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El camino legal y las capas medias

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile. Ediciones Era, Serie Popular, México, 1976. Publicado originalmente en la revista Chile Hoy n.7, Santiago de Chile, 28 de julio al 3 de agosto de 1972. Se publica en Internet gracias a Ediciones Era.

 

Una de las dificultades con que se enfrenta el actual proceso chileno parece residir precisamente en el carácter legal de que se ha revestido. Esto, que para muchos constituye la médula misma de la llamada "vía chilena", ha llevado incluso a que se empezara a hablar de la "trampa legal". Para captar correctamente el sentido de esa dificultad habría que considerar ciertos aspectos de orden político y social que la han motivado, para desde allí intentar proyectar sus perspectivas de desarrollo.

Un primer elemento a considerar es que el camino legal para los cambios, aunque aparezca como una exigencia de una sociedad altamente institucionalizada como la chilena, es también el resultado de una opción hecha conscientemente por la izquierda. La Unidad Popular ha reclamado constantemente para sí el mérito de haber sabido hacer esa opción, y éste le ha sido reconocido en los hechos por las demás fuerzas de izquierda, cuando, después del 4 de septiembre, éstas readecuaron sus planteamientos tácticos.

Desde este punto de vista, el camino legal nos aparece como una estrategia política. Pero toda estrategia es una adecuación de medios a un fin que se busca. El propósito del camino legal ha sido siempre definido como el remplazo del actual ordenamiento institucional y jurídico por otro, de carácter socialista. En otras palabras: el camino legal es el medio adoptado por la izquierda para suprimir la legalidad vigente y sustituirla por otra legalidad.

Difícil problema el que se plantea, y que se vuelve aún más complejo cuando lo enfocamos desde la óptica de lo social. Allí, el camino elegido por la izquierda revela su verdadera razón de ser: ampliar el campo de alianzas del proletariado, agrupando en torno a él a las capas medias, tanto burguesas como pequeñoburgesas.

¿Por qué esa alianza impone la opción por el camino legal? Precisamente porque esas clases y fracciones de clase basan su fuerza política en el actual sistema institucional, democrático y parlamentario. Por su peso numérico, así como por la influencia ideológica y política que ejercen sobre las otras clases, las capas medias son las principales beneficiarias de ese sistema y, por ende, las más interesadas en su supervivencia. Salvo en el caso de una crisis muy aguda, ellas sólo pueden adherirse a una política de cambios que respetara las bases de su poderío político.

Esto explica el prestigio, y se podría decir el fetiche, que rodea a las elecciones en Chile. Pero señala también el peligro que el camino legal involucra para la izquierda: mantenerse en el marco del sistema electoral vigente significa depender siempre del favor de las capas medias, las cuales deciden con su voto a dónde se va y a qué ritmo. Significa otorgarles un poder de arbitraje e incluso de decisión. Significa plegarse ante su hegemonía política.

Algo de esto se ha visto en las elecciones complementarias que se realizaron en el último periodo. Aún más, se ha asistido en la misma CUT a un proceso de parlamentarización, que proporcionó a los sectores medios allí organizados, así como a las capas más atrasadas del proletariado, la posibilidad de aumentar su peso específico en detrimento de la clase obrera más avanzada. Los beneficios que de allí sacó la Democracia Cristiana están a la vista de todos.

Planteada así, la cuestión parece ser insoluble: para ganarse la adhesión de las capas medias, la izquierda tiene que mantenerse en una vía que le entrega a éstas una posición hegemónica. Pero se trata de un falso dilema. Mantenerse en el cauce legal, respetando el régimen de elecciones democráticas, no significa necesariamente definirse por el actual sistema parlamentario. Muy por el contrario, el proceso de cambios por vía legal exige la modificación de ese sistema y su remplazo por otro que asegure la consecución de un doble objetivo: reducir el peso específico de las capas medias y aumentar la influencia de las amplias masas populares en la vida política.

Es en este sentido que el resurgimiento, tras un periodo de cierto ostracismo, de la consigna de la Asamblea del Pueblo, levantada por la Unidad Popular en su programa, adquiere toda su importancia. Esa consigna no apunta, como algunos parecen creer, a una solución exacerbada para los problemas surgidos en las últimas semanas en el plano político. Al contrario, señala precisamente la única medida capaz de garantizar un curso normal para el proceso iniciado el 4 de septiembre.