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La cuestión del Estado

en las luchas de clases en América Latina

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Cuaderno 44, Serie Avances de Investigación, Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1980.

 

Introducción

La etapa histórica que se ha abierto en los años recientes, en América Latina, está poniendo otra vez en el centro de la discusión ideológica la cuestión de la relación entre la lucha socialista y la lucha democrática. Ello es así porque, tras las formas violentas que asumió la contrarrevolución burguesa e imperialista en el continente, a raíz de la Revolución Cubana, el proceso político latinoamericano ha sufrido una inflexión, perceptible ya a fines de 1976, que lo conduce hacia el cauce de la democratización. En estas condiciones, las fuerzas de izquierda se han visto confrontadas a una situación nueva. En efecto, en las condiciones anteriores, el simple hecho de ponerse al frente de la resistencia contra los regímenes contrarrevolucionarios, por lo general dictaduras militares, las convertía inmediatamente en intérpretes de las aspiraciones políticas de las amplias masas, particularmente cuando las disidencias burguesas se planteaban con extrema timidez ante el bloque en el poder, no logrando salirse del marco de la contrarrevolución. Sin embargo, al configurarse la tendencia a la democratización, la izquierda no sólo ha comenzado a perder el monopolio de la lucha democrática, ante el surgimiento de movimientos con conducción burguesa que se plantean también en este terreno, lo que la obliga a diferenciarse de éstos, sino que la incorporación de masas cada vez más amplias a la lucha política contra los regímenes dictatoriales y la importancia que allí asume la clase obrera hacen necesario que la izquierda busque una definición programática que exprese los intereses estratégicos de esta clase, los cuales apuntan naturalmente hacia el socialismo, y los enlace con los que, sin dejar de ser también de la clase obrera, relevan de otras clases y fracciones de clase, inscribiéndose más bien en la lucha por la democracia.

La piedra de toque de la relación dialéctica entre ambas líneas de acción es sin duda la concepción de Estado y de su relación con la sociedad. Es de allí que se deriva, en última instancia, la estrategia que las fuerzas de izquierda deben plantear, para arribar a la articulación de estas líneas. No es, pues, accidental que la cuestión del Estado se esté convirtiendo en la cuestión ideológica por excelencia en Latinoamérica, como ha ocurrido siempre que las luchas de clases se agudizan en el seno de las sociedades burguesas. Tanto más que la reflexión política de la izquierda latinoamericana se había ya orientado hacia ella, tras el impacto provocado por la experiencia chilena, y que lo deba hacer de manera aún más decidida desde el momento en que la Revolución nicaragüense, con su método radical de destrucción del Estado dictatorial, la ha reactualizado. Finalmente, las discusiones que se están verificando entre las fuerzas marxistas de Europa han puesto en evidencia que la cuestión del Estado no atañe tan sólo a la estrategia para la toma del poder, sino que la rebasa, incidiendo en todo el proceso de transformación que le sigue, es decir, determinando directamente la forma y el contenido de la transición socialista.

No pretendo aquí, agotar todas las instancias de la discusión que se realiza actualmente en torno a la cuestión del Estado en América Latina. Mi contribución a esta discusión apunta tan sólo a develar la naturaleza del Estado surgido de la contrarrevolución latinoamericana, o sea, el carácter de la estructura estatal que encubren las dictaduras militares, y la especificidad de los distintos proyectos, y por tanto, de las fuerzas sociales que los sustentan, que convergen en la tendencia general a la democratización. En las conclusiones, intentaré sacar de ese análisis algunas de las implicaciones que me parecen más relevantes para el futuro de la lucha socialista en nuestros países.

La contrarrevolución latinoamericana y el Estado

La conquista del poder por el proletariado es un proceso complejo, que no corresponde automáticamente a la pérdida del poder por la burguesía. Más bien, la experiencia histórica nos muestra que la revolución proletaria prolonga su etapa democrática, es decir, de constitución de una fuerza social hegemonizada por la clase obrera -única base sólida para la dictadura del proletariado, y, pues, para la transición socialista- más allá del derrocamiento de la burguesía como clase dominante. Es posible conjeturar sobre las implicaciones de que dicha fuerza social revolucionaria se constituyera antes de la toma del poder por la clase obrera. Sin duda, se acortaría, o se haría incluso innecesaria, la base democrática de la revolución victoriosa; a esto apuntan las tesis del eurocomunismo. Pero -y esto es cierto particularmente para América Latina, donde la única revolución socialista triunfante: la cubana, ha seguido ese patrón, el cual parece imponerse también hoy al proceso revolucionario nicaragüense- la etapa democrática de la revolución proletaria (que no se confunde, como se ha pretendido, con una etapa democrático burguesa, en que la burguesía mantuviera un rol hegemónico) tiende a extenderse hasta después de la destrucción del Estado burgués y es justamente esa destrucción que permite desarrollarse plenamente a la fuerza social revolucionaria y realizarse, entonces sí pacíficamente, el paso del proceso a su etapa socialista. Experiencias revolucionarias clásicas, como la soviética o la china, no desmienten, sino que confirman esta aseveración.

Es por esta razón que la cuestión central de la lucha socialista gira en torno a la destrucción del Estado burgués, lo que, por lo que antes señalamos, no constituye un problema específicamente socialista, sino más bien configura la cuestión democrática que debe resolver el proletariado revolucionario.

Esa aparente paradoja no tiene ninguna posibilidad de resolución si la lucha de la clase obrera por la toma del poder no define con claridad el carácter del Estado contra el cual combate, es decir, la naturaleza de la dominación de clase que le corresponde y la estructura real mediante la cual la clase dominante opera; sólo así es posible plantearse con seguridad la cuestión de las alianzas de clases y, pues, en la medida en que es su consecuencia, de la construcción de la fuerza social revolucionaria. No basta, pues, a la izquierda latinoamericana remitirse a la teoría general revolucionaria para hacer frente al problema de la relación entre la lucha democrática y la lucha socialista, que debe hoy resolver, sino que le es indispensable analizar concretamente el Estado que la contrarrevolución burguesa e imperialista ha puesto de pie en el continente.

Las tres vertientes de la contrarrevolución

Empecemos por considerar a la contrarrevolución. En su proceso de desencadenamiento, podemos distinguir tres vertientes. Como veremos más adelante, ese proceso no sólo generó dictaduras militares, sino que afectó a Estados que no asumieron esa forma. En este sentido, el primer efecto de la acción de esos factores no es tanto el golpe brasileño de 1964, como se sostiene, sino las modificaciones que presenta el Estado venezolano a partir de 1959, bajo el gobierno de Betancourt.

La primera vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es el cambio de estrategia global norteamericana, que interviene a fines de los años cincuenta, y principios de los sesenta, y que es implementada decididamente por el gobierno de Kennedy. Su principal motivación es el hecho de que Estados Unidos, en tanto que cabeza indiscutible del campo  capitalista, se ve enfrentado a una serie de procesos revolucionarios en distintas partes del mundo, como Argelia, Congo, Cuba, Vietnam, que arrojan resultados diferentes pero que hacen temblar la estructura mundial de la dominación imperialista. Esto se acompaña de la modificación de la balanza de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que implica un mayor equilibrio entre ambos. Todo ello conduce al cambio del planteamiento estratégico norteamericano, que pasa de la contemplación de una respuesta masiva y global, en un enfrentamiento directo con la URSS, a la de una respuesta flexible, capaz de enfrentar el reto revolucionario (el cual, en la perspectiva de Estados Unidos, es siempre un reto soviético) donde quiera que éste se presentara.

La nueva estrategia norteamericana tiene varias consecuencias, entre ellas modificaciones en el plano militar, con énfasis por ejemplo en medios de transportación masiva y en fuerzas convencionales; la creación de cuerpos especiales adiestrados en la contraguerrilla, como los Boinas Verdes; y el reforzamiento de los ejércitos nacionales, lo que McNamara en su libro “La esencia de la seguridad” llamó “indígenas en uniforme”, mediante programas de capacitación y armamento. Pero lo más significativo, para lo que nos interesa aquí es la formulación de la doctrina de contrainsurgencia, que establece una línea de enfrentamiento a los movimientos revolucionarios a desarrollarse en tres planos: aniquilamiento, conquista de bases sociales e institucionalización.

Convendría destacar tres aspectos de la doctrina de la contrainsurgencia. En primer lugar, su concepción misma de la política: la contrainsurgencia es la aplicación a la lucha política de un enfoque militar. Normalmente, en la sociedad burguesa, la lucha política tiene como propósito derrotar al contrincante, pero éste sigue existiendo como elemento derrotado y puede incluso actuar como fuerza de oposición: La contrainsurgencia, en una perspectiva similar a la del fascismo, ve al contrincante como el enemigo que no sólo debe ser derrotado sino aniquilado, es decir destruido, lo que implica ver a la lucha de clases como guerra y conlleva, pues, la adopción de una táctica y métodos militares de lucha.

En segundo lugar, la contrainsurgencia considera al movimiento revolucionario como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla; en consecuencia, ve el proceso revolucionario como subversión provocada por una infiltración del enemigo. El movimiento revolucionario es, pues, algo así como un virus, el agente infiltrado desde afuera que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado. También aquí se aproxima a la doctrina fascista.

En tercer lugar, la contrainsurgencia, al pretender restablecer la salud del organismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo su organización política parlamentaria liberal, se propone explícitamente el restablecimiento de la democracia burguesa, tras el periodo de excepción que representa el periodo de guerra. A diferencia del fascismo, la contrainsurgencia no pone en cuestión en ningún momento la validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limitación o suspensión durante la campaña de aniquilamiento. Mediante la reconquista de bases sociales se debe pues marchar a la fase de institucionalización, que es vista como restablecimiento pleno de la democracia burguesa.

La segunda vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es la transformación estructural de las burguesías criollas, que tiende a traducirse en modificaciones del bloque político dominante. La base objetiva de este fenómeno es la integración imperialista de los sistemas de producción que se verifica en América Latina, o más exactamente, la integración de los sistemas de producción latinoamericanos al sistema imperialista, mediante las inversiones directas de capital extranjero, la subordinación tecnológica y la penetración financiera. Ello lleva a que, en el curso de los cincuenta, y aún más de los sesenta, surja y se desarrolle una burguesía monopólica, estrechamente vinculada a la burguesía imperialista, en especial norteamericana.

La integración imperialista corresponde, junto a la superexplotación del trabajo, a la acentuación de la centralización de capital y de la proletarización de la pequeña burguesía. Por esto, agudiza la lucha de clases y apunta a romper el esquema de alianzas adoptado hasta entonces por la burguesía, tanto a causa de las contradicciones existentes entre sus fracciones monopólicas y no monopólicas, como debido a la lucha que se entabla entre la burguesía en su conjunto y la pequeña burguesía, la cual acaba por empujar a ésta hacia la búsqueda de alianzas con el proletariado y el campesinado.

El resultado de ese proceso es la ruptura, el abandono de lo que había sido, hasta entonces, la norma en América Latina: el Estado populista, es decir, el “Estado de toda la burguesía”, que favorecía la acumulación de todas sus fracciones (aunque éstas aprovecharan desigualmente los beneficios puestos a su alcance). En su lugar, se crea un nuevo Estado, que se preocupa fundamentalmente de los intereses de las fracciones monopólicas, nacionales y extranjeras, y establece, pues, mecanismos selectivos para favorecer su acumulación; las demás fracciones burguesas deben subordinarse a la burguesía monopólica, quedando su desarrollo en estricta dependencia del dinamismo que logre el capital monopólico, mientras que la pequeña burguesía, aunque sin dejar de ser privilegiada en la alianza de clases en que reposa el nuevo poder burgués, es forzada a aceptar una redefinición de su posición, pierde importancia política y queda, ella también, totalmente subordinada, con sus condiciones de vida vinculadas a las iniciativas y al dinamismo de la burguesía monopólica.

La tercera vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es el ascenso del movimiento de masas a que debe enfrentarse la burguesía, en el curso de los años sesenta. Ese movimiento venía desarrollándose desde la década anterior; la revolución boliviana del 52, la guatemalteca del periodo 44-54, la radicalización misma de los movimientos populistas en distintos países, habían tenido su primer punto culminante con la revolución cubana. Esta influye particularmente en las capas intelectuales pequeñoburguesas, que atravesaban, como vimos, un periodo de reajuste en sus relaciones con la burguesía, acentuando su desplazamiento hacia el campo popular. Allí gana importancia creciente el movimiento campesino, al paso que se desarrolla un nuevo movimiento obrero, producto del nuevo proletariado creado por la industrialización de las décadas precedentes. Es, en definitiva, ese amplio movimiento de masas, que irrumpe en las brechas del sistema de dominación creadas por la fractura del bloque en el poder y que incide en el sentido de agravar las contradicciones allí existentes, lo que explica la violenta reacción de la burguesía y el imperialismo, es decir, la contrarrevolución que se desata entonces en el continente.

Contrarrevolución y contrainsurgencia

Examinemos brevemente cómo se realiza y adónde conduce esa contrarrevolución y veremos que ella no puede identificarse mecánicamente con el fascismo europeo, aunque sea como él una forma específica de contrarrevolución burguesa y recoja de ésta su característica general: el recurso por la fracción victoriosa al terrorismo de Estado para doblegar a sus oponentes, desde las fracciones rivales hasta, y muy especialmente, la clase obrera. Grosso modo, la contrarrevolución latinoamericana se inicia con un periodo de desestabilización, durante el cual las fuerzas reaccionarias tratan de agrupar en torno a sí al conjunto de la burguesía y de sembrar en el movimiento popular la división, la desconfianza en sus fuerzas y en sus dirigentes; continúa a través de un golpe de Estado, llevado a cabo por las fuerzas armadas, y se resuelve con la instauración de una dictadura militar. Las sociedades concretas latinoamericanas imponen a cada uno de esos momentos su sello particular.

En la fase de preparación del golpe o de desestabilización, se observan rasgos fascistas, pero éstos son secundarios. A través de la propaganda, de la intimidación verbal y hasta física, que puede implicar la utilización de bandas armadas, la burguesía contrarrevolucionaria busca desmoralizar al movimiento popular y ganar fuerza, sumando aliados y neutralizando sectores. Sin embargo, por tratarse de sociedades basadas en la superexplotación del trabajo, en ningún caso ella tiene condiciones para reunir fuerzas suficientes como para derrotar políticamente al movimiento popular, no llega siquiera a la estructuración de un partido político; es interesante observar que allí donde se utilizaron con más abundancia los métodos fascistas de lucha, es decir, en Argentina, sectores significativos de la izquierda niegan que se haya producido una contrarrevolución fascista. Como quiera que sea, las fuerzas contrarrevolucionarias no llegan jamás a un claro triunfo político, sino que necesitan usar la fuerza para hacerse del Estado y emplearlo en su beneficio; el terrorismo de Estado, como método de enfrentamiento con el movimiento popular, se intensifica precisamente porque este movimiento se encuentra intacto y muchas veces aparentemente fuerte, en el momento en que las fracciones contrarrevolucionarias logran subordinar plenamente el aparato estatal, no habiendo sufrido un proceso previo de derrotas, que en el fascismo pudo llegar a expresarse, como en Alemania, en el plano electoral.

Esta característica de la contrarrevolución latinoamericana se deriva de la imposibilidad en que te encuentra la burguesía monopólica de atraer a su campo a sectores significativos del movimiento popular. A diferencia del fascismo europeo, que fue capaz de arrastrar a las amplias masas pequeñoburguesas y de morder incluso al proletariado, ganando allí cierto grado de apoyo entre trabajadores desempleados y hasta obreros en actividad, la burguesía monopólica en América Latina no puede pretender reunir verdadera fuerza de masas, que le permita enfrentar políticamente, en las urnas y en las calles, al movimiento popular. Por esto, se da como meta el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento del aparato estatal, aunque sea temporalmente, para poder accionarlo en su provecho. Esto implica resoldar la unidad burguesa, rehaciendo el bloque en el poder tal como se encontraba antes de su fractura, y restablecer, aunque sea limitadamente, o sea, dividiéndola, sus relaciones de alianza con la pequeña burguesía. Sobre esta base, el Estado puede entrar a zanjar la lucha de clases, mediante la intervención abierta del instrumento último de defensa del poder burgués: las fuerzas armadas. Son éstas, pues, el verdadero objetivo de la política de desestabilización practicada por la burguesía y no, como en el fascismo, la conquista de una fuerza política propia superior a la del movimiento revolucionario. Y es por ello que encontramos en la contrarrevolución latinoamericana otro rasgo peculiar respecto al fascismo: el discurso ideológico de defensa de la democracia burguesa, es decir, del Estado burgués, al revés de su negación, tal y como lo plantearon los movimientos fascistas.

Son estas condiciones específicas las que llevan a que la contrarrevolución latinoamericana pueda expresarse, en el plano ideológico y también estratégico, en la doctrina de la contrainsurgencia. Al privilegiar a las fuerzas armadas como elemento central de su estrategia, la burguesía monopólica está confiriendo a ese aparato especial del Estado la misión de solucionar el problema; está, pues, pasando del terreno de la política al de la guerra. En la medida en que se encuentra con fuerzas armadas ya preparadas ideológicamente, por la doctrina de contrainsurgencia, para el cumplimiento de esa tarea y para aplicar a la lucha política un enfoque militar, se resuelven en un solo proceso la voluntad contrarrevolucionaria de la burguesía y la voluntad de poder desarrollada en las fuerzas armadas. Estas van, así, más allá del golpe de Estado y proceden a la implantación de la dictadura militar; si, desde el punto de vista de la doctrina burguesa clásica, son el cuerpo del Estado, se convierten ahora en su cabeza.

El Estado de contrainsurgencia

Pero la dualidad original, expresada por la burguesía monopólica y las fuerzas armadas, aunque encuentre una primera resolución en el proceso del golpe de Estado, se reproduce a un nivel superior, una vez instaurado el Estado de contrainsurgencia. La forma de dictadura militar que éste asume indica tan sólo que las fuerzas armadas han asumido su control y ejercen como institución el poder político. Ella no nos revela la esencia de ese Estado, desde el punto de vista de su estructuración y funcionamiento, ni pone en evidencia el hecho de que las fuerzas armadas comparten allí el poder con la burguesía monopólica. Para captar esto, es necesario ir más allá de la mera expresión formal del Estado, siendo que, siempre que encontremos ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre fuerzas armadas y capital monopólico, estaremos ante un Estado de contrainsurgencia, tenga éste o no la forma de una dictadura militar.

El Estado de contrainsurgencia, producto de la contrarrevolución latinoamericana, presenta una hipertrofia del poder ejecutivo, a través de sus diversos órganos, respecto de los demás no se trata, sin embargo, de un rasgo que lo caracterice respecto al moderno Estado capitalista. Más bien esa distinción debe buscarse en la existencia de dos ramas centrales de decisión dentro del poder ejecutivo. De un lado, la rama militar, constituida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que expresa a la institución militar al nivel de la toma de decisiones y que reposa sobre la estructura vertical propia a las fuerzas armadas. El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano deliberativo supremo, en el que se entrelazan los representantes de la rama militar con los delegados directos del capital, y los órganos del servicio de inteligencia, que informan, orientan y. preparan el proceso de toma de decisiones. De otro lado, la rama económica, representada por los ministerios económicos, así como las empresas estatales de crédito, producción y servicios, cuyos puestos clave se encuentran ocupados por tecnócratas, civiles y militares. Así, el Consejo de Seguridad Nacional es el ámbito donde confluyen ambas ramas, entrelazándose, y se constituye en la cúspide, el órgano clave del Estado de contrainsurgencia.

Es ésta la estructura real del Estado de contrainsurgencia, que consagra la alianza entre las fuerzas armadas y el capital monopólico, y donde se desarrolla el proceso de toma de decisiones fuera de la influencia de las demás instituciones que componen el Estado burgués clásico, como lo son el poder legislativo y judicial. Estos pueden perfectamente mantenerse en el marco de la dictadura militar, como ocurre en Brasil, o configurar incluso un régimen civil, como en Venezuela, sin que ello afecte la estructura y el funcionamiento real del Estado de contrainsurgencia. Recordemos, en este sentido, cómo Venezuela -donde se hizo el primer ensayo de contrainsurgencia en América Latina, a principios de los sesentas- ha evolucionado en el sentido de crear su Consejo de Seguridad Nacional y llegado incluso a la estructuración de un Sistema Nacional de Empresas Públicas, que rige el capitalismo de Estado venezolano fuera de todo control por parte del Congreso y demás órganos estatales.

En síntesis, el Estado de contrainsurgencia es el Estado corporativo de la burguesía monopólica y las fuerzas armadas, independientemente de la forma que asuma ese Estado, es decir, independientemente del régimen político vigente. Dicho Estado presenta similitudes formales con el Estado fascista, así como con otros tipos de Estado capitalista, pero su especificidad está en su peculiar esencia corporativa y en la estructura y funcionamiento que de allí se generan. Llamarlo fascista no nos hace avanzar un paso en la comprensión de su significado.

Este análisis no debe llevar a malentendidos. Los tecnócratas civiles y militares que se ocupan de la gestión del Estado, no son más que la representación política del capital, y en tanto que tal no cabe especular sobre su autonomía, más allá de lo que se puede hacer con cualquier representación política respecto a la clase que representa; en otros términos, es profundamente erróneo calificar a esa tecnocracia como burguesía estatal, en el mismo plano que la clase burguesa propiamente dicha. Del mismo modo, la fusión de los intereses corporativos de las fuerzas armadas y de la burguesía monopólica no debe oscurecer el hecho de que esta última representa una fracción propiamente capitalista de la burguesía mientras que las fuerzas armadas (o, para ser más preciso, la oficialidad) no son sino un cuerpo de funcionarios, cuya voluntad económica y política es rigurosamente la de la clase a que sirve. Finalmente, es necesario tener presente que, aunque el Estado de contrainsurgencia sea el Estado del capital monopólico, cuyas fracciones constituyen hoy el bloque en el poder, no excluye la participación de las demás fracciones burguesas, así como en su reproducción económica el capital monopólico crea constantemente para los demás sectores capitalistas condiciones de reproducción (y también de destrucción), por lo que es incorrecto suponer que las capas burguesas no monopólicas puedan estar interesadas en la supresión de un Estado que constituye la síntesis de las relaciones de explotación y dominación en que ellas basan su existencia; no reside en otra causa el fracaso de los frentes antifascistas que se han intentado poner en marcha en América Latina y que han chocado siempre con el rechazo de la burguesía no monopólica, independientemente de las fricciones que ésta mantiene con el bloque en el poder.

Democracia burguesa versus democracia revolucionaria

Me he preocupado, hasta ahora, de analizar las causas y la naturaleza de la contrarrevolución burguesa e imperialista en América Latina, así como el carácter del Estado a que ella dio lugar. Sin embargo, como indicamos ya, desde fines de 1976, se observa en el continente el surgimiento de un proceso que apunta hacia la democratización de los regímenes de fuerza surgidos de la contrarrevolución. Se trata de un proceso intrínsecamente contradictorio, en cuyo seno empiezan a cristalizar distintos proyectos políticos, como resultado de las fuerzas contradictorias que en él confluyen.

Las “democracias gobernables”

Si partimos del primer factor considerado: el imperialismo norteamericano, constataremos inmediatamente que su situación es distinta de la que tenía en los años sesenta. Tras el auge económico de aquel periodo, ha sobrevenido una crisis económica, sin perspectivas de solución a la vista. En ese marco, la hegemonía norteamericana en el campo capitalista ya no es incontrastable, como entonces, sino que se ve enfrentada a las pretensiones que, en el plano económico y político, levantan las demás potencias imperialistas, en particular Alemania Federal y Japón. La crisis se ha reflejado, además, en el interior mismo de la sociedad norteamericana, provocando una crisis ideológica y política que, mediante hechos como Watergate, el hippismo y otros, han afectado la legitimidad del sistema de dominación.

En otro plano, junto a un reforzamiento constante de la Unión Soviética, que ha logrado mantener el equilibrio militar con Estados Unidos, se ha verificado un notable avance de las fuerzas revolucionarias en diferentes partes del mundo. El punto candente de la crisis económica, a mediados de esta década, coincidió con grandes victorias del movimiento revolucionario en África, particularmente Mozambique y Angola, y en Asia, con la derrota espectacular de Estados Unidos en Vietnam, al mismo tiempo que, en la misma Europa, las fuerzas populares lograban significativos avances en Portugal, España, Italia y Grecia, e incluso en bastiones imperialistas como Francia.

En este contexto, el imperialismo norteamericano ha debido hacer adecuaciones en su estrategia, que se han expresado en la política de Carter. Éste ha asumido el gobierno con el propósito explícito de restaurar la legitimidad del sistema de dominación dentro de la sociedad norteamericana, echando mano de viejos mitos que son caros a la ideología burguesa en ese país, como el de los derechos humanos, y de medidas que tratan de hacer menos pesada la crisis para los distintos grupos sociales del país. Igualmente, se ha dado por tarea sortear la crisis económica, reafirmando la hegemonía norteamericana en el campo capitalista; aunque admita que esa hegemonía debe ser compartida, en la línea de lo planteado por la Comisión Trilateral, Estados Unidos pretende mantenerse como eje rector de la relación de fuerzas a ser establecida entre las potencias imperialistas.

Finalmente, el imperialismo norteamericano se propone modificar su estrategia mundial, para compensar y evitar la repetición de los fracasos tenidos en la primera mitad de la década, modificación que sigue dos líneas principales. La primera es la polarización de las relaciones con el campo socialista, centralizándolas en Europa; la segunda, la desconflagración o el enfriamiento de las zonas periféricas “calientes”. Para ello, Carter ha sostenido que Europa es la espada de occidente y se ha esforzado por tornar tensas las relaciones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia; aunque pudiera eventualmente llevar a la guerra, la política agresiva y belicista del imperialismo norteamericano respecto a la Unión Soviética busca en realidad un muevo equilibrio, sobre la base de lo que el expresidente Ford llamó “paz con fuerza”, para lo que privilegia a Europa, considerando que el avance de la revolución mundial en otras áreas iba desmejorando la correlación de fuerzas en su detrimento. En consecuencia, plantea una política de enfriamiento de las zonas periféricas, desde medidas que tratan de dar solución a problemas particularmente agudos, como los que se han tomado en el Medio Oriente, en Panamá, etcétera, hasta la revisión de la doctrina de contrainsurgencia, que pretende limar sus aspectos más ásperos y adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases.

Esto se debe a que la contrainsurgencia, pese a la capacidad que ha demostrado para detener el movimiento revolucionario en muchas áreas, ha experimentado fuertes reveses, en particular el de Vietnam, y se ha revelado incapaz, incluso allí donde fue efectiva para detener el movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones de una dominación política estable, como es el caso de Latinoamérica; se debe también a que las potencias imperialistas europeas, a medida que deben asumir mayores responsabilidades mundiales en el marco de la hegemonía compartida, se ven forzadas a considerar la fuerza del movimiento obrero en sus países, que se opone a la violencia cruda y abierta que la contrainsurgencia ha implicado; la utilización de métodos contrarrevolucionarios más sutiles, impulsados sobre todo por Alemania Federal, ha arrojado resultados positivos en los países de Europa mediterránea. Señalemos de paso que el planteamiento político estrechamente nacional que hacen actualmente los partidos europeos llamados eurocomunistas merma la capacidad del movimiento obrero de esos países para pesar en la correlación mundial de fuerzas e inclinar la balanza hacia el campo de la revolución, como quedó evidenciado con la ofensiva reaccionaria que el gobierno francés pudo desarrollar en África, sobre la base de la derrota electoral de la izquierda en Francia.

Como quiera que sea, el punto principal de la doctrina de contrainsurgencia, que se encuentra ahora sometido a revisión, es el que se refiere al origen de los movimientos revolucionarios. Abandonando la noción simplista de la infiltración externa, los nuevos teóricos del imperialismo norteamericano, salidos de la Comisión Trilateral como Huntington, ven el problema como resultado de descomposiciones, de desequilibrios que afectan al Estado en la moderna, sociedad capitalista, como resultado de las presiones mismas de las masas, en sus esfuerzos por mejores condiciones de vida. Esto, que es válido ya no sólo para los países dependientes, sino para los mismos países capitalistas avanzados, los lleva a plantearse el problema de la “gobernabilidad de la democracia”, que apunta necesariamente a la limitación, a la restricción del propio juego político democrático, para mantenerlo bajo control.

Para América Latina, la reformulación de la estrategia norte americana se ha traducido en la búsqueda de una nueva política, todavía no plenamente definida que, además de la eliminación de los puntos de fricción, como el referente al Canal de Panamá, apunta a una institucionalización política, capaz de expresarse en una democracia “viable”, es decir, restringida. Pero ello no resulta sólo de los planteamientos estratégicos de Estados Unidos, sino que se deriva también, y principalmente, de las nuevas condiciones de lucha de clases que rigen en América Latina.

El Estado del cuarto poder

Papel importante desempeña, en este sentido, la diversificación del bloque en el poder, por los cambios intervenidos en el seno de la burguesía monopólica. En los países donde este fenómeno se encuentra más avanzado, como Brasil, podemos ver cómo las contradicciones interburguesas no se guían ya, como en el pasado, por intereses divergentes de la burguesía industrial y agraria, o de las capas inferiores de la burguesía, respecto a su sector monopólico, sino que nacen de divisiones surgidas en el seno del gran capital, de la propia burguesía monopólica.

Así, es posible constatar cómo en Brasil -desde que, en 1974, entró en crisis el patrón de reproducción económica basado en la industria de bienes de consumo suntuario-, las luchas interburguesas se dan entre las fracciones nacionales y extranjeras (norteamericana fundamentalmente), ligadas a dicha industria, y las fracciones nacionales y extranjeras (en lo esencial, eurojaponesas), que tienen asiento en la industria básica y de bienes de capital. Se trata, hoy, de decidir los rumbos de la economía del país, del patrón de reproducción que ésta debe seguir y ello, que implica reasignación de recursos, ventajas fiscales, crediticias y de todo tipo, estimula la rivalidad entre esos dos sectores del gran capital, la cual polariza a los demás grupos capitalistas que se encuentran vinculados a uno u otro sector. Conviene tener presente que no es posible ya, en estas circunstancias, enmascarar las luchas interburguesas tras justificaciones de corte nacionalista ni tampoco pretender encauzarlas hacia fórmulas del tipo frente antifascista, ya que ellas dividen por igual a los sectores burgueses nacionales y extranjeros que operan en el país y enfrentan a fracciones del gran capital.

De todos modos, las contradicciones interburguesas, al agudizarse, exigen espacio político para poder dirimirse. La centralización rígida del proceso político, en manos de la élite tecnocrático militar, debe flexibilizarse, devolver cierta vigencia al parlamento como ámbito de discusión, permitir el accionar de los partidos y la prensa, para que las distintas fracciones burguesas puedan desarrollar su lucha. Ello no choca, además, con la exigencia de que el Estado siga detentando capacidad suficiente para mantener en cintura al movimiento de masas, ya que, cuanto más ausente esté de la escena política, mayor libertad de acción tienen las fracciones burguesas para llevar a cabo sus enfrentamientos y negociaciones. Es la razón por la cual el proyecto burgués de institucionalización no se aparta de la fórmula de democracia “viable”, “gobernable” o restringida, que proponen los teóricos imperialistas norteamericanos. Del mismo modo, al desatarse la contrarrevolución, el proyecto del gran capital convergía hacia el centralismo autoritario, hacia las formas dictatoriales propuestas por dichos teóricos.

Se trata, pues, ahora, de llevar a cabo una “apertura” política que preserve lo esencial del Estado de contrainsurgencia. ¿En qué consiste esto? En la institucionalización de la participación directa del gran capital en la gestión económica y la subordinación de los poderes del Estado a las fuerzas armadas, a través de los órganos estatales que se han creado, en particular el Consejo de Seguridad Nacional. El primer punto no se encuentra, desde luego, en discusión, para la burguesía; a lo sumo, da lugar a enfrentamientos entre sus fracciones por asegurarse una tajada mayor en el reparto del botín que representa la rama económica del Estado de contrainsurgencia. El segundo es, hoy, objeto de discusión: en muchos países se habla de un Consejo de Estado, como órgano contralor de los demás aparatos del Estado, en el cual tendrán peso importante las fuerzas armadas; en Brasil, se intenta incluso resucitar la vieja fórmula del Estado monárquico, que consagraba, además de los tres poderes clásicos del Estado, al poder moderador, ejercido por el Emperador, y que los ideólogos de la gran burguesía atribuyen hoy a las fuerzas armadas.

Cualquiera que sea la fórmula adoptada -y lo más probable es que ella presente variantes en los diversos países del continente-, se marcha, sin embargo, hacia un Estado de cuatro poderes, o más precisamente, al Estado del cuarto poder, en el cual las fuerzas armadas ejercerán un papel de vigilancia, control y dirección sobre el conjunto del aparato estatal. Esta característica estructural y de funcionamiento del Estado no será, desde luego, sino el resultado del avasallamiento del aparato estatal por las fuerzas armadas (más allá de las estructuras propias de la democracia parlamentaria que éste ostente) y del ordenamiento legal de origen militar impuesto a la vida política, en particular las leyes de seguridad nacional. Es de señalarse que, en el marco de esa democracia restringida, pero democracia de todos modos, la palabra fascismo perderá hasta el carácter agitativo que tiene hoy y habrá de ser abandonada; pero ese abandono representará la renuncia a un análisis incorrecto de la situación actual, y no su superación por un análisis superior y más adecuado a las nuevas condiciones políticas surgidas, lo que dejará a la izquierda y al movimiento popular desarmados para poder enfrentarlas.

La lucha popular por la democracia

Sin embargo, el proyecto burgués e imperialista de institucionalización es resultado también de un tercer factor: el movimiento de masas, ante el cual se plantea con el propósito de mover a engaño y confusión, pero que lo vuelve problemático, errático y lo amenaza incluso con el fracaso. En efecto, es indiscutible que, de manera lenta, zigzagueante, el movimiento de masas latinoamericano, tras un periodo de reflujo ha entrado desde fines de 1976 en un proceso de recuperación. Más que eso, presenta, a diferencia de lo que ocurría hasta los años sesenta, una característica nueva, que era hasta entonces privativa de los países de mayor desarrollo de la región, como Argentina, Chile, Uruguay: un claro predominio de la clase obrera en su seno. Basta con mirar hacia Centroamérica, Perú, Colombia, para darse cuenta de que la clase obrera se ha vuelto, en toda la región, el eje rector de las masas trabajadoras de América Latina, que se pliegan progresivamente a su conducción y adoptan sus formas de organización y de lucha. Paralelamente, aunque su influencia sigue siendo grande en algunos países, el campesinado va cediendo lugar a un proletariado agrícola numeroso y combativo, agrupado por lo general en centros urbanos, que crea las condiciones objetivas para concretar la alianza obrero-campesina, mientras la pequeña burguesía urbana se compone cada vez más de capas proletarizadas y, en la mayoría de los casos empobrecidas, que mantienen y acentúan la tendencia, ya observada a principios de los sesenta, de desplazar sus alianzas de clase hacia el campo popular.

La acción de esas amplias masas, al mismo tiempo que hace más necesaria la puesta en práctica de nuevas fórmulas de dominación, que no pueden basarse ya en la violencia pura y simple, complica la implementación del proyecto burgués imperialista, en la medida en que tienden a plantearse ante éste con creciente autonomía, presionando en favor de concesiones no previstas, así como la ampliación y profundización de las reformas propuestas. Situándose todavía marcadamente en el plano de la lucha económica y democrática, las masas no, han perdido empero la memoria, particularmente en sus sectores más avanzados, del mensaje socialista que, a través de la acción, la izquierda latinoamericana les llevó a lo largo de los sesenta, así como de la presente década, lo que despierta el temor de la burguesía y el imperialismo, haciéndolos aferrarse aún más a las garantías que les ofrece el Estado de contrainsurgencia. En consecuencia, el proceso de institucionalización se desarrolla de manera extremadamente compleja, bajo al embate de las presiones de masas y los esfuerzos de la clase dominante por mantenerlo bajo control, lo que le impone marchas y contramarchas y permite prever que su límite está dado por la defensa a ultranza que hará de su aparato estatal, tal y como en esencia se encuentra hoy estructurado.

En consecuencia, no hay ninguna razón para suponer que la lucha democrática que libran hoy las masas populares latinoamericanas pueda extenderse indefinidamente, permitiendo que, a cierta altura, se produzca el paso natural y pacífico al socialismo. Todo indica más bien que la lucha democrática y la lucha socialista se entrelazarán para los trabajadores en un solo proceso, un proceso de duro y decidido enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo.

Conclusiones

El análisis de las condiciones en que se desarrolla actualmente la lucha de clases en América Latina nos muestra que el despliegue del movimiento democrático popular tiende a deslindarlo en forma creciente de los proyectos de democratización que plantean las clases dominantes y el imperialismo, al tiempo que apunta hacia el enfrentamiento radical entre la democracia revolucionaria de masas y el Estado del gran capital. Ello significa que las cuestiones candentes para la izquierda latinoamericana son las de asegurar la movilización independiente del movimiento de masas, en pos de un programa democrático amplio, y proporcionarle las armas teóricas y prácticas que le permitan suprimir el principal obstáculo a la consecución de ese programa, vale decir, el Estado burgués. Ninguno de esos problemas puede ser resuelto si no se logra que, en su desarrollo, el movimiento popular haga cristalizar la hegemonía de la clase obrera, la única clase de la sociedad burguesa que, por sus condiciones materiales de existencia y por sus virtualidades ideológicas, es capaz de concebir a la realización de la democracia como la supresión de la dominación misma de la burguesía.

La revolución nicaragüense, como lo hiciera antes la revolución cubana, ilustra a perfección esa característica de las luchas de clases latinoamericanas. Antes que nada, porque, al revés de lo que se pudiera pretender, la revolución es el producto directo del desarrollo capitalista que se observa en Nicaragua, en el curso de los años cincuenta, y que se acelera en la década siguiente, enmarcado en la integración económica centroamericana, el cual, al promover el surgimiento de una burguesía monopólica, lleva simultáneamente, a su fraccionamiento interno, mediante la configuración del grupo somocista. Enseñoreado del aparato estatal, éste puede convertirlo, de la dictadura militar tradicional que había sido, en el Estado corporativo de los monopolios y las fuerzas armadas, al estilo de las dictaduras más modernas que surgen en la región, en el curso de la contrarrevolución burguesa e imperialista.

Las luchas interburguesas, que estallan sobre esa base, a fines de los años sesenta, y se recrudecen a mediados de esta década, se combinan con el ascenso del movimiento de masas, acicateado ya en gran medida por el accionar de la izquierda revolucionaria, el Frente Sandinista. Serán necesarios, sin embargo, cerca de dos años, hasta la insurrección de septiembre de 1978, para que la oposición antisomocista se deslinde internamente, con el intento de negociación entre el somocismo, la burguesía opositora y el imperialismo norteamericano, por un lado, y la democracia revolucionaria popular, encabezada ahora abiertamente por los sandinistas, por otro. En menos de un año, el proceso avanzará con rapidez suficiente para dar al traste con los intentos de mediatización de la lucha revolucionaria y culminar con la destrucción del Estado burgués.

La conquista del poder no cierra ni mucho menos el ciclo de la revolución nicaragüense. Es evidente que ha afirmado más bien su etapa democrática, que prosigue hoy, con el apoyo del nuevo Estado, y en particular de las nuevas fuerzas armadas, mediante el proceso de politización y organización de las masas. La creación de la central sindical, la formación de milicias populares, el surgimiento de los comités de defensa, la elección por la base de los poderes locales no son sino las formas en que se expresa ese proceso. A su cabeza, dirigiendo sin desviaciones el curso de la etapa democrática de la revolución, se encuentra una vanguardia política, en que predomina la ideología proletaria: el marxismo leninismo, y que se esfuerza conscientemente por hacer madurar las condiciones que permitan transitar a la etapa socialista de la revolución, que será necesariamente la de la dictadura del proletariado o, lo que es lo mismo, la de la democracia proletaria. Es este hecho, más que cualquier otro, el que acerca al proceso nicaragüense del proceso cubano, al mismo tiempo que lo aleja de otra experiencia latinoamericana en que la destrucción del Estado dio lugar al resurgimiento del capitalismo y la dominación burguesa: la revolución boliviana de 1952.

Sin embargo, más que por su forma general y sus perspectivas, la revolución nicaragüense nos interesa aquí directamente por el hecho de que puso sobre el tapete, una vez más, el carácter revolucionario que presenta la lucha democrática en Latinoamérica. La gran cuestión, a un tiempo teórica y práctica, que ella plantea es la de porqué el Estado somocista, y en especial sus fuerzas armadas, no se desmoronó ante los embates de la lucha de clases y debió de ser derrotado militarmente De paso, esto apunta a una especificidad de la revolución nicaragüense respecto a la cubana: al hecho de que la insurrección no pudo ser allí la coronación del proceso de lucha armada, sino que se constituyó más bien en un factor de acumulación de fuerzas propicio al desarrollo de la lucha armada, aunque incapaz de llevarla a su desenlace. La razón de esa peculiaridad adviene del hecho de que la forma insurreccional de lucha sólo es decisiva si lleva a la división de las fuerzas enemigas, es decir, si escinde su poder militar. Cuando esto se da, como lo analizó Lenin al considerar la experiencia del acorazado Potemkin, se asiste al traspaso de fuerzas militares del enemigo al campo de la revolución, donde vienen a constituirse en poder armado revolucionario, obviando el largo camino de construcción de un poder militar propio, al margen del ya existente. Pero si el fenómeno no se produce, es entonces este último camino el que queda, vale decir, la construcción de un ejército regular en el seno del campo popular mismo y su enfrentamiento al ejército enemigo.

El que haya sido este el curso que siguió la revolución nicaragüense nos lleva a preguntar qué determinó la capacidad de resistencia del ejército somocista, que permaneció íntegro, en lo esencial, hasta el último momento, y, aun después de la victoria, se niega a plegarse a la revolución triunfante, afincándose más bien en la contrarrevolución, mediante el hostigamiento interno o el reagrupamiento en países vecinos. Pesa allí, sin duda, el tipo de relación que se estableció entre el régimen y sus fuerzas armadas, materializado no sólo en privilegios y prebendas sino también en la vinculación directa de sus miembros a los intereses del capital; ello no representa sin embargo, como se ha querido hacer creer, una especificidad del somocismo, sino que es la forma particular que adquiere la simbiosis entre la burguesía y los militares, presente en otras dictaduras latinoamericanas, como la brasileña, y que hemos analizado en otra oportunidad. Pero al lado de ese factor explicativo, hay que añadir otro más: el que se trataba de un ejército formado en la ideología y las técnicas de la contrainsurgencia; el odio de la tropa, constituida en su mayoría por hijos de campesinos, al sandinismo y al movimiento popular, y su bestialidad represiva, ejemplificada en el hecho tan publicitado del asesinato de un periodista norteamericano, no podrían entenderse de otra manera.

Si esto es cierto; si, lejos de ser una excepción, las características del proceso nicaragüense advienen del desarrollo capitalista y de la doctrina de la contrainsurgencia, que conforman el marco de las luchas de clase en toda América Latina, entonces su validez es mucho más amplia que la que se podría suponer en un principio. En efecto, se tendría no sólo que aceptar el carácter revolucionario de la lucha democrática en América Latina, sólo susceptible, pues, de ser conducida por el proletariado revolucionario, cuya meta no podría dejar de ser el socialismo, si no que sería necesario admitir también que -independientemente de las formas particulares que revista en los distintos países- ese carácter revolucionario implica también que la lucha de clases asuma la forma general de la lucha armada.

Este parece ser el resultado a que ha conducido, en América Latina, la contrarrevolución burguesa e imperialista. Como quiera que sea, y más allá de que se trate de cuestiones que sólo se resolverán definitivamente en la práctica, ello reafirma la importancia que adquiere, en las luchas por el socialismo en el continente, el problema ideológico que representa la concepción del Estado. Sólo la solución correcta por parte de las fuerzas de izquierda a ese problema dará garantías de que ellas serán capaces de ponerse de hecho a la cabeza de las luchas de clase que estamos viviendo actualmente y que no pueden sino acrecentarse, en el curso de la presente década.