. Un resultado significativo de ello es —como estrategia para la lucha por mercados y por campos de inversión— el reciclaje de parte de los excedentes financieros y de capacidad productiva a países de la periferia capitalista (y también a países del mundo socialista), contribuyendo a acelerar allí el desarrollo industrial y a propiciar la emergencia de los que se ha convenido llamar “nuevos países industriales” o “NICs”. En América Latina, Brasil y México caben en esa categoría, pero, en general, esa fase corresponde a un proceso de expansión para la mayoría de los países de la región.

Después de 1973 —y, particularmente, tras las grandes batallas que, a mediados de la década, derrotaron al movimiento obrero en los países centrales— la situación se modifica. La relación salario-ganancia se estabiliza a un nivel más bajo y las inversiones productivas también, siendo que éstas, en una reacción natural en coyunturas de ese tipo, buscan preservar la rentabilidad media de los grandes grupos financieros y de las corporaciones industriales mediante la diversificación sectorial y la especulación. El reciclaje de los petrodólares hacia los grandes centros agrava la sobreacumulación de capital, sólo parcialmente paliada por las transferencias —vía inversión directa, préstamos y financiamientos— a la periferia capitalista, así como a los países socialistas. Sobre la base de la agudización de la sobreproducción y del crecimiento persistente de la deuda pública, la coyuntura se caracteriza por estancamiento e inflación. El segundo choque del petróleo, en 1979, aunado a la elevación de las tasas de interés (que se vuelven flotantes), al tiempo que precipita a los países centrales en una nueva y violenta recesión, generaliza la crisis en el resto del mundo. Los precios internacionales se derrumban y el comercio mundial se retrae, mientras las inversiones extranjeras se estancan y los préstamos y financiamientos se vuelven escasos y caros. Con ello, América Latina y, en general, la periferia capitalista son arrastradas también a la crisis, incluso los NICs, lo mismo que los países socialistas.

Los años 80 comienzan, pues, con una aguda recesión, que, iniciada en los países centrales, dura allí hasta 1982, arrojando en el periodo una tasa media anual de variación del producto real del orden del 0,8%. A partir de 1981, la recesión alcanza a los países dependientes, extendiéndose hasta 1983, y golpea con especial rigor a América Latina; en esos tres años, la tasa media anual de variación del producto real es, para todos los países subdesarrollados, de 1,7% y, para la región, de -1,1%. La recuperación comienza en 1983, para los países centrales (tasa media anual de 3,5%, en el trienio 1983-85), y llega, el año siguiente, a los países dependientes, América Latina inclusive (la tasa media anual; para todos, en el periodo 1984-86, es de 3,6% y, para América Latina, de 3,1%). Paralelamente, el comercio mundial, cuya tasa anual media de variación, entre 1980-82, fuera de -0,6%, alcanza una tasa media de crecimiento anual de 5,3%, en el trienio 1983-85, la cual se mantiene en el trienio siguiente, expandiéndose, según estimación del GATT, en 7% en 1989 (Banco Mundial, CLEPI y CEPAL).

Las características que presenta esa recuperación parecen apuntar a profundas transformaciones en las economías nacionales, particularmente en los países capitalistas centrales, así como a cambios no menos drásticos en la división internacional del trabajo y en todo el sistema económico mundial. Es así como, si nos detenemos en lo que pasa en los países centrales, observamos que —a diferencia de las precarias recuperaciones que allí se presentaron, a lo largo del período 1967-79— ésta reposa en el crecimiento sostenido de la tasa de formación bruta de capital fijo. Con base en datos del FMI, ante un crecimiento anual medio de 3% para el periodo 1971-80, esa tasa (después de caer al 2,1% anual, entre 1981- 82) crece anualmente al 5,6% en el trienio 1983,85 y se mantiene en el elevado nivel de 5% en el trienio 1986-88, para el conjunto de los países capitalistas desarrollados. Respecto a los principales países industrializados eso significa, a lo largo del periodo 1983-88, la asignación anual de porcentajes del PIB que varían entre 16 y 17% en Estados Unidos, 20 y 21% en Alemania Federal y 30 y 35% en Japón. En valores corrientes, y sólo en 1988, esos tres países movilizaron para ese fin una suma superior a 1,5 billones de dólares.

Además de alcanzar niveles considerables, la inversión en capital fijo de los países desarrollados tiene connotaciones que vale la pena resaltar. En primer lugar, aumentó en ella la parte correspondiente a maquinaria y equipo: comparando la inversión realizada en este renglón, en 1988, con el promedio anual del período 1976-80, se ve que ella pasó, en Estados Unidos, del 45,2% del total a 53,2%; en Japón, del 45,9% al 59,3% y, en Alemania, del 37,1% al 41,8%. En segundo lugar, en la inversión en maquinaria y equipo predominó la que corresponde a bienes de alta tecnología (maquinaria y equipo para escritorios y oficinas, principalmente computadoras, equipos de comunicaciones, científico-ingenieriles y fotográficos); la parte referente a bienes de alta tecnología representó cerca de 3/4 del total de la inversión en maquinaria y equipo en Estados Unidos, en el periodo que va de 1986 a la primera mitad de 1988, según el FMI. En tercer lugar, la reducción relativa de los precios de los bienes de alta tecnología implicó que la inversión relativa a ellos —y, por ende, al total de maquinaria y equipo— haya sido aún mayor, en términos reales: según la misma fuente, de 1987 al tercer trimestre de 1988, en Estados Unidos, el deflactor de precios de esos bienes fue inferior en un 14% al deflactor de precios del PNB (Caputo, 1989).

Esas tres características señalan un cambio cualitativo en la fase de recuperación que estamos considerando, principalmente en la medida en que envuelven la desvalorización del capital fijo, condición sine qua non de una recuperación de largo alcance. Ello se completa con los fenómenos que se presentan en el plano del capital circulante. Así, del lado de las materias primas, la producción de nuevos materiales ha llevado a que el gasto en ese renglón se haya reducido considerablemente por unidad de producto, principalmente en las industrias de alta tecnología: corresponde a un máximo de 3% en un microchip semiconductor, contra 40% en un vehículo automotor (Drucker, 1987). Respecto al capital variable, el rasgo sobresaliente es la sustitución creciente de la producción intensiva en mano de obra por la producción intensiva en saber, es decir, en investigación, desarrollo y tests: en el costo total de un microchip, el gasto en mano de obra incide en un 12%, frente a 70% de gasto en saber; esa tendencia se manifiesta también, aunque con menos fuerza, en las industrias de elevado índice de absorción tecnológica, llevando a que, en una fábrica automotriz robotizada, el costo de la mano de obra no vaya más allá del 20 al 25% del costo total de producción (Drucker, 1987).

Esas nuevas tendencias de la acumulación capitalista en los países centrales tienen como base el incremento de la productividad del trabajo y de las inversiones en actividades de investigación y desarrollo (R&D), que altera drásticamente la estructura de la fuerza de trabajo y su situación de empleo. En los países industrializados, el gasto en R&D gira en torno al 3% del PIB, lo que implica, actualmente, para los tres más avanzados (Estados Unidos, Japón y Alemania Federal), movilizar una suma de aproximadamente 225 mil millones de dólares al año. Ello acarrea el aumento de una capa de trabajadores altamente calificados en los centros fabriles de investigación y en las universidades, lo que presupone serias transformaciones en el sistema educacional como un todo e incide en el conjunto de la fuerza de trabajo industrial, marginalizando a masas crecientes de obreros no calificados o menos calificados, independientemente de —o más exactamente debido a— la reanudación de la acumulación. Es lo que explica que, de acuerdo a la OCDE, en los países industrializados, en la recuperación anterior, o sea, entre 1975-80, la tasa de desempleo fuese de 4,3%, mientras, en la actual, entre 1984-88, sea del 7,8% (CLEPI, 1988). Informaciones de Estados Unidos dan cuenta de que, entre 1973-85, 5 millones de blue collars del sector manufacturero quedaran desempleados, pese a que, entre 1973-86, el empleo en ese sector haya pasado de 82 a 110 millones de personas, aumentando en un 34% (Drucker, 1987).

Para hacer frente a esas transformaciones, que tienden en última instancia a afirmar la primacía de las industrias de alta tecnología en la producción, los grandes centros capitalistas han debido echar mano de una inmensa masa de recursos financieros y materiales. En ese sentido, paralelamente a la concentración del capital, es decir, al crecimiento de los capitales individuales que acompaña a la acumulación, la crisis ha favorecido la formación de grandes masas de capital mediante la centralización, lograda a través de la subordinación, la absorción y la expropiación de unos detentadores del capital por otros. Las compras, acuerdos y fusiones de empresas a que asistimos todos los días en el área de la industria electrónica, automotriz, de telecomunicaciones y otras, son apenas un indicador de ese fenómeno. A su lado, hay que considerar que los mismos flujos de capital en el plano internacional están mostrando una creciente centralización del capital mundial en favor de los grandes centros capitalistas, la cual se expresa también a nivel del capital-mercancías, vale decir de los trueques involucrados en el comercio internacional. Ello implica, para los países dependientes, no sólo la pérdida de aportes de capital externo capaces de dinamizar su proceso de acumulación, sino también la transferencia neta de recursos financieros a los países centrales, juntamente con el deterioro de su posición comercial en el contexto internacional.

Según el FMI, si, en 1982, las inversiones extranjeras directas se destinaban en un 53,6% a los países industriales y en un 46,4% a los países subdesarrollados, en 1986 —superada la gran recesión en los países centrales— éstos se quedaron con el 76,7% del total, quedando a los países subdesarrollados tan sólo el 23,3%; en los mismos años; la participación relativa de América Latina en ese renglón bajó del 11,5% al 4,6%. Considerando al flujo de capitales, es decir, movimientos por concepto de inversión directa, crédito privado y crédito oficial, los países subdesarrollados reciben aún, en términos netos, 10,5 mil millones de dólares en 1982, llegan a un punto muerto en 1983 (110 millones de dólares netos recibidos) y comienzan a transferir recursos netos, a partir de 1984, alcanzando 24 mil millones de dólares en términos negativos, en 1986 (CLEPI, 1988). Entre 1982 y 1989, el movimiento de capitales de América Latina implicó una transferencia neta de 203 mil millones de dólares, equivalente a 49% del total de su deuda externa bruta al 31 de diciembre de 1989, siendo que, en este último año, los cerca de 25 mil millones de dólares transferidos corresponden a 3% del PIB de la región (CEPAL, 1989b).

A esas formas de expropiación hay que agregar, siguiendo al GATT, la que se realiza a través del comercio y que implicó que los precios de los productos primarios, exceptuado el petróleo, entrarán en declinación a partir de 1977, manteniendo esa tendencia —salvo ligera interrupción en 1983-84— a lo largo de la década de 1980, fenómeno que afectó también a los bienes manufacturados producidos por los países subdesarrollados; aún el petróleo, tras la brusca valorización iniciada en 1979, tuvo sus precios deprimidos a partir de 1983 y, al final de la década, mostraba una pérdida superior al 10 que conquistara en la coyuntura 1979-1982 (Banco Mundial, 1988).

No sorprende, pues, que la participación de los países subdesarrollados en el valor total realizado por concepto de exportaciones haya disminuido, pasando del 28,6% que representaba en 1981-83 al 20,8% en 1986; esa tendencia afecta a los países de todas las regiones exportadoras, a excepción de Asia, siendo particularmente fuerte en África y en el Medio Oriente; respecto a América Latina, su participación baja de 5,5% a 5,0% en los dos momentos considerados (CLEPI, 1988), cabiendo aún resaltar que, en 1989, la región aumentó en 57% el volumen de sus exportaciones en relación con 1980, pero el deterioro de los términos de intercambio determinó que, expresado en valor, ese aumento haya sido tan sólo del 24% (CEPAL, 1989b). Esa pérdida de participación de los países subdesarrollados, además de darse en el marco de la expansión del comercio mundial, como hemos visto, está significando, de hecho, su expulsión gradual de los mercados constituidos por los países industriales, así como de aquellos conformados por los mismos países subdesarrollados: en 1981-83, 69,6% de las exportaciones de los primeros se dio entre ellos, cifra que pasó al 76,5% en 1986, mientras los países subdesarrollados exportaron para sus propios mercados 29,7% y 27,6%, respectivamente, en los momentos considerados (CLEPI, 1988).

Cabe resaltar aquí dos rasgos del comercio mundial que permiten entender mejor el proceso de marginalización que están sufriendo los países dependientes. Primero, en lo que se refiere al flujo de mercancías, el aumento del 56 al 73% que presentan las manufacturas en general, frente a un retroceso del 15% al 13,5% de los productos agrícolas y —renglón más afectado por la producción de nuevos materiales— del 29 al 13,5% de los productos minerales, entre 1980 y 1988 (Porto, 1989). Segundo, en relación al ítem servicios, el aumento considerable de su peso en la circulación del valor, sobre todo si se los toma bajo el concepto de servicios factoriales, es decir, flujos de servicios vinculados a capital y tecnología, que se contabilizan aunque no den origen a transacciones de importación y exportación o, lo que es lo mismo, flujos que incluyen a la venta de servicios por empresas extranjeras instaladas en el país (Arruda, 1989). Bajo el primer aspecto, es decir, en tanto comercio strictu sensu, los servicios representaron, en 1985, para Estados Unidos, 80 mil millones de dólares en exportaciones y 66 mil millones en importaciones, dejando un saldo positivo de 14 mil millones de dólares; bajo el segundo aspecto, en el mismo año, Estados Unidos alcanzó ingresos correspondientes a 96 mil millones de dólares y tuvo gastos de 67 mil millones de dólares, elevando su saldo positivo a 29 mil millones de dólares. América Latina presenta un cuadro invertido, según el enfoque adoptado: en 1985, con 19 mil millones de dólares en exportaciones y 22 mil millones en importaciones, presenta un saldo negativo de 3 mil millones de dólares, pero, con ingresos de 10 mil millones y salidas de 46 mil millones de dólares por concepto de servicios factoriales, su saldo negativo asciende a 36 mil millones de dólares (CLEPI, 1988).

En los servicios, se destacan, sobre todo, las actividades relacionadas con los bancos, las telecomunicaciones, la administración, consultoría y turismo, dando lugar a beneficios o rentas, licencias, royalties y honorarios. En la estela de las transformaciones por las que pasa la economía mundial, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el imperio del capital financiero, su peso en las economías centrales no ha hecho sino aumentar: en relación al PIB, ellos representaban, en Estados Unidos, 62% en 1970 y 68% en 1987; en Japón, 47 y 57% y en Alemania Federal 44 y 60%, en los dos años considerados; en Brasil, en las mismas fechas, no se habían movido de la cifra del 51%, además de abrir espacio considerable a actividades de menor rango, como los servicios personales (CLEPI, 1988).

 

II

Estamos asistiendo, pues, a la transición del mercado mundial hacia una etapa superior, marcada por el predominio de las manufacturas y servicios ligados a las nuevas tecnologías, que privilegian al saber, y a la declinación de la importancia de los productos primarios o manufacturados que se basan en diferenciales de costo, determinados por el empleo intensivo de mano de obra barata. En los términos en que se encuentra planteada, esa transición implica una creciente homogeneización tecnológica de los procesos de producción, obtenida mediante la nivelación por arriba y traducida en la fabricación de bienes altamente estandarizados, independientemente del país en que se ubican las plantas productivas. Ello confiere un alto grado de universalidad a las mercancías, para hacerlas efectivamente intercambiables en el plano de la producción, lo que conduce a la internacionalización del proceso de trabajo y requiere que se iguale efectivamente la calificación de la fuerza de trabajo. Con ello, los diferenciales de costo pasan a depender esencialmente de la especialización productiva, la que —sin excluirlas— depende cada vez menos de ventajas comparativas naturales para reposar cada vez más en la productividad del trabajo.

Llegan al fin, en esas circunstancias, las inversiones extranjeras que, aprovechando la protección aduanera, se destinaban a atender a mercados cerrados, lo que hace explicable el redireccionamiento del capital hacia los países centrales. Por otra parte, la masa de recursos que exige la reconversión tecnológica, si lleva, como hemos visto, a la centralización del capital, conduce, por otro, a una intensificación de la lucha por mercados. Así, por ejemplo, el costo de desarrollo de una central de telecomunicaciones requiere, para ser rentable, una tajada de 6 al 10% del mercado mundial (Porto, 1989).

Esa transición del mercado mundial hacia una nueva etapa se realiza mediante dos movimientos contradictorios, que apuntan a un sólo propósito: asegurar a los centros industriales el espacio económico necesario a la circulación de los bienes y servicios que producen sobre la base de la modernización tecnológica. El primer movimiento tiene que ver con la modificación de los campos de fuerzas que configuran a la economía mundial, cuyo resultado es la emergencia de nuevos bloques económicos. El segundo se refiere a la transformación de las relaciones jurídicas que rigen el flujo internacional de bienes y servicios, transformación que apunta a hacer más libre la circulación de éstos en el conjunto del sistema.

Como en todo proceso de esa naturaleza, la emergencia de los nuevos bloques económicos se da mediante un procedimiento de desintegración y reintegración. Así, bajo la presión del servicio de la deuda externa y empantanados en el estancamiento y en la inflación, los países de América Latina han visto fracasar los propósitos de desarrollo autónomo y solidario, que habían planteado en la década de 1970 y que respondieron por iniciativas como el SELA, así como por los proyectos de afirmación nacional en el plano regional y mundial, que diseñaron países como Brasil, Argentina, México y Venezuela; aislados y débiles es como quieren negociar con ellos Estados Unidos y los demás centros capitalistas —lo mismo está pasando a los países de África, donde ni siquiera el proyecto subimperialista de Sudáfrica ha podido mantenerse. El campo de influencia soviético tampoco ha resistido. La economía mundial tiende a consagrar, en el próximo período, el imperio de los grandes centros capitalistas, siendo pocos los países, en esas circunstancias, que disponen de potencial suficiente para impedir su anexión económica por ellos.

En ese contexto, se destaca el bloque europeo, que hoy extiende su radio de acción más allá de Alemania y amenaza incluso quitarle pedazos a la misma Unión Soviética. Teniendo, hasta ayer, como eje de sustentación, a Alemania Federal y Francia y, en contrapunto, a Inglaterra, ese bloque ve su equilibrio amenazado por el resurgimiento de la Gran Alemania; por simple adición, ésta ingresa al club de los PIB billonarios (formado, hasta ahora, sólo por Estados Unidos, Unión Soviética y Japón) y espera contar, tan pronto se estabilice la situación, con el formidable refuerzo de mano de obra calificada y disciplinada que aportará su lado oriental. Irradiando su influencia principalmente sobre África y Asia meridional, la nueva Europa tiende, por tradición y derecho, a establecer relaciones especiales con la Unión Soviética —país que, por sus características, constituye de por sí un verdadero bloque económico, así como China.

Japón tiene su área de influencia natural, el Sudeste asiático, y trata de ampliarla a Australia y Nueva Zelandia, así como a Chile (quien participa ya, como observador, de las reuniones del Cinturón del Pacífico); no será sorpresa que lleve su interés también al Perú. Finalmente, Estados Unidos —que contra-balanza la relación Europa-URSS con una preferencia similar por Japón— cuenta ya con la inclusión de Canadá y México en su área de influencia directa (donde se incluye, además, tradicionalmente, Centroamérica) y ya anunció la intención de extenderla a Sudamérica, a través de la llamada “ Iniciativa de las Américas”.

Ese reordenamiento del sistema mundial, expresión a nivel económico y político del impulso que gana la centralización del capital, no implica, como hemos indicado, la constitución de campos cerrados, sino la reunión de condiciones adecuadas para hacer frente a la lucha por mercados, tal como se plantea hoy en la nueva economía internacional. Para crear ese espacio más amplio, juega el otro movimiento señalado, relativo a la superestructura jurídica del mercado mundial. Cabe aquí destacar que, a partir de 1980, Estados Unidos ha sabido asumir la iniciativa en diversos frentes, en especial mediante la institucionalización de lo que, desde su inicio, se venía constituyendo en práctica del gobierno de Reagan: utilizar a la deuda externa de los países dependientes para forzarlos a contribuir más activamente a la superación de la crisis en los países industriales y, paralelamente, readecuar sus economías a los intereses de éstos. Mediante el FMI bill, de 1983, así como, los informes del Departamento del Tesoro, de 1982 y 1984, la política norteamericana definió, expresamente, su apoyo en el corto plazo a programas de estabilización, tendientes a controlar a la demanda agregada y generar excedentes exportables, destinados a habilitar a los países endeudados a servir sus compromisos financieros externos; y, en el medio y largo plazo, a programas basados en privilegiar al sector privado y a la inversión extranjera, en el marco de las llamadas “fuerzas de mercado” (CLEPI, 1988). A excepción de Chile, que adoptó ese patrón de desarrollo desde mediados de los setenta, la iniciativa norteamericana constituye uno de los factores principales para que las políticas neoliberales se hayan generalizado ahora a toda América Latina.

Al lado de avances logrados en las difíciles relaciones con sus aliados preferenciales —como el acuerdo del Grupo de los Cinco, en el Hotel Plaza, Nueva York, en 1986, para la coordinación de sus políticos macro-económicas, con el fin de moderar la devaluación inflacionaria del dólar y reducir las tasas de interés—, Estados Unidos se jugó para llevar al GATT a iniciar, en septiembre de 1986, la Rueda Uruguay, orientada a revisar las normas que rigen el flujo internacional de bienes y servicios (estos últimos, como vimos, son el punto más delicado), readecuándolas a los intereses de los grandes centros económicos. Quedaban fuera las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y a las inversiones extranjeras, para lo que Estados Unidos echó mano de su fuerza política. En relación a las inversiones, hemos visto ya que las ventajas concedidas a ellas por los países dependientes son condición necesaria para contar con el apoyo norteamericano en las negociaciones relativas a su deuda externa. La cuestión de la propiedad intelectual, a su vez, además de discutirse en la instancia adecuada —el Instituto Mundial de la Propiedad Intelectual—, se convirtió en objeto de presión gubernamental, ejercida bilateralmente, y gira en torno a tres exigencias: creación de nuevas formas de protección para circuitos integrados; aplicación de institutos legales ya existentes a nuevos procesos industriales (como el derecho autoral en materia de software) y la extensión de la protección dada a un proceso en relación con sus productos (lo que implica patentar plantas y animales derivados de nuevos procesos industriales). Estados Unidos obtuvo ya buenos resultados en ese campo, particularmente en lo que se refiere a la protección de softwares, como lo muestran los cambios introducidos en la legislación japonesa, en 1984; coreana, en 1987, y brasileña, en 1988 (Porto, 1989).

Factor decisivo para lograr la transformación del aparato jurídico-institucional que rige a las relaciones económicas internacionales y para promover la readecuación de la economía mundial a los intereses de los grandes centros capitalistas, en el momento en que éstos ponen en marcha las nuevas tecnologías y alcanzan un alto grado de competitividad, ha sido la ofensiva ideológica lanzada por Estados Unidos en los 70, con base en el neoliberalismo. Apuntando a la recuperación de una plena libertad para la circulación de mercancías y capitales, la ideología neoliberal —como lo había hecho el liberalismo, particularmente en el momento de hegemonía incontrastable de Inglaterra, entre 1860-80— ha vuelto a plantear como cuestiones centrales el colapso de las barreras proteccionistas que protegieron, en la posguerra, a la industrialización de la periferia, y el achicamiento del Estado, que implica —a través de la privatización de las empresas públicas— abrir las áreas más rentables de las economías dependientes al capital extranjero y, en general, reducir la capacidad de esas economías a las presiones externas, capacidad que sólo el Estado —en tanto fuerza concentrada— asegura. El resultado de la aplicación de las políticas neoliberales tiende a ser la destrucción de sectores económicos enteros, en provecho de una creciente especialización productiva.

 

III

Es en ese marco que América Latina ha debido repensar las perspectivas que le ofrece el mundo de mañana. La inviabilidad de los proyectos de afirmación nacional y de integración regional, a que hicimos referencia, condujo, hacia mediados de los 80, al replanteamiento por parte de algunos países de su política de alianzas, con vistas a constituir un campo de fuerzas que, aunque más restringido, proporcionara a sus integrantes mejores condiciones para negociar con los grandes bloques su integración a la nueva economía mundial. Así fue como nació el acuerdo de integración entre Brasil y Argentina, al que luego se sumaría el Uruguay y al que se busca hoy incorporar a Chile, con el fin de constituir un núcleo económico capaz de poner sobre bases más realistas la cuestión de la integración regional. La generalización de regímenes políticos que consagran a la democracia parlamentaria favorece ese propósito, en la medida en que atenúa los problemas que creaban a las relaciones latinoamericanas las dictaduras militares, aunque la reconversión económica de los países involucrados sea la principal cuestión a resolver, para llevarlo a buen término.

La reconversión económica latinoamericana, con vistas a una mayor especialización y eficiencia, es una exigencia que no puede ser cuestionada y es indudable que ella pasa por el fin del proteccionismo, en la forma en que se venía practicando, y por la redefinición del papel del Estado en el desarrollo económico y social. De hecho, la reconversión sólo en parte es resultado de las presiones del exterior en ese sentido —presiones que juegan para acelerarla y definir su forma—, ya que el mismo callejón sin salida a que llegó Latinoamérica en la década de los 80 la hizo impostergable. Urgida a buscar saldos comerciales capaces de garantizar las transferencias al exterior (las cuales no representan, como inadvertidamente se dice, exportaciones de capital, una vez que, no proporcionando a la región cualquier tipo de retorno, configuran pérdidas netas), América Latina ha contribuido para inflar a la oferta mundial de productos primarios, con la consecuente caída de los precios, al tiempo que, comprimiendo al consumo interno, creaba saldos exportables de bienes no tradicionales de manera totalmente artificiosa, muchas veces incluso a costa de subsidios. Con ello, a la par de la sangría representada por el servicio de la deuda, los países de la región han debido transferir aún más riqueza, vía precios, lo que, deprimiendo el nivel de vida de su población y restando recursos al ahorro y a la inversión, los hundió en el estancamiento, la inflación y la miseria.

Salir de ese círculo vicioso se ha vuelto, pues, un imperativo. Es absurdo que, por la fuerza de las barreras proteccionistas, los consumidores latinoamericanos sigan enfrentados a precios internos más altos que los precios internacionales, para asegurar a los capitalistas que operan en el país tasas elevadas de ganancia. Es absurdo que el Estado disponga de los escasos recursos que arranca a la población para rebajar los precios de los bienes de exportación, subsidiando a los consumidores de los países ricos, al tiempo que reduce aún más sus recursos al llevar a sus empresas a practicar precios artificialmente bajos, ya para garantizar tasas elevadas de ganancia que exigen los capitalistas internos, ya para mantener bajos a los precios de exportación. Es absurdo, en fin, que, so pretexto de mantener la competitividad externa y crear saldos exportables, los salarios de los trabajadores sean constantemente rebajados, mientras, ante la renuencia del Estado a poner en práctica políticas sociales consistentes, éstos ven aumentar sus necesidades insatisfechas.

Lo que hay que cuestionar no es, pues, la reconversión de la economía latinoamericana, sino los intereses que la alientan y el camino que ella empieza a recorrer. Respecto a los primeros, y sin hablar de los que orientan la acción de los grandes centros capitalistas, es posible distinguir tres núcleos o fracciones, todos referidos a la gran burguesía, cuyo desarrollo, y aún su existencia misma, se da de modo desigual en los distintos países de la región, según el grado de industrialización que presenta cada uno. Viene, primero, el núcleo que corresponde a las industrias basadas en las nuevas tecnologías —en especial, la microelectrónica, la informática, la química fina y la industria farmacéutica, la industria de telecomunicaciones, la industria aeronáutica y la aeroespacial— cuyo porvenir está vinculado a las transformaciones por las que pasa la economía mundial y que tiene interés no sólo en la apertura de la región al exterior, sino también en su reconversión interna. Los grupos que componen a esa fracción, sean nacionales o extranjeros, buscan establecer condiciones, favorables para la negociación con los gigantes internacionales que detentan el monopolio tecnológico en sus ramas, condiciones que pasan por la supresión del proteccionismo arancelarario, la readecuación jurídico-institucional de sus países —a modo de hacer posible la vinculación tecnológica y financiera con el exterior— y la modernización de las industrias mencionadas de difusión tecnológica rápida (automotriz, autopartes, mecánica), que constituyen el mercado natural para su producción y sin la cual ellos no tendrían base interna.

La segunda fracción burguesa corresponde a los grupos exportadores, vinculados sobre todo a actividades mineras o agropecuarias, que dependen fundamentalmente del mercado externo. A diferencia del núcleo antes mencionado, ésta no tiene mayor interés en la reconversión propiamente dicha, sino tan sólo en la apertura indiscriminada al exterior, así como en las políticas de fomento a las exportaciones. En los países donde esa fracción predomina, existe el riesgo de que la reconversión signifique de hecho un simple regreso de América Latina a la forma económica y al papel internacional que eran los suyos en el siglo XIX, radicando la diferencia en el carácter más francamente capitalista que los grupos que la constituyen poseen hoy, en cuanto a las formas de explotación del trabajo y de gestión empresarial, así como a la importancia que conceden a la productividad.

Finalmente, la tercera fracción —la más numerosa y más fuerte— está constituida por los grupos empresariales creados a lo largo del proceso de industrialización hasta los 70, yendo desde las industrias textil y de alimentos hasta las industrias eléctrica, mecánica y automotriz. Beneficiarios mayores de las políticas de sustitución de importaciones —y, en general, del esquema de transferencias de valor realizadas a costa de otros grupos, del Estado y de las masas trabajadoras—, ellos representan la fuerza principal de resistencia a la reconversión y, en especial, a la apertura al exterior. Sus contradicciones, perfectamente definidas en relación a la fracción primario-exportadora, se manifiestan de manera ambigua en relación a la fracción más moderna, que se centra en las industrias de alta tecnología, ya que, si ésta los presiona en el sentido de la modernización, es solidaria con ellos en la búsqueda de fórmulas capaces de asegurar los intereses de la economía nacional en el proceso de apertura al exterior. El juego de esas contradicciones es particularmente fuerte en países de mayor desarrollo relativo, principalmente en Brasil, aunque puede percibirse también en Argentina o México. Sólo en Chile —donde la fracción moderna se desarrolla después de la apertura al exterior, llevada a cabo en los 70— los tres núcleos actúan con relativa armonía, aunque no tan perfecta que no proporcione base a agrupamientos políticos diferenciados.

El neoliberalismo ha sido el arma principal de los centros capitalistas y de la fracción moderna de las burguesías latinoamericanas en la lucha ideológica para imponer su hegemonía a nivel de las clases dominantes y para subordinar plenamente a las masas trabajadoras de la región. Los intentos de la fracción industrial tradicional por mantener su hegemonía se han expresado en formulaciones económicas confusas, que estuvieron por detrás de las políticas o choques heterodoxos, mezcla de postulaciones e instrumentos desarrollistas y liberales, que se han planteado en la segunda mitad de los 80. El fin de la década ha marcado también el fin de la heterodoxia, dando lugar a la prevalencia de políticas liberales ortodoxas, forma y expresión del avance logrado en la lucha interburguesa por la fracción moderna, aliada a la burguesía internacional, o simplemente a la inequívoca imposición de los intereses de esta última.

 

IV

Los conflictos interburgueses se han librado en el contexto de los procesos de democratización llevados a cabo en los 80, los cuales han significado el derrocamiento de regímenes militares, en la mayoría de los países, o la flexibilización política allí donde esos regímenes no existían. La característica central de esos procesos ha sido la afirmación en ellos de la dirección burguesa, bajo el liderazgo de la fracción tradicional, sobre un movimiento de masas renovado, que se creara en la resistencia antidictatorial. Recurriendo a antiguos instrumentos, como el peronismo en Argentina, el cardenismo en México, el varguismo en Brasil, o la misma democracia cristiana en Chile, los sectores de la fracción burguesa tradicional más vinculados al mercado interno y con mayor peso de la mediana y pequeña industria han logrado conformar movimientos políticos significativos. Sólo en Brasil, empero, las batallas decisivas se han dado entre fuerzas políticas radicalmente nuevas, oponiendo, de un lado, el único gran partido de masas surgido en el período en América Latina: el Partido de los Trabajadores y, del otro, una nueva generación de políticos y tecnócratas claramente vinculados a la fracción moderna de la burguesía; esta última resultó victoriosa, gracias a la alianza contraída con los grupos exportadores y a la parálisis que acometió a la fracción tradicional burguesa, ante la posibilidad del triunfo del PT. En todos los países, ese proceso ha culminado con la adopción de políticas económicas similares, que consagran los postulados neoliberales y dan inicio a un esfuerzo deliberado de reconversión (en el caso chileno, de continuidad de la reconversión), en los términos fijados por los grandes centros capitalistas.

Hemos indicado ya que la reconversión en sí no es cuestionable, pero que sí lo es la forma que adopta. En efecto, al proceder a la apertura al exterior y plantearse la privatización pura y simple de las empresas públicas —ejes centrales de esas políticas, que coinciden en otras cuestiones aún más importantes, como la rebaja de los salarios, la reducción de los gastos sociales, la disminución y racionalización del aparato estatal y el impulso a la modernización tecnológica—, se está poniendo en marcha a un proceso de grandes implicaciones para las sociedades latinoamericanas.

Para visualizarlas, basta considerar lo que está pasando en los países industriales. Constatamos allí tres movimientos simultáneos de transformación social. En primer lugar, respecto a la clase obrera, el crecimiento de una categoría de trabajadores altamente calificados, con un nivel superior de cultura y formación tecnológica y con patrones salariales más altos, que la acerca a la clase media, por sus condiciones de vida y de trabajo, al lado de la reducción —en términos relativos, mas también absolutos— de la clase obrera tradicional, es decir, de los trabajadores que tienen un grado mayor o menor de intervención directa, manual, en el proceso productivo. Paralelamente, ampliase la masa de trabajadores que, desplazados o sin acceso a la producción industrial, repliéganse en actividades artesanales o en la prestación de servicios personales, en la llamada economía informal, o pasan a vivir de pequeños expedientes que la seguridad social hace posibles. Fenómeno similar pasa con la pequeña burguesía, cuyos integrantes —tras ver achicarse el espacio para el desempeño de actividades autónomas y enrolarse en escala creciente como asalariados— sufren ahora un proceso de calificación-descalificación y comienzan, ellos también, a engrosar las filas de la economía informal. Esto discurre paralelamente a la centralización del capital, que conforma grandes grupos económicos, pero tiene como contrapartida a la multiplicación de pequeñas empresas industriales o prestadoras de servicios, que, ponla elevación del capital mínimo exigido en las ramas en que operan, actúan en la órbita de la economía informal, donde van a encontrar a los trabajadores expulsados del proceso de producción y engendrar una contrafacción del mercado de trabajo capitalista.

Esos tres movimientos, inherentes a la propia marcha del desarrollo capitalista, acentúanse en los países centrales, a medida que ellos avanzan en la modernización económica y tecnológica en curso, provocando un sinnúmero de desajustes y desequilibrios sociales. En los países de América Latina, tales tendencias se han hecho presentes, desde que se aceleró, en los 40, el proceso de industrialización. Los aumentos de productividad, combinados con la superexplotación del trabajo y tasas apenas razonables de inversión, provocaron un grave descompás entre el crecimiento de la población y el del mercado de trabajo, dando lugar a la formación de un inmenso proletariado pobre en las ciudades y a excedentes de mano de obra en el campo. En ese contexto, todo aumento de productividad implicó agravamiento del desempleo abierto o disfrazado, como se observó en los surtos de modernización tecnológica, particularmente en los años 50. La pequeña burguesía, de su parte, fue objeto de rápida proletarización —es decir, privación de sus medios de trabajo—, entrando a conformar una clase media asalariada en expansión, la cual, en sus sectores de punta —los bancos, los servicios públicos, la educación—, asumió progresivamente las formas de organización y lucha de la clase obrera, evolucionando hacia un verdadero proletariado de servicios.

En el curso de los 80 —caracterizados por la pérdida de capacidad de ahorro e inversión en los países latinoamericanos, en virtud sobre todo de las transferencias de valor al exterior— la caída de la productividad y de la inversión, compensada por el aumento de la superexplotación, aceleró el crecimiento del desempleo, al tiempo que la economía informal, asumiendo formas ya no simplemente extralegales, sino francamente ilegales —como el narcotráfico—, comenzó a escindir el sistema económico y político, fenómeno que, en países como Colombia, asumió forma dramática. Simultáneamente, desde mediados de los 70, capas enteras de la clase media asalariada entraron en un proceso de pauperización, liberando efectivos que intensificaron la competencia por empleo con la clase obrera o que derivaron hacia la marginalidad. La penuria del Estado acarreó, a su vez, la decadencia del sistema educacional y de salud, deterioró aún más la seguridad social y llevó hasta la crisis la cuestión habitacional.

Es en ese contexto que se está planteando, hoy, la reconversión. La destrucción de capital que ella implica, particularmente en los sectores más rezagados, y el desempleo resultante podrán asumir grandes proporciones, como pasó en Chile, particularmente si se mantienen las elevadas transferencias de valor al exterior, una vez que ello deprime la capacidad interna de inversión y dado que, sobre todo en una primera fase, las inversiones extranjeras tenderán más a absorber y a modernizar que a expandir el aparato productivo. Las dificultades que ello puede acarrear para la población serán aún mayores, si se mantiene la actual concepción de lo que debe ser el achicamiento del Estado, la cual, además de extender el desempleo por las dispensas masivas de trabajadores y funcionarios del Estado, implica la contención de las políticas sociales.

 

V

El proceso de reconversión, tal como se ha venido desarrollando en el período reciente, ha dado lugar a tres formas de resistencia: la que le opone la fracción industrial tradicional —o, más precisamente, los grupos que la integran, los cuales, incapaces de construir una opción coherente, se limitan a crear obstáculos, siempre que sus intereses se ven afectados, imponiendo un ritmo más lento a la apertura al exterior—; la de los trabajadores de las empresas estatales y funcionarios públicos, que defienden sus fuentes de empleo, pero dudan cada vez más de la conveniencia de sostener una ideología estatista; y la de los asalariados en general, que luchan contra la depreciación de sus salarios, en movilizaciones de carácter marcadamente reivindicativo. Con ello, además de su dispersión, la oposición —o las oposiciones— al proyecto de reconversión carece de una verdadera alternativa política e ideológica. Un ejemplo ilustra bien esa situación: cuando, en Brasil, el recién formado gobierno Collor anunció su plan de estabilización —pieza indispensable en el engranaje de la reconversión, sustentado por la fracción industrial moderna y las burguesías de los países centrales—, los economistas (y los economistas se han vuelto en Brasil los agentes ideológicos por excelencia) no vinculados al gobierno manifestaron reacciones curiosas: mientras los que responden a la burguesía tradicional criticaron el plan en función de supuestos errores técnicos, los que responden a las fuerzas populares, como el brizolismo y el PT, lo aplaudieron con entusiasmo. Políticos como Brizola y Lula han debido, pues, tirarse contra el plan sin cualquier fundamentación teórica o ideológica, movidos tan sólo por su instinto político. La situación de la izquierda argentina y peruana no difiere mucho de eso y aun la chilena no cuenta con un planteamiento capaz de modificar a fondo la actuación del Estado, en las nuevas condiciones creadas en 1989.

Ese desarme ideológico, tanto de la burguesía tradicional como de las fuerzas populares, es el resultado de la ofensiva neoliberal, que se desató en los 70, tomando inicialmente como blanco a la teoría de la dependencia, y que sofocó ab ovo los intentos de la burguesía tradicional para reemplazarla por un neodesarrollismo teñido, en lo político, de tintes socialdemócratas. La misma socialdemocracia internacional, desde el Informe Brandt hasta el reciente trabajo de la Comisión Sur, no ha podido ir más allá de contribuciones parciales, que, desprendidas de su contexto, son asimiladas y refuncionalizadas por los proyectos neoliberales. Son éstos los que están presidiendo, en toda América Latina, al proceso de reconversión, bajo el liderazgo de la fracción industrial moderna y —o, en su ausencia— de las burguesías de los países centrales.

Se hace, pues, necesario repensar la problemática actual latinoamericana, distinguiendo lo que en ella corresponde a imperativos ineludibles y lo que corresponde a la óptica de clase desde la cual esos imperativos están siendo visualizados. De partida, la búsqueda de la integración a la nueva economía mundial —que impone, simultáneamente, una mayor especialización en el plano nacional y la constitución de complejos supranacionales, capaces de asegurar una mayor racionalidad en el uso de los recursos, así como la ampliación de la escala de mercado— no puede ser cuestionada. La integración latinoamericana —que no puede quedarse restringida a Brasil y Argentina, sino que ha de partir de allí para viabilizar una más amplia, en el medio plazo y de manera progresiva— hace aún más necesaria la especialización, una vez que sólo se puede integrar a economías complementarias. Ello supone la destrucción de los sectores no —o menos— competitivos de unos países en beneficio de sectores más competitivos de otros, pero, sobre todo, el desarrollo conjunto de nuevos sectores, principalmente de los que se basan en las nuevas tecnologías.

A nivel de la integración, empero, hay una cuestión aún más relevante: la de retirarle el carácter de iniciativa exclusiva de los gobiernos y las burguesías, mediante el desarrollo de la iniciativa y el control de las fuerzas populares, a ser logrados a través de la coordinación de esfuerzos en el área sindical, social y cultural, así como parlamentaria y partidaria. La integración debe dejar de ser un simple negocio, destinado únicamente a asegurar áreas de inversión y mercados, así como elevadas tasas de ganancia, para convertirse en un gran proyecto político y cultural, en la mejor tradición de la izquierda latinoamericana. Ello implica que los obreros, estudiantes, mujeres, intelectuales, partidos de los países latinoamericanos, comenzando por los que ya iniciaron el proceso de integración, avancen en la creación de instrumentos hábiles para uniformar sus demandas y coordinar sus luchas en el plano reivindicativo y de la legislación laboral, de la política educacional y de los planteamientos programáticos, al tiempo que se empeñen en la inclusión de representantes suyos en los órganos existentes o por crearse para implementar las políticas de integración.

La especialización productiva no es, como hemos visto, cuestión que interese sólo a la integración. Ella es necesaria para racionalizar o suprimir a los sectores de baja productividad, que sobreviven a costa del proteccionismo y del erario público, introduciendo distorsiones en la estructura de precios —de lo que se valen los demás para practicar precios extorsivos, que conducen a marginalizar del consumo a amplias capas de la población. Ello, que implica expulsión de la mano de obra empleada en esos sectores, debe compensarse con políticas públicas de financiamiento e incentivo, así como de creación de infraestructura material y tecnológica, para la expansión de un parque productivo renovado, capaz de producir competitivamente, reduciendo sus costos y, al mismo tiempo, elevando los salarios.

Para alcanzar ese objetivo, la propuesta de reforma del Estado que se encuentra en curso en América Latina tiene que ser revisada. No se trata de defender la presencia indiscriminada del Estado en la economía ni el proteccionismo a ultranza, que no han servido, en la mayoría de los casos, sino para transferir valor a los grupos empresariales privados. Se trata, primero, de postular que el Estado asuma el papel rector en esa nueva etapa de desarrollo de la región, como lo hizo en el pasado, para orientar el proceso y cohibir la codicia de los grupos transnacionales. Se trata, sobre todo, de asegurar que las llamadas políticas de austeridad signifiquen de hecho el fin de las transferencias al sector privado y, simultáneamente, el redireccionamiento del gasto estatal para las políticas sociales, relativas a la educación, la salud, el saneamiento básico, el transporte de masas y la habitación popular. Si alguna prioridad cabe allí, además de la salud, tendrá que ser atribuida a la educación, condición sine qua non para que la población latinoamericana sea capaz de ajustarse a las exigencias que los cambios científico-técnicos acarrean para la producción y los servicios, además de ser instrumento indispensable a la elevación política y cultural de los trabajadores.

Asegurar ese contenido a la reconversión es tarea que depende también de la organización y lucha de los trabajadores, en pos de un proyecto definido de economía y sociedad. Es ilusión o pedantería suponer que ese proyecto tiene que elaborarse antes, para implementarse después. Sin quitar a los intelectuales sus responsabilidades, y antes considerando indispensable que ellos las asuman en provecho de las amplias mayorías, la formulación definitiva de ese proyecto sólo será alcanzada cuando él esté realizándose. Es la práctica de las masas, obtenida mediante su participación directa en las luchas sociales y en los órganos e instituciones ligados a esas cuestiones, lo que permitirá al pueblo imprimir su sello a la reconversión. La democracia se convierte, así, en palanca principal en manos de los trabajadores latinoamericanos, ya que es en ese marco donde podrán elevar sus niveles de organización y lucha.

América Latina se encuentra en la encrucijada. Su suerte se está jugando, en este fin de siglo, y el resultado es aún incierto. Los momentos difíciles que estamos viviendo son los que se presentan en todo gran viraje histórico. Entender que las victorias hasta aquí logradas por las burguesías internacional y criolla no son sino esto: victorias parciales, y no el veredíctum de la historia, es el camino cierto para reemplazarlas, mañana, por victorias de los pueblos, peldaños para la edificación de una sociedad mejor, distinta del fruto podrido, hecho de dependencia y miseria, que las burguesías nos ofrecen.

 

 

Bibliografía

Arruda, M., “Brasil: é essencial reverter o atraso”, in Panorama da Tecnologia (Río de Janeiro), 3-8, 1989.

Banco Mundial, Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1988, FGV, Río de Janeiro, 1988.

Caputo, O., El comportamiento de la inversión en los principales países capitalistas desarrollados, 1989, mimeo.

Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional, CLEPI: Informe sobre la economía mundial, 1988-1989, Nueva Sociedad, Santiago de Chile, 1988.

Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Informe económico de América Latina, 1988, Santiago de Chile, 1989a,  Balance preliminar de la economía de América Latina y del Caribe, Santiago de Chile, 1989b.

Drucker, P. F., “A economia mundial transformada”, in Economic Impact, USIS, Brasília, 1987/2.

Muller, G., Introdução ã economia mundial contemporanea, EDUC, Sao Paulo, 1987

Porto, A., “Il Revolução Industrial chega ao fim nos EUA”, in Panorama da Tecnologia, op. cit.