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Venezuela:

estabilidad a prueba de elecciones

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 6 diciembre 1978.

 

Las elecciones venezolanas del domingo pasado presentan un interés particular para el análisis de las tendencias que marcan actualmente el panorama político latinoamericano. En efecto, ha sido Venezuela el país donde esas tendencias se han manifestado primero y se han desarrollado con mayor amplitud, en los últimos veinte años. Ello es sobre todo visible en la evolución del moderno Estado venezolano.

 Tras la revolución de 1958, que dio al traste con la dictadura perezjimenista, los dos gobiernos de Acción Democrática, que se extendieron de 1959 a 1968, lograron establecer la hegemonía burguesa sobre el proceso, en estrecha alianza con Estados Unidos. En el plano económico, ello implicó el lanzamiento de un proceso de industrialización sustitutivo de importaciones, mientras el capital extranjero seguía detentando las riquezas básicas del país: hierro y petróleo. En el plano político, la acción del movimiento popular, que llegó a revestir formas armadas, fue contenida mediante la aplicación —por primera vez en América Latina— de las técnicas de contrainsurgencia por los militares y la policía política, la temible DIGEPOL.

 La derrota de la insurgencia y las dificultades surgidas para la industrialización desgastaron AD y, en las elecciones de 1968, triunfó el partido democratacristiano COPEI (Comité por Elecciones Independientes), sobre la base de una campaña en torno a la pacificación del país. Esto llevó a la reintegración de los grupos guerrilleros, y la izquierda en general, a la vida institucional, mientras la DIGEPOL se reestructuraba en la DISIP (Dirección de Servicios de Inteligencia), que aseguraba condiciones selectivas de represión. Paralelamente, se trató de dinamizar la industrialización mediante el endeudamiento externo y mayores facilidades a la inversión extranjera.

La crisis petrolera del 73 abre nuevas condiciones de desarrollo para Venezuela, cuyo aprovechamiento quedó en manos del actual gobierno de Acción Democrática, encabezado por Carlos Andrés Pérez. Mediante la nacionalización del hierro y el petróleo, se reformulan las relaciones entre la burguesía venezolana y extranjera, así como de ambas con el Estado. El eje del proceso de industrialización se desplaza hacia la industria básica destinada a la exportación (siderúrgica, petroquímica, aluminio), sostenida mediante el control de las fuentes de materias primas y la elevada capacidad financiera del Estado. Por otra parte, este se refuerza con la Ley de Seguridad y Defensa del Estado, que amplía el grado de injerencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad venezolana.

 Ese Estado fuerte, en lo económico y en lo político, no tiene por qué temer el juego electoral. Los dos grandes partidos burgueses: AD y COPEI controlan entre ambos el 80% del electorado, lo que evita sorpresas. La gestión económica estatal ha sido sustraída, por lo demás, de las fluctuaciones electorales, mediante el Sistema Nacional de Empresas del Estado, que da plenas garantías a la tecnocracia. Finalmente, la izquierda, aunque represente la tercera fuerza electoral, se encuentra dividida y acepta mayoritariamente las reglas institucionales.

 Aún más que el brasileño, el Estado venezolano expresa la concreción de la alianza entre la gran burguesía nacional y el capital extranjero, sobre la base de la estabilidad institucional. El resultado de las elecciones del domingo pasado, cualquiera que sea, no podrá alterar esa situación. Para que la izquierda sea capaz de imprimir nuevos rumbos al país, tendrá que proyectar en el plano político la táctica de alianzas y acción conjunta que ha utilizado con éxito en el ámbito sindical y de las organizaciones populares de base.