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El Salvador:

la masacre del Domingo de Ramos

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 2 abril 1980.

 

La matanza llevada a cabo en San Salvador, el domingo pasado, tiene muchas implicaciones. En primer lugar, destaca la responsabilidad directa en la misma de la Junta de Gobierno y de las Fuerzas Armadas: el comunicado de la Junta, que pretendía cínicamente culpar a las organizaciones populares, no sólo ha sido rechazado por éstas y la prensa internacional, sino que fue desmentido punto por punto por los representantes de la Iglesia Católica presentes. Además, la ausencia de personeros del Gobierno, tanto civiles como militares, en las exequias de monseñor Romero, así como la falta ostensible de vigilancia en las calles, habla sola del carácter premeditado de la acción gubernamental.

Pero la responsabilidad de la masacre no atañe sólo al Gobierno salvadoreño, sino también al de Estados Unidos. No hay otra manera de explicar la prisa con que el Departamento de Estado manifestó su apoyo a la Junta, al día siguiente de la masacre, al tiempo que urgía al Congreso a aprobar nueva ayuda militar a la misma, por 6 millones de dólares, propuesta por el presidente Carter. Junto con ello, el Gobierno norteamericano instó también a la aprobación de más créditos a la dictadura militar hondureña.

En lo que ocurre en El Salvador, los gobiernos de la región no quedan tampoco exentos de responsabilidad. La ausencia de sus diplomáticos en el sepelio de monseñor Romero (al que sólo asistió el canciller nicaragüense) lleva a pensar que, si no se encontraban informados de lo que iría pasar, no se hacían ninguna ilusión sobre ello. Si este es su punto de vista respecto a lo que se puede esperar de la Junta salvadoreña, no se justifica la pasividad que, en su casi totalidad, manifiestan respecto a ella.

Esto —que es aplicable también a los gobiernos democráticos de otras regiones— se extiende a las organizaciones internacionales, en particular la OEA y la ONU. Sólo la Internacional Socialista ha expresado su repudio abierto al Gobierno de El Salvador, aunque, en el plano diplomático, las consecuencias de esa toma de posición no se hagan todavía sentir. La presencia de Nicaragua, desde ayer, en la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, permite esperar un cambio en la actitud de ese organismo, aunque es evidente que Nicaragua no podrá hacer mucho, si se encuentra sola.

Ya no quedan dudas de que el imperialismo norteamericano y la junta salvadoreña están poniendo en práctica métodos de contrainsurgencia que interesan directamente a las naciones latinoamericanas de mayor desarrollo capitalista y alto grado de urbanización. Se trata de métodos distintos a los que se utilizaron en Nicaragua y —pese a que algunos han evocado este caso— diferentes también de los que se aplicaron en Indonesia en 1965 (éstos hacen más bien recordar al Chile de 1973). Quizá sólo en Argentina, aparte de Irán, se haya echado mano, en cierta medida, de esos métodos.

Sin embargo, como en Nicaragua, y pese a que la instalación de la actual Junta de Gobierno hacer pensar que ello no fuera así, lo que más llama la atención es la unidad que, hasta ahora, presenta el Ejército salvadoreño en su accionar criminal. La pregunta que nos hacíamos, a propósito de Nicaragua: ¿en qué medida 20 años de contrainsurgencia han cambiado la naturaleza de nuestros ejércitos?, sigue de pie.

En un momento en que en toda la región se asiste a un nuevo ascenso de las luchas populares, la respuesta a esa pregunta es la tarea más urgente que deparan las fuerzas democráticas y progresistas de nuestros países.