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El papel de la inflación

en la política económica brasileña

 

Ruy Mauro Marini

 

Fuente: Desarrollo Indoamericano, Año II, No. 5, Barranquilla, Colombia, febrero de 1967.

 

Presentación de la revista:

Es ésta, la segunda parte del ensayo que comenzó a publicarse en el No. 4 de esta revista, escrito por el economista brasilero, doctor Ruy Mauro Marini. En el presente esbozo crítico, el doctor Marini analiza el problema de la inflación de su país, describe su incidencia, en los diferentes grupos económicos y sociales, puntualiza la responsabilidad del Estado, para terminar exponiendo su concepto de científico y de patriota, sobre la salida más adecuada que debe buscarse el pueblo de ese gran país, para poder sortear los problemas que actualmente le aquejan.

Ruy Mauro Marini es actualmente profesor e investigador en el Colegio de México y funcionario del Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina, organismo creado por la Unesco. Ha escrito y publicado “La dialéctica del desarrollo capitalista en el Brasil” (Cuadernos Americanos, México 1966), “Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo” (Foro Internacional, México, 1965) “Brazilian interdependence and imperialist integration” (Monthly Review, New York, 1965), etc.

 

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Una apreciación crítica de la actual política económica del Brasil, destinada a desentrañar su significación frente a la dinámica de las fuerzas sociales en presencia, tiene que partir de su aspecto más evidente: la inflación. Y esto, por dos razones. Primera, porque la contención de la inflación constituye la meta prioritaria de la política económica, desde que se adueñó del poder el equipo tecnocrático-militar encabezado por el mariscal Castelo Branco. Segunda, porque, aunque hayan recorrido más de dos años de aplicación del programa anti-inflacionario, las tasas de inflación siguen rebasando las expectativas de estabilización, habiendo sido de 92.4% en 1964, de 45% en 1965, y, en el primer semestre de 1966, de 24% (Río) y 34.7% (São Paulo) —los dos últimos datos constituyendo estimativas avanzadas, respectivamente, por la Fundación Getulio Vargas y por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos de São Paulo (DIEESE).

Según comentarios autorizados, este hecho no parece preocupar a los técnicos gubernamentales, quienes consideran que “lo que importa no es la tasa de inflación en sí, sino que ésta esté reprimida o bajo control”. (v. José Roberto Arruda: “Fatos destroem expectativas com novo surto inflacionario”, en Jornal do Brasil, Río, 16-7-1966). Esta actitud sorprendente, por partir de un gobierno que ha concentrado el grueso de sus esfuerzos en la lucha contra la inflación, ha parecido a muchos expertos y políticos, que se oponen a las directrices del gobierno, un sofisma tendiente a escatimar su rotundo fracaso. ¿Tienen razón los que así encaran la cuestión?

La inflación pregolpe

La respuesta depende de un análisis del proceso inflacionario brasileño en su perspectiva histórica. Desde los años 50, la inflación se presentó en el Brasil como un instrumento de acumulación de capital en favor de la burguesía industrial y financiera, transfiriendo a ésta recursos provenientes del sector exportador y de las masas asalariadas. A partir, sin embargo, de los primeros años de esta década, y hasta el momento en que se produjo el golpe militar de 1964, el carácter de la inflación se modificó, llevando a que la aceleración de los aumentos de precios y salarios apenas reflejasen la situación de equilibrio de los grandes grupos ahí implicados: la burguesía industrial y financiera, las masas asalariadas y el sector latifundista-mercantil (v. mi artículo “Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo”, en Foro Internacional, México, abril-junio 1965).

Este cambio en el carácter de la inflación se originó básicamente de la inversión de posiciones entre el grupo patronal urbano y el sector latifundista-mercantil, pasando éste a adquirir las ventajas producidas por las alzas de precios. Esto se debió a dos razones. Primera, porque, a través de transferencias de ingreso al sector exportador, la burguesía buscaba estimular la exportación, a fin de aumentar las disponibilidades en divisas y aflorar la presión ejercida por la capacidad para importar. Segunda, porque, en virtud de la rigidez de la oferta agrícola para el mercado interno frente a una demanda urbana creciente, los precios de los bienes alimenticios y materias primas entraron en acentuada alza, a partir de 1959, ocasionando por este conducto nuevas transferencias de recursos en favor de los grupos latifundista-mercantiles.

Esta situación suscitó, en el primer momento, la predisposición de la burguesía a una reforma agraria basada en el reparto de tierras, la cual no logró concretarse. En efecto, la radicalización del movimiento de masas, en la ciudad y en el campo, en las postrimerías de 1961-1964, no alentó a las clases dominantes a tomar el riesgo de introducir cambios profundos en las estructuras del país, y antes las llevó a respaldarse mutuamente y a solidarizarse alrededor del gobierno nacido en abril de 1964. Por otra parte, las reivindicaciones salariales, impulsadas por los aumentos del costo de vida, resultantes del alza de los precios agrícolas, repercutieron sobre los costos de producción de la industria, y por ende en la tasa de ganancia, anulando el drenaje de ingresos de los asalariados a los grupos patronales y llevando a un enfrentamiento directo entre ambos. En consecuencia, la reforma agraria patrocinada por las clases dominantes fue encauzada hacia la elevación de la productividad rural por estímulos como el crédito, los precios mínimos, y otros instrumentos que dejaban intocado el régimen de tenencia de las tierras.

Admitida, pues, por la burguesía, la legitimidad del factor inflacionario representado por las transferencias de renta al sector exportador tradicional, y tomadas medidas de largo plazo para paliar el factor originado por la rigidez de la oferta agrícola interna, todo el peso de la política anti-inflacionaria tendría que recaer sobre las masas asalariadas e incidentalmente sobre los sectores menos fuertes de la burguesía que se mostrasen incapaces de resistir a una política de “austeridad”. Esto llevó a la contención implacable de los salarios a través de instrumentos ya analizados, como la Ley N° 4.725/65, contención que se aplicó por extensión a los grupos medios asalariados, sobre todo en el sector público. Las consecuencias ya fueron señaladas, traduciéndose en la caída vertical del poder de compra de los salarios, la expansión del desempleo (principalmente en lo que se refiere a mano de obra no calificada) y la contracción brusca de la demanda, que terminó por estancar la actividad económica general.

La inflación postgolpe

Este auténtico tratamiento de choque, que desmentía incluso las manifestaciones gubernamentales en favor de una política gradualista, no ha impedido sin embargo que los precios siguieran subiendo y que, en 1966, se registrara un nuevo brote inflacionario de inesperada violencia. ¿Cómo explicar este fenómeno, si se considera que el déficit público ha sido superado (el gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto de presupuesto equilibrado) y que la “inflación de costos”, es decir, los aumentos de precios originados por reivindicaciones salariales, fue contenida?

La Fundación Getulio Vargas trata de encontrar una respuesta en la expansión de los medios de pago, la cual, frente a una previsión de 30% en el Plan gubernamental, fue realmente de 74.8% en 1965. Tal expansión se atribuiría parcialmente a la preferencia del público en favor de la moneda escritural y, paradójicamente, a la buena situación del sector externo. Así, el superávit de la balanza de pagos habría forzado al gobierno a emplear fuertes recursos monetarios en la compra de divisas y operaciones similares. Aunado a otros gastos de menor monto, esto se habría expresado en la emisión de 691,000 millones de cruceiros en papel moneda; es decir, un aumento de 46.5% sobre el saldo del año anterior.

La explicación sencilla, por no decir simplona, de la FGV gana otra dimensión cuando consideramos la cuestión más amplia del crédito a las empresas. Datos revelados en discusiones sobre el asunto, llevadas a cabo en el Consejo Nacional de Economía (véase “Debates sobre a desnacionalização”, en Desenvolvimento & Conjuntura, Río, mayo 1966), muestran que, a pesar de la restricción impuesta al crédito oficial, el total de los empréstitos bancarios, oficiales o no, al comercio y a la industria aumentó 59% en 1965, por encima de la tasa de inflación. Paralelamente, a través de los swaps aceptados; es decir, de la compra de divisas a plazo corto, y del mecanismo de la Instrucción N° 289 de la antigua SUMOC (actual Banco Central), que se basa en el mismo principio, el gobierno aplicó 482 mil millones de cruceiros, correspondientes a 297.5 millones de dólares, lo que representó un aumento de 210% en operaciones de este género. Sumados a los 1,389 mil millones de cruceiros resultantes del aumento del crédito bancario público y privado, tenemos 1,871 mil millones de cruceiros, correspondientes a un aumento global de crédito del orden de 168% sobre el año anterior.

Observemos que, como se hizo notar en los debates del CNE, las operaciones de swaps y relativas a la Instrucción N° 289 beneficiaron en 98% a las empresas extranjeras, que pueden más fácilmente obtener junto a sus matrices las divisas a ser negociadas con el gobierno. Según la relación anual de 1965 del Banco Central, mencionado en los referidos debates, “el conjunto de operaciones con base a la Instrucción N° 289 y las de swaps provocaron un drenaje financiero, expandiendo las operaciones activas de las Autoridades Monetarias, del orden de los 328.2 mil millones de cruceiros, en 1965, correspondientes al incremento de 213.4% sobre el año de 1964, lo que “ha contribuido para explicar en parte la elevación del saldo de papel moneda en circulación”.

Hay que tomar además en consideración el aumento substancial de la cosecha cafetalera en 1965, la cual fue superior a 23 millones de sacos, presentando pues un incremento de 90% en relación a 1964. Las exportaciones, inversamente, declinaron de 15,020,265 sacos en 1964 a 13,497,446 sacos en 1965, lo que muestra el monto de las existencias que tuvieron que formarse con financiación gubernamental. La CEPAL ha señalado anteriormente (véase en el Estudio Económico de América Latina 1964 la parte dedicada a la inflación brasileña) la influencia que ha tenido la crisis de superproducción del café sobre la aceleración de la tasa inflacionaria, a partir de 1959. Entre 1962 y 1964, como mostramos, la inflación brasileña pasa a obedecer a otros factores, los cuales han sido empero atacados por el gobierno desde la última fecha. Todo indica, pues, que en 1965 el café volvió a ocupar un papel importante en la manutención del proceso inflacionario.

Quedan, pues, pocas dudas de que la responsabilidad de la persistencia de la inflación corresponde a la generosidad de la política económica del gobierno en relación a los grupos patronales urbanos y rurales. Esta generosidad tiene dos implicaciones: primera, porque, contrastando fuertemente con el rigor aplicado en la contención salarial, deja claro que el gobierno ha descargado sobre los asalariados la integridad de su esfuerzo de estabilización; segunda, porque pone en evidencia la existencia de sectores privilegiados dentro de la misma clase patronal representados por las empresas vinculadas a los grupos extranjeros.

El marco general de la política anti-inflacionaria

En esta perspectiva se deben entender las evasivas presentadas por las autoridades gubernamentales, en el sentido de que lo que cuenta no es tanto la tasa de inflación sino el que ésta se encuentre “bajo control”. En la situación que prevalecía hacia 1964, este control podría desaparecer en virtud del dinamismo que presentaban las reivindicaciones salariales, lo que, mermando la tasa de ganancia, acabaría por conducir a la caída de la tasa de inversiones. Era lo que llevaba el gobierno a declarar explícitamente: “El programa (económico) a ser adoptado por el Gobierno se ajustará a la condicionante de retomar el desarrollo económico, rechazando pues las medidas precipitadas que tengan como consecuencia el significativo debilitamiento de la propensión a invertir del sistema económico” (Síntesis del Plan de Acción Económica del Gobierno, p. 33).

Actualmente, los salarios se desenvuelven siempre abajo de la progresión de los precios, gracias, sobre todo, a que el gobierno utiliza su previsión relativa a la tasa de inflación (10% en 1966) para reglamentar los reajustes. Por otro lado, los precios ya no ofrecen, desde el punto de vista de la oferta agrícola interna, las distorsiones que solían presentar antes de 1964. En estas circunstancias, el gobierno puede en efecto considerar que la inflación está “bajo control”; es decir, que se ha restablecido el carácter que ella había tenido en los años 50, cuando constituía un instrumento de ahorro forzado aplicado sobre las masas asalariadas. Se comprende así que, aunque siga preocupándose con la reducción de la tasa de inflación, el gobierno no se muestra particularmente afligido por el hecho de que esto no se logre inmediatamente.

Es indudable que el cambio en el carácter de la inflación, que le da de nuevo en la política económica el papel que había tenido en la década de 1950, se ha obtenido a costa del sacrificio de la dinámica del mercado interno y en perjuicio de largos sectores empresariales, que no encuentran condiciones para resistir a la estabilización y que engrosan constantemente el número de quiebras y concordatos. Hay que considerar, sin embargo, estas cuestiones más detenidamente.

En lo que dice respecto a la caída de la demanda interna, el gobierno se ha preocupado en abrir a las empresas nuevos frentes de comercio en el exterior, lo que es reconocido por la Confederación Nacional de la Industria cuando señala que el principal factor que determinó el incremento de la exportación de manufacturados, en 1965, fue “la debilidad de la coyuntura interna, constituyendo el mercado externo no un campo adicional para la venta de nuestros productos industriales sino un substituto para el mercado interno en una mala coyuntura” (“Exportación de manufacturas”, en Desenvolvimento & Conjuntura, Río, abril 1966, p. 44). Mostramos anteriormente diversos indicios que hacen creer que eso benefició sobre todo al sector de las grandes empresas, estrechamente vinculadas al capital extranjero. La CNI lo confirma, al subrayar que “si se investiga el origen de importantes ítems incluidos en la pauta de exportación brasileña de manufacturas, se encontrarán, tal vez en la mayoría de los casos, industrias extranjeras o con participación mayoritaria de capital extranjero” (Ibídem, p. 48).

En cuanto a la incapacidad de amplios sectores de la burguesía brasileña para enfrentarse a la actual política de estabilización, obedece a la lógica gubernamental favorable a la creación de un complejo industrial altamente tecnificado en el país, capaz de garantizar a éste la conquista de una posición hegemónica industrial en América Latina. La restricción impuesta al crédito oficial (salvo para las grandes empresas) e instrumentos correlativos operan, como ya señalamos, concomitantemente con estímulos a la racionalización y a la concentración empresarial, no dejando a las empresas menos capaces sino el camino de la fusión o de la quiebra. “Se trata, en síntesis, de eliminar empresas que ya nacieron asténicas”, escribe el oficialista Jornal do Brasil, añadiendo: “Metafóricamente, se puede decir que una parte del organismo económico del país, que nació enfermo por causa de la inflación, será extirpado” (“Fatos destroem expectativas”..., 16-7-1966).

Para el gobierno, así como para la gran burguesía industrial y financiera, el hecho de que los mayores beneficiarios de la nueva política económica sean los grupos extranjeros constituye un mal necesario. Nadie lo ha expresado mejor que el vocero gubernamental en los debates ya mencionados del CNE, cuando contestó al opositor del gobierno, admitiendo: “Su crítica podrá ser justa cuando dice que los actuales mecanismos de financiamiento están proporcionando ventajas a filiales de empresas extranjeras. Sin embargo, nos parece injusta dentro de una perspectiva más amplia, en la que se considere el interés de la Nación, cuando se juzgue tales mecanismos en función de sus efectos sobre la evolución del producto nacional”. Y, en un rasgo de sinceridad: “Pertenecemos a la ALALC, que se transformará pronto en un verdadero Mercado Común Latinoamericano. No podemos, para seguir con una ideología inspirada en el más puro proteccionismo, renunciar a la ayuda extranjera. Esto solamente beneficiaría a los países hermanos y vecinos” (Intervención del consejero José Bonifacio Nogueira, op. cit., pp. 23-25).

 

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El análisis de la política económica practicada por el actual gobierno brasileño muestra sin lugar a dudas que se trata de una política de clase, que responde a los intereses de la gran burguesía industrial y financiera, nacional y extranjera, así como de los grandes productores y exportadores de café. La lucha contra la inflación ha sido en gran medida el parapeto detrás del cual se disfrazaba el propósito de reencauzar la acumulación de capital hacía las grandes empresas, provocando el ahorro forzado de los asalariados mediante la relación salario-precio y, por diferentes instrumentos, concentrando en las manos de aquéllas el capital disperso entre las empresas medianas y pequeñas.

El eje central de todo este programa ha sido la contención salarial de la clase obrera, elemento que regula el nivel general de los salarios, y que, al quedarse rezagado frente a los precios, implicó la retracción de la demanda, luego traducida en el desempleo y en las quiebras. Es evidente, desde este punto de vista, que es la política salarial la piedra de toque del actual Plan económico, y que su modificación será importante para alterar todo el conjunto de la política económica. La implicación política de esta constatación es una cuestión de sentido común, puesto que confiere a la clase obrera el papel hegemónico en la conducción de la lucha contra la política de clase que se está ejecutando y, por este conducto, contra las clases mismas que la inspiraron e impulsan su ejecución.

El análisis muestra también la incapacidad de los sectores medios y pequeños de la burguesía para definir una política viable de desarrollo económico. A pesar de la fuerza de que disfrutaron tales sectores en el periodo Goulart (1962-1964), gracias a que sus representantes ideológicos ocupaban la mayoría de los puestos oficiales, no lograron encontrar una salida para la crisis económica que se avecinaba. Al contrario, a medida que la crisis se expresaba en el incremento de las reivindicaciones salariales y de la radicalización política, estos sectores se sumergieron en la perplejidad y en el pánico, hasta el punto de entregar sin resistencia a la burguesía monopolista el liderazgo de que disponían. Hoy, que ésta aplica su propia política, la única que considera capaz de sacar la economía del estancamiento sin poner en riesgo sus privilegios, la pequeña y la mediana burguesía o reclaman la vuelta a la situación anterior, que no supieron defender, o simplemente suplican más flexibilidad en la aplicación de la política económica. Esta flexibilidad se refiere por supuesto a una mayor liberalidad en el crédito, lo que, si fuera atendido sin acompañarse de cierta liberalización de los salarios, agravaría aún más la explotación de la clase obrera; y, si se completara con la liberalización salarial, restauraría la situación prevaleciente hacia 1964, que disgustaba al conjunto de la burguesía brasileña.

Es lógico, entonces, que la búsqueda de soluciones intermedias, basadas en los intereses de los sectores burgueses más débiles, o resulte impracticable, o sea susceptible de conducir a la clase obrera y demás sectores asalariados -en un plazo más menos corto- a una situación peor que en la que se encuentran. Hay que temer que esto no será posible sin un endurecimiento todavía más sensible de los aparatos de represión, y un agravamiento del carácter parasitario que tienden a asumir esos sectores burgueses en relación al Estado. En otras palabras, una política económica pequeño-burguesa, en las condiciones vigentes en el Brasil, exigiría muy probablemente la implantación de un verdadero régimen fascista en el país.

Al actual programa gubernamental sólo se puede contraponer legítimamente y con viabilidad en relación a las metas de progreso, bienestar y libertad políticas, un programa obrero, socialista. La dinámica económica y social del Brasil, oponiendo cada vez más la burguesía a las masas asalariadas y aplastando progresivamente la pequeña burguesía, tiende a plantear irresistiblemente esta alternativa radical. No hay, en nuestros días, contribución más efectiva a la causa del pueblo brasileño que compenetrarse de tal realidad y sacar de ahí las consecuencias prácticas que se imponen.

México, D. F., 1966.