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América Latina:

las dictaduras preparan un risueño 1978

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 28 diciembre 1977.

 

El próximo año tendrá curso la nueva fase de institucionalización a la que han entrado las dictaduras latinoamericanas. Se trata de un fenómeno que era ya predecible desde el año pasado, al ganar fuerza en el escenario internacional el tema de los derechos humanos. En efecto, la violación de los derechos humanos no es sino la expresión que asume, en términos de la ideología liberal, la campaña de aniquilamiento en que han estado empeñadas la mayoría de esas dictaduras. Etapa fundamental en la aplicación de la doctrina de la contrainsurgencia, la campaña de aniquilamiento tiene como propósito suprimir físicamente toda oposición política e implica, por esto mismo, la suspensión de las garantías individuales y los derechos políticos del pueblo.

A fines del año pasado, era evidente la disconformidad con la aplicación generalizada de la contrainsurgencia que manifestaba la socialdemocracia europea, así como la necesidad en que se encontraba Carter, entonces candidato, de presentar a los electores norteamericanos una alternativa a la serie de fracasos y humillaciones a que había conducido la política exterior de Estados Unidos. Estos factores convergieron con factores internos latinoamericanos, en el sentido de plantear a las dictaduras militares la tarea de buscar alguna forma de institucionalización, que implicara el recurso, en algún grado, a prácticas democráticas. Pero las características de cada régimen dictatorial habrían de ser, en última instancia, lo que daría forma al proceso.

Hubo, desde luego, un rasgo común a diferentes países, representado por el forcejeo de las dictaduras con el Gobierno norteamericano, para forzarlo a tomar a las propias fuerzas armadas, y no a la oposición burguesa, como su interlocutor. Ese forcejeo fue particularmente fuerte entre la Junta militar chilena y Carter, dado que la presencia de Pinochet a la cabeza de un proceso de institucionalización creaba muchos problemas y amenazaba con desprestigiar al conjunto del proceso en América Latina. Ello se resolvió, a mediados del año pasado, cuando Carter concluyó que los problemas que creaba Pinochet eran menores que los que surgirían para Estados Unidos y la burguesía chilena, en el caso de que el pueblo de Chile viera removida la camisa de fuerza que la Junta representa para él.

La forma que asumirá, finalmente, el régimen político latinoamericano, tras la fase de las dictaduras militares abiertas y el actual proceso de institucionalización, no está clara todavía. Sin embargo, con variantes impuestas por peculiaridades nacionales, lo que parece apuntar en el horizonte es una forma de democracia restringida o, lo que es lo mismo, de dictadura disfrazada, bajo tutela militar, que recuerda las seudo democracias centroamericanas, tipo Nicaragua, o la dictadura de Stroessner en Paraguay. La persecución a la oposición que se quiere mantener bajo la apariencia de apertura democrática, puede llevar a situaciones tan insólitas como la reciente amnistía decretada en Bolivia: en su ansia de excluir del proceso político a las fuerzas de la oposición, Bánzer ha llegado a condenar al exilio perpetuo, como extremistas, a niños de 8 y 12 años de edad.

Pero el quid pro quo de la institucionalización nos tiene reservadas muchas sorpresas. Así, ha sido la dictadura que más se había resistido a fijar plazos para poner en marcha al proceso la que ha decidido iniciarlo, en 1978: a raíz de la condena emitida por las Naciones Unidas contra la violación de los derechos humanos en Chile, Pinochet ha llamado a un referéndum para el 4 de enero. El país sigue bajo el estado de sitio; se mantiene el receso para los partidos de la oposición burguesa y la total proscripción de las organizaciones populares y de izquierda; no se piensa ni mucho menos entregar a una comisión internacional, como de las mismas Naciones Unidas, la supervisión de la pretendida consulta. Pero nada de esto constituye óbice para que la junta chilena trate de explotar propagandística mente su decisión, dejando entrever a que grado de ridículo podrá llegar en América Latina la institucionalización de las dictaduras.