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Cambio en Perú:

democratización y represión

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 21 de octubre de 1976.

 

La actual situación peruana presenta rasgos contradictorios. Por un lado, los partidos burgueses y personeros del propio gobierno anuncian un proceso de redemocratización. Por otro lado, desde el año pasado, el régimen inició una evolución que apunta a su identificación con las dictaduras militares que se han instalado en la mayoría de los países de Sudamérica.

El proceso empezó con la evicción de los puestos de mando militares de las cabezas visibles de la corriente más progresista. Ésta propugnaba por una política de mayor independencia ante Estados Unidos, así como un desarrollo económico basado en el mercado interno y subregional, apoyado en un capitalismo de Estado de corte corporativo.

Posteriormente, el régimen acentuó su carácter represivo. Los ataques a la prensa opositora fue el aspecto que destacaron las agencias internacionales de noticias. Sin embargo, la represión va mucho más allá. A raíz de los movimientos reivindicativos de masas, se han detenido, entre julio y septiembre, más de quinientas personas; entre ellas, 150 dirigentes obreros, que se suman a cuadros estudiantiles y campesinos.

En este momento, el gobierno anuncia un complot, en el que estaría implicada la Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP). El hecho es grave, en la medida en que, contra viento y marea, el Partido Comunista, que controla ese órgano sindical, ha apoyado al gobierno. El hecho de que se involucre a la CGTP en un presunto complot puede significar el inicio de la represión contra el PC y la izquierda en general.

En realidad, se hacía cada vez más difícil al régimen peruano mantener su apariencia progresista, en el concierto de dictaduras militares represivas que prevalecen en la región. La pretensión de marchar hacia un desarrollo autónomo, basado en el mercado interno, se ha visto dificultada por los efectos de la crisis internacional sobre el país. Ésta acabó por lanzarlo a la vorágine del endeudamiento externo que agobia actualmente a los países dependientes y semicoloniales.

En 1974, por primera vez desde que los militares asumieron el poder, el país registró un déficit de 426 millones de dólares en su balanza comercial, el cual subió a 1,113 millones al año siguiente. Se esbozó, entonces, la revisión de la política económica, pero ello quedó a medio camino, con una devaluación del sol muy por debajo del alza de los precios internos. Con ello, el sector exportador siguió transfiriendo parte importante de sus excedentes a la economía interna, se mantuvo la presión sobre las importaciones y creció el déficit fiscal.

La solución fue el recurso a los préstamos internacionales, que aportaron 1,391 millones de dólares para cubrir el déficit de la balanza de pagos. Pero el crecimiento de la deuda externa peruana pasó a constituirse en motivo de preocupación para la banca internacional, que empezó a exigir garantías de reembolso. Se agudizaron las presiones para contener el gasto público, restringir el consumo interno y favorecer a las exportaciones, única fuente efectiva de divisas para garantizar el pago de las amortizaciones e intereses.

Así fue como sobrevino, a mediados de este año, el cambio de la política económica, sobre la base de una devaluación del sol en un orden de 44%. En el discurso de Morales Bermúdez, el 28 de julio último, y pronunciamientos posteriores de las autoridades económicas, se registró el desplazamiento del énfasis hasta entonces existente en la alianza del sector estatal con el sector cooperativo de la economía, hacia la alianza o de aquél con el dicho sector reformado, es decir, con el capital privado.

El régimen militar peruano ha construido, en estos años, un sector estatal importante. El Estado controla el comercio exterior y las exportaciones, los contratos de explotación establecidos entre el Estado y las empresas multinacionales para la extracción de cobre y petróleo, además de contar con empresas mixtas, con participa del capital extranjero, en la industria y la pesca. Todo ello lo convierte en el interlocutor adecuado ante los centros financieros internacionales.

La burguesía peruana lo sabe y no pretende, por tanto, liquidar al capitalismo de Estado, sino más bien refuncionalizarlo de acuerdo a sus intereses. Por lo demás, necesita de un Estado fuerte, en este momento en que las masas trabajadoras presionadas por el cambio de la política económica, se movilizan en defensa de su nivel de vida.

El agudizamiento de la represión se inscribe en este marco. Y, hasta ahora, pretensiones democratizantes de la burguesía han sido prudentemente postergadas, en provecho de la depuración del gobierno y las fuerzas armadas, de la redefinición de la política económica y del esfuerzo por contener a los movimientos de resistencia en contra de ésta.