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Petróleo caliente:

la nueva política venezolana

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 21 marzo 1979.

 

La política petrolera anunciada por el flamante gobierno de Herrera Campins, a través de la conferencia de prensa ofrecida el sábado pasado por su ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, implica modificaciones profundas en las relaciones entre el Estado venezolano y el cartel internacional del petróleo. El aumento del precio del crudo venezolano, tres veces por encima del que ha establecido la OPEP, para el segundo trimestre de este año, es ya significativo; en efecto, se sabe que el cartel está vendiendo a un precio más alto en el mercado mundial el petróleo adquirido a los países de la OPEP, resultando con ello en el único beneficiario de la desorganización del mercado provocada por los acontecimientos de Irán. Pero son aún más importantes las modificaciones que, de acuerdo a Calderón, Venezuela introducirá en los convenios de asistencia técnica y comercialización contratados entre el Estado y el cartel.

Conviene tener presente que la nacionalización petrolera de 1975 introdujo cambios en la relación de subordinación que mantenía Venezuela respecto al cartel internacional, pero no la rompió; más bien, el eje de esa subordinación se desplazó desde la esfera productiva a la esfera tecnológica y comercial. En la primera, antes de la nacionalización, las subsidiarias de la Exxon y la Shell controlaban un 80 por ciento de la producción, que —mediante una jugosa indemnización— pasó a manos del Estado. Pero, en la segunda, se estrecharon los lazos de dependencia, a través de los acuerdos leoninos que las ex concesionarias impusieron al Estado venezolano, los cuales les han permitido seguir haciendo dinero a costa del petróleo del país sin incurrir en ningún riesgo,

Así, los contratos de asistencia técnica crean derechos sobre la producción, toda vez que acarrean un pago de 20 centavos de dólar por barril producido o refinado en el país. Es más: por los convenios suscritos, la empresa estatal Petroven se obliga a pagar por el uso da una tecnología ya conocida y aplicada, mientras que toda tecnología nueva debe ser objeto de acuerdos específicos y no pasa nunca a ser propiedad de la empresa.

Dichos contratos se sustraen a la jurisdicción de los tribunales venezolanos e impiden la integración de la industria nacionalizada: Petroven y cada operadora suya tienen prohibido revelar a terceros la información obtenida por ese medio, siendo que las diferentes operadoras de Petroven se consideran entre sí como terceros.

Por su parte, los contratos de comercialización otorgan a las antiguas concesionarias descuentos directos sobre las exportaciones que realizan a Curazao y Aruba, donde ellas poseen refinerías propias. Les conceden también descuentos indirectos, mediante los amplios períodos con que cuentan para hacer sus pagos. Esos contratos comprometen una proporción de la producción exportable cercana a la de que disponían las ex concesionarias antes de la nacionalización.

Es esa la realidad que pretende modificar el nuevo gobierno venezolano. Esto configura una situación que puede llegar a adquirir carácter conflictivo entre el Estado venezolano y las multinacionales del petróleo. Si las cosas toman ese rumbo si surgen, como es probable, nuevos problemas para el cartel en el Oriente Medio, a raíz del acuerdo egipcio‑israelí que impulsa el presidente Carter, la cuestión petrolera podrá conducir a un caldeamiento de la situación internacional, en un plazo relativamente corto.