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Carter:

los militares y la redemocratización

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, 28 de septiembre de 1977.

 

Hasta aproximadamente mediados del año, las relaciones entre la Administración Carter y las dictaduras militares latinoamericanas estuvieron caracterizadas por el enfriamiento y presentaron frecuentes roces, como los que se expresaron en la renuncia por parte de algunas de ellas a la ayuda militar bilateral que les proporciona Estados Unidos. Simultáneamente, la administración Carter, si no la empleaba a fondo, sí amenazaba jugar la carta de una presión económica que, yendo más allá de la suspensión de créditos militares, afectara la ayuda financiera otorgada por el Gobierno norteamericano o las instituciones internacionales que él controla.

Es obvio que la tirantez surgida entre Estados Unidos y las dictaduras militares no podría seguir agravándose, sin causar grave perjuicio a los intereses de ese país en la zona. En consecuencia, no podría dejar de suscitar, y de hecho suscitó, reacciones adversas a la política latinoamericana de Carter por parte del "stablishment" norteamericano, en especial el Pentágono, aunque también el Departamento de Estado y sectores del Congreso.

Por lo demás, no hay razones para suponer que Carter alimentara el deseo de llevar a su límite esa tirantez. Parece más bien que, empleando una política de choque, buscaba simplemente romper algunos de los condicionamientos creados por las administraciones anteriores, en particular por Henry Kissinger, con el objeto de poder redefinir con mayor libertad sus relaciones con Latinoamérica. Recordemos, de paso, que esos condicionamientos se referían principalmente al apoyo irrestricto hipotecado por Kissinger a las dictaduras y al aliento que dio a las pretensiones brasileñas de constituir un centro subimperialista en el cono sur.

Lo cierto es que, desde hace unos tres meses, la política latinoamericana de la Administración Carter ha adquirido un perfil definido, distinto del que había esbozado en un comienzo. Aunque quede pendiente todavía la redefinición de las relaciones con Brasil —quien, aprovechando el margen de maniobra que le proporcionan otros centros de poder, como Alemania Federal y Japón, no ha modificado su planteamiento subimperialista—, la Administración Carter sí parece haber llegado a un acuerdo de fondo con las dictaduras militares en lo que se refiere al problema de la redemocratización.

Hemos señalado, en otra oportunidad, que ese acuerdo no parece aplicarse a los países de Centroamérica. Pero, en lo que respecta a los del cono sur, sus términos están ya a la vista: la redemocratización no implicará un cambio brusco en las alianzas establecidas por Estados Unidos en la zona, sino que se apoyará en las fuerzas que han sido privilegiadas por ese país desde la era de Kennedy, en particular los militares.

Es así como, en el marco del acuerdo, cabe a éstos la tarea de —preservando lo esencial del Estado de contrainsurgencia creado en el curso de los últimos quince años—, promover la institucionalización del mismo en un contexto de democracia representativa y fijar los plazos y modalidades para que ese proceso tenga lugar. En este sentido, es significativa la actitud que, tras la visita del subsecretario de Estado Terence Todman, manifestó la Junta chilena. Sin descartar totalmente la idea de "democracia autoritaria", que agitó Pinochet ante los planteamientos de Carter, ésta la concilia ahora con la realización de elecciones, aunque estableciendo un plazo dilatado para su realización, plazo que ha sido ya aceptado por Washington.

Ello descarta la posibilidad de que sectores de la oposición burguesa puedan aspirar a constituirse en una real alternativa política, en una pieza de recambio a los militares y la fracción monopolista que, unida a ellos y a través de ellos, ejerce actualmente el poder. En consecuencia, esos sectores —y, también en Chile, el caso de la Democracia Cristiana es representativo— se limitan hoy a buscar un espacio en el reacomodo de fuerzas a que la institucionalización debe dar lugar, aceptando pues la conducción del proceso por los militares.

En esta perspectiva, los vientos de libertad que algunos creyeron ver soplar desde la Administración Carter se han convertido en una suave brisa. Para los movimientos populares, que aspiran a ir más allá de la simple institucionalización de las dictaduras, esa situación es totalmente insatisfactoria y los está forzando a plantearse la búsqueda de otros caminos para alcanzar su objetivo libertario.