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Latinoamérica:

el Estado contrarrevolucionario

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 6 de enero de 1977.

 

Al analizar anteriormente la posibilidad de un cambio en la política norteamericana para América Latina procuré mostrar: primero, que se trata de una tendencia de los círculos dirigentes más lúcidos de Estados Unidos, más que de una preocupación personal de Carter y, segundo, que esa tendencia se deriva de causas objetivas, entre las que se destaca el fracaso de la aplicación a ultranza de la doctrina de la contrainsurgencia a la política exterior norteamericana y el cambio de la correlación de fuerzas a nivel internacional, expresado por el reforzamiento del campo socialista y de las fuerzas reformistas obreras de Europa occidental, entre otros hechos. Se trata ahora de concluir nuestra reflexión, examinando las implicaciones de la fórmula de la “democracia viable”.

Lo primero a tener presente es que la doctrina de la contrainsurgencia establece un plazo político para el desarrollo de su primera fase, la campaña de aniquilamiento, terminado el cual es necesario pasar a la segunda, es decir a la búsqueda de apoyo social, hayan sido o no plenamente alcanzados los objetivos de la primera. Es ese plazo el que se está acabando para Estados Unidos, por la acción de los factores internacionales señalados. Hay que preguntarse, pues, sobre los resultados que ha tenido la campaña de aniquilamiento que se aplicó a Latinoamérica en los últimos 15 años.

Su objetivo principal era el de exterminar al “enemigo”, es decir, suprimirlo físicamente. Al plantearse esto, tanto el Pentágono y la CIA como la burguesía y los militares latinoamericanos creían que se trataba de luchar contra un enemigo definido, un movimiento político, que suponían además creado y mantenido artificialmente desde el exterior. No entendían que se trataba, como es el caso, de un movimiento popular amplio, no susceptible de ser exterminado. Aunque el general Videla haya expresado su convicción de que “tendrán que morir todos los que sean necesarios para que vuelva la paz a la Argentina”, no está en sus manos el liquidar físicamente a la clase obrera y la masa del pueblo argentino.

Como quiera que sea, y pese a no haber alcanzado su irrealizable objetivo: la supresión de la lucha de clases, la campaña de aniquilamiento llevada a cabo en América Latina ha tenido consecuencias importantes. La más significativa ha sido la transformación radical del aparato de Estado, mediante la transferencia del poder a las fuerzas armadas y la alianza establecida entre éstas y la burguesía, de manera directa, sin la mediación de partidos políticos. Ideológicamente, esto se expresa en el binomio seguridad desarrollo. Institucionalmente, en una determinada estructura del aparato estatal.

Exista o no Congreso, se proceda o no a elecciones, el Estado latinoamericano, en su esencia, no tiene ya nada que ver con el viejo modelo liberal, a la Montesquieu. Toda su fuerza radica en el poder ejecutivo, el cual se encuentra articulado a su vez por tres elementos básicos: la corporación militar, expresada en el Estado Mayor de las fuerzas armadas; el órgano de inteligencia y represión, llámese Servicio Nacional de Informaciones (SNI), como en Brasil, o Departamento de Inteligencia Nacional (DINA), como en Chile; y la fusión de la corporación militar con la corporación empresarial-tecnocrática, que se manifiesta en el Consejo de Seguridad Nacional.

Es sobre esta base que se plantea establecer una “democracia viable” o, como indicamos ya, una democracia restringida. Se trata en última instancia de, manteniendo ese aparato estatal, permitir que, en el margen, allí donde ya no se toman decisiones (como, por ejemplo, en el Congreso), se puedan expresar las distintas fracciones burguesas e incluso sectores medios, más uno que otro “representante” del movimiento obrero. El modelo que se tiene en vista, más que el de Brasil, es el de Venezuela, típico Estado nacido de una campaña de aniquilamiento y que ha podido revestir un ropaje democrático sin abrir mano de su carácter policial-militar.

Las razones para que la liberalización política que se plantea tenga objetivos tan limitados son evidentes. El hecho de que el “enemigo”, es decir, las amplias masas populares, no pueda ser exterminado es suficiente para impedir una liberalización real. Por otro lado, la nueva correlación de fuerzas a escala internacional y los reveses de la política exterior norteamericana no le permiten a Estados Unidos aflojar su control sobre Latinoamérica. Todo lo contrario, lo obligan a reforzarlo, y a atrincherarse en lo que ha sido tradicionalmente su traspatio colonial.

Ello no quiere decir que la izquierda y las fuerzas populares no puedan sacar ventaja de una eventual liberalización, por limitada que ésta sea. Quiere decir simplemente que, aunque el Estado militar latinoamericano pierda los atributos “fascistas” que se le atribuyen, no por ello habrá dejado de ser un Estado contrarrevolucionario; suponer lo contrario es el error político que puede costar mañana el error teórico de los que identifican hoy contrarrevolución y fascismo. Quiere decir también, por esto mismo, que la democracia restringida no podrá, a fuerza de ser cada vez menos restringida, convertirse en una democracia ampliada, una democracia plena; allí estará para impedirlo, la triada real que articula el moderno aparato de Estado latinoamericano.

Mientras ésta no se rompa, la “democracia viable” no pasará de ser en América Latina un nuevo disfraz de la contrarrevolución, bueno sólo para engañar a los que quieran dejarse engañar por ella.