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La política laboral del régimen brasileño

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 4 de diciembre de 1976.

 

La industrialización sustitutiva de importaciones, que prevaleció en América Latina hasta la década pasada, se basó en un mercado interno reducido, que no llegaba al 20% de la población y que estaba constituido por capas de altos y medianos ingresos. Al saturarse, en términos relativos, la capacidad de esos sectores para absorber su producción de bienes de consumo corriente, los grandes empresarios no se plantearon ampliar el mercado a las masas trabajadoras, cuyo bajo nivel adquisitivo no prometía ganancias del monto a que se habían acostumbrado. Optaron más bien por una producción sofisticada, consistente en bienes durables de consumo (que resultan superfluos, en las condiciones en que viven nuestros pueblos) así como en máquinas e insumos para esa industria de lujo.

Con ello, se restringió aún más el mercado interno, lo que se trató de compensar mediante la corrida hacia la exportación de productos manufacturados. A los trabajadores, estigmatizados como malos clientes, se les asignó como función exclusiva la de producir, para el disfrute de las capas altas de la sociedad.

Es justo reconocer que, para optar por esa alternativa, los grandes industriales latinoamericanos fueron cálidamente alentados por el capital extranjero, a quien interesaba ampliar el mercado para sus productos y abrir nuevos campos de inversión. De la mano de las multinacionales, y a su manera dependiente y subdesarrollada, Latinoamérica ingresó así a la etapa de la sociedad de consumo. Un país como Brasil ha podido ubicarse en el noveno puesto de la producción mundial automotriz.

Un desarrollo económico de ese tipo, basado en la exclusión de las amplias masas, tenía que reflejarse en el plano político en un Estado excluyente, dictatorial. El golpe militar de 1964 en Brasil cumplió ese objetivo. Instalados en el poder, los militares disolvieron los partidos políticos; suprimieron el derecho de huelga y acallaron la prensa; tacharon de amenaza a la seguridad nacional toda oposición en contra suya; reprimieron brutalmente a obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes.

El régimen brasileño realizó una profunda reforma política e institucional, en beneficio del gran capital nacional y extranjero. Nada mejor para ilustrar esta afirmación que la consideración de un caso concreto. En 1943, se promulgó en Brasil el código laboral conocido como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). En su capítulo V, la CLT establecía que el trabajador con más de un año de servicio en una empresa sólo podría ser despedido sin justa causa mediante una indemnización igual al número de años trabajados multiplicado por la remuneración mensual más elevada que hubiera percibido. En el capítulo VII, el código laboral iba más lejos, al conceder la estabilidad en el empleo a todo trabajador con más de diez años de servicio en la empresa, el cual sólo podía ser despedido a través de un complicado trámite judicial.

El 13 de septiembre de 1966, el gobierno militar promulgó un decreto-ley que prácticamente suprimió esas conquistas, al instituir el llamado Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). Uno de los artífices de esa medida fue el entonces ministro de Planeamiento, Roberto de Oliveira Campos. Entrevistado recientemente por la revista Visão, éste puso al FGTS en primer lugar entre las realizaciones “positivas” de su gestión, explicando que, sin él, “difícilmente habríamos experimentado el auge industrial del periodo 1969-73, ya que el pasivo laboral impedía fusiones e incorporaciones (de empresas) y destruía la movilidad de la mano de obra”. El “pasivo laboral” se refiere al número de trabajadores que tenían asegurados sus empleos.

Campos tiene razón. En principio, los trabajadores pueden optar libremente entre el FGTS y la estabilidad; en la práctica, sólo los que optan por el primero obtienen trabajo. Formado con un depósito de 8% sobre las remuneraciones pagadas, por parte de los empresarios, el FGTS permite al patrón despedir al obrero con tan sólo un depósito adicional del 10% sobre el saldo acumulado en nombre de éste; el obrero, a su vez, puede retirar de dicho saldo la indemnización que le quepa en caso de despido.

El resultado de esta mecánica ha sido el de promover una intensa rotatividad de la mano de obra y facilitar la rebaja de los salarios. En efecto, las empresas suelen despedir al cabo de un año buena parte de su personal, para recontratarlo en seguida, a título de empleados nuevos sin derecho pues a los beneficios salariales convenidos para el personal antiguo. En la contabilidad del FGTS, los saques de fondos hechos por los trabajadores corresponden, en un 80%, a despidos sin justa causa. Por otra parte, una encuesta realizada en mil empresas por una dependencia del Ministerio del Trabajo, para los años 1973 a 1975, mostró que el número de readmisiones iguala prácticamente al de los despidos.

El gobierno ha anunciado, recientemente, que enviará el próximo año al Congreso un nuevo proyecto de código laboral, que deroga totalmente la antigua CLT, ya que de ello “depende la continuidad de la paz social en el país”. Los obreros brasileños, que ya saben lo que entienden los militares por “paz social” han comenzado a movilizarse en contra del proyecto. Entre las banderas que levantan está precisamente el restablecimiento del principio de la estabilidad en el trabajo.