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La institucionalización de la dictadura:

un proyecto burgués imperialista

que la lucha de masas vuelve más urgente

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Correo de la Resistencia, órgano del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile en el exterior, número 18, mayo-junio de 1978, (Editorial). Versión original [PDF].

 

El segundo trimestre del año 78 ha profundizado las tendencias que se vienen perfilando desde 1977 en la lucha de clases nacional. Por una parte, la persistencia y profundización del proceso de recuperación y ascenso del movimiento de masas; por otra, los esfuerzos del capital monopólico internacional y nacional y de la dictadura, por llevar adelante la fase de institucionalización de la contrarrevolución, buscando en lo inmediato establecer un marco mínimo de convivencia entre las distintas fracciones burguesas y, en el mediano plazo, tratando de avanzar hacia la construcción de un nuevo Estado y un nuevo sistema de dominación.

Las razones de la institucionalización

Bajo la presión de tres órdenes de problemas, la dictadura chilena y el capital monopólico se han visto en la necesidad de acelerar el ritmo del proceso de institucionalización. En primer término, el interés de la política exterior norteamericana, por apurar en América Latina el tránsito hacia las formas más estables de dominación, que permitan “enfriar” la zona y evitar la irrupción de conflictos abiertos.

En segundo término, la necesidad de los diversos grupos monopólicos chilenos, incluidas las fuerzas de la oposición burguesa, de establecer un marco jurídico-político que les permita canalizar y resolver sus diferencias de intereses, en un momento en que la lucha por el control de los sectores más rentables de la economía se hace más fuerte, como también la lucha por la participación directa en el control del aparato estatal, de los créditos y mecanismos de asociación con el capital extranjero. Por otra parte, el capital monopólico local requiere con urgencia de cambios en la imagen del régimen chileno, que favorezcan el flujo de inversiones extranjeras, que, hasta los primeros meses de 1978, se veían retenidas por razones de carácter principalmente político. Esta situación ya empezó a cambiar. El flujo del capital extranjero es hoy notorio en Chile.

En tercer lugar, la gran burguesía chilena y el imperialismo están hoy preocupados por la recuperación del movimiento de masas, su creciente iniciativa en el terreno de la lucha económica y política, lo que amenaza la perspectiva de que la contrarrevolución pueda completar su obra y consolidarse. Se requiere, pues, operar con urgencia e impedir que las fuerzas obreras y populares lleguen a conformarse en un sólido bloque, que eche por tierra los planes de la burguesía. Confundir y dividir al movimiento de masas es uno de los objetivos perentorios del capital monopólico, de los Edwards, los Pirañas, los Frei y los socialdemócratas hoy día en Chile.

Por último, la institucionalización es reclamada por las propias Fuerzas Armadas, que insisten en su participación como cuerpo y no a través de caudillos y camarillas en la dirección del Estado y del Gobierno.

Dificultades de la Junta y la dictadura

La Junta y el régimen militar se han enfrentado a la persistencia de una situación difícil en el plano internacional, a pesar de los reconocimientos del Departamento de Estado norteamericano, luego de los anuncios de la “amnistía restringida” y el cambio de Gabinete. Persiste también una situación conflictiva no resuelta en el plano regional, sobre todo con Argentina y Bolivia, a pesar de los avances obtenidos en el alivio de tensiones con el Gobierno peruano.

La huelga de los familiares de los prisioneros políticos y prisioneros políticos desaparecidos, en Chile y el exterior, ha venido a acentuar aún más el desprestigio del régimen chileno, contribuyendo a mantener su aislamiento. El caso Letelier ha sido utilizado dosificadamente por el imperialismo norteamericano para ejercer presión sobre Pinochet y la Junta, en dirección a obligarlos a adoptar criterios más flexibles en el proceso de institucionalización y en el tratamiento a la oposición burguesa, principalmente al freísmo-PDC y a los sectores socialdemócratas.

En el campo interno, Pinochet se ha visto enfrentado al surgimiento de una poderosa corriente al interior de las FFAA, que reclama la participación institucional de dichos aparatos en la dirección del Estado y el Gobierno y la subordinación de los representantes (Presidente y miembros de la Junta) al mandato y los dictados de la corporación militar en su conjunto. Dichos sectores, encabezados por Herman Brady y Washington Carrasco en el Ejército, estrechamente ligados al Pentágono y Departamento de Estado, son partidarios de la institucionalización como proceso que debe consagrar a las FFAA como cuarto poder y como eje rector del nuevo Estado y sistema de dominación.

En el curso de los últimos meses, se ha hecho clara la pérdida de fuerza y de iniciativa de la oposición burguesa y, en particular, del freísmo. En concreto, el freísmo y el PDC no son hoy alternativas de recambio eficaz para el capital monopólico en Chile. Esto ha llevado a Frei y el PDC a plantearse la necesidad de un gobierno militar de transición que suceda a Pinochet, señalando de paso su disposición a colaborar con él y, al mismo tiempo, a trabajar a mediano y largo plazo en un proyecto político. Dicho proyecto pasa por reganar el apoyo y confianza del capital monopólico y reconstruir un bloque policlasista que concite el apoyo de importantes sectores populares, lo que exige dividir al movimiento de masas y dividir a la izquierda. Tal es el papel que el freísmo-PDC jugará, y juega desde ya en la escena política chilena.

Paralelamente, el movimiento de masas ha continuado expresando su dinámica de recuperación. Tales son las características más notorias que dan cuenta de esta situación: por una parte, la extensión social de la recuperación, puesto que no sólo los obreros de las grandes industrias, centros mineros o los trabajadores de las reparticiones públicas son los que se mueven por objetivos económicos y reivindicaciones políticas, sino también los obreros de la pequeña y mediana industria, el ejército de desocupados organizado en torno a las Bolsas de Cesantes, los campesinos, las mujeres y el movimiento estudiantil, los propios prisioneros políticos; por otra parte, la recuperación se extiende geográficamente desde Santiago al norte y al sur: Valparaíso, la Serena, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Lota, Coronel, Valdivia, Punta Arenas han conocido conflictos y movilizaciones importantes.

El tercer rasgo distintivo que observa el movimiento de masas es la creciente autonomía e independencia, respecto de los intentos de copamiento de su liderazgo y dirección por la oposición burguesa. Al respecto, el rechazo generalizado del Plan Kelly (dado a conocer por Roberto Kelly, director de Odeplan), conocido también como Plan Laboral, es prueba de ello.

El plan se propone consagrar un conjunto de medidas lesivas a los intereses de los trabajadores y necesarias al capital monopólico y al conjunto de los grupos burgueses. Se trata de abolir definitivamente la ley de inamovilidad; reformar la ley provisional, reduciendo las cotizaciones y bajando, pues, el costo de la fuerza de trabajo para los capitalistas; eliminar el sueldo mínimo para los menores de 23 años; aprobar por decreto los libros I y II del Código del Trabajo, etc. En definitiva, un conjunto de medidas que facilitan y tiendan a aumentar la superexplotación del trabajo.

Los trabajadores mineros de Chuquicamata, Salvador, Lota y Coronel; de la construcción, de la CAP, de la Federación Textil, los marítimos, las Federaciones campesinas y los trabajadores fiscales, todos los trabajadores chilenos, han rechazado estas medidas y se han puesto en pie de lucha.

Hay que resaltar, también, la heroica y combativa huelga de hambre de los familiares de los prisioneros políticos y prisioneros políticos desaparecidos que ha mostrado la energía y capacidad de lucha de los trabajadores y el pueblo chileno. Los huelguistas recibieron el apoyo activo de las propias fuerzas políticas, de las Bolsas de Cesantes, organizaciones de mujeres, estudiantes, federaciones y sindicatos, organizaciones campesinas, intelectuales y artistas, sacerdotes, etc.

La posición de la dictadura ha sido de intransigencia, pues el problema de los desaparecidos es un problema político de difícil solución para la Junta, la dictadura y las clases dominantes chilenas. Sin embargo, la firmeza de los huelguistas y el enorme apoyo que el movimiento ha encontrado en Chile y el exterior obligan a las clases dominantes a buscar una respuesta y una salida. En torno a ello, se desarrolla hoy un importante proceso de discusiones y apreciaciones diferentes en el seno de la Junta y el bloque dictatorial. Los distintos sectores burgueses se inclinan hacia una salida que reconozca la “muerte jurídica de los desaparecidos” y de situar las responsabilidades, por una parte, en el conjunto de las Fuerzas Armadas como excesos “lógicos” al enfrentar la “subversión interna” y, por otra, a acentuar, dentro de ciertos límites, la línea de concentrar los fuegos sobre personemos de la ex-DINA.

El éxito del movimiento depende en esencia de la incorporación más firme, amplia y activa de la clase obrera, los trabajadores, estudiantes y campesinos, a través de nuevas medidas de fuerza que obliguen a la dictadura al esclarecimiento total de los hechos.

Desviaciones en la izquierda

El viraje producido en la escena política chilena, con el encauzamiento hacia la institucionalización y hacia la construcción de un nuevo tipo de Estado y un nuevo sistema de dominación, ha provocado una “corrida” oportunista por parte de sectores de la izquierda chilena.

Ellos piensan que es inevitable, en el marco de la actual correlación de fuerzas, que la contrarrevolución complete su obra y gane la batalla, estableciendo una nueva forma de dominación, que encuadrará a las masas en el marco de una economía superexplotadora, de rostro amargo, teñida de hambre y miseria, bajo un Estado autoritario, excluyente y represivo, que tomará la forma de una “democracia restringida” y vigilada permanentemente por las Fuerzas Armadas convertidas en cuarto poder y en mando supremo y contralor de los otros poderes: ejecutivo, Legislativo, Judicial. Siendo así las cosas, y no “habiendo fuerzas para cambiar ese rumbo”, lo más cuerdo, concluyen los “realistas pragmáticos”, es plegarse a ese proceso, tratando de conquistar el espacio político para una existencia tolerada en el nuevo régimen.

Estas fuerzas son las mismas que, ayer, claudicaron ante la arremetida burguesa y que hoy, una vez más, se inclinan ante el enemigo de clase. Son los sectores que sostienen que el enemigo principal es Pinochet, que sobre él hay que concentrar los fuegos para lograr que lo suceda un nuevo gobierno militar, al que hay que “apoyar y saludar a las medidas positivas que tome”.

Para estos sectores, en el momento actual no hay que hacer nada que perturbe ese proceso “lógico” y “natural” (la institucionalización). La lucha de clases y la lucha de las masas deben permanecer lo más tranquilas posible, a fin de no aparecer como acciones provocadoras que tiendan a fortalecer a Pinochet y los elementos más duros de la dictadura, desviando el proceso en curso de su cauce “natural”.

Del mismo modo, la lucha político-militar y su principal expresión hoy en Chile: la propaganda armada, deben ser excluidas del accionar de los trabajadores y la Resistencia, porque “asusta” a la burguesía y a las Fuerzas Armadas que quieren institucionalizar para construir una democracia vigilada.

Es preciso librar un combate ideológico abierto contra estas tendencias oportunistas y capitulacionistas, que aparecen en el seno de la izquierda chilena.

La lucha por la unidad de la izquierda y la Resistencia debe mantenerse, de igual modo, como nuestra principal bandera, durante esta nueva fase.

Se moviliza la retaguardia

Durante las últimas semanas del mes de mayo y durante junio, la izquierda y el exilio chileno han desarrollado la principal movilización de los últimos años. La unidad y la combatividad de los huelguistas y el movimiento desarrollado en tomo a las huelgas de hambre y las acusaciones a la dictadura han sido, hasta el momento, sus principales características. En cierta medida, el terreno ha sido abonado por los esfuerzos unitarios desplegados en el campo de la solidaridad por el MIR y la mayoría de la izquierda, uno de cuyos resultados más importantes fue la reciente reunión de Libia. También ha contribuido la presencia de la delegación de la Asociación de Familiares de presos políticos y desaparecidos, que salió de Chile y ha realizado una amplia gira por Europa y USA, desarrollando un valioso trabajo de denuncia contra el régimen dictatorial y dando una prueba práctica de la unidad por la base, lograda en el frente.

Prácticamente, todos los países donde existen exiliados chilenos y organización de la izquierda en el exterior, se han plegado al movimiento huelguístico iniciado en Chile, mediante huelgas de hambre, campañas de denuncias, trabajo diplomático sobre gobiernos, parlamentos, organismos internacionales, partidos y fuerzas políticas, movilizaciones sobre las embajadas chilenas, etc.

Las huelgas y movilizaciones de estos días han mostrado las potencialidades de lucha que tiene la acción de la izquierda chilena en el exilio, y la necesidad de orientar el trabajo en la retaguardia en una dirección que permita apoyar más firme, amplia y sistemáticamente las luchas que se libran en el frente.

El problema del retorno

La amnistía restringida decretada por la dictadura despertó muchas esperanzas en miles de chilenos que viven un exilio forzoso. Lo positivo de los hechos y de las ilusiones que se generaron en tomo a la amnistía, es que muestra de manera palpable que el exilio chileno está vivo, que hay disposición de volver al frente, de volver a Chile. El gran problema está en cómo la izquierda canaliza esa aspiración, esa disposición.

En este sentido, algunos sectores fueron arrastrados al propio juego de la dictadura, que buscaba con la medida legitimidad internacional, cambiar un poco su rostro, mostrar una apertura. Sin embargo, la propia vida y las limitadas capacidades de maniobra del régimen militar se encargaron de poner a desnudo el carácter de la amnistía, que, al final de cuentas, ha sido en lo fundamental un arreglo entre la burguesía y una garantía para los asesinos y torturadores de la DINA-CNI y demás cuerpos represivos.

Sin embargo, por entre los resquicios políticos y jurídicos que deja esta amnistía, es posible que un cierto número de exiliados pueda volver a Chile. En este campo, nos parece positivo que el exilio chileno se plantee el retorno al frente, se disponga a luchar, a contribuir con el grano de arena que nos corresponde para liberar a la Patria del flagelo de la tiranía y de la superexplotación.

El retorno de cualquier chileno de izquierda hoy a Chile, siempre que no se haga legitimando a la dictadura, favorece la lucha de la Resistencia y la acción contra el régimen dictatorial. Pero nadie puede hacerse ilusiones: el regreso a Chile es un regreso para luchar, para aumentar el caudal de las fuerzas que nos permitan derribar el régimen; el regreso debe ser un retorno para llevar más energía moral y física a los combatientes de la Resistencia.

Por ello, es positivo que todos los que puedan regresar legales o aprovechando los resquicios que crea la amnistía, se preparen para ello y vuelvan a tomar su puesto de combate.

Lo que sí debe ser muy claro para todos es que el derecho al retorno no depende, no ha dependido nunca, ni dependerá jamás de la buena o mala voluntad de Pinochet, la Junta, El Mercurio o la Corte Suprema. Ante todo, el retorno depende de la decisión de lucha y de una correcta línea política, que nos permita circular entre frente y retaguardia sin el permiso de la dictadura y sus esbirros.

Y debemos ser claros en una cosa; hoy es una exigencia política perentoria el regreso al frente, a luchar, a combatir en las filas de la Resistencia.