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En el Caribe y Centroamérica:

Los pueblos defienden su revolución de la amenaza yanqui

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Punto Final Internacional, Año IX, No. 198, México, noviembre-diciembre de 1981.

 

América Latina vive, desde los primeros días de noviembre, un clima de tensión. La política belicista y aventurera del gobierno de Reagan se ha materializado, finalmente, en amenazas concretas de intervención directa en El Salvador, así como de agresión armada a Cuba e invasión de Nicaragua, posiblemente a partir de Honduras. En estos dos últimos países, las fuerzas armadas, las milicias populares y todo el pueblo han sido movilizados para defender su revolución. En El Salvador, los revolucionarios se preparan para enfrentar una intervención cuyo resultado previsible sería la regionalización del conflicto.

El punto crítico a que ha sido llevada la política del imperialismo norteamericano no representa, estrictamente hablando, una sorpresa. Al reaparecer en mayo pasado, esta misma revista indicaba, al analizar la situación creada por el ascenso de Reagan a la presidencia de Estados Unidos, la tendencia de este país a inmiscuirse de manera creciente en el proceso salvadoreño, “hasta configurar una intervención abierta”; a buscar el enfrentamiento político con Nicaragua, para tratar, en un segundo momento, “de aniquilarla, ya sea mediante la desestabilización interna, a través de acciones de los somocistas radicados en países vecinos (al estilo Escambray), o por una eventual guerra con Honduras, que podría involucrar a otros países de la zona”, y a intentar atarle las manos a Cuba, “lo que podría llevar al bloqueo económico e, incluso, en situaciones más graves, a acciones como el bombardeo de puntos estratégicos, minamiento de puertos, etc., tal como los que se realizaron en su tiempo en Vietnam del Norte” (véase PF Internacional, n. 193, pp. 16-18).

Sin embargo, una cosa es el planteamiento de la tendencia, otra su concreción. La determinación de la tendencia depende de la construcción de un marco analítico que dé cuenta, de manera satisfactoria, del movimiento de la realidad; pero ésta tiene que mantenerse bajo observación, si se quiere saber cómo opera la tendencia. Para intentar comprender la situación creada por el imperialismo norteamericano en este momento, no basta, pues, referirse a sus tendencias generales, sino que es necesario preguntarse por los factores que, de forma inmediata, la explican; sólo entonces puede uno avanzar al terreno de la previsión y, en consecuencia, de las posibilidades de acción.

La falacia del “empate militar”

La razón inmediata de la agresividad exacerbada de la política norteamericana hacia Centroamérica reside, fundamentalmente, en el fracaso a que está siendo llevada la estrategia planteada por el gobierno de Reagan para hacer frente a la situación que prevalece en esa zona. Hagamos un poco de memoria.

Reagan llegó a la Casa Blanca enfrentado a la ofensiva general que desatara, el 10 de enero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Quienes esperaban, desconociendo las condiciones internas salvadoreñas y las determinaciones derivadas de la situación internacional, que esa ofensiva culminaría pronto con la conquista del poder no pueden sino subestimar sus resultados, ya que estos no se cifran en un triunfo fácil sobre el enemigo. De hecho, al implicar el paso de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva, el 10 de enero tiene un significado trascendental: expresa la capacidad de los revolucionarios salvadoreños para llevar a una nueva etapa de desarrollo un proceso que, en su forma anterior, se había ya agotado.

La suerte de un proceso revolucionario está siempre ligada a la posibilidad que tienen las masas de desplegar en forma creciente su iniciativa. El período que se iniciara con la instalación de la junta militar demócrata-cristiana, el 15 de octubre de 1979, permitió a los revolucionarios completar el movimiento de expansión iniciado en el período anterior y pasar de los pequeños núcleos de vanguardia, eminentemente urbanos, que operaban sobre un movimiento de masas en ascenso, a una fusión creciente con éste, sobre la base de amplias movilizaciones de masas en las ciudades y la conquista progresiva de la conducción de las luchas campesinas. Esto comenzó a encontrar un tope al desatarse la acción de bandas paramilitares en las ciudades, al estilo de la “guerra sucia” argentina, acompañada de la represión masiva, que tiene su más clara expresión en la masacre del Domingo de Ramos en San Salvador, con ocasión del sepelio del arzobispo Arnulfo Romero (él mismo, víctima de la “guerra sucia”). Paralelamente, el ejército inició operativos contrainsurgentes continuados en todo el territorio. Se bloqueó así el camino de las movilizaciones populares pacíficas y se obligó a cualquier manifestación en contra de la junta a asumir la forma militar, lo que planteó a los revolucionarios el reto de ofrecer nuevo cauce al movimiento de masas, vale decir, de impulsar la conversión de la lucha de clases en guerra civil revolucionaria.

La ofensiva general fue la respuesta a ese reto. Lo fue en un sentido amplio, al proporcionar nuevas esferas de actividad a las masas, lo que se tradujo en el encauzamiento de sus sectores más combativos hacia las filas del ejército insurgente, así como hacia las milicias y las redes de apoyo. Lo fue, también, de manera más estricta, al forzar el repliegue del ejército enemigo a los centros urbanos, en especial San Salvador, abriendo espacio a la acción revolucionaria y permitiendo que ésta cristalizara —mediante la implantación del control militar en zonas campesinas— en la conquista de una retaguardia geográfica interior. El ejercicio del poder por los revolucionarios en el ámbito de esa retaguardia dio lugar al surgimiento de un verdadero poder alternativo al de la junta militar democristiana y dotó a los revolucionarios de una capacidad creciente en el plano de la iniciativa política y militar.

Para la junta y el imperialismo norteamericano el problema principal pasó a ser, pues, el enfrentamiento a ese nuevo polo de poder y su aniquilamiento. Se entiende, así, que lo militar pasara al primer plano en la estrategia formulada por Reagan para El Salvador y relegara a segundo puesto los objetivos propiamente políticos. En efecto, junto a la urgencia de cortarle a los revolucionarios la posibilidad de abastecerse de armas en el exterior (de allí la importancia de Cuba y Nicaragua, que Estados Unidos considera como fuentes principales de abastecimiento), la implementación de la estrategia imperialista se basa en la constitución de una fuerza móvil de intervención (la Brigada Atlácatl, en realidad una fuerza compuesta por tres brigadas) y el establecimiento de bases de contrainsurgencia en las zonas donde operan las fuerzas revolucionarias. Combinados con la presión constante sobre la población civil, de manera de aislar a los revolucionarios, estos elementos deberían permitirle al ejército de la junta asestarle a aquéllos el golpe de gracia en la estación no lluviosa (noviembre a febrero), para pasar entonces a la fase propiamente política del plan: la realización de elecciones, en marzo de 1982.

Pero, aparte de sus propias limitaciones, que han retrasado la puesta en práctica del plan estratégico (así, por ejemplo, la Brigada Atlácatl sólo entra plenamente en operación en octubre), el imperialismo norteamericano y la junta no contaron con la modificación de la situación inicial a partir de la iniciativa de los revolucionarios. Más bien se confiaron en un supuesto “empate militar”, que sólo existía en apariencia; dado que, en un plano profundo, los factores que operaban contribuían al fortalecimiento de los revolucionarios. Consciente de ello, el FMLN lanzó, en julio y agosto, una campaña militar nacional, que elevó el nivel de coordinación de sus fuerzas, convirtiéndola en un verdadero ejército, y consolidó su poder en las zonas que controla, las cuales dejaron de ser sólo una retaguardia para tornarse en territorios liberados.

Hoy, estos territorios están dotados de sus propias estructuras de poder popular, lo que implica no sólo la participación del pueblo en las decisiones políticas, sino sobre todo, en esta fase, su incorporación plena a las tareas de organización y control de la producción y la distribución de bienes, así como a las obras de construcción militar, en particular de defensa antiaérea, y a las redes de abastecimiento, sanidad y comunicaciones. El enemigo ha debido entender esa realidad y es lo que le hace temer que los revolucionarios decidan separar formalmente esos territorios, para allí formar un gobierno susceptible de contar con reconocimiento internacional. Esto, que indica el grado de desarrollo del poder revolucionario, es también la prueba del rotundo fracaso de la campaña contrainsurgente desatada por el ejército enemigo, en octubre.

Una estrategia fracasada

Se trata del fracaso no sólo de una campaña, sino de un plan estratégico. En efecto, con ello se frustra la primera etapa del plan imperialista: la etapa militar, y hace problemático el paso a la etapa política. ¿Cómo realizar elecciones allí donde, además de existir dos poderes, es el otro, el poder revolucionario, el que se desarrolla y se refuerza? ¿Qué legitimidad tendrían elecciones efectuadas en un país que vive en estado de sitio hace casi dos años, bajo toque de queda hace diez meses, cuyos centros de enseñanza se encuentran cerrados o militarizados, así como los medios de comunicación y los centros de trabajo, y que tiene a sus ciudades, en particular la capital, sujetas a constantes operaciones rastrillo, mientras en todo el territorio bajo control gubernamental se ejerce una represión que deja, a diario, un saldo de 8 a 10 muertos?

Pero el problema es aún más grave. La crisis económica ha alcanzado niveles sin precedentes, con la caída en picada de los índices de producción y empleo, el colapso de las exportaciones y el crecimiento de la deuda externa, junto a la pérdida de control por parte del gobierno de las vías de comunicación y la destrucción en gran escala de la red energética. A ello se suma, tras la campaña del FMLN en julio y agosto, la acción constante de columnas regulares sobre las ciudades, donde operan ya los comandos y las milicias populares, que restan al enemigo la capacidad de ejercer su dominio aún en las zonas que supuestamente están bajo su control.

Se entiende así la debilidad creciente de Duarte, tanto en función del descontento que cunde en los círculos burgueses como ante las desavenencias y conflictos que se extienden en el sector militar. Problema que se agrava por las fisuras que el imperialismo resiente en su propio seno, respecto a su estrategia para El Salvador. Junto a una creciente oposición popular (que se complica por el descontento y la movilización que ha producido entre los trabajadores norteamericanos la política económica gubernamental y que debilita la posición de Reagan), la disidencia llega al Congreso, donde es grande la resistencia a seguir sosteniendo la política intervencionista del binomio Reagan-Haig.

En este contexto, las amenazas de intervención directa en El Salvador y de agresión a Cuba y Nicaragua aparecen como lo que realmente son: una pretensión aventurera y desesperada de intentar cambiar por la fuerza el curso de una historia que se anuncia, de manera cada vez más clara, como la historia de la decadencia del imperialismo norteamericano. En la crisis que se cierne hoy sobre Centroamérica, se está resumiendo lo esencial del rechazo que los círculos más reaccionarios de Estados Unidos oponen a las exigencias que plantea la realidad de transformación del orden internacional y, en particular, del papel que allí ha jugado desde 1945 el imperio norteamericano. Los cambios que le hizo Carter a la política exterior de Estados Unidos eran por demás precarios y superficiales para sostenerse; comenzaron a derrumbarse con el mismo Carter y, con Reagan, se han vuelto en su contra; es decir, se han convertido en la pretensión de volver atrás y reafirmar una posición hegemónica que el mundo actual ya no puede admitir.

Desde un punto de vista racional, esa pretensión es tan absurda, por desligada de la realidad, que parece impracticable. Todo, en el caso que nos ocupa, va en contra de la realización de las aspiraciones norteamericanas. La situación interna salvadoreña y su tendencia, que apunta al fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias, hablan ya en este sentido, y de tal manera que, según la información de prensa, una de las razones que tendría el Pentágono para resistir las presiones de Haig en favor de una intervención militar inmediata sería la duda que alimenta respecto a la posibilidad de obtener victorias militares efectivas.

La visión norteamericana del conflicto salvadoreño, en tanto que resultado del apoyo cubano y nicaragüense, complica más las cosas, porque hace necesario que cualquier acción en El Salvador se acompañe de medidas contra Cuba y Nicaragua. Pero agredir a Cuba es agredir a la comunidad socialista internacional, sin contar que se trata de un país cuya capacidad militar de respuesta puede interesar al territorio norteamericano mismo. Invadir a Nicaragua implica el involucramiento en el conflicto de Honduras, seguramente, y muy probablemente de Guatemala y Costa Rica; es decir, implica generalizar la guerra civil salvadoreña, regionalizar el proceso revolucionario, y hacerlo en una zona que —como lo muestra Guatemala— cuenta con un enorme potencial revolucionario.

Es comprensible, en este sentido, la oposición que la política de Reagan-Haig encuentra en el pueblo norteamericano y las reservas que al respecto expresan los mismos círculos gobernantes. Pero se comprende aún más el temor que esa política despierta en muchos gobiernos latinoamericanos. En un continente agobiado por los efectos de la crisis económica internacional y signado desde hace cinco años por la recuperación y ascenso de los movimientos de masas, la concreción de las amenazas norteamericanas en Centroamérica tendría consecuencias fatales para la ya precaria estabilidad de los sistemas de dominación vigentes.

En efecto, si regímenes militares como los de Argentina y Chile se muestran dispuestos a acompañar a Estados Unidos en la aventura, ello no es un factor que refuerce realmente al gobierno norteamericano, ya que se trata de regímenes intrínsecamente débiles, que se han mostrado incapaces (por las mismas razones que los hacen proclives a la intervención en Centroamérica) de establecerse sobre bases sólidas en sus propios países. No representan, pues, aliados de fiar; en cambio, un régimen militar bien asentado, como el de Brasil, adopta al respecto una posición mucho más cautelosa. Por su parte, México, quien se opone de manera decidida a la política norteamericana, cuenta, de manera explícita o implícita —especialmente después de firmar con Francia la declaración que reconoció legitimidad al Frente Democrático Revolucionario y al FMLN en la lucha salvadoreña— con el respaldo de los gobiernos de Europa occidental y, en general, de la socialdemocracia, frente al aventurerismo norteamericano.

Detener la agresión

Todo ello debería pesar en el sentido de alejar las amenazas existentes contra los pueblos de El Salvador, Cuba y Nicaragua, e imponer, como salida racional, el camino de la negociación que, a nombre del FDR y del FMLN, el comandante Daniel Ortega propuso formalmente, al intervenir en la XXXVI Asamblea de las Naciones Unidas, el 7 de octubre. Pero no puede asegurar, de por sí, que sea capaz de hacer entrar en razón al binomio Reagan-Haig. No lo puede porque ese binomio no es sino la expresión extrema de la inadecuación de la mentalidad norteamericana a los nuevos tiempos que se están gestando. Esa mentalidad es el fruto del dominio interno de una burguesía monopolista rapaz y agresiva, que ha sacado sin inhibiciones todas las ventajas que le daba el haber decidido en su favor las contradicciones interimperialistas que causó la Segunda Guerra Mundial y que no acepta hoy el movimiento de los pueblos por liberarse del régimen de explotación y opresión en que los ha sumido.

Mientras esa burguesía detente las posiciones que ostenta en Estados Unidos, la liberación representará una fuente permanente de sacrificios y conflictos para los pueblos en lucha. Se podrá conjurar, hoy, la amenaza que pesa sobre Centroamérica. Ella resurgirá, sin embargo, muchas veces más, tantas veces cuantas se haga presente la posibilidad de victoria de un movimiento revolucionario, como pasa en El Salvador. No queda sino un camino: la movilización sistemática y permanente en solidaridad con los pueblos en lucha. Esto es lo que se les pide ahora a las fuerzas populares de América Latina.

Al hacerlo, éstas han de tener presente que su campo de lucha no se circunscribe a Latinoamérica, no queda limitado a este lado del Río Bravo, sino que penetra al interior de la nación norteamericana. Allí están, latinoamericanos como nosotros, el pueblo puertorriqueño oprimido y los chicanos. Allí están, interesados como nosotros en la lucha contra el belicismo de su gobierno, los trabajadores blancos y negros, los movimientos juveniles y de mujeres, los sectores liberales y de izquierda. Se trata de un potencial de enorme magnitud, que supera en mucho al que generó el movimiento en contra de la guerra de Vietnam.

La alianza de los pueblos latinoamericanos y norteamericano, con el concurso de las fuerzas progresistas y revolucionarias de todo el mundo, puede evitar aventuras como las que se pretende lanzar contra El Salvador, Cuba y Nicaragua. Actuando con firmeza, cada vez que se presenten situaciones como ésta, contribuirá a asegurar que la agonía del imperialismo norteamericano, costará menos vidas y sufrimientos que lo que pretenden los que hoy gobiernan a Estados Unidos.