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Problemas de marzo

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile. Ediciones Era, Serie Popular, México, 1976. Publicado originalmente en la revista Chile Hoy n. 37, Santiago de Chile, 23de febrero al 1º de marzo de 1973. Se publica en Internet gracias a Ediciones Era.

 

Faltando pocos días para las elecciones parlamentarias, el cuadro político general se ha clarificado lo suficiente como para permitir que las atenciones se vayan centrando en lo que vendrá después.

Se afirmaba la semana pasada, en esta página, que con la sola excepción de las elecciones municipales de 1971, los resultados del 4 de marzo alcanzarán a los más altos que la izquierda haya obtenido en este país. ¿Profecía aventurada? El pulso del movimiento popular, expresado en la masividad y combatividad de los recientes actos electorales, así como en las movilizaciones promovidas por sectores de avanzada, nos dice que no. En el mismo sentido apuntan las encuestas de opinión realizadas por tirios y troyanos.

Por lo demás, ésta ha sido una constante del periodo iniciado en 1970. Aun sin enfatizar las cifras arrojadas por las municipales —que son demasiado evidentes, aunque impliquen un cierto grado de excepcionalidad—, las elecciones parlamentarias complementarias que se han llevado a cabo revelan, como lo demostró el último número de Chile Hoy, que la base electoral de la izquierda se ha mantenido y, cuando varió, lo hizo por lo general hacia arriba. Más significativas aún son las movilizaciones de masas, en aquellos momentos en que la ofensiva derechista pareció amenazar las posiciones conquistadas por la izquierda: recordemos tan sólo la multitudinaria manifestación del 4 de septiembre pasado, en Santiago, y la demostración de fuerza que realizó la clase obrera y el movimiento popular durante el paro de octubre.

Un primer problema que se deriva de la constatación de esa tendencia se refiere a la posibilidad de que el movimiento popular se constituya en mayoría por la vía electoral. Esto no sólo da base al gradualismo político que, con distintos matices, se advierte en ciertos sectores de la izquierda, sino que se expresa también en planteamientos radicales opuestos. Ejemplo de ello es la tesis de que hubiera sido conveniente haber llamado, en abril de 1971, a un plebiscito para disolver el Congreso.

La formación de una mayoría revolucionaria por la vía electoral no cuenta con ningún precedente histórico. Aun las revoluciones burguesas clásicas, como las de Inglaterra y Francia, sólo recurrieron a la legitimación electoral después de haber resuelto por otros medios el problema del poder. No obstante utilizar sus posiciones en el aparato del Estado para levantar desde allí la bandera de los intereses de la mayoría, la burguesía revolucionaria sólo procedió al recuento de esa posible mayoría una vez que, en posesión del aparato estatal, pudo fijar las normas que garantizaban que dicho recuento se hiciera en su favor (y no en favor de cualquier clase enemiga o aliada).

No podemos desarrollar aquí esa idea de que la expresión de una mayoría favorable a una clase sólo puede darse en el marco institucional creado por esa clase. Bástenos con señalar, respecto a la burguesía, que ella no podría haberlo logrado en el sistema previo al suyo, ya que en aquél la fuente de legitimidad del poder no era la voluntad popular expresada mediante elecciones. La obtención de una mayoría de corte proletario choca a su vez con el sistema electoral parlamentario, creado por la burguesía, y sólo puede darse mediante una vía institucional propia: la democracia popular desde la base. Es por esto que el desarrollo de una clase revolucionaria se da siempre en el límite del sistema político que se le ha impuesto y tiende necesariamente a romperlo.

Si esto desautoriza la expectativa de conformar por la vía electoral una mayoría revolucionaria, no respalda tampoco la tesis de la conveniencia de haber llamado a plebiscito en 1971. La mayoría electoral conquistada entonces por la izquierda se daba sobre la base del mismo electorado de 1970 y se debía, en una amplia medida, al desplazamiento de sectores pequeñoburgueses alineados anteriormente con el candidato democristiano. Esos sectores venían hacia la izquierda atraídos por el idilio alegre de la "vía chilena", y recibirlos con la convocatoria de arremeter contra el Congreso los habría llevado a retirar su apoyo al gobierno. Basta ver cómo, en poco tiempo y por razones de peso mucho menor, ese retiro se produjo. La única y remota posibilidad de realizar un plebiscito sin que esto se diera sería acompañarlo de garantías efectivas de que la disolución del Congreso no significaba un ataque al orden burgués: pero, en este caso, el plebiscito habría redundado en el reforzamiento de la pequeña burguesía y no en un avance del movimiento popular revolucionario.

El problema de una posible mayoría electoral no es, sin embargo, el único que nace de la constatación de que la base de apoyo de la izquierda tiende a crecer. Hay que considerar también que las implicaciones políticas que es posible sacar de allí pueden variar en un grado significativo.

No debe por tanto constituir motivo de preocupación el hecho de que las divergencias en el seno de la izquierda se hayan agudizado en las últimas semanas. La razón objetiva de esas divergencias reside en el carácter contradictorio de la situación misma que se prevé para el mes de marzo: el movimiento popular seguirá siendo fuerte y mantendrá su línea ascendente, pero no tendrá condiciones suficientes para dirimir, dentro del actual sistema, su lucha con las clases dominantes; tampoco podrá plantearse hacerlo fuera del sistema. La consecuencia es obvia: el movimiento popular deberá seguir su desarrollo dentro del sistema, pero chocando cada vez más con los límites que éste le impone y tendiendo permanentemente a rebasarlo.

En tanto que conducción política del movimiento popular, la izquierda está, pues, forzada a caminar sobre el filo de la navaja. Es natural que, dentro de ella, se abra la discusión sobre cuál es el grado de respeto a conceder a los límites impuestos por el sistema, así como qué tan fuertes pueden ser los embates del pueblo sobre ellos. La manera correcta en que se profundice hoy la discusión es la que asegurará mañana una política adecuada para hacer frente a la coyuntura posmarzo.

Esa discusión es aún más necesaria cuando se considera que la tendencia ya señalada de crecimiento del movimiento popular, repercute también en el campo adversario e introduce datos nuevos en el problema. Las contradicciones que han estallado recientemente en el seno de la oposición al gobierno sólo se explican en esta perspectiva.

El movimiento popular ha crecido rescatando sectores suyos que se encontraban bajo influencia burguesa. El grado en que ese rescate ha cristalizado es variable: puede haber conducido a la toma de conciencia revolucionaria por parte del sector de masas en cuestión, caso en el cual se refleja en el incremento del índice electoral de la izquierda; pero puede también encontrarse en aquel punto en el que, sin desgarrarse del bloque opositor, el sector de masas entra en contradicción con la orientación política que allí impera y con los dirigentes que la expresan. En este último caso, el índice electoral no sirve como instrumento de medición y serán otros los indicadores de la lucha de clases que permitirán captar el fenómeno.

Quienquiera que conozca lo que ha pasado en los frentes de masas con ocasión del paro de octubre sabe que amplios sectores populares, especialmente obreros, que adhieren a la Democracia Cristiana, entraron entonces en contradicción con ese partido. La lucha diaria de las masas en la batalla del abastecimiento ha acentuado esa contradicción, siendo muchos los trabajadores democristianos que están a favor de las JAP, de la canasta popular e incluso del racionamiento. En las movilizaciones de enero, motivadas por la resistencia opuesta por los cordones industriales al intento del gobierno de definir una cierta política para el área social, los obreros de las fábricas intervenidas o requisadas hicieron a un lado sus diferencias partidarias para plantear unidos la defensa de las mismas.

Estos hechos, que no necesariamente se expresan en las cifras electorales, pesan sin embargo en la manera como la oposición, particularmente la Democracia Cristiana, deberá enfrentarse a la coyuntura poselectoral. Menos afectado por ellos, dado el carácter de su base social, el Partido Nacional tiende a considerar los resultados electorales de la CODE como un aval a su política de combate a ultranza al gobierno. Los dirigentes democristianos no pueden hacer lo mismo, sin correr el riesgo de convertirse en generales sin soldados.

Esta situación interesa también a la izquierda, ya que, en la medida en que los dirigentes democristianos no se dejen arrastrar a aventuras como la de octubre, que aprovechan más a los nacionales que a ellos, tienen que enfilar hacia la perspectiva de un acuerdo con el gobierno. Es evidente que las distintas corrientes de la izquierda se preocupan de este problema, por las consecuencias que no podrá dejar de tener en el curso del proceso.

La coyuntura posmarzo podrá ser desperdiciada si se interpretan mal las razones de las vacilaciones de la Democracia Cristiana y si se intenta hacer con ella un acuerdo sobre bases falsas. Esas vacilaciones no se deben a que la Democracia Cristiana expresa los intereses de una burguesía nacional deseosa de cooperar con el proletariado en la lucha antimonopólica y antimperialista: se explican más bien por el hecho de que las bases populares de sustentación de la DC han sido profundamente conmovidas por la combatividad del movimiento popular y empiezan a acceder a un nivel de conciencia que limita el margen de maniobra de sus dirigentes partidarios.

La experiencia ha mostrado que aquellos sectores sociales que acceden a la conciencia revolucionaria se hacen más receptivos a la política proletaria y empiezan a romper sus cadenas precisamente cuando se hace más aguda la lucha de clases y se eleva más el nivel de combatividad de la clase obrera y sus aliados. Es la presencia de una vanguardia popular movilizada la que actúa como elemento disgregador en el seno del bloque enemigo y rescata sus bases de apoyo para las filas de la revolución. Cualquier intento, pues, de limitar la movilización popular en aras de un acuerdo superestructural, jugaría en el sentido de minar las bases mismas de ese acuerdo.

Por otra parte, es una ilusión pretender establecer acuerdos estables entre las clases en el momento mismo en que se han agudizado las contradicciones entre ellas. Cualquier acuerdo será siempre la presión transitoria de una correlación de fuerzas dada, que es de por sí inestable y cambiante. Modificada esa correlación, se alteran las bases del acuerdo y se hace necesario entrar a negociar otro.

La situación que el movimiento de masas deparará en marzo para dictar sus condiciones a la oposición burguesa será un momento pasajero de la lucha de clases y estará en función de su grado de movilización, organización y conciencia. Lo que importa, entonces, es crear los medios para que las nuevas situaciones que se produzcan sean siempre más favorables al movimiento popular, para lo cual éste tendrá que movilizarse y organizarse cada vez más.

Lo fundamental, después de marzo, no está en buscar acuerdos estables, que la vida misma se encargará de deshacer, sino en asegurar vías aún más anchas y expeditas para la movilización del pueblo, única garantía de que el proceso iniciado en 1970 seguirá su curso.