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Sendic desaparecido:

la ignorada dictadura uruguaya

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 10 mayo 1978.

 

Uruguay es un país del que se habla poco. Y cuando la prensa se ocupa de él, se trata de alguna noticia que contradice su imagen tradicional, de modelo de bienestar económico y de democracia parlamentaria en el continente. Pues no hay contradicción mayor, en la realidad contemporánea de América Latina, que el presente y el pasado uruguayo.

La nación se encuentra hoy bajo la dictadura militar más feroz del cono sur. Una estimativa de The Economist, para el año de 1976, calculaba que la proporción de presos políticos respecto al número de habitantes (que en Chile, por ejemplo, era de uno para dos mil), alcanzaba en Uruguay la de uno para seiscientos. Se cifraban en 7,000 los presos que se encontraban internados en unidades de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como en los campos de concentración de Punta Carretas, Punta Rieles, el Cilindro y, el más grande de todos, de la Libertad (sic). Una encuesta practicada por abogados uruguayos, en febrero de 1973, mostró que, sobre un total de 2,200 procesados, el 88% había sufrido torturas. Y un informe conjunto de la Comisión Internacional de Juristas y de Amnistía Internacional, para el período de junio de 1974 a enero de 1976, reveló que varios detenidos fueron asesinados mediante torturas.

La dictadura militar uruguaya empezó a gestarse en septiembre de 1971, al constituirse la Policía y las Fuerzas Armadas en "fuerzas conjuntas" para el "combate a la subversión". En enero de 1972, asumió la presidencia Juan María Bordaberry, quien se dedicó a organizar el golpe de Estado; pasos significativos fueron el decreto del "estado de guerra interna", en abril, y la aprobación, en julio, de la llamada Ley de Seguridad del Estado. El 27 de junio, estalla el golpe, con la disolución del Congreso y, ya después, de la Confederación Nacional del Trabajo; más tarde se intervino la universidad. En noviembre, son declarados ilegales los partidos de izquierda. Mediante actos institucionales, al estilo brasileño, entre septiembre de 1976 y noviembre de 1977 (una vez que, ya no necesitando sus servicios, los militares echaron a Bordaberry) se cancelaron las elecciones y toda actividad política; se eliminaron los derechos civiles de los dirigentes políticos, por quince años; se suspendió el poder judicial y se dispuso la expulsión discrecional de los funcionarios públicos; se institucionalizó el Consejo de Seguridad Nacional, cuyos integrantes militares (los comandantes en jefe) tienen rango ministerial, y se creó el Consejo de Estado.

Según el doctor Carlos Quijano, el índice salarial, calculado en 100 para 1971, sería en 1976 de 69. El dólar, que se cotizaba a 250 pesos cuando Bordaberry asumió la presidencia, cerraba a 4,000 pesos a fines de 1976. La población que, de acuerdo a las estimativas de la CEPAL debería ser de 3.111,000 habitantes en 1975, fue censada en la fecha en sólo 2.763,000. El crecimiento anual del PIB, para el período 1960‑1975, sitúa a Uruguay por debajo de Haití. El servicio de la deuda externa absorbía en 1972 el 31% del valor de las exportaciones y, en 1975, el 44%.

Es esa terrible realidad que la prensa latinoamericana ignora, así como ignora también la resistencia subterránea y tenaz de la CNT clandestina, las demás organizaciones populares y las fuerzas de izquierda. Sin embargo, en los últimos días oímos hablar de nuevo de Uruguay: Raúl Sendic, uno de los dirigentes de izquierda de tradición más combativa en Latinoamérica, detenido desde septiembre de 1972, trasladado varias veces de prisión, sometido a torturas y maltratos, ha desaparecido, negándose los militares a dar razón de él a sus familiares.

Es tiempo ya que una amplia campaña de solidaridad se despliegue en nuestros países en favor de Sendic y otros miles de detenidos políticos, así como en apoyo decidido a la lucha de resistencia del pueblo uruguayo.