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Paro abortado:

lo que queda del “socialismo” peruano

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 17 enero 1979.

 

Tres mil detenidos, la clausura de órganos de prensa, el allanamiento de la sede del Partido Comunista, un impresionante despliegue de fuerzas militares, que tenían licencia de disparar para matar, estas fueron las medidas con que el gobierno de Morales Bermúdez hizo frente al paro general convocado por la Confederación General de Trabajadores de Perú, la semana pasada. Desde la Asamblea Constituyente, donde se gesta el régimen civil que deberá gobernar el país en el futuro, se levantó la voz del APRA, junto a otras fuerzas conservadoras, para condenar al movimiento obrero. Ante la doble presión, y tras intentar durante un día y medio poner a la huelga en marcha, la CGTP debió dar marcha atrás, suspendiéndola.

El paro general tenía como motivo principal la protesta contra el alza del costo de la vida y, en general, contra la política económica del Gobierno. Con una inflación de 32%, en 1977, que se ha doblado el año pasado y suma ya 500% desde 1974, el lector juzgará si la causal era justa. Aún más cuando, bajo el azote de la recesión, que hizo bajar en un 3.7% el producto "per capita" en 1977, y lo mantuvo declinante en 1978, la cesantía alcanza un 50% de la fuerza laboral y los salarios se reducen aceleradamente.

Esto bastaría ya para mostrar adonde fue a dar la experiencia peruana, que pretendió autodenominarse socialista en cierto momento, iniciada en 1968. Es cierto que, durante lo que se ha dado en llamar su primera fase, correspondiente al gobierno de Velasco Alvarado (1968‑1975), se llevaron a cabo profundas reformas en la estructura económica, se intentaron nuevos modelos de organización de la producción, se procedió a un esfuerzo de nacionalización de la economía y se promovió una activa intervención estatal. Sin embargo, a la sombra del régimen militar prosperaba una nueva burguesía industrial y financiera estrechamente ligada al capital extranjero, que seguía invirtiendo en actividades más rentables.

Fue cuando, alentada por la crisis mundial de energéticos, la recesión llegó a Perú. Tras errores y vacilaciones, el gobierno de Velasco fue derrocado, asumiendo Morales Bermúdez, quien en corto tiempo empezó los cambios. Estos implicaron el freno a la actividad estatal, la reprivatización de la economía, la apertura al capital extranjero y la sumisión al Fondo Monetario Internacional, mientras el peso de la crisis se descargaba sobre las masas trabajadoras.

La deuda externa peruana, que era de unos 4,000 millones de dólares en 1976 (un tercio destinado a la compra de armamentos), saltó a aproximadamente 11,000 millones, a fines de 1978. El sol fue devaluado, los salarios reales rebajados, el gasto fiscal reducido, la ley de inversiones extranjeras modificada. Pese a la recesión, el país aumentó sus exportaciones de petróleo (en que la Occidental Petroleum participa con más de la mitad) y de cobre (donde es similar la posición de la Asarco norteamericana), así como de hierro y plata; sumados a esos productos, el azúcar, el café, el algodón, la harina y el aceite de pescado corresponden a 90% de las exportaciones totales.

Así, Perú de Morales Bermúdez se ha convertido en uno más de los regímenes militares que, en el cono sur, cumplen el doble propósito de reconvertir la economía a las exigencias de la nueva división internacional del trabajo y de asegurar en ella la supremacía del gran capital nacional y extranjero. A los trabajadores, a quienes se les quiso hacer creer en el "socialismo" peruano, les queda tan sólo el recurso a la lucha, para defender sus condiciones de vida. Y, cuando lo hacen, deben enfrentarse a los dos guardianes del gran capital: el Gobierno militar y los partidos burgueses, como se evidenció en la actitud de éstos frente al paro decretado por la CGTP.