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Águila VI:

la otra cara de la “democracia viable”

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 13 de enero de 1977.

 

El próximo cambio de gobierno en Estados Unidos ha suscitado expectativas en los sectores democráticos de América Latina respecto a un eventual cambio de la política de ese país hacia la región, que favorezca, aunque en escala limitada, un proceso de liberalización política mediante la implantación de democracias “viables”, es decir, restringidas. Siendo innegable que existen razones para admitir que se manifiestan tendencias en este sentido en círculos dirigentes norteamericanos, no es menos cierto que el engranaje represivo montado en Latinoamérica, en el marco de la doctrina de contrainsurgencia, se mantiene activo. La “Operación Águila VI”, llevada a cabo en Nicaragua, en noviembre pasado, es una prueba elocuente de ello.

Esa operación fue acordada por la VII Reunión del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) que se realizó en Managua, del 16 al 19 de agosto de 1976, y presentada como “prácticas militares para los ejércitos del área”. La realidad era otra: se trataba de un operativo militar conjunto, apoyado e inspirado por el Pentágono, contra las fuerzas insurgentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige la resistencia popular en Nicaragua contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Hay muchas evidencias en este sentido. La más dramática es la brutal represión ejercida contra la población del norte del país, donde se realizó la operación, y que ha sido tradicionalmente una zona importante de apoyo para la insurgencia sandinista. Junto a centenares de campesinos torturados y asesinados, cayó en combate el propio secretario general del FSLN, Carlos Fonseca Amador, el 8 de noviembre, es decir, en pleno desarrollo de la “Operación Águila VI”.

Pero el carácter del operativo no era secreto para nadie, aun antes de que estos hechos lo pusieran de manifiesto. El ministro de Defensa hondureño, general Mario Chinchilla Cárcamo, había ya declarado a la prensa, tras la reunión del CONDECA, que “esta operación militar centroamericana se realizará ante la solicitud del gobierno nicaragüense, que urgió la adopción de planes para luchar contra la infiltración y actividades subversivas comunistas”. A su vez, el teniente general Denis P. McAuliffe, jefe del Comando Sur del Pentágono, con sede en Panamá, quien participara en la fase inicial de la reunión del CONDECA, expresó entonces que Estados Unidos daría todo su apoyo a dicha operación e instó a los gobiernos de la zona a participar de la misma.

La naturaleza misma del órgano que programó el operativo no dejaba dudas al respecto. El CONDECA fue creado en 1960 como órgano defensivo incorporado a la Organización de Estados Centroamericanos. Su propósito es el de reunir a los ministros de Defensa de los países del área en una instancia formal, para asegurar acciones militares conjuntas que garanticen la “seguridad colectiva”, “en caso de una eventual agresión comunista en territorio centroamericano”.

En funciones desde 1964, el CONDECA ha sido seguido por el Tratado de Defensa de 1965 y el protocolo Adicional de 1967, que perfeccionaron el sistema militar centroamericano, el cual tiende a desembocar en la formación de un ejército centroamericano único. Un intento de constituir este ejército, mediante una resolución votada en el Congreso de Congresos Centroamericanos, celebrado en Guatemala, en enero de 1972, fue obstaculizado por el rechazo unánime de la Asamblea de Costa Rica, lo que impidió su ratificación por los demás países de la zona.

Entre los antecedentes de la acción represiva del CONDECA contra las fuerzas de liberación nacional de Nicaragua se encuentra la “Operación Piña”, realizada en noviembre de 1971, con la participación del ejército de Honduras y la Guardia Nacional nicaragüense, en la frontera entre los dos países. El “enemigo”, supuestamente peligrosos “delincuentes subversivos”, era, de hecho, la población campesina de los departamentos hondureños de Olancho y El Paraíso, a la que se trataba de disuadir de brindar ayuda a presuntos infiltrados del movimiento guerrillero sandinista. Del mismo modo, antes de llevarse a cabo la “Operación Águila VI”, el gobierno somocista presionó al de Costa Rica para que actuara en el mismo sentido, para lo que agitó el problema fronterizo entre los dos países, logrando arrancar a este último, en la reunión de Rivas, Nicaragua, en octubre pasado, la promesa formal de perseguir a los refugiados nicaragüenses en territorio costarricense.

La “Operación Águila VI” contrasta con las tendencias liberalizantes que se estarían abriendo paso en la política norteamericana para América Latina. En realidad, es la contrapartida necesaria de esas tendencias. Como lo ha manifestado el FSLN, en un comunicado de noviembre pasado, ella “responde a los intereses del imperialismo en la región, que pretende remozar el dominio reaccionario de nuestro país con figuras menos desprestigiadas que el tirano, pero a condición primero de aplastar a través del tirano Somoza al movimiento revolucionario sandinista”.

En este sentido, el “Águila VI” indica claramente el costo y los límites de una eventual liberalización política en Latinoamérica, apadrinada por el gobierno norteamericano.