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Panamá:

la liberación nacional no se negocia

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 17 agosto 1977.

 

En una semana pródiga en iniciativas respecto a América Latina, la Administración Carter logró uno de los objetivos que se había propuesto, al establecer un arreglo con el Gobierno de Panamá sobre el status que regirá en el futuro la zona del Canal. Aunque represente un paso importante hacia la erradicación del enclave colonial norteamericano en aquel país, el arreglo no lo asegura todavía.

Falta, desde luego, la aprobación del Senado de Estados Unidos, donde se manifiesta una fuerte resistencia. Aún en Panamá, donde el gobierno del general Torrijos tiene condiciones para hacer aprobar el acuerdo en un plebiscito, como está previsto, pueden surgir dificultades.

Sin embargo, aunque estos problemas se resuelvan satisfactoriamente, los acuerdos mismos que establecieron los dos gobiernos presentan puntos que merecen consideración. Uno de ellos es la transferencia paulatina de la jurisdicción de la Zona del Canal a Panamá, que allí se establece, la cual implica, durante el plazo que dure la presencia norteamericana (es decir, hasta el fin del siglo), una participación panameña en el ejercicio de la soberanía, pero no la plena soberanía panameña sobre esa parte de su territorio. Es significativo, en este sentido, que los acuerdos hablen de jurisdicción y no de soberanía.

 Durante ese período, Estados Unidos conservará el derecho de mantener sus bases militares en Panamá. Estas, que suman actualmente catorce, y dan asiento al Comando Sur del Pentágono, representan una proyección militar hacia Latinoamérica, habiendo servido de punto de apoyo efectivo en procesos golpistas como el de Brasil, en 1964, y de Chile, en 1973, así como a intervenciones como la que Estados Unidos realizó en la República Dominicana, en 1965. Se constituyen, además, junto con bases ubicadas en territorio norteamericano, en sitio privilegiado para el adoctrinamiento de los militares latinoamericanos en la contrainsurgencia, base ideológica del golpismo. Los acuerdos no eliminan estos aspectos, limitándose a establecer el retiro gradual de los efectivos norteamericanos de la zona, hasta el término del nuevo tratado.

Pero, sin lugar a dudas, el punto que más preocupa en esos acuerdos es la renuncia de Panamá a su pretensión de asegurar la neutralidad del canal, mancomunadamente con las Naciones Unidas, y la entrega de esa responsabilidad a Estados unidos. El Gobierno norteamericano insiste en la significación del acuerdo separado que se firmará en este sentido, con el propósito de tranquilizar al Senado, pero intranquilizando así a los latinoamericanos. Y uno de los negociadores norteamericanos, Sol Linowitzt, ha subrayado que Estados Unidos "conservará el derecho de hacer lo necesario" para este fin y que "no hay límite" de ninguna especie a este derecho de intervención.

Es evidente, pues, que tanto el retiro militar norteamericano como la manera como Estados Unidos ejercerá su derecho de intervención quedarán condicionados a los cambios de correlación de fuerzas que se produzcan entre este país y Panamá, o más exactamente, entre Estados Unidos y Latinoamérica, puesto que el problema del canal dista de ser exclusivamente panameño. El general Torrijos parece estar consciente de ello, al declarar a la revista Newsweek, respecto a los acuerdos contractados, que "aquellos que se descolonizan a través de negociaciones no alcanzan una liberación plena". En estos términos, el arreglo logrado entre Panamá y Estados Unidos no puede entenderse sino como un paso, aunque importante, en la lucha de liberación de Panamá y América Latina.

La vinculación de la cuestión panameña con los intereses globales de Estados Unidos en la región se ilustra claramente con el hecho de que las negociaciones finales sobre el canal han sido acompañadas de ofensivas de la diplomacia norteamericana hacia Latinoamérica, encabezadas por el subsecretario de Estado, Terence Todman, en el Cono Sur, y el embajador norteamericano en las Naciones Unidas, Andrew Young, quien visita el Caribe. Reviste interés particular la misión de Young, puesto que la ligazón más directa entre Panamá y los intereses norteamericanos se da precisamente a través del Caribe. Es de notarse, en este sentido, la afirmación de Young respecto a que la defensa de los intereses norteamericanos en esa área no pasa tan sólo por la solución del problema de las relaciones cubano‑norteamericanas, como se había sostenido hasta ahora, sino de una política global hacia el conjunto de países que integran la cuenca.