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¿Tiene Brasil derecho al átomo?

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 10 de febrero de 1977.

 

El problema suscitado por la oposición norteamericana al acuerdo entre Alemania Federal y Brasil, que pone al alcance de este último el ciclo completo de la tecnología nuclear y le allana el camino para la fabricación de armamento atómico, trasciende el marco de las relaciones entre esos tres países. Por lo pronto, ha generado en Brasil una ola de nacionalismo, uniendo tras la posición del gobierno militar, que reitera la vigencia del acuerdo a las distintas corrientes de la opinión pública, incluso las que se ubican en el campo de la oposición. Aunque ello no haya sido contemplado hasta ahora por Brasil, cuyas aspiraciones hegemónicas lo llevan a plantear la cuestión en términos exclusivamente nacionales, ésta podría sensibilizar a los países latinoamericanos y, en general, subdesarrollados, despertando su solidaridad hacia las pretensiones brasileñas. Ya se observan señales en este sentido en Argentina.

Conviene, por lo tanto, examinar algunos aspectos del problema. Tal como lo plantea el gobierno brasileño, en tanto que derecho de los países subdesarrollados a acceder libremente al dominio de la ciencia y la técnica en sus niveles actuales, la posición de Brasil es, en abstracto, defendible. Aun su rechazo a firmar el Pacto Internacional de No Proliferación Nuclear puede justificarse, en esos términos, en la medida en que las actuales potencias atómicas continúan ampliando y perfeccionando su arsenal, en la mayoría de los casos fuera de control.

El argumento norteamericano de que la proliferación nuclear involucra graves peligros, al romper la situación presente de equilibrio y proporcionar armamento no convencional a países que lo podrían utilizar irresponsablemente, se presta a controversia. El equilibrio nuclear entre las grandes potencias no nació de un deseo de Estados Unidos. Todo lo contrario, el gobierno norteamericano se esforzó por mantener el monopolio nuclear y, mientras lo tuvo, no vaciló en utilizarlo de la manera más arbitraria y salvaje. Fue la labor de la Unión Soviética que creó las condiciones para que se estableciera dicho equilibrio y que limitó las posibilidades de que Estados Unidos empleara las armas atómicas a su antojo. Por lo demás, aunque cualquiera se estremezca ante la idea de que la bomba atómica pueda caer en manos de un Idi Amin o un Pinochet, resulta penoso avalar la tesis de que la mayor parte de los pueblos del mundo carecen de idoneidad y deben estar sujetos al tutelaje de unos pocos.

No es a este nivel, pues, como la cuestión puede plantearse correctamente. Lo primero a tener presente es que la situación de explotación a que está sujeta la inmensa mayoría de la humanidad lleva necesariamente a que la fuerza se erija en razón y vincula todo progreso técnico o científico al desarrollo de los medios de opresión. No hace falta recurrir para ello a los logros de la tecnología nuclear: allí está la utilización de armas químicas y bacteriológicas, por parte de Estados Unidos y otras potencias capitalistas, en Vietnam, Corea, Argelia, Malasia. Incluso prescindiendo de éstas, Estados Unidos ha podido conculcar las aspiraciones libertarias y democráticas de Guatemala y la República Dominicana. No ha tenido siquiera que intervenir directamente para hacer correr la sangre de miles de indonesios y chilenos y para poner a las masas trabajadoras del Cono Sur latinoamericano bajo el yugo de dictaduras militares que emplean el terror como método de gobierno.

Es en estos términos, en tanto que dictadura militar, que deben ser consideradas las pretensiones del gobierno brasileño de acceder a la tecnología nuclear. En su afán de proporcionar elevadas ganancias a los monopolios nacionales y extranjeros, el régimen militar brasileño ha hecho tabla rasa de los derechos más elementales de los trabajadores. Algunas cifras pueden ilustrar los resultados. El índice del salario mínimo real disminuyó de 111 en 1961 a 78 en 1974 (1965=100), mientras aumentaba el número de trabajadores que perciben en salario mínimo: 24 % de la fuerza de trabajo en 1965 y 58 % en 1972. En consecuencia, aunque aumentara el número de miembros de la familia que trabajan, se redujo el ingreso familiar; una encuesta para São Paulo, donde las condiciones de vida de los trabajadores son relativamente mejores que en el resto del país, muestra que, pese a que el número de personas ocupadas por familia aumentó de 1 para 2, entre 1958 y 1969, el ingreso familiar descendió de 15.15 a 9.20 cruceiros, a precios de 1958, en el mismo periodo. No sorprende, pues, que el índice de mortalidad infantil en Brasil (112 defunciones por 1000 nacimientos) sea sólo inferior al de Haití, en América Latina, y que vaya en aumento: en la ciudad de São Paulo, ese índice pasó de 62.94 en 1960 a 93.0 en 1973.

Un régimen que procede así con su propio pueblo suscita natural preocupación cuando exhibe aspiraciones hegemónicas respecto a pueblos vecinos. La política subimperialista brasileña —que es ya un hecho respecto, por lo menos, a Paraguay, Uruguay y Bolivia—, ha marchado de la mano con la degradación de las condiciones de vida de las masas trabajadoras de esos países. En ella no participa ni obtiene ventajas —a diferencia de lo que pasa en los países imperialistas— el pueblo brasileño. La superexplotación y el terror, que constituyen la esencia misma del régimen militar brasileño, nacen del hecho de que el pueblo esté excluido de toda participación en las decisiones políticas, que se toman por un puñado de militares y tecnócratas civiles, en consuno con los grandes monopolios.

En estas circunstancias, las decisiones políticas del gobierno brasileño representan realmente un peligro y se configuran como irresponsables, sustraídas como están a cualquier control popular. Solidarizar hoy con las pretensiones brasileñas de conquistar el átomo no es solidarizarse, con Brasil, sino con el Estado militar que representa allí los intereses del gran capital nacional y extranjero.