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Bolivia:

hacia la crisis del Estado

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 12 diciembre 1979.

 

El aspecto más relevante de la huelga general llevada a cabo el lunes pasado por los obreros bolivianos (la segunda en lo que va del mes) reside en que se realizó explícitamente en apoyo a los campesinos, en la lucha que éstos libran contra la política económica del Gobierno. Las declaraciones divisionistas de Lechín contra el bloqueo de carreteras no han hecho arredrar pie a los campesinos y tampoco han frenado la solidaridad irresistible quo despiertan en las masas obreras y populares.

Las luchas políticas en la Bolivia contemporánea muestran, a primera vista, que el talón de Aquiles del movimiento popular ha sido siempre la incapacidad del proletariado para concretar una alianza estable con los campesinos. No de otra manera se explica el curso que tomó la revolución del 52, cuando, con las Fuerzas Armadas destruidas, la clase obrera tuvo el país a su merced. Sin embargo, al revés de aliarse con el campesinado para ejercer directamente el poder, prefirió delegar su ejercicio a la pequeña burguesía, dejando en manos de ésta la dirección de los campesinos. Fue sobre esta base como los militares pudieron rehacerse y encabezar la contrarrevolución desatada a mediados de los sesenta.

La nueva ola revolucionaria que sacudió a Bolivia a principios de esta década y que culmino en 1971, no mostró cambios significativos en las relaciones de clases. El proletariado, aliado a los sectores radicales de la pequeña burguesía urbana, se planteó la constitución de un poder paralelo, desde el cual presionaba al gobierno del general Torres. Pero en ese poder, expresado en la Asamblea Popular, los campesinos no tenían representación.

En sociedades como las nuestras, en que es lento el desarrollo capitalista o, cuando se acelera, provoca una extremada concentración industrial, el campesinado no sólo mantiene un peso social significativo sino que sufre aún más brutalmente que los trabajadores urbanos el deterioro de sus condiciones de vida. Constituye, pues, una fuerza social importante y, más que esto, objetivamente revolucionaria. No por otra razón, desde Marx, en el curso de la revolución alemana de 1848, pasando por Lenin, con su consigna de la "dictadura democrática de los obreros y los campesinos" y llegando a las revoluciones de nuestros días, la política revolucionaria del proletariado ha privilegiado siempre la alianza obrero‑campesina.

En el curso del actual proceso boliviano, aunque se observen todavía diferencias y roces entre esas dos grandes clases, se hace también evidente su acercamiento. Para ello, juega un papel importante la actuación de la reacción burguesa e imperialista, que no ceja en sus esfuerzos por imponer al país, como lo está haciendo en casi toda América Latina, la política del capital financiero internacional, propugnada por el FMI. Las medidas económicas de la presidenta Lidia Gueiler, que rebajan los aranceles, liberan los precios, restringen el crédito y contienen las importaciones, al golpear el nivel de vida de las masas, crean de por sí condiciones favorables para el accionar unitario de éstas.

Con un Congreso en que es grande la presencia de la reacción y un Gobierno que, surgido de la resistencia popular al golpismo, se vuelve contra el pueblo, esa situación amenaza seriamente con llevar a la crisis al Estado. No se equivocan, pues, los militares al estar alertas sobre la posibilidad de la guerra civil. En lo que se engañan, es en atribuirla a la "democracia formal", proponiendo como remedio una democracia restringida, bajo su control.

Para que esto pudiera resultar, sería necesario, primero, restaurar la maltrecha unidad de las Fuerzas Armadas y, por sobre todo, revertir la tendencia que, en torno a la alianza entre obreros y campesinos, apunta hacia la formación de un poderoso movimiento popular.