Chile: ¿un país atlántico?
Fuente: El Sol de México, México, 5 de mayo de 1977.
Hemos indicado ya la dificultad que tenemos, en América Latina, para reflexionar con cierta autonomía sobre nuestros problemas, supeditados como estamos a los caprichos (que, en la mayoría de los casos, son más que esto) de las agencias de formación de la opinión pública. Así, el fin de la semana pasada, se divulgó aquí la noticia de que el litigio chileno-argentino sobre el canal de Beagle había sido resuelto en favor de Chile. Las agencias añadían que, el lunes último, la cancillería británica informaría oficialmente sobre la decisión, que ya habría sido comunicada a los embajadores de Chile y Argentina en Londres. Pero, hasta el martes 2, cuando escribimos estas líneas no había nada nuevo sobre el asunto.
Este está lejos de carecer de interés. Es cierto que el objeto mismo del litigio: tres pequeñas islas ubicadas en el lado atlántico del canal (Picton, Nueva y Lenox), no llama de por sí la atención. Tampoco apasionan los aspectos jurídicos e históricos del mismo, salvo a los especialistas. Esos aspectos se remontan a 1881, cuando un tratado entre Chile y Argentina confirió al primero la soberanía sobre las islas, siguen con la posterior puesta en cuestión de ese acuerdo por Argentina y llegan hasta 1971, cuando el diferendo fue sometido por ambas partes al arbitraje de Inglaterra. Es al fallo final de Londres que se refiere la noticia arriba mencionada.
Sin embargo, su importancia es grande. No sólo por su repercusión en la política interna chilena, donde no dejará de ser (si se confirma la noticia) aprovechado el fallo por la Junta Militar. Recordemos que, a principios del año, Pinochet realizó una gira por los territorios australes de Chile, incluyendo el canal de Beagle, la cual tenía entre sus propósitos, como señalé entonces, movilizar el chauvinismo de las fuerzas armadas chilenas en su beneficio. Un fallo favorable a Chile reforzará sin lugar a dudas la posición del dictador, incluso junto a la opinión pública nacional.
Pero la trascendencia de ese fallo rebasaría sus efectos internos. Representaría un éxito considerable de la Junta en lo referente al conjunto de su política latinoamericana. Esta se ha orientado en el sentido de desvincular a Chile de los países andinos, a los que había ligado la diplomacia del gobierno de Eduardo Frei, reafirmada por el de la Unidad Popular. Es allí donde se enmarca el retiro de Chile del Pacto Andino y su intento, todavía no logrado, de adscribirse al bloque de la Cuenca del Plata, lidereado por Brasil y Argentina.
Apunté ya, en otra ocasión, las razones económicas que tiene la junta para ello. Los datos del comercio exterior chileno hablan solos: en 1975, las exportaciones a Argentina y Brasil fueron del orden de 200 millones de dólares, dejando un saldo favorable de 75 millones, mientras que las que se dirigieron al conjunto de los países del bloque andino apenas superaron los 90 millones de dólares, arrojando un déficit de casi 30 millones, respecto a las importaciones. Pero esto no es todo: el modelo de desarrollo económico planteado por la Junta Militar difiere sustancialmente del que trató de implementar tanto la democracia cristiana como la Unidad Popular, basado en una industrialización diversificada. La dictadura militar, en cambio, se ha lanzado a una superespecialización industrial, que tiene como objetivo adecuar la economía chilena al esquema de división del trabajo que se está imponiendo en América Latina. Este implica que países de menor potencial económico, como Chile, se dediquen a la producción para la exportación de algunos pocos productos en que sean competitivos (cobre, celulosa, papel, manufacturas de cobre, en el caso chileno) y se constituyan, por otra parte, en mercados abiertos a las exportaciones de manufacturas procedentes de Brasil y Argentina.
Ese proceso de integración que se está abriendo paso en América Latina no es tan sólo económico, sino que posee también una dimensión político-militar. En este marco, además de la unificación de las fuerzas militares terrestres y los aparatos represivos, se destaca actualmente la integración naval. Para ello, concurre un factor general: la lucha por el dominio de los mares, que se ha agudizado entre las potencias capitalistas y socialistas, y un factor específico: la nueva importancia del Atlántico Sur, tras los cambios intervenidos en frica austral. La importancia estratégica de la ruta del Cabo de Buena Esperanza para el transporte de materias primas y, en especial, el petróleo del Golfo Arábigo, ha crecido tras el cierre del canal de Suez, bastando señalar que éste tenía, en 1967, un tráfico anual de 8 mil barcos, el cual alcanza hoy cerca de 24 mil.
Es jugando sobre esta carta como Brasil y Argentina piensan convertirse en potencias navales y piezas importantes en el esquema estratégico occidental. Chile, que no puede hacer efectiva su reivindicación sobre parte de la Antártida hasta fines de siglo, en virtud del tratado vigente para esa región, sólo lo lograría en la medida en que confirme sus derechos sobre el lado atlántico del canal de Beagle, es decir, que ratifique su soberanía sobre los tres islotes mencionados. Pero, una vez logrado esto, asumiría el carácter de país atlántico, asegurando así su pretensión a participar plenamente en un bloque económico y militar con Brasil y Argentina.
Es obvia, por tanto, la importancia de la decisión del gobierno británico sobre el canal de Beagle. Ella puede implicar el reforzamiento político de la Junta chilena, en el plano interno e internacional, y podrá eventualmente conducir a un enfrentamiento entre Chile y Argentina. En efecto, una decisión favorable a Chile retiraría a la dictadura argentina una de las cartas con que ella cuenta para, haciendo frente a Brasil, participar con ventajas en el juego geopolítico en que se encuentran enfrascados actualmente los militares del cono sur.
Ruy Mauro Marini
