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Estados Unidos y las dictaduras militares

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 23 de diciembre de 1976.

 

El próximo cambio de gobierno en Estados Unidos ha generado expectativas respecto a una modificación de la política norteamericana para América Latina. La posibilidad de que tenga lugar esa modificación parece surgir no sólo de las intenciones personales del presidente electo James Carter, sino también del deseo de sectores políticos más amplios, que se expresan particularmente en el ámbito del Departamento de Estado y del Congreso. El sentido de esa modificación apunta al reemplazo de las dictaduras militares abiertas por democracias dichas “viables”, es decir, restringidas; en la perspectiva de los estrategas norteamericanos, la institucionalización de la contrarrevolución permitiría a ésta afirmarse a través de regímenes más estables.

Ahora bien: el que los círculos dirigentes de Estados Unidos empiecen a revisar la política aplicada en América Latina desde principios de los años sesentas, la cual ha tenido su apogeo en el periodo Ford-Kissinger, se debe en buena medida a que están siendo forzados a revisar el conjunto de la política internacional norteamericana. Esa política, basada en la aplicación a ultranza de la doctrina de la contrainsurgencia y, por ende, en la militarización del Estado aunada a la represión masiva de la población civil, se ha revelado demasiado costosa y poco eficiente. A fracasos estruendosos como los que ha tenido que soportar en Vietnam y en Angola, Estados Unidos ha sido forzado a añadir la constatación de que las dictaduras militares, además de acarrear un gasto que se vuelve insostenible al agravarse la crisis económica, son incapaces de asegurar por sí mismas una base social estable. Dos ejemplos pueden ayudarnos a entender la situación.

La Junta Militar chilena cuesta, en materia de ayuda externa, proporcionada por el gobierno norteamericano y las agencias internacionales de crédito, alrededor de 2 millones de dólares diarios. Sin embargo, en la imposibilidad de crearse una base social de apoyo que vaya más allá de los sectores burgueses que viven de su política económica (este es otro rasgo distintivo del Estado militar latinoamericano respecto al fascismo europeo, que quienes los confunden no quieren ver o no pueden explicar), sólo puede mantenerse mediante la más desenfrenada represión. Ello implica, para Estados Unidos, que el sostenerla, además de sangrarle el bolsillo, le significa un enorme costo político ante la opinión pública mundial.

El caso de Brasil es también ilustrativo. Desde el golpe militar de 1964, hasta 1972, según datos de la AID, la dictadura brasileña se benefició de una ayuda externa del orden de 4 mil millones de dólares. Pero sus 12 años de vida —caracterizados por una implacable represión, por reformas económica y políticas, y hasta por un “milagro económico” de corta duración— no han impedido que el régimen, al arriesgarse a restringidos torneos electorales, sufriera derrota tras derrota. Estas han demostrado que la dictadura no sólo no ha podido ganarse el apoyo popular, lo que sería excesivo esperar si se considera la superexplotación brutal a que ha sometido a las masas trabajadoras, sino que no cuenta siquiera con simpatías en las capas medias, a las cuales ha proporcionado algunos beneficios, por lo menos a sus estratos más altos.

Ese fracaso de la aplicación de la doctrina de la contrainsurgencia tiene su explicación. Basta señalar, por ahora, que se debe a que ésta toma como maquinación de un sujeto político específico lo que no es sino la expresión de la lucha de clases, inevitable en toda sociedad donde existan clases, es decir, explotados y explotadores; y también a que, precisamente en función de ese error, la fase correspondiente a la campaña de aniquilamiento no puede cumplir su cometido dentro del plazo político que la misma doctrina de la contrainsurgencia está forzada a asignarle.

Como quiera que sea, una nación puede cometer errores en su política internacional, a condición de que la correlación de fuerzas le sea de tal modo favorable que no resulte demasiado afectada por ellos. Desde el momento en que cambia esa situación, es necesario buscar elementos correctivos. Este es justamente el caso de Estados Unidos, en los últimos tres años, y es lo que lo obliga a revisar el conjunto de su política internacional.