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El pueblo y la seguridad nacional

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, Ediciones Era, Serie Popular, México, 1976. Publicado originalmente en la revista Chile Hoy n. 60, Santiago de Chile, 3 al 9 de agosto de 1973. Se publica en Internet gracias a Ediciones Era.

 

En medio del agitado clima político que está viviendo el país, un nuevo motivo de preocupación ha surgido en los círculos de gobierno y de las fuerzas armadas: las renovadas amenazas de Bolivia en contra de Chile.

El problema no es nuevo. Tras el derrocamiento del gobierno de Juan José Torres, los responsables de la política exterior boliviana comenzaron a enfatizar sus diferencias con Chile, replanteando la cuestión de la salida al mar reivindicada por el país del altiplano. Detrás de esa fórmula se oculta el revanchismo alimentado en Bolivia por los grupos de extrema derecha y por el ala más reaccionaria de las fuerzas armadas.

Sin embargo, la situación ha experimentado, en las últimas semanas, una variación poco favorable. Hasta entonces, los pronunciamientos relativos al tema habían sido emitidos preferentemente por la cancillería boliviana, cuyo titular, Mario Gutiérrez, pertenece a la Falange, agrupación de corte fascista que presta apoyo civil al régimen militar.

Ahora es el propio coronel Hugo Bánzer, jefe de las fuerzas armadas y cabeza del régimen, quien agita personalmente la amenaza a Chile. Lo hace, además, ante otros gobiernos latinoamericanos, como se ha visto en la gira diplomática que acaba de realizar. La actitud ambigua con que algunos gobernantes escucharon el alegato boliviano no puede menos que poner en alerta a los responsables de la seguridad del país.

El recrudecimiento de la amenaza boliviana se verifica inmediatamente después de la visita que realizara a La Paz el canciller brasileño Mario Gibson Barbosa. En esa oportunidad, completando un movimiento envolvente que consolidó la influencia brasileña en Paraguay y Uruguay, y que se extenderá luego a Perú y Ecuador, el gobierno del general Emilio Garrastazú Medici alcanzó importantes resultados. El más significativo fue el de asegurar el control sobre las riquezas minerales del Mutún, provincia boliviana que limita con Brasil.

La ofensiva diplomática brasileña se explica, en amplia medida, por los cambios políticos acaecidos recientemente en Argentina. Tanto el acuerdo con Paraguay para la utilización de las aguas del Paraná como los que se concertaron con Bolivia respecto del gas y el hierro del Mutún, tienen el propósito explícito de poner a Argentina en total dependencia ante Brasil. El apoyo con armas y dinero a la dictadura implantada en Uruguay contribuye a reforzar el cerco brasileño en torno a Argentina. Bastaría ahora cerrar el cerco por el lado chileno, para establecer condiciones ideales de aislamiento y sometimiento de Argentina a Brasil.

Esto indica ya la importancia que reviste Chile en, la perspectiva de la política de poder puesta en práctica por los militares brasileños. Pero no es sólo en el contexto de su pugna con Argentina que Chile interesa a Brasil: presenta también un interés específico para la política de gendarme de los pueblos latinoamericanos que aquel país se atribuye.

Esto quedó claro desde 1966, cuando se conocieron los planteamientos geopolíticos de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, centro ideológico del régimen militar. En las orientaciones que han guiado desde entonces la diplomacia brasileña, se contemplaba, como situación de "amenaza externa", la eventual formación de gobiernos de izquierda en Uruguay y en Chile. En este caso, Brasil reforzaría el control sobre los puntos críticos de su esquema de seguridad, representados fundamentalmente por Bolivia, Uruguay y la Guyana.

Se entiende así que, desde hace tres años, se haya incrementado la presión del régimen brasileño sobre sus vecinos. Se recuerda todavía la denuncia que hizo el ex-embajador de Argentina en Brasil, Osiris Villegas, respecto al "operativo 30 horas", un plan elaborado por los militares brasileños para invadir y ocupar Uruguay, que comprendía incluso la construcción de una red de carreteras (que se encuentra, por lo demás, cumplido). En el mismo sentido, son muchas las evidencias de intervención brasileña en el movimiento conspirativo que acabó por derrocar al régimen de Torres en Bolivia y sustituirlo por el de Bánzer.

Conviene señalar que el plan brasileño para Bolivia (que no contaba entonces con la aprobación oficial de Estados Unidos, que lo consideraba muy arriesgado, pero sí de la CIA) contemplaba la posibilidad de una mayor capacidad de resistencia por parte del régimen izquierdista de Torres. Por ello, dicho plan privilegiaba la zona de Santa Cruz, la cual fue objeto de una profunda penetración brasileña aún durante el gobierno de Torres, y se disponía a enfrentarla a La Paz, desatando la guerra civil en el país. Para los militares brasileños, Bolivia podría jugar en su política de poder el papel que jugara España para la Alemania nazi.

De hecho, el régimen brasileño estaba aplicando una lección que le había sido enseñada por la propia CIA. En la preparación del cuartelazo de 1964, que derrocó a Joáo Goulart, los golpistas brasileños habían encarado también la hipótesis de que el gobierno constitucional se defendiera. Esa defensa tendría normalmente que ubicar su centro en la región sur, razón por la cual los golpistas civiles y militares se habían preparado para instalar su gobierno en el centro del país y, contando con apoyo externo, desatar la guerra civil. Esto es lo que explica la precipitación con que el gobierno norteamericano reconoció al régimen golpista cuando aún el presidente constitucional no había abdicado y se encontraba en territorio nacional.

Estas consideraciones eran necesarias para enmarcar correctamente el análisis de la actual amenaza boliviana. En ellas destaca, desde luego, un elemento: los manejos de la CIA, asimilados a perfección por la reacción latinoamericana, no se basan en la aplicación a ultranza de una sola línea de acción, sino que trabajan sobre dos o tres hipótesis.

En el caso chileno, según se ha observado en el curso de estos tres años, la hipótesis preferencial es la de la guerra civil, quedando la agresión externa como una segunda carta, susceptible de reforzar la salida de la guerra civil, o de combinarse con ésta para asegurar su éxito. El cuartel general instalado por la reacción chilena en La Paz, a través del ex-mayor Arturo Marshall, y las misteriosas andanzas de Roberto Thieme por el exterior, confirman esta aseveración, así como el proyecto de los sectores ultrarreaccionarios del Partido Nacional de crear en el país "zonas liberadas".

La segunda idea a retener es la de que en Chile, como ayer en Brasil, Uruguay y Bolivia, la reacción patronal no vacila en aliarse a los enemigos externos cuando se encuentran en juego sus intereses. El paro de transportes propiciado por León Villarín, los atentados a la red de comunicación y de energía que lo acompañan, la oposición demencial que los partidos opositores y su prensa realizan en estos momentos, todo ello coincide de manera sospechosa con los movimientos de los militares bolivianos en contra de Chile.

Es natural, por lo tanto, que el movimiento popular se preocupe también de lo que se perfila como una grave amenaza a la seguridad nacional. En efecto, las garantías que —según todo indica— ha dado el régimen militar brasileño a los revanchistas bolivianos, se combinan con el hecho de que es cada vez más evidente la coincidencia entre los actos de la reacción patronal chilena y los de quienes conspiran en el exterior. En el caso de una eventual victoria, la reacción chilena tendría que pagar el precio por la ayuda recibida, y ese precio —en las actuales circunstancias— incluiría necesariamente la salida al mar que reclama Bolivia.

Las declamaciones de tipo nacionalista que emiten sectores de la reacción chilena no deben mover a engaño.

El golpismo en Chile tiene ese precio, independientemente de las convicciones de quienes lo impulsan. La debilidad misma de un eventual gobierno golpista, separado de las amplias masas del pueblo y forzado a volcar contra ellas su potencial represivo, sería ya razón suficiente para que no se constituyera en el instrumento más adecuado para defender la seguridad nacional.

Pero hay otra razón. El revanchismo de la reacción boliviana ha sido ya excitado por el régimen militar brasileño, además de constituirse en una exigencia para asegurar la estabilidad interna del gobierno de Bánzer. Es poco probable, por lo tanto, que ese revanchismo vaya a disminuir; todo lo contrario, la existencia de un eventual gobierno golpista en Chile, cuya debilidad no podrá escapar a Bolivia, alentará las pretensiones del régimen de Bánzer. La importancia de Bolivia en el esquema geopolítico de Brasil no deja duda sobre quién recibiría el respaldo de este país, en una confrontación, armada o no, con Chile.

Todo ello demuestra que la profundización del proceso revolucionario chileno es una garantía esencial para la seguridad del país. Sólo un gobierno sólidamente sustentado en el pueblo podrá llevar a cabo el estrechamiento de lazos entre las masas populares y las fuerzas armadas. Como se ha visto en octubre, la marcha de la economía nacional depende en realidad de la movilización de la clase obrera y sus aliados. Es sobre la base de esa movilización y la colaboración fraterna entre el pueblo y los militares como se podrá generar una fuerza de tal magnitud que desaliente cualquier pretensión que alimenten los enemigos internos y externos de Chile.