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Brasil: un régimen en crisis

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: El Sol de México, México, 7 de abril de 1977.

 

La manera como los militares brasileños conmemoraron el 13° aniversario de la contrarrevolución de 1964: clausurando temporalmente el Congreso, debe ser entendida en su significación más profunda. Esta tiene un doble carácter. Por un lado, pone paradójicamente en evidencia la irreversible tendencia hacia la liberalización política, que el país comenzó a vivir en 1974, cuando, al asumir la presidencia, el general Ernesto Geisel se vio obligado a proclamar el inicio de una política de “apertura”. Por otro lado, exhibe sin ambages la verdadera naturaleza del Estado militar brasileño e indica los límites que éste pretende trazar a dicha liberalización.

La reciente clausura del Congreso trae inevitablemente a la memoria la clausura anterior, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1968, extendiéndose por dos meses. Como entonces, la causa del receso fue la resistencia a una imposición militar por parte del Parlamento. Como entonces, el gobierno militar, una vez silenciado el Legislativo, procedió a realizar unilateralmente una serie de reformas políticas.

Pero, tras esas similitudes, las dos situaciones revisten contenidos radicalmente diversos. En 1968, el país fue escenario de un pujante ascenso del movimiento de masas, que hizo temblar al régimen. Iniciado con multitudinarias manifestaciones estudiantiles y enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas a lo largo de todo el país, el ascenso de masas cambió de carácter y de alcance cuando irrumpieron grandes huelgas obreras, que, por primera vez en décadas, dieron lugar a la ocupación de fábricas. La agitación se propagó rápidamente, ganando al conjunto de la pequeña burguesía, agrietando las brechas en el seno de la burguesía y amenazando con arrastrar a otros sectores obreros así como amplias masas campesinas.

La dictadura respondió a esa situación promulgando el Acta Institucional n. 5, que le dio poderes discrecionales al Consejo de Seguridad Nacional y lo convirtió en centro real de poder dentro del aparato estatal, apuntalado por la institución militar, representada por el estado mayor conjunto, y la policía política, centralizada a través del Servicio Nacional de Informaciones. Con ello, llegaba a su plena maduración lo que el golpe de 1964 traía en su seno: el Estado de contrainsurgencia que, sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional, militarizó a la vida política, a partir de la concepción misma que tiene de ésta, o sea, la política entendida como una dimensión de la estrategia militar que, en tanto tal, pretende siempre el aniquilamiento físico del enemigo.

Este es el Estado que actúa, al plantearse la crisis política de marzo pasado. Ante una reforma constitucional del poder judicial que el gobierno planteó al Congreso, las exigencias de la oposición parlamentaria: extensión del derecho de habeas corpus a los presos políticos y garantías a los jueces para el ejercicio de su función, cuestionaban los fundamentos mismos de la contrainsurgencia. Esta no puede dar garantías a la oposición política, cualquiera que sea ésta, ya que toda oposición se identifica a sus ojos con movimientos del enemigo a aniquilar. El gobierno militar contestó, pues, decretando la clausura temporal del Congreso, con lo que indicó claramente los límites en que quiere mantener el proceso de liberalización, es decir, preservando el Estado de contrainsurgencia más allá de la eventual fachada que éste adopte. Era a lo que apuntaban, por lo demás, las manifestaciones partidas de los altos mandos militares y de los banqueros, en los días previos al decreto de la clausura, en el sentido de institucionalizar al Consejo de Seguridad Nacional como un poder situado por encima de los demás poderes del Estado, en la tradición de “poder moderador” que detentaba la monarquía brasileña del siglo XIX.

Atendiendo a esas manifestaciones, Geisel hizo frente a la crisis de marzo promulgando el Acta Complementaria del 1° de abril. Esta repetición de 1968 no oculta, sin embargo, la diferencia de la situación actual. Ayer, se trataba de pasar a la aplicación abierta y coherente de la contrainsurgencia, en un contexto internacional favorable y ante un auge de masas que hacía peligrar al Estado contrarrevolucionario instaurado en 1964. Hoy, en el marco de una situación nacional e internacional distinta, se pretende contradictoriamente institucionalizar y al mismo tiempo enmascarar al aparato estatal completado en 1968, sin otra justificación que la mantención del poder por el poder y las garantías que éste representa para que el capital financiero pueda seguir apropiándose de tajadas crecientes de la riqueza producida y transfiriendo al exterior, mediante las amortizaciones e intereses de la deuda externa y la exportación de beneficios, una parte sustancial de la misma.

El golpe de 1968 tenía como objeto mantener la superexplotación de los trabajadores y someter por la fuerza a sectores burgueses incapaces de hacer frente a la tecnificación y la reconversión a la producción de bienes para la exportación y mixtos (maquinaria y bienes durables de consumo), que planteaba la dictadura. El golpe de 1977 apunta no sólo a mantener la superexplotación de los trabajadores sino también a expulsar a amplios grupos medios de la esfera alta de consumo y reconvertir (toda reconversión implica siempre la destrucción de capitales particulares) la industria de bienes mixtos a la producción de armamentos y similares. La resistencia a vencer no es tan sólo la de las masas trabajadoras, de la pequeña burguesía y sectores atrasados de la burguesía, sino que incluye también la de la gran burguesía industrial y comercial, como lo demuestran manifestaciones recientes de sus asociaciones y federaciones.

Fiel a su lógica interna, que lo lleva a ser cada vez más excluyente, el gobierno militar restringe así de nuevo su base social de apoyo, sin poder ahora asegurar, como en 1968, que su proyecto arrojará buenos resultados, dada la crisis mundial y las contradicciones surgidas con Estados Unidos. El acto de fuerza ejecutado por los militares brasileños el 1° de abril oculta, pues, una debilidad estructural creciente, desde el punto de vista político, y una gran incertidumbre, respecto a los resultados que puede acarrear. No es necesaria mucha agudeza para darse cuenta de que se trata de un régimen en crisis, que intenta desesperadamente oponerse, por miedo a ser barrido por él, a un movimiento social incontenible.