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El carácter del Estado Militar

y sus implicaciones para la izquierda

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Correo de la Resistencia, órgano del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile en el exterior, número 13, agosto-octubre de 1976, (Editorial). Versión original [PDF].

 

Al completarse tres años de existencia de una dictadura contrarrevolucionaria, que ha impuesto a la clase obrera y al pueblo un régimen de superexplotación y terror sin precedentes en nuestra historia, se hace indispensable proceder a una evaluación de la situación chilena. En ella, no deben influir los prejuicios heredados de análisis anteriores, tanto de aquellos que florecieron en la estela de las ilusiones creadas por el gobierno de la Unidad Popular, como de los que surgieron con posterioridad al golpe militar. Sólo un análisis realista garantiza una correcta línea política, capaz de resolver las tareas del período.

El Estado Militar

Lo primero a considerar es el carácter de la contrarrevolución burguesa e imperialista en Chile y, en general, en Latinoamérica. Quienes, siguiendo el camino fácil de recurrir a antiguos esquemas, para de allí deducir una línea de acción, han identificado a esa contrarrevolución con el fascismo europeo, le han prestado objetivamente un buen servicio a las burguesías criollas y al imperialismo norteamericano. En efecto, confundir los hechos es permitir que el verdadero carácter y las perspectivas de la contrarrevolución latinoamericana sigan en la sombra, lo que sólo dificulta al proletariado definir una estrategia de lucha contra ella.

A diferencia de la contrarrevolución fascista de hace cincuenta años en los países capitalistas europeos, la actual contrarrevolución latinoamericana no responde tan sólo a una situación coyuntural de debilidad de la burguesía y el imperialismo. Todo lo contrario, es generada por la debilidad estructural de la burguesía dependiente de nuestros países, agudizada por la crisis del esquema de acumulación en que se basara hasta la mitad del siglo y la consiguiente necesidad de redefinir su relación con la economía capitalista mundial. Esa debilidad se acrecentó porque la pérdida misma de vigencia del antiguo esquema de acumulación (basado, en Chile, en el enclave cuprero) acentuó la lucha de clases y favoreció la emergencia de una amplia alianza de clases, con el proletariado a la cabeza.

Amenazada por el proletariado, dividida internamente, la burguesía debió traspasar el aparato estatal al grupo que se venía preparando para ello desde hacía una década: los militares. Uno de los elementos esenciales de la contrarrevolución latinoamericana es la militarización del Estado. Esta empieza antes del golpe militar en sí, mediante el control progresivo de los sectores económicos detentados por el Estado y el ascenso de militares a puestos del aparato estatal, hasta que, al posesionarse íntegramente de éste, ellos dictan desde allí sus condiciones a la burguesía.

A diferencia del fascismo europeo, que subordina el ejército a un partido político, en América Latina el pacto contrarrevolucionario se realiza directamente entre la institución militar y los órganos corporativos de la burguesía. Es sobre esta base que se erige el Estado tecnocrático-militar y cómo se forja el binomio seguridad-desarrollo en que éste busca su legitimación ideológica. El recurso a instrumentos del arsenal fascista no debe confundirnos sobre este particular.

La existencia de un Estado fuerte, que disponga incluso de una relativa autonomía respecto a ella, es una de las premisas para que la burguesía pueda superar su crisis económica y política. Primero, porque ese Estado puede imponerle a la clase en su conjunto una unidad de facto y someter por la fuerza al proletariado insurgente. Segundo —y este es un aspecto fundamental— porque en la medida en que la burguesía dependiente debe buscar nuevas formas de integración con la burguesía imperialista, cuyo poderío es desproporcionadamente superior, se le hace necesario contar con un instrumento que concentre sus fuerzas y le proporcione así un medio eficaz de negociación.

El Estado tecnocrático-militar, en que se expresa la contrarrevolución latinoamericana en nuestros días, es pues una necesidad vital para la burguesía. Pero lo es también para el imperialismo, una vez que es sobre esta base como éste puede llevar a cabo la reestructuración de la economía mundial, iniciada en la postguerra, la cuál implica afirmar plenamente la circulación del capital-dinero por sobre la del capital-mercancías. Lo que Lenin advirtiera ya; la supremacía de las exportaciones de capital en la fase imperialista, se convierte en la característica absolutamente dominante de la economía capitalista contemporánea. Esto exige la apertura de campos de inversión, entre los cuáles ocupa papel destacado para el imperialismo yanqui la economía latinoamericana.

¿Por qué se refuerza la dictadura?

Ello se acentúa cuando el imperialismo se ve arrastrado, como lo ha sido ya, a una crisis económica que lo debilita en términos globales, permitiendo a las fuerzas revolucionarias asestarle golpes decisivos en diferentes partes del mundo.

Las derrotas en el Sudeste asiático y en África han forzado al imperialismo a reforzar su control en sus zonas estratégicas y lo han llevado a atrincherarse en su traspatio colonial: América Latina. Creer que en una época de crisis, en que se enfrentan por doquier la revolución y la contrarrevolución, la simple lucha entre fracciones imperialistas (como las que se expresan en Carter y Ford) puede ir más allá de diferencias tácticas y poner en entredicho a los intereses estratégicos del imperialismo, es desconocer las leyes más elementales de la historia.

Para que las cosas cambiaran de hecho en Latinoamérica, sería necesario que la contrarrevolución estuviera ya agotando su impulso y, en contrapartida, la clase obrera hubiera retomado la iniciativa. Los hechos de Argentina y Perú, para no hablar de lo que se esboza ya en Venezuela, México, Panamá, indican lo contrario. Así, la Junta chilena ha sacado nuevas energías de la correlación de fuerzas en el continente e, incluso, esto le está permitiendo maniobrar con más autonomía, aprovechando la rivalidad sorda que, en el marco de su obligada cooperación, mantienen Brasil y Argentina. La crisis que ha provocado en el Pacto Andino es una muestra de ello.

Por otra parte, la Junta ha contado con créditos e inversiones directas extranjeros, que le han dado cierta holgura económica, a lo que se unen los precios internacionales del cobre. Pinochet y su pandilla se encuentran en posición de exigir más de la fracción monopólica y financiera que representan, y tratan de forzarla a invertir en las ramas que deben asegurar la redefinición de la dependencia chilena, al tiempo que pueden ofrecer mejores condiciones a los empresarios ligados al mercado interno. Todo ello, sin hacer ninguna concesión a las masas trabajadoras, que siguen sometidas a los salarios de hambre y a la cesantía.

Un factor que ha facilitado la acción de la Junta es la incapacidad de la izquierda para oponerle un frente común. En un momento en que los intereses de los trabajadores, por la misma estrechez del espacio en que pueden manifestarse, asumen un perfil nítido: defensa del nivel de vida, reconquista de libertades democráticas y, por ende, derrocamiento de la Junta, en un momento así, la izquierda se ve más confundida que nunca. Resurgen las pretensiones de lograr una colaboración de clases con esa burguesía que vemos, sonriente o a regañadientes, alineada detrás de Pinochet. Con ello, inevitablemente, se alientan maniobras divisionistas en la izquierda y el autoengaño respecto a las posibilidades de derrocar a la Junta a corto plazo.

La unidad como imperativo

Las bases para cualquier planteamiento político serio de izquierda están a la vista de todos. Ese planteamiento pasa por el reconocimiento de las raíces estructurales de la contrarrevolución latinoamericana. Ello no deja margen para ningún “frente antifascista”, invalida cualquier ilusión respecto al alcance de las contradicciones interimperialistas y no permite pensar sino en una lucha a largo plazo, que rebasará las fronteras de Chile, engarzando con la de la clase obrera y los pueblos de los demás países de América Latina.

Una correcta política de izquierda pasa por la constatación de la incapacidad de los sectores subordinados al gran capital financiero e industrial para ofrecer una salida alternativa a la que ese capital implementa. En consecuencia, la alianza antidictatorial tiene que buscarse en el seno del pueblo mismo y, en primer lugar, en la unidad y el fortalecimiento de la clase obrera. Sólo a partir de ahí es posible plantearse la ampliación del bloque social antidictatorial, que puede ser muy ancho, dado el carácter mismo del gobierno militar.

En términos políticos, ello implica la unidad de la izquierda, como punto central de toda política de alianzas. Fracciones políticas de la burguesía que han sido desplazadas, grupos de empresarios medianos y pequeños e, incluso, sectores de la pequeña burguesía no propietaria sólo aceptarán una política de izquierda en la medida en que ésta cuente con una fuerza social real, que no puede ser otra que la del proletariado. Será éste el que tenga que constituirse en el eje central del frente antidictatorial y señalar a sus integrantes el camino de la victoria: la destrucción del Estado tecnocrático-militar. Cualquier otra fórmula, sea cual sea su disfraz, no indica sino el camino del fracaso.

Tres años de superexplotación y terror debieran bastar para que la izquierda asimilara las causas de las derrotas anteriores. Es tiempo ya de llegar a acuerdos concretos, que expresen —en el grado que hagan posible el desarrollo político de la izquierda— los intereses de las masas trabajadoras de Chile. Es tiempo ya de unir fuerzas para avanzar.