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Consultas nacionales:

abstencionismo electoral y radicalización

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 8 marzo 1978.

 

La vuelta a los análisis políticos de Marx, de que los estudios de Poulantzas constituyen una expresión y el redescubrimiento del pensamiento gramsciano, en los últimos años, han puesto al binomio Estado‑sociedad política en el centro de las investigaciones que, en materia de ciencia política, se desarrollan en América Latina. Se trata, sin duda, de una vertiente rica en posibilidades, en un continente donde esos dos conceptos apuntan a aspectos de la realidad que se presentan notablemente disociados y tienden incluso a una verdadera oposición. La indiferencia ciudadana que expresan los altos índices de abstencionismo, en los recientes comicios de Colombia y Guatemala, es una demostración de ello.

El hecho en Colombia es en cierta medida sorprendente, si se considera que las últimas elecciones legislativas son las primeras que se realizan fuera del pacto político que regía entre liberales y conservadores, mediante el cual esos partidos se turnaban automáticamente en el poder. Sin embargo, esto, que se suponía un factor capaz de estimular el interés popular, no impidió que la abstención electoral mantuviera su tendencia histórica, situándose en torno a un 75 por ciento. Demostración evidente de que las fuerzas sociales no hacen pasar la solución de sus diferencias por la renovación de las instituciones estatales.

Ello es tanto más verdadero si tomamos en cuenta que la sociedad civil colombiana está lejos de caracterizarse por la apatía. Baste con recordar el paro cívico de septiembre pasado, concertado por las cuatro centrales obreras del país y secundado por el conjunto de la izquierda, que movilizó a cerca de un millón y medio de trabajadores. A ellos se unieron los empleados públicos, profesionales y estudiantes, en lo que ha sido quizá la acción de masas más importante del año pasado, en América Latina. El paro cívico no constituyó, por lo demás, un hecho aislado, sino que estuvo precedido por paros comunales y regionales y se continuó en la amplia movilización del 18 de noviembre, que —pese al despliegue de 150,000 efectivos del Ejército, la Policía civil y el temido F‑2 (Policía secreta)— involucró a cerca de seis millones de colombianos, en la protesta contra la represión desatada por el Gobierno en septiembre.

La situación guatemalteca no es diferente. Los comicios presidenciales del domingo pasado se llevaron a cabo en medio de la más total indiferencia. Sin embargo, en las semanas anteriores hubo de todo en Guatemala, menos apatía. La huelga de más de 90,000 empleados estatales, que se prolongó por 15 días, pese a la violenta presión gubernamental, arrastraba ya a amplios sectores populares y se constituía en polo de atracción para el movimiento obrero y estudiantil. Para que las elecciones pudieran tener lugar fue necesario que, a toque de caja, el Congreso aprobara, el viernes, un aumento salarial cuyo monto se desconoce, pero que no debe estar distante del 50% que demandaban los huelguistas, dada la satisfacción con que estos lo recibieron.

Podríamos agregar a esos dos ejemplos las demás consultas nacionales llevadas a cabo en América Latina, este año, y a excepción del referéndum constitucional de Ecuador, en que fue mayor la participación popular, las otras (Nicaragua, Chile) no nos darían resultados muy distintos. En estas circunstancias, los actuales proyectos de las dictaduras latinoamericanas, en el sentido de darse una fachada institucional y buscar por allí el consenso ciudadano, de acuerdo a los consejos del Departamento de Estado norteamericano, no pueden suscitar sino escepticismo. De resultar exitosos, el Estado a que lleguen no pasará de ser un objeto decorativo, sin ninguna relación con la lucha democrática que libran nuestros pueblos.