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Política laboral:

los trabajadores brasileños

enfrentan una nueva amenaza

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 22 febrero 1978.

 

La industrialización en Brasil se basó, hasta la década pasada, como en el resto de América Latina, en un mercado interno reducido, constituido por capas de altos y medianos ingresos, que no llegaban al 20 por ciento de la población. Al saturarse, en términos relativos, la capacidad de esos sectores para permitir un rápido crecimiento con base en la producción de bienes de consumo corriente, los empresarios brasileños no se plantearon ampliar el mercado a las masas trabajadoras, cuyo bajo poder adquisitivo no les parecía promisorio. Optaron más bien por una producción sofisticada, consistente en artículos duraderos de consumo, así como en máquinas e insumos para esa industria de lujo. Simultáneamente, se plantearon la corrida a la exportación de manufacturas.

Un desarrollo económico de ese tipo, fundado en la exclusión de las amplias masas, tenía que reflejarse en un Estado excluyente y dictatorial. El golpe militar de 1964 cumplió ese objetivo. Instalados en el poder, los militares brasileños realizaron una profunda reforma política e institucional, en beneficio del gran capital nacional y extranjero. Nada mejor que la consideración de un caso concreto para ilustrar esa asertiva.

En 1943, se promulgó en Brasil el código laboral conocido como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). En su capítulo V, la CLT establecía que el trabajador con más de un año de servicio en una empresa sólo podría ser despedido mediante una indemnización igual al número de meses trabajados multiplicado por la remuneración mensual más elevada que hubiera percibido. En el capítulo VII, el código laboral iba más lejos, al conceder la estabilidad en el empleo al trabajador con más de diez años de servicio en la empresa.

El 13 de septiembre de 1966, el gobierno militar promulgó el decreto‑ley que prácticamente suprimió esas conquistas, al instituir el llamado Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). Uno de los artífices de esa medida fue el entonces ministro del Planeamiento, Roberto de Oliveira Campos. En el décimo aniversario del FGTS, en entrevista concedida a Visão, Campos lo puso en primer lugar entre las "realizaciones positivas" de su gestión, explicando que, sin él, "difícilmente habríamos experimentado el auge industrial del período 1969‑1973, ya que el pasivo laboral impedía fusiones e incorporaciones (de empresas) y destruía la movilidad de la mano de obra". Por "pasivo laboral" se entiende el número de trabajadores que tenían asegurados sus empleos y su indemnización.

Campos tiene razón. El resultado del cambio institucional ha sido el de promover una intensa rotatividad de la mano de obra y facilitar la rebaja de salarios. En efecto, las empresas suelen despedir, al cabo de un año, buena parte de su personal, para recontratarlo en seguida, a título de empleados nuevos, sin derecho pues a los beneficios salariales convenidos con el personal antiguo. En la contabilidad del FGTS, los saques de fondos hechos por los trabajadores corresponden, en un 80 por ciento, a despidos sin justa causa. Por otra parte, una encuesta realizada en mil empresas, por una dependencia del Ministerio del Trabajo, para los años 1973 a 1975, mostró que el número de readmisiones iguala prácticamente al de los despidos.

Esa situación se ha agravado en virtud de la crisis económica que atraviesa actualmente Brasil. Pero el gobierno no pretende paliarla, sino darle más facilidades a los patrones en sus relaciones con los trabajadores, para lo que ha anunciado un nuevo proyecto de código laboral, que deroga totalmente la antigua CLT. Los obreros brasileños han comenzado ya a movilizarse en contra del mismo y, entre las banderas que levantan, está precisamente el restablecimiento del principio de la estabilidad en el trabajo.