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Acerca del Estado en América Latina

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini, con la anotación "Intervenção no Congresso de ALAS, Havana, 1991. Versão definitiva, publicada en Memoria del Congreso, N. Sociedad". También, aparece en el archivo como: “Tres observaciones sobre el Estado en América Latina”.

Índice

Poder popular y movimientos sociales

Autonomía y dependencia

El futuro de América Latina

 

En relación al tema que nos ocupa: la emergencia de un nuevo orden estatal en Latinoamérica, me referiré a tres cuestiones principales. La primera tiene que ver con los modos de participación de la sociedad en las estructuras y en el ejercicio del poder, es decir, con la democracia. La segunda, con la capacidad de esa sociedad para formular e implementar políticas atendiendo a sus propios intereses, lo que atañe a la autonomía y, por ende, la dependencia. La tercera cuestión, en fin, se plantea en la perspectiva del futuro de América Latina, en el contexto de las transformaciones por las que pasa el mundo en este fin de siglo.

 

Poder popular y movimientos sociales

Las luchas democráticas contemporáneas en América Latina han estado fuertemente influidas por los cambios que ella ha experimentado en su formación socioeconómica, en especial los que indujeron a la salarización y a la urbanización en gran escala, y por el marco internacional de la guerra fría, que determinó la agudización de las luchas de clases y la polarización de las fuerzas políticas. Manifestaciones importantes de esas luchas han sido el esfuerzo radical por afirmar y ampliar la participación de las masas en el contexto de regímenes burgueses democráticos, que cristalizó en el fenómeno del poder popular, y la resistencia popular a regímenes de corte tecnocrático y militar, que dio origen a los movimientos sociales.

Poco estudiado y casi falto de bibliografía, el fenómeno del poder popular es hoy prácticamente ignorado en nuestros estudios sociológicos y políticos. Surgiendo de forma espectacular en el curso del proceso chileno de la Unidad Popular, representó un intento de masas obreras y populares marginadas para organizarse y, simultáneamente, constituir un poder alternativo al del Estado burgués tradicional, cuya lógica sofocaba el ímpetu transformador de la coalición de izquierda que gobernaba entonces Chile. Su ámbito de actuación fue eminentemente local, pero su trayectoria implicó transitar de la defensa de intereses inmediatos al planteamiento de políticas nacionales. Por ello, sus expresiones fueron múltiples, comenzando por las juntas de abastecimiento y precios, pasando por los llamados "cordones industriales" y llegando a los comandos comunales urbanos y campesinos, que reunían obreros y/o campesinos, profesionales, estudiantes, mujeres.

Fenómeno similar, aunque más coyuntural y localizado, se registró en esos años en países como Argentina, Colombia y México. Sin embargo, sólo los regímenes de orientación socialista, vale decir los de Cuba y la Nicaragua sandinista, se preocuparon de rescatarlo e institucionalizarlo.

En los países donde la represión estatal forzó las masas al repliegue, ellas se refugiaron en sus últimas trincheras: la vivienda, la escuela, el local de trabajo, para desde allí desarrollar la lucha por sus derechos. El nuevo sindicalismo brasileño, peruano, mexicano tiene ese sello de origen, así como los movimientos barriales, ecologistas, generacionales, feministas. A medida que la burguesía se adhirió a las movilizaciones en pro de la democracia y bregó por tomar su conducción, ella estimuló esos movimientos a apurar sus especificidades y aún su corporativismo, como forma de alejar a las masas de la lucha política general. La manera como, en Brasil, ella alentó con una mano el desarrollo de esos movimientos, mientras con la otra llevaba al fracaso la campaña por el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas (el llamado movimientos por las "directas-ya"), ilustra elocuentemente la táctica empleada por la burguesía latinoamericana para asumir el liderazgo de los procesos de democratización.

De consuno con el imperialismo, la burguesía acabó por lograr su objetivo. La hegemonía de esa alianza se ha traducido en la implementación de un proyecto de corte democrático-liberal. Desde el punto de vista de la reconstrucción democrática, ese proyecto enfatiza el papel del parlamento, instancia en donde la burguesía puede con facilidad obtener mayoría, directamente o, lo que es más frecuente, a través de la élite política a su servicio. En relación al papel del Estado en la vida económica, el proyecto burgués-imperialista abraza al neoliberalismo, con el fin de adecuar la economía latinoamericana a los intereses de los grandes centros, privatizar el capital social que se encuentra en la esfera pública y limitar la capacidad de intervención en la economía de que dispone el ejecutivo, ya sea transfiriendo parte de sus atribuciones al parlamento, ya sea apropiándose la burguesía misma de la otra parte, en nombre de supuestos derechos de la iniciativa privada.

Ese proceso se encuentra todavía en curso y choca con muchas resistencias. En efecto, si es cierto que el modo como se ha desarrollado el movimiento popular se ha constituido en obstáculo a su plena afirmación política, le proporciona empero las premisas para una estrategia de lucha por el poder y para un proyecto nuevo de sociedad. Al lado de sus organizaciones tradicionales, como los sindicatos, el movimiento popular cuenta hoy con órganos de todo tipo, que ha debido crear para asegurar su derecho a la educación, al transporte, a la vivienda, al abastecimiento de alimentos, luz y agua, los cuales le confieren un tejido mucho más denso que en el pasado y una capacidad insospechada para comprender, manipular y controlar los complejos mecanismos de producción y circulación de bienes y servicios. Por ello, cuando la burguesía plantea un modelo de sociedad que transfiere esos mecanismos y su control al mercado y al parlamento, instancias donde ella reina soberana, el movimiento popular puede contraponerle su propio esquema de régimen social, basado en la organización de las masas en función de sus intereses inmediatos y en su participación directa en las instancias pertinentes de decisión.

La experiencia de los pueblos latinoamericanos les ha enseñado que la concentración de poderes en manos del Estado, cuando éste no es suyo, apenas lo refuerza en tanto que máquina de opresión de la burguesía. Debilitarlo hoy, restarle fuerza económica y política interesa, pues, al movimiento popular, siempre que ello implique transferencia de atribuciones y riqueza no a la burguesía, sino al pueblo. Así, el fin de la política proteccionista es visto con benevolencia. Respecto a las privatizaciones, el movimiento popular —sin perder de vista que la propiedad pública siempre es más permeable a sus demandas que la privada— se orienta hacia la propuesta de un área social regida por el principio de la autogestión y de la subordinación de los instrumentos estatales de regulación a las organizaciones populares.

En la lucha por su propuesta democrática, el movimiento popular ha avanzado considerablemente en su capacidad de concretar alianzas y aglutinar amplios sectores de la población. Desde fines de los 80, los procesos electorales, en México, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Venezuela, han mostrado un claro avance de las fuerzas progresistas. El que, en la mayoría de los casos, los gobiernos resultantes de esos comicios hayan asumido la defensa de intereses ajenos al pueblo es harina de otro costal. Ello ha implicado un divorcio creciente entre las élites políticas y las masas, llevando a que el proyecto democrático-liberal se vuelva cada vez más cuestionado.

La tarea central de la izquierda latinoamericana consiste en formular una alternativa viable a ese proyecto y hacerlo junto y con las masas. En ese contexto, habrá que rescatar las conquistas históricas que las masas han logrado ya, en el seno de la sociedad burguesa, y plasmar nuevos institutos jurídicos y normas de vida, que correspondan a una sociedad superior. La izquierda tendrá que alcanzar, sobre esa base, su unidad, descartando de antemano los planteamientos dogmáticos y sectarios que hacen de esa unidad un punto de partida, para, a la inversa, poner al pluralismo político e ideológico como criterio fundamental de una práctica social libre y solidaria.

 

Autonomía y dependencia

Respecto al segundo punto, la capacidad de los países latinoamericanos para autodeterminarse, conviene recordar que, en los 70s, la declinación del poderío norteamericano, vis-à-vis del bloque socialista y de los otros centros capitalistas, abrió camino a una mayor autonomía de los Estados latinoamericanos en el plano internacional. Al lado de proyectos de afirmación nacional como el del "Brasil potencia" o de la "Gran Venezuela", se desarrolla entonces un vigoroso latinoamericanismo, que se expresa en la formación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), en 1975, e iniciativas como las del Pacto de San José, mediante el cual México y Venezuela buscan paliar los efectos causados por la crisis petrolera a los países centroamericanos, o la del Grupo de Contadora, con el que esos dos países, junto a Colombia y Panamá, tratan de frenar al intervencionismo yanqui en la región.

En los 80, caracterizados por la contra-ofensiva norteamericana, bajo el gobierno de Ronald Reagan, y el derrumbe del socialismo europeo, esa situación se modificó drásticamente. Junto a ello, los coletazos de la crisis económica internacional agravaron los problemas latinoamericanos. Estados Unidos reemplazó, entonces, en tanto que instrumentos de intervención en los asuntos de América Latina, al Departamento de Estado y el Pentágono por sus Departamentos del Tesoro y de Comercio, actuando de consuno con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los acuerdos referentes al pago del servicio de la deuda externa y a préstamos y financiamientos, particularmente los que se han concluido con el FMI y el Banco Mundial, atan de las manos nuestros gobiernos, fijando al detalle, por largos períodos, la política presupuestaria, los planes de inversión, los montos de los gastos sociales, los niveles de la tasa de interés. Al firmarlos, los gobiernos latinoamericanos renuncian a cualquier pretensión de independencia en la formulación de sus políticas y pasan a disponer de un grado de autonomía prácticamente nulo.

Se nos está imponiendo, así, una política de reconversión económica funcional a los objetivos de los grandes centros capitalistas. En ese marco, se nos asigna la obligación de abastecer a éstos con materias primas y manufacturas de segunda o tercera clase, a costa del desmonte de nuestras estructuras productivas y de nuestros propios mercados, poco importando que ello implique volver la espalda a la atención de las necesidades más elementales de la población. Paralelamente, se nos fuerza a la práctica de una política de privatizaciones, que transfiere a precio vil para las manos de los grandes grupos, extranjeros en su aplastante mayoría, las empresas creadas con fondos públicos, fondos que han sido formados por nuestros pueblos con enorme sacrificio. Al Estado queda poco más que la función de reprimir a las masas para garantizar la consecución de esos propósitos.

La izquierda y las fuerzas progresistas de América Latina no disponemos de una estrategia adecuada para hacer frente a esa problemática ni estamos siendo capaces de vincular las luchas populares en pro de una verdadera democracia con el proyecto de una sociedad más justa e independiente. Hay un vacío teórico e ideológico, que se hace tanto más peligroso cuanto más decidida es la acción de los grandes centros internacionales y de nuestras burguesías para llevar adelante su política de reconversión.

Sin embargo, es indispensable preocuparse con los efectos económicos y sociales de esa política. La reconversión implica modernizar o sencillamente destruir sectores de productividad más baja, lo que impacta negativamente el empleo y contribuye por ello a degradar el salario. Cabe a las fuerzas populares actuar en pro de la puesta en marcha de mecanismos compensatorios de transición, mientras se concluye la construcción de un parque productivo renovado, capaz de competir internacionalmente, reduciendo los costos y al mismo tiempo elevando los niveles de empleo y salario.

La propuesta misma de reforma del Estado que se ha planteado en América Latina, debe ser revisada. No se trata ya de defender indiscriminadamente su presencia en la economía ni de batirse por un proteccionismo exacerbado —que sólo sirvieron, en la mayoría de los casos, para transferir valor a los grupos empresariales privados. Trátase, primero, de postular que el Estado asuma papel rector en esa nueva etapa del desarrollo económico, a fin de orientar el proceso y cohibir la cupidez de los grupos nacionales y transnacionales. Trátase, también, de garantizar que la privatización de las empresas estatales no signifique tan sólo el traspaso del patrimonio público a manos privadas, mediante transacciones de dudosa seriedad, sino que conduzca a una creciente participación popular en el plano de la producción y de la distribución.

Trátase, en fin, de que las llamadas políticas de austeridad representen realmente el término de las transferencias de recursos al sector empresarial privado e impliquen, simultáneamente, el redireccionamiento del gasto estatal hacia las políticas sociales. En ese contexto, la prioridad —además de la salud— es la educación, condición sine qua non para que la población latinoamericana sea capaz de ajustarse a las exigencias que los cambios técnico científicos acarrean a nivel de la producción y los servicios, además de ser palanca privilegiada para la elevación política y cultural de los trabajadores.

 

El futuro de América Latina

Llegamos así a nuestra tercera cuestión, que se refiere a la posibilidad de existencia de una América Latina integrada y solidaria ante los campos de fuerzas que configura el nuevo orden mundial. No nos preocupa tan sólo la emergencia de grandes bloques económicos en Europa, en América del Norte, en Asia. Nos preocupan sobre todo las tendencias a la transformación del orden estatal, que, presentes a nivel mundial, pueden balcanizar definitivamente a la región, si ella no las encauza hacia una integración superior.

Lo primero a considerar es que la integración económica de América Latina es prerrequisito indispensable a nuestra integración a la economía mundial. Sólo así evitaremos que, dispersos y aislados, seamos objeto de anexiones por separado. A ese nivel, y como una manera de concentrar nuestras fuerzas, habrá que recuperar muchas de las atribuciones estatales votadas a la extinción en los procesos nacionales de reforma del Estado, actualmente en curso.

Sin embargo, para que la integración económica resulte, hay que tener claridad respecto a los problemas que encierra. De partida, ella no debe ocultar su propósito de alcanzar una mayor especialización de las economías nacionales, puesto que sólo se puede integrar lo que es complementar. Esto supone la destrucción de los sectores menos o no competitivos de algunos países en beneficio de otros, además de involucrar significativo costo social. Pero el desarrollo conjunto, mediante mecanismos multinacionales, de nuevos sectores productivos y de servicios, principalmente los que se basan en las tecnologías de punta, representa una compensación más que suficiente, junto a las políticas a ser adoptadas para minimizar los costos sociales.

Hay un aspecto aún más relevante: retirar a la integración de la competencia exclusiva de los gobiernos y la burguesía, mediante el despliegue de una mayor iniciativa por parte de las fuerzas populares, lo que supone la coordinación de esfuerzos en el plano sindical, social y cultural, así como partidario y parlamentario. La integración debe dejar de ser un mero negocio, destinado tan sólo a garantizar áreas de inversión y mercados, para convertirse en un gran proyecto político y cultural, tal como la ha concebido la mejor tradición de la izquierda latinoamericana. Ello exige que obreros, estudiantes, intelectuales, mujeres, organizaciones sociales y políticas de los países de América Latina forjen los instrumentos hábiles para la unificación de sus demandas y para la coordinación de sus luchas en el plano reivindicativo y de la legislación laboral, de la política educacional y de las plataformas programáticas, y se batan por la inclusión de sus representantes en los órganos existentes o por ser creados en el marco del proceso de integración.

Cabe considerar, finalmente, que la integración política parece estar sometida a un doble proceso. Lo ilustra la emergencia de una Europa occidental políticamente unificada y, en contrapunto, el derrocamiento del poderoso y ultracentralista Estado soviético, que ha dado lugar a una multiplicidad de nuevas naciones, dentro y fuera de la actual Comunidad de Estados Independientes. Pero en la misma Europa occidental se observa que, de forma violenta, como en el País Vasco e Irlanda, o pacífica, como en Escocia y Lombardía, una serie de nacionalidades reivindican su autonomía.

A raíz del desarrollo del mercado común norteamericano, nadie puede asegurar que movimientos nacionales autonomistas no vengan a amenazar la integridad territorial de México, con sus contrastes entre norte y sur, peligro que se cierne igualmente sobre Canadá, de débil consolidación nacional, y aún sobre Estados Unidos, donde se acusa a cada día la heterogeneidad étnica. Consideraciones de ese orden son válidas para la comunidad en gestación en el Cono Sur, en especial Brasil, dilacerado por las diferencias que se profundizan entre las regiones sur y noreste y asombrado por los intereses internacionales que se proyectan sobre la Amazonia. Por razones socioeconómicas o étnicas, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos no parece constituir excepción, con destaque para Colombia, Perú y Guatemala.

Todo pasa como si estuviéramos asistiendo al comienzo del fin del Estado-nación, en tanto expresión necesaria y única de afirmación —y negación— de las nacionalidades que el desarrollo del capitalismo mundial puso de pie. En su lugar, sobre la base de una internacionalización económica y cultural creciente, derivada de los movimientos de capital y las nuevas tecnologías de transporte y comunicaciones, se esboza la tendencia a la constitución de entidades internacionales más grandes y, en contradicción aparente, de entidades nacionales menores y más estrechamente vinculadas a las raíces históricas, étnicas y culturales de cada pueblo. Integración internacional y derecho de las nacionalidades a la plena autonomía —tal parece ser el marco que empieza a forjarse el mundo de mañana.

En la mejor tradición de la izquierda latinoamericana, el sueño de Bolívar y del Che se encuentra hoy reactualizado por la vida misma. No nos cabe sino luchar por una América Latina integrada política y económicamente, mediante estructuras supranacionales capaces de asegurar a sus pueblos y etnias el derecho a desarrollarse sin cortapisas. Pero, tanto en el plano regional como mundial, la desigualdad de los sujetos que se confrontan y las relaciones de explotación que subyacen a todo el proceso representan un reto que demanda un esfuerzo formidable de invención, tanto más que el mismo socialismo ha sido puesto en cuestión. Y, sin embargo, parece ser altamente improbable que ese nuevo curso de la historia pueda seguir adelante sin la superación del capitalismo, régimen social que se funda en la desigualdad y la explotación. Habrá, así, que revisar nuestra concepción del socialismo y, desechando su identificación exclusiva con la revolución bolchevique y sus avatares, retomar la idea-clave de Marx, que ve al socialismo como una era histórica, fruto de un largo período de transformaciones y realización efectiva del protagonismo de las masas.

Importa poco que, al hacerlo, se nos tache de anticuados, modernos, posmodernos o simplemente que se nos pretenda negar calificación científica. La ciencia no es un conjunto de procedimientos destinados a embellecer o escamotear la realidad. A ella cabe lidiar con hechos, aunque ello implique perder la elegancia y ensuciarse las manos. La forma por la cual se están desarrollando la democracia, la reconversión económica y la integración en América Latina, y sus reflejos a nivel del orden político, están lejos de corresponder a nuestros deseos. Ello nos exige asumir nuestras responsabilidades para con los pueblos de la región y esforzarnos por señalarles un camino mejor.