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Después de las Malvinas

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Punto Final Internacional, Año IX, No. 201 (Suplemento), México, mayo-junio de 1982.

 

La guerra de las Malvinas es, para el analista político, un llamado a la humildad. De la manera menos pensada, ha ocasionado el fin de la doctrina Monroe y de su consagración en el plano interamericano: el TIAR; la crisis de la OEA y, con ella, del marco institucional en el cual Estados Unidos ejerció en la posguerra su hegemonía sobre el continente; y el derrumbe de la política de alianzas y presiones que la administración Reagan había puesto en práctica en función del problema centroamericano. A partir de las Malvinas se abren perspectivas nuevas para las relaciones soviético-latinoamericanas, Cuba y Nicaragua avanzan hacia la legitimación de sus regímenes revolucionarios en el plano regional y, con las sombras que se proyectan sobre lo que se ha dado en llamar la OTAS, el papel de América Latina, y en especial del Cono Sur, en el sistema imperialista de pactos y alianzas se ve convertido en una cuestión abierta.

Pero los hechos históricos no son nunca rayos en un cielo azul. La actual coyuntura latinoamericana no es fruto del acaso ni se debe sólo a un error de cálculo de los generales argentinos; es más bien algo que venía madurando desde ya hace dos décadas y que conducía necesariamente a la renegociación —más o menos explícita, esto sí, y sobre todo más o menos dramática— de las relaciones entre la región y los grandes centros imperialistas. En el mismo sentido, las consecuencias que se pueden prever para la guerra de las Malvinas habían ya comenzado a gestarse desde mediados de la década pasada.

En un plano como en otro, las Malvinas corresponden al parto de un proceso histórico, violento y doloroso como suelen ser los partos; pero el proceso mismo, el contenido de este parto estaba ya inscrito, por difícil que fuera su lectura, en las tendencias surgidas en el período precedente.

El subimperialismo latinoamericano

En su esencia y más allá, pues, de los factores de orden interno y externo que influyeron en su origen la guerra de las Malvinas expresa la voluntad de la dictadura argentina de redefinir la posición del país en el plano internacional, tanto en la esfera regional como en la que se refiere a sus relaciones con los centros imperialistas. La reconquista del archipiélago, en los términos en que se planteó inicialmente, vale decir antes de la toma de posición norteamericana en favor de Inglaterra, implicaba de partida cerrar la puerta a las pretensiones chilenas en el Atlántico Sur (no está de más recordar que Chile recibió el espaldarazo de Inglaterra en este terreno, con el laudo arbitral de 1980 sobre el Beagle). Pero esa reconquista impediría también a Estados Unidos —y, en general, a la OTAN— de actuar con presencia propia en el área, mediante una base británica o anglo-norteamericana; se entiende así que, al dar signos de flaqueza el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra, haya sido precisamente esto último lo que propuso abiertamente Margaret Thatcher.

Con ello, la acción argentina visaba a algo más que a restablecer la relación de fuerzas que prevalecían antes que Chile pretendiera convertirse en potencia atlántica, relación que alineaba a Argentina y Brasil del lado latinoamericano, como contrapartes obligatorias del imperialismo para extender al área su sistema de pactos militares. Borrando las pretensiones chilenas y negándole a la OTAN la posibilidad de contar con un enclave en la zona, Argentina reforzaría su posición y podría entrar en las negociaciones relativas a la OTAS hombro a hombro con Brasil. Se explica así que, al tiempo que sostenían firmemente las pretensiones argentinas, los círculos oficiales brasileños alimentaran cierto recelo ante una victoria demasiado perentoria de sus vecinos en el conflicto.

Sería un error, sin embargo, quedarse en este nivel del análisis. Las circunstancias estratégicas y geopolíticas que enmarcaron la acción argentina en las Malvinas no deben hacer olvidar que lo importante es esa acción misma, en tanto que expresión de la voluntad de redefinición del papel de Argentina en el sistema mundial de poder. Argentina no está sola en ello, sino que la acompaña un grupo de países que alimentan deseo semejante, en lo que los concierne. Beagle o Esequibo, Atlántico Sur o Centroamérica: el escenario y los protagonistas del conflicto cambiarían, sus justificaciones serían otras, pero las raíces seguirían siendo las mismas.

Ello se debe a la emergencia en América Latina, desde los sesentas, de situaciones nacionales específicas, que han permitido hablar de un subimperialismo. Se trata de procesos que se desarrollan desde el momento en que, habiendo alcanzado el país cierto grado de desarrollo capitalista, que se expresa en el copamiento de la actividad económica por los monopolios y el capital financiero, se constituye una fracción gran burguesa que se presenta con un proyecto propio en la lucha por el control del Estado. En la mayoría de los países latinoamericanos, la gran burguesía se ha aliado a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas para lograr su objetivo, en la medida en que esta última se había preparado, en el marco de la contrainsurgencia, para hacerse cargo del aparato estatal. Esto no es empero un rasgo esencial del subimperialismo: para que éste triunfe, lo que necesita la gran burguesía es promover una mayor centralización del poder del Estado, que le permita imponer sus intereses particulares sobre los de las demás clases y fracciones de clases que constituyen la mayoría de la sociedad; el que esa centralización pase o no por el establecimiento de una dictadura militar corresponde exclusivamente al ámbito de la lucha de clases.

Lo que importa retener es que alcanzar la etapa subimperialista significa, para el país en cuestión, haberse convertido en un centro intermedio de reproducción de capital a nivel mundial. Ahora bien, economía y política no son sino dos caras de la misma moneda. Ser un centro intermedio de reproducción capitalista implica la posibilidad y la necesidad de plantearse como centro intermedio de poder en el sistema de dominación internacional del capitalismo; a ello alude la noción de “potencia media”, así como expresiones tipo “nación semindustrializada” se refieren a la dimensión económica del subimperialismo. Con ello, junto a las negociaciones globales que se realizan en el marco del llamado diálogo Norte-Sur, en torno a un nuevo orden económico internacional, los países subimperialistas actúan unilateralmente, a través del Estado nacional, en pos de dos objetivos: definir un área propia de influencia dentro del campo imperialista y renegociar sus relaciones con las potencias que lo encabezan.

Cruce de líneas

Ese replanteamiento de las relaciones económicas y políticas en el campo imperialista, a que aspiran esos países, se dirige a modificar el esquema de poder que se estableció en la posguerra; cuando el fenómeno del subimperialismo no se presentaba todavía. En aquel entonces, habiéndose valido de la guerra mundial como instrumento para doblegar a las demás potencias imperialistas, Estados Unidos pudo imponer al mundo capitalista su hegemonía indiscutida y reorganizarlo en provecho propio mediante mecanismos económicos, políticos y militares: FMI, el Banco Mundial y el GATT; la ONU y la OEA; y la OTAN; el TIAR y otros pactos similares.

Desde fines de los sesentas y en el curso de la década pasada, esa situación comienza a cambiar. Haciendo a un lado la expansión y fortalecimiento del campo socialista, así como el ascenso de los movimientos revolucionarios en la periferia capitalista, que ampliaría el radio de nuestro análisis más allá de lo que nos hemos propuesto, el campo imperialista se ve atravesado por dos nuevas líneas de fuerza, que se ejercen sobre el centro del sistema; es decir, sobre Estados Unidos. La primera corresponde a la acción ejercida por los demás centros imperialistas, ya recuperados de los efectos de la guerra: Europa occidental y Japón, que restablecen a nivel económico un clima de feroz competencia, al tiempo que perfilan con mayor independencia su política (más la primera que el segundo) y tratan de sustituir por un régimen multipolar la dirección única que ejerce Estados Unidos sobre el sistema. Los nuevos bríos que gana la socialdemocracia en el plano internacional ilustran bien este fenómeno.

La segunda línea de fuerza se origina de la presión ejercida sobre el centro del sistema por los países subimperialistas, así como de sus esfuerzos por crearse una zona propia de influencia. A principios de la década de 1970, esto se observaba sobre todo en relación a Brasil, Irán, Israel y Egipto. Pero esto no agotaba el desarrollo del subimperialismo como nueva cara de la economía dependiente y, en el curso de la década, otros países se han ido a sumar a los precedentes. La política exterior norteamericana, con Kissinger, Carter y ahora Reagan, registró esos cambios y trató de darles respuesta, sin abandonar jamás su intención de retener la posición conquistada durante la guerra mundial.

El conflicto de las Malvinas surge del cruce inesperado de esas dos líneas. Hasta entonces, ellas habían operado en sentido paralelo y, en cierta medida, complementario. Es así como el reforzamiento de Brasil, por ejemplo, se debió en una amplia medida a que, apoyándose sobre las contradicciones interimperialistas, pudo aprovechar la primera línea como factor de acumulación de fuerzas. La reorientación de su comercio hacia Europa y Japón (también a otras áreas y su apertura a los flujos de capital originados en esos centros) le han permitido relativizar su dependencia respecto a Estados Unidos, con lo que logró desarrollar su industria bélica y nuclear a espaldas e incluso contra la voluntad de ese país.

En el caso argentino, se observó como la acumulación de fuerzas por parte de un país subimperialista no se resuelve sólo al interior del campo imperialista, sino que puede valerse también de la contradicción más profunda que opone éste al campo socialista; el comercio y la cooperación científica y tecnológica con la Unión Soviética le han servido tanto o más que sus relaciones con Europa occidental para mejorar su posición en la negociación de su status internacional. Esto —que opera con mucho más fuerza aún en otras áreas del mundo— ha tenido poca relevancia en el caso de Brasil y sólo recientemente empezó a ser tomado en cuenta por la dictadura militar de ese país (ver, por ejemplo, el acuerdo soviético-brasileño de cooperación comercial, técnica y científica de 1981). Se trata de un hecho importante, por las nuevas posibilidades que le abre el conflicto de las Malvinas.

La carrera armamentista

En efecto, una de las consecuencias de la guerra de las Malvinas podrá ser la acentuación de la tendencia de los países subimperialistas latinoamericanos a apoyarse en el campo socialista para forzar la renegociación de su status con los centros imperialistas. No se trata ni mucho menos de una evolución del subimperialismo al socialismo, ya que el subimperialismo seguirá siendo lo que es: una expresión de la lucha por el poder dentro del campo imperialista y, pues, la manifestación de contradicciones interburguesas en el plano interestatal. El ámbito de acción del subimperialismo será siempre el campo imperialista y su principal enemigo, las fuerzas del proletariado mundial. Pero esa aproximación al campo socialista, por chocante que parezca a quienes juzgan la historia desde posiciones principistas, afectará negativamente el intento del imperialismo norteamericano de escindir el mundo en dos campos rigurosamente separados y contrapuestos y tenderá más bien a establecer en forma creciente cruces horizontales en el manojo de contradicciones que constituye la política internacional.

Para ello concurren, además de los intereses económicos, políticos y tecnológicos del subimperialismo, sus motivaciones militares. El subimperialismo no difiere esencialmente del imperialismo: como éste, lleva en su seno la guerra. Hasta ahora, su vocación belicista se expresaba en el ámbito de su área de influencia directa, sin que quedaran incluidas en sus cálculos más que las fuerzas propias de la misma. La guerra de las Malvinas muestra, de pronto, que las cosas no son tan simples y que la conquista de una zona de influencia puede pasar por el enfrentamiento militar con potencias imperialistas; más que esto, que puede movilizar en contra suya a todo el centro imperialista.

Por rígido que sea este límite —y lo es— para las pretensiones subimperialistas, ningún país que las alimente podrá aceptarlo sin discusión, so pena de volver a la subordinación absoluta que privó en la posguerra; es decir, de dejar enteramente al arbitrio de las grandes potencias imperialistas la reestructuración del sistema capitalista mundial, hoy en curso. Es previsible, pues, que, después de las Malvinas, las potencias subimperialistas de América Latina desaten en la región una carrera armamentista de proporciones similares a las que Israel, Irán, Sudáfrica impusieron en otras áreas. Pero las condiciones particulares en que se desarrolla el subimperialismo latinoamericano marcarán este fenómeno con un sello particular.

En efecto, tras el giro de la estrategia norteamericana, que cristalizó con Kennedy a principios de los sesentas, las Fuerzas Armadas latinoamericanas sufrieron un cambio de función: de elemento auxiliar de Estados Unidos en una eventual confrontación directa con la Unión Soviética, se convirtieron en garantes de los intereses estratégicos del imperialismo en el marco de las fronteras nacionales. Ello, que correspondió a la adopción de la doctrina de la contrainsurgencia como eje de la política norteamericana hacia la periferia capitalista, condujo a los militares latinoamericanos a redefinir su concepto de seguridad nacional y a desplazarlo de la defensa externa a la defensa del orden interno. Como consecuencia, el armamento de las Fuerzas Armadas se modificó, pasando el énfasis a reposar en las fuerzas de tierra y en la aviación, en detrimento de la marina, y en equipos ligeros para el combate contra la población desarmada o contra fuerzas militares de poca envergadura. Esto es lo que tendrá que ser cambiado después de las Malvinas, y con ello la revaloración de la marina y de los equipos militares pesados de tierra, mar y aire.

Es cierto que la carrera armamentista que este cambio implica se traducirá en un aumento de las importaciones destinadas a este fin y que los países socialistas, en especial la Unión Soviética, tendrán allí un margen significativo de maniobra. Pero las condiciones propias del subimperialismo latinoamericano apuntan también en otra dirección: el reforzamiento y la reconversión parcial de la industria bélica nacional. Ésta ha tenido un notable desarrollo en Brasil, así como en Argentina, en la década pasada, comenzando a extenderse, a finales de la misma, a otros países: Chile, Perú, Venezuela, Colombia y México. Brasil ocupa ya un lugar destacado a nivel mundial como exportador de armas, habiendo desarrollado en forma importante la producción de vehículos blindados, aviones, helicópteros, misiles y material electrónico pesado. La base tecnológica de la industria militar brasileña, así como de la argentina, no ha sido Estados Unidos, sino Europa, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania Federal e Italia. No hay duda de que se tratará ahora de obtener también cooperación del campo socialista.

Militarismo y democracia

La carrera armamentista a desatarse en América Latina no se corresponde tan sólo con un viraje en la estrategia militar de la región: conlleva también un replanteamiento de la función política de las Fuerzas Armadas. Sin renunciar, en lo fundamental, a los postulados ideológicos y a los métodos de organización y acción que la contrainsurgencia les ha proporcionado, y que las llevó a moverse hacia el centro del poder estatal, los militares latinoamericanos tendrán que enfrentarse a la revitalización de su función como garantes de la defensa externa (expresión que encubre siempre también los afanes hegemonistas y expansionistas de una nación). La seguridad nacional tenderá a situarse de nuevo preferentemente en el plano interestatal, regresando a la formulación clásica de soberanía nacional. Con ello, la posición de las Fuerzas Armadas en el esquema interno de poder deberá modificarse.

No se trata tampoco de un fenómeno enteramente nuevo. Desde mediados de los sesentas —hecho que se reflejó también en la política exterior norteamericana, con Carter, y fue reestimulado por ella— los militares latinoamericanos se plantearon una política de institucionalización que recuperara los mecanismos y prácticas de la democracia representativa y, simultáneamente, consagrara la centralidad de las Fuerzas Armadas en el aparato de Estado. En la edificación de ese Estado de cuatro poderes, en el que el poder militar subordinaría sin anular a los tres poderes de la democracia representativa clásica, han sido los militares brasileños los que primero enfrentaron la tarea y los que, hasta el momento, han avanzado de manera más certera en su consecución. Pero la tendencia sigue su curso, de la manera confusa como se afirman las tendencias históricas, en la mayoría de los países de la región.

La redefinición estratégica que le incumbe a las Fuerzas Armadas, a raíz de la guerra de las Malvinas, deberá acentuarla e incentivar, pues, el proceso de institucionalización democrática en Latinoamérica. Sin embargo, nadie debe llamarse a engaño: ni su relativo acercamiento a los países socialistas ni su mayor empeño en la redemocratización modificará el carácter profundamente antipopular de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Ello no se debe tan sólo a su naturaleza de clase, que no se habrá alterado para nada, sino también al hecho de que los cambios que se pueden esperar de ellas no obedecen a impulsos nacidos del movimiento popular, y más bien responden a las exigencias que plantea la realización de la política del gran capital.

Ello no quiere decir que el movimiento popular y la izquierda no tengan nada que hacer en la coyuntura abierta por las Malvinas. La necesidad en que se encuentran los militares y el gran capital de plantear su política en términos de interés nacional y de hacer frente, para ello, a las presiones en sentido contrario ejercidas por los grandes centros imperialistas, en particular Estados Unidos, les abren a esas fuerzas nuevas y prometedoras posibilidades de acción. Este es un momento particularmente favorable para desplegar, desde el campo popular y con total autonomía, un amplio movimiento democrático y antiimperialista, que vaya más allá de lo que pretende el bloque burgués-militar y exija la recuperación y la defensa de los recursos naturales; un orden internacional basado en la cooperación y en el respeto mutuo; relaciones amistosas con los países socialistas y gobiernos progresistas y revolucionarios de todo el mundo; una democracia que no se limite a restablecer los mecanismos y rituales de la democracia representativa burguesa, sino que abra ancha vía a la auténtica participación de las masas.

La izquierda latinoamericana tiene el deber de evaluar correctamente la situación que estamos viviendo y de lanzarse con audacia a una práctica política que —rechazando los espejismos e ilusiones que no dejarán de presentarse— lleve las posibilidades surgidas hasta su límite. Sólo así estará en condiciones de poder rebasarlo.