Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo

Fuente: Foro Internacional, v. 5, n. 4, abril-junio de 1965, pp. 511-546, El Colegio de México.

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El golpe militar que depuso al presidente constitucional del Brasil, Joao Goulart, en abril de 1964, fue presentado por los militares brasileños como una revolución y definido, un año después, por uno de sus voceros, como una “contrarrevolución preventiva”. Por sus repercusiones internacionales, sobre todo en la política interamericana, y ante las concesiones económicas que tuvo para los capitales norteamericanos, muchos lo consideraron sencillamente como una intervención disfrazada de los Estados Unidos. Esta opinión es compartida por amplios sectores de la izquierda brasileña, que, sin embargo, nunca explicaron bien por qué, en el momento mismo en que parecían llegar al poder, éste les fue arrebatado sorpresivamente, sin que se disparara un solo tiro.

A nosotros parece que ninguna explicación de un fenómeno político es buena si lo reduce a sólo uno de sus elementos, y que es decididamente mala si toma por clave justamente a un factor externo, que lo condiciona desde fuera. En un mundo caracterizado por la interdependencia, quizá por la integración, nadie niega la influencia de los factores internacionales sobre las cuestiones internas, sobre todo cuando se está en presencia de una economía de las llamadas “dominantes” o “metropolitanas” y un país subdesarrollado. Mas ¿en qué medida se ejerce esa influencia? ¿Qué peso tiene, frente a los factores internos, específicos de la sociedad sobre la cual actúa?

El Brasil, con sus 80 millones de habitantes y su economía industrialmente diversificada, es una realidad social compleja, cuya dinámica, aunque condicionada y limitada por el cuadro internacional en que se inserta, rehúye las interpretaciones unilaterales. Sin un análisis de la situación interna brasileña, de las relaciones de fuerza allí existentes entre los grupos políticos, de las tensiones sociales que se desarrollaban con base en una determinada configuración económica, no se comprenderá el cambio político de 1964 ni se podrán estimar las perspectivas probables de su evolución. Perspectivas que, en fin de cuentas, no se refieren tan sólo al Brasil, sino a toda Latinoamérica.

El compromiso de 37

La historia política brasileña presenta, en este siglo, dos fases bien caracterizadas. La primera, que va de 1922 a 1937, es de gran agitación social, marcada por varias rebeliones y una revolución, la de 1930. Sus causas pueden buscarse en la industrialización que se produce en el país en la década de 1910, gracias sobre todo a la guerra de 1914, que lleva a la economía brasileña a realizar un considerable esfuerzo de sustitución de importaciones. La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones sobre el mercado internacional van a mantener en un nivel bajo la capacidad de importar del país y acelerar así su proceso de industrialización.

Las transformaciones que se operan en la estructura económica, en ese período, se traducen, socialmente, en el surgimiento de una nueva clase media, es decir una burguesía industrial directamente vinculada al mercado interno, y de un nuevo proletariado, pasando las dos clases a presionar a los antiguos grupos dominantes, para obtener un lugar propio en la sociedad política. El resultado de las luchas desencadenadas por ese conflicto es, pasando por la revolución de 1930, un compromiso —el “Estado nuevo” de 1937, bajo la dictadura de Getulio Vargas— con el cual la burguesía se estabiliza en el poder, en asociación con los terratenientes y los viejos grupos comerciantes, al mismo tiempo que establece un esquema particular de relaciones con el proletariado. En este esquema, el proletariado será beneficiado por toda una serie de concesiones sociales (concretadas sobre todo en la legislación laboral del Estado nuevo) y, de otra parte, encuadrado en una organización sindical rígida, que lo subordina al gobierno, dentro de un modelo de tipo corporativo.

Con pequeños cambios, y a pesar de que se derroca, en 1945, a la dictadura de Vargas, este compromiso político, este contrato social si se le puede llamar así, se mantiene estable hasta 1950. Empieza entonces un nuevo período de agudas luchas políticas, de las que el suicidio de Vargas (que regresa al poder, a través de elecciones), en 1954, es el primer fruto, y que conducirán al país, en diez años tormentosos, al golpe militar de 1964. En la raíz de esas luchas, encontramos el esfuerzo de la burguesía industrial por poner a su servicio el aparato del Estado y los recursos económicos disponibles, rompiendo o, por lo menos, transgrediendo las reglas del juego que se habían fijado en 1937. Las razones, en verdad, son más profundas: se asiste, en ese período, a la deterioración de las condiciones en las que se basaban esas reglas, lo que se debe, por una parte, al crecimiento constante del sector industrial y, por otra, a las dificultades que, apareciendo primero en el sector externo, hicieron que la complementariedad hasta entonces existente entre el desarrollo industrial y las actividades agrario-exportadoras se convirtieran en una verdadera oposición.

Junto con la escisión vertical que se producía entre las clases dominantes, las presiones de las masas en busca de nuevas conquistas sociales rompen el dique que la dictadura les impuso, hasta 1945, y que el gobierno fuerte del mariscal Dutra (1945- 50) había mantenido de pie. La tendencia ascendente del movimiento de masas, que se expresa ya en la elección de Vargas para Presidente de la República (cuando, por primera vez en Brasil, llegó al poder un candidato de la oposición), es estimulada por la burguesía, que se apoya en ella para quebrar la resistencia de las antiguas clases dominantes. Esa alianza era posible porque, proponiendo un amplio programa de expansión económica, la burguesía abría perspectivas de empleo y de elevación del nivel de vida a la clase obrera y a las clases medias urbanas, creando así una zona de intereses comunes que tendían a expresarse políticamente en un comportamiento homogéneo. Esa tendencia será acentuada por la burguesía a través del manejo de las directivas sindicales (vía Ministerio del Trabajo), y por el impulso que dio a las ideas nacionalistas, que le permitieron ejercer un control ideológico sobre las masas.

Reflejando esa correlación de fuerzas, Getulio Vargas no tarda en definirse por una política progresista y nacionalista, de la que fueron frutos: la creación, en 1952, del Banco Nacional de Desarrollo Económico; la decisión de concretar el Plan Salte (programación de las inversiones públicas en los sectores de salud, alimentación, transporte y energía) ; el Plan nacional de carreteras y el Fondo nacional de electrificación; el reequipamiento de la marina mercante y del sistema portuario; el monopolio estatal del petróleo (Petrobrás) y el proyecto de monopolio estatal de energía eléctrica (Eletrobrás). El envío al Congreso de un proyecto de ley limitando a los beneficios extraordinarios y los pronunciamientos favorables a la restricción de la exportación de beneficios fueron acompañados, por el gobierno, de una política laboral destinada a atraer el apoyo obrero y que Vargas confía a un joven gaucho desconocido, llamado Joao Goulart, a quien nombra ministro del Trabajo.

En un esfuerzo para movilizar de modo orgánico a las masas obreras, Goulart echa mano de diferentes métodos, desde el aumento de 100% del salario mínimo (congelado desde 1945) hasta la organización unitaria de las directivas sindicales. La demostración de fuerza que representó el I Congreso Nacional de la Previsión Social, en Río, y los ataques que allí, rodeado de conocidos líderes comunistas, lanzó Goulart contra las oligarquías dominantes y la explotación imperialista conmovieron a la derecha y asustaron a las clases dominantes con la amenaza de una “república sindicalista”, de tipo peronista. Las estrechas relaciones de amistad que mantenían el Brasil de Vargas y la Argentina de Perón reforzaban ese temor. Presionado furiosamente, Goulart se vio obligado a abandonar el ministerio y exiliarse en el Uruguay.

Era, para Vargas, el principio del fin. Retrocediendo ante la reacción derechista, trató de calmar la furia de la oposición con varias medidas, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional y la prorrogación y ampliación del Acuerdo militar Brasil-Estados Unidos. La primera, sin consecuencias inmediatas, creaba el marco jurídico para la represión del movimiento popular, que el gobierno militar de 1964 utiliza ampliamente; el segundo, ponía definitivamente a las fuerzas armadas brasileñas bajo la influencia del Pentágono norteamericano. Mas el mejor ejemplo de la política de conciliación de Vargas fue la reforma cambiaria de 1953, por la cual se buscó incrementar las exportaciones y contener las importaciones (realizadas, bajo el control gubernamental, en el mercado oficial), al mismo tiempo que, transfiriéndolas al mercado libre, se liberaba la entrada y salida de capitales.

Esa reforma cambiaria, si tuvo poca influencia sobre las exportaciones, comprimió fuertemente el nivel de las importaciones, equilibrando provisionalmente las cuentas externas del país, aunque buena parte del saldo así obtenido fue absorbido por la evasión de divisas permitidas por el nuevo sistema. La caída del precio internacional del café y la reducción del volumen de las exportaciones brasileñas hacen que, en 1954, la balanza comercial vuelva a presentar un déficit, lanzando nuevamente a la economía a una grave crisis cambiaria. Internamente, la marcha de la inflación (en el promedio mensual de los precios pasa de 175 en 1953 a 222 en 1954) impulsa al movimiento obrero a reivindicar reajustes de salarios, contando ahora los sindicatos con el recurso efectivo de la huelga (cuyo derecho fue conquistado, de hecho, cuando el gran paro de los metalúrgicos, vidrieros y gráficos en Sao Paulo, en 1953).

Sobre esa base la campaña de la derecha se intensifica, dirigida por un periodista llamado Carlos Lacerda, frente a Vargas cuya política de conciliación le aisló de las masas y atrajo la oposición de sus fuerzas organizadas, sobre todo de los comunistas. Un intento de asesinar a Lacerda, aunque frustrado, proporciona el pretexto para que se exija la renuncia del presidente, puesto que varios miembros de su entourage habían quedado comprometidos. En la madrugada del 24 de agosto, virtualmente depuesto, Getulio Vargas se suicida, de un tiro en el corazón.

“Una vez más —decía en un mensaje póstumo, divulgado poco después por Goulart— las fuerzas y los intereses contrarios al pueblo se unieron, y nuevamente se desencadenaron contra mí”. Tras denunciar como responsables de su muerte a los grupos económicos nacionales e internacionales, Vargas concluía: “He luchado mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo a una presión constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando todo, renunciando a mí mismo para defender al pueblo, que ahora se queda desamparado. No puedo daros nada más que no sea mi propia sangre”.

Una falsa solución: la Instrucción 113

Se clausuraba así un período de gobierno que marca la eclosión de las contradicciones que se venían gestando hacía mucho en el proceso de desarrollo económico de Brasil. El hecho básico a considerar es que la industria nacional se expandió gracias al sistema semicolonial de exportación, que caracterizó a la economía brasileña antes de los años 30, y que esa industria no sufrió limitación o competencia sensible, en virtud de las condiciones excepcionales que habían engendrado la crisis de 1929 y el conflicto mundial. El compromiso político de 37 había tenido por base esa realidad objetiva. Hacia los años 50, la situación cambia. Mientras la industria se empeña en mantener altos los tipos de cambio, lo que la lleva a chocar con el sector agrario exportador, cuyas ganancias quedaban así disminuidas, este sector ya no puede ofrecer a la industria el monto de divisas que le proporcionaba en otros tiempos. Por el contrario, se hace muchas veces necesario que, a través de la formación de existencias generosamente pagadas, el gobierno garantice las ganancias de los plantadores y exportadores, existencias que, en verdad, corresponden a la inmovilización de recursos necesarios a la actividad industrial.

La crisis del sector externo de la economía brasileña expresaba, por lo tanto, la ruptura de la complementariedad que había caracterizado a las relaciones de la industria con las actividades agrario-exportadoras, y se agravaba con otro elemento, la remuneración del capital extranjero. Como observa Caio Prado Júnior ¹, los gastos anuales medios relativos a la exportación de capital fueron, en el período 1949-53, de casi 3 mil millones de cruzeiros, suma sólo superada por la exportación de café y muy superior a la que se gastó en la importación de equipos mecánicos y vehículos de motor, que constituyen suplementos esenciales a la economía. Como la remuneración del capital extranjero sólo puede cubrirse normalmente con los recursos de la exportación, y como se asistía a una crisis de la exportación, era evidente la interacción de esos dos elementos del sector externo y sus repercusiones sobre los intereses de la industria.

Las luchas políticas de 1954 reflejaron la agudización de esas contradicciones de la sociedad brasileña y se terminaron con una tregua, no con una solución. Tras la muerte de Vargas, efectivamente, se intentó un compromiso, entregándose la presidencia de la República a Café Filho, vicepresidente cuya candidatura fue presentada por el Partido Socialista, al mismo tiempo que se le rodeaba de un ministerio donde la derecha se encontraba muy bien representada. El importante ministerio de la Hacienda quedó en manos de Eugenio Gudin, abiertamente favorable a la más estrecha colaboración con el capital extranjero y contrario a todo programa intensivo de industrialización.

Ese compromiso mostraba, en realidad, el callejón donde se encontraban las fuerzas políticas brasileñas. El gobierno abandonó los arrojados proyectos de Vargas para hacer lo que se llamó “un sondeo (palpamiento) de la política económica por regresar a su modelo convencional, preocupada por la estabilidad a través de la contención de la demanda global”.² Hasta 1956, ninguna iniciativa importante marcó la acción gubernamental, capaz de alterar el equilibrio relativo que se estableciera entre los grupos dominantes, a excepción de la Instrucción 113, de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito, actual Banco Central.

Esa Instrucción, sin alterar el sistema cambiario vigente, daba facilidades excepcionales al ingreso de capitales extranjeros, en la medida en que permitía que las máquinas y equipos introducidos en el país por empresas extranjeras no tuvieran cobertura cambiaría, exigencia que se mantenía para las empresas nacionales. Bajo la vigencia de esa norma, combinada con la ley 2.145/54, es decir de 1955 a 1961, el importe total de capitales extranjeros que, bajo la forma de financiamientos o inversiones directas, entraron en el país, fue de unos 2.300 millones de dólares. Hecho que, como veremos, no podría dejar de tener influencia sobre el equilibrio social y político existente.

Por este método, la burguesía industrial tomaba una opción frente a la crisis que había surgido en el sector externo. Agobiada por la escasez de divisas, que amenazaba con un colapso de todo el sistema industrial, la burguesía aceptaba el suministro de divisas necesarias a la superación de esa crisis por parte de los grupos extranjeros, concediéndoles a cambio una amplia libertad de ingreso y de acción y renunciando, por lo tanto, a la política nacionalista que se había esbozado con Vargas, Las condiciones especiales de la economía norteamericana, más que nunca necesitada de nuevos campos de inversión, garantizaban el acuerdo.

Las relaciones de clase (I) la coalición dominante

Es evidente que ese acuerdo no fue firmado mientras se tomaba el té. En noviembre de 1955, tras una tentativa de la derecha para quedarse sola en el poder, se verificó lo que se llamó, con un eufemismo, el “contragolpe del 11 de noviembre”, bajo el mando del ministro de guerra, mariscal Teixeira Lott. Se aseguró, así, la toma de posesión en la presidencia y vicepresidencia de la República de los candidatos elegidos, en octubre, por la coalición del Partido Social Demócrata y el Partido Laborista: Juscelino Kubitschek, ex-gobernador de Minas Gerais, y Joao Goulart.

Desde el primer año de su gobierno, 1956, el nuevo presidente lanzó un ambicioso programa de desarrollo económico —el Plan de Metas— cuya aplicación empezó al año siguiente. Aunque contaba con facilidades arancelarias y estímulos fiscales a la iniciativa privada, el Plan se respaldaba, principalmente, en las inversiones públicas en sectores básicos y en los ingresos de capital extranjero. Para mantener el ritmo previsto, se hacía necesaria una inyección monetaria importante en las obras públicas y en la construcción civil; Kubitschek prefirió concentrarlas, ad suam majorem gloriara, en la edificación de una nueva capital: Brasilia.

La expansión económica que se logró fue apreciable, mas hay que examinar las condiciones en que se produjo, para que se comprenda cómo evolucionaron las relaciones de clase. Un primer punto que se debe destacar es la participación del capital extranjero. Dijimos que el total de inversiones y financiaciones de origen externo suma casi 2.500 millones de dólares para el período, lo que indica un refuerzo considerable de la posición de los grupos extranjeros en la economía brasileña. Las formas específicas que asume ese refuerzo se pueden imaginar si señalamos que la casi totalidad de esa suma se destinó a las actividades infraestructurales y a la industria ligera y pesada; y si se considera que grandes partes, de difícil estimación, de esos capitales vinieron como asociados a empresas nacionales, que, procediendo así, se aprovecharon de la facilidad creada por la Instrucción 113 para la importación de equipos sin cobertura cambiaría. Es natural, por lo tanto, que, en virtud del aumento del sector extranjero de la economía y de los lazos que el mecanismo de la asociación estableció entre este sector y el nacional, los grupos económicos internacionales vieron crecer su influencia en la sociedad política brasileña.

Otra consecuencia tendrá la ampliación del sector extranjero, y será su repercusión sobre las relaciones existentes entre el sector industrial y el agrario-exportador. Efectivamente, la deterioración de la situación económica de este último, que ya señalamos, no correspondió a la depreciación de su fuerza política. Eso no se debió tan sólo a la firme posición que ocupaba en la estructura política, ni al dominio que ejercía sobre la masa campesina, decisivo en el juego electoral, sino, también, a la dependencia en que se encontraba todavía la industria en relación a la exportación, fuente de divisas para sus importaciones, dependencia que la extensión del sector extranjero vino a acentuar: “…los beneficios obtenidos por las empresas imperialistas en Brasil sólo se pueden liquidar (y sólo entonces constituirán para ellos verdaderos lucros) con los saldos de nuestro comercio exterior, por ser de la exportación de donde proceden nuestros recursos en moneda extranjera. Descontada la parte de esos recursos que se destinan a pagar las importaciones, es del saldo restante, y solamente de él, de donde podrá salir el beneficio de las inversiones hechas aquí por los trusts”.³

Esta observación tiene implicaciones seguras sobre el análisis de las relaciones de clase, tal como se desarrollaron en ese período. Es, de hecho, evidente que la tregua que se estableció entre los grupos industriales y agrario-exportadores, en la fase de ejecución del Plan de Metas, terminó por traducirse en un incremento de su solidaridad mutua, gracias a la influencia del capital extranjero invertido en la industria, a quien le importa mucho más el aumento de las ganancias de la exportación. Se comprende así que, en el proceso de intensiva capitalización que representó el período Kubitschek, la industria haya permitido, sin protestar, que una buena parte del aumento de la productividad urbana fuera transferida hacia el sector agrario-exportador, por mediación de la mecánica de los precios ⁴, como incentivo a las actividades de este sector: y que haya igualmente aceptado la política de almacenamiento del café, destinada a sostener los precios internacionales del producto, que absorbió, entre 1954 y 1960, nada menos de 147 mil millones de cruzeiros, correspondientes a un promedio anual de 1.32% del producto bruto nacional.⁵

Pero si la contradicción entre los sectores industrial y agrario-exportador tendía a disminuir, otra oposición, nueva en cierta manera, hacía su aparición en la economía brasileña. El examen del cuadro de los precios de intercambio entre los productos agrícolas e industriales no muestra tan sólo una transferencia de renta urbana hacia la agricultura en general, sino que, en particular, una fuerte transferencia hacia la agricultura que produce para el mercado interno.⁶ Si se considera que, en el período 1955-60, en que se acentúa esa tendencia, la tasa de expansión de la producción agrícola para el mercado interno disminuye (pasando de 4.9% en el período 1947-54 a 4.3% en 1955-60), mientras se eleva la tasa anual de crecimiento industrial (de 8.8% a 10.4% en los períodos considerados), se concluirá que la aceleración de la transferencia de rendimientos relativos a la productividad urbana hacia el campo se debe, básicamente, a una rigidez relativa de la oferta de bienes agrícolas, frente a una demanda urbana creciente.⁷

La causa fundamental de esa rigidez no ha de buscarse muy lejos: “Todos los estudios e investigaciones sobre las causas del atraso relativo de la agricultura brasileña, de su baja productividad y de la pobreza de las poblaciones rurales conducen, unánime e inevitablemente, a la identificación de sus orígenes en la deficiente estructura agraria del país”, dirá el gobierno de Goulart, al lanzar su Plan Trienal de Desarrollo, subrayando: “El rasgo característico de esa estructura agraria arcaica y superada, que está en conflicto peligroso con las necesidades sociales y materiales de la población brasileña, es la absurda y antieconómica distribución de las tierras”.⁸

Esa estructura, que deja en las manos de menos del 26% de los propietarios más de la mitad de las tierras, mientras mantiene en el 10% de éstas al 75% de la población activa rural, en condiciones de improductividad casi total, coloca la mayoría de los campesinos en una situación permanente de subempleo y de miseria, permitiendo, además, que, a través del alquiler de la tierra, toda la riqueza producida en el sector agrícola se la apropie una minoría de terratenientes. Tal estructura es un obstáculo a la ampliación del mercado interno para los productos industriales. En un momento, por lo tanto, en que las inversiones extranjeras en la industria tienden a minimizar el divorcio creciente entre los intereses industriales y los del sector agrario-exportador, la oposición entre la industria y la agricultura para el mercado interno agrava la contradicción existente entre el sector industrial y el sector agrícola, globalmente. La consecuencia es el planteamiento cada vez más urgente de la reforma agraria.

Esta verdad será aún más evidente cuando, hacia 1960, declinen los ingresos de capital extranjero, al mismo tiempo que, pasado el período de maduración de las inversiones, los grupos internacionales vuelvan a presionar sobre la balanza de pagos, para exportar sus beneficios. En este momento —sobre todo grave por la tendencia a la baja de los precios de exportación—la expansión industrial brasileña se verá contenida de dos maneras: desde el exterior, por la crisis de la balanza de pagos, que no deja otra alternativa sino devaluar la moneda, dificultando todavía más las importaciones esenciales, o contener la exportación de beneficios y ampliar el mercado internacional para los productos brasileños; y desde el sector interno, por el agotamiento del mercado para los productos industriales, el cual sólo podrá ampliarse a través de la reforma de la estructura agraria. Ahí se funda, desde el punto de vista de la burguesía industrial, el binomio política externa independiente-reforma agraria, que dominará el debate político a partir de 1960.

Las relaciones de clase (II): la escisión horizontal

De manera general, este dilema es el mismo que se presentó hacia los años 1953-54 y que desencadenó la crisis política colmada por el suicidio de Vargas. Se podría decir, entonces, que, con ayuda sobre todo de la Instrucción 113, se logró superar la crisis sin solucionarla, y que su aplazamiento sólo llevó a que se volviera a presentar con mayor violencia. Aquí es donde debemos verificar el comportamiento de factores que, teniendo todavía un papel secundario en la crisis de 1954, se habían seguido desenvolviendo. Dijimos que, gracias sobre todo al alquiler de la tierra, la estructura agraria brasileña permite el drenaje de toda la riqueza producida en el campo hacia una minoría de grandes propietarios. Más grave es que cualquier cambio tecnológico introducido en el trabajo agrícola, como la utilización de equipos y fertilizantes producidos por la industria, no se refleja en una mejora real de la situación del campesino. Al contrario, es fuente de desempleo, que fuerza al trabajador rural a huir a las ciudades, donde va, por una parte, a sumarse al triste cuadro de las favelas cariocas, de los mocambos de Recife, de las ciudades-satélites de Brasilia; y, por otra parte, a envilecer el nivel de los salarios urbanos, por el aumento de la oferta de mano de obra. Además, mientras la introducción de la tecnología en la agricultura aumenta el nivel de la productividad (subió de 100 en 1950 a 127.7 en 1960, el producto por persona ocupada en la agricultura), esa estructura impide que esas ganancias vayan al trabajador, pasando el aumento de la productividad a significar tan sólo intensificación de la explotación del trabajo.

Es natural, pues, que, en la segunda mitad de la década del 50, se agudizasen las luchas en el campo por la posesión de la tierra. En 1958, surge, en Galilea, Pernambuco, la primera liga campesina, bajo el liderato de Francisco Juliao. El movimiento se amplía rápidamente y, en poco tiempo, desborda el Noreste y llega al Sur, sobre todo al viejo y oligárquico estado de Minas Gerais. Mera asociación de autodefensa y solidaridad, al principio, las ligas campesinas no tardan a situarse en el escenario político, con una bandera arrancada de las manos a las clases dominantes: la reforma agraria radical. El Congreso nacional de los campesinos, efectuado en 1961, en Belo Horizonte, con una representación de más de mil líderes rurales de todo el país, constituye la afirmación definitiva del movimiento campesino. La reforma agraria dejaba de ser un tema para la discusión de los expertos y se convertía en uno de los factores más importantes de la lucha de masas en Brasil.

De una manera más sutil, la cuestión agraria influirá también sobre el movimiento de masas en la ciudad. Supliendo constantemente, con sus excedentes, el mercado urbano de trabajo, la estructura agraria brasileña contribuía a que el nivel de los salarios se mantuviera estacionario, al mismo tiempo en que, por el aumento desproporcionado de los precios agrícolas, forzaba violentamente el costo de la vida en el sentido del alza. El fenómeno afectaba también a la clase media asalariada, cuyos ingresos estuvieron siempre en función del salario mínimo.

Esta tendencia era reforzada por la política general del gobierno, y se constituía en una necesidad del programa de industrialización, el cual dependía de una intensificación del proceso de acumulación de capital. “Durante el período del Plan de Metas —dice un estudio del Centro de Desarrollo Económico CEPAL-BNDE— se procuró mantener constantes los salarios nominales, resistiendo a la concesión de reajustes, facilitándose así la captación de ahorros forzados de los sectores de ingresos contractuales”. Y añade: “Es evidente que el factor mayor para el éxito de esa política fue la presencia de una oferta flexible de mano de obra sin un elevado grado de organización sindical… [siendo el] comportamiento salarial de indiscutible importancia en la obtención de altas tasas de inversión”.⁹

Gracias a este expediente, fue posible contener de manera relativa las presiones inflacionarias, en esta fase de intenso desarrollo económico, de tal manera que la tasa de inflación, que fuera de 14.9% en 1953, no va más allá del promedio de 22.7% en el período 1957-59. Desde 1959, sin embargo, un factor perturbador interviene en el comportamiento de la economía, representado por la ascensión espectacular de los movimientos reivindicativos de la clase obrera, que pasa a presionar para detener la caída del poder de compra de los salarios. La razón directa de esta tendencia puede buscarse en la elevación brusca del costo de la vida, determinada, principalmente, por el alza de los precios de los productos alimenticios, que se vuelve sensible a partir de este año.

Esa elevación del costo de la vida coincide con la aceleración del grado de organización sindical de la clase obrera. En efecto, mientras crecían por la industrialización los efectivos del ejército obrero, los sindicatos pasaron a buscar fórmulas para superar los obstáculos a su acción común, que derivaban de la legislación heredada del “Estado nuevo”: en la imposibilidad inmediata de formar una directiva única, los “pactos de acción conjunta” les permitieron coordinar sus acciones. Eso fue sensible especialmente en los trabajadores de las empresas estatales o paraestatales -como Petrobrás, los ferrocarriles y las administraciones de los puertos- cuya importancia económica y estratégica les proporcionaba mayor poder de discusión. La llamada “huelga de la paridad”, que reunió, en Río de Janeiro, hacia fines de 1960, a los portuarios, estibadores y marítimos, con el apoyo de otras categorías, fue una demostración de fuerza del movimiento obrero, cuya importancia estriba en que no le fue posible al gobierno detenerla a través del manejo de los pelegos al servicio del Ministerio del Trabajo.

La consecuencia es que la curva de los salarios, que, después de un período estacionario, presentó una tendencia al descenso desde 1956, indica, a partir de 1961, una ligera recuperación. Al intento de las clases empresariales de contestar a la presión sindical con nuevos aumentos de precios (el costo de la vida sube de 24% en 1960 a 81% en 1963), la clase obrera contesta con la obtención de reajustes salariales. Eso se ve cuando se considera que el salario mínimo urbano, en el período 1955-60, se mantuvo estable por un promedio de 25 meses, y pasa a reajustarse todos los años, después de 1961, y hasta de seis en seis meses, a partir de 1963.

La inflación es, normalmente, un mecanismo por el cual las clases dominantes de una sociedad buscan mejorar su participación en el monto de las riquezas producidas. En el Brasil del 60, su aceleración indicaba una lucha entre precios y salarios que sólo significaba que la inflación, como instrumento de acumulación de capital, dejaba de ser eficaz. Era imposible continuar financiando la industrialización a través de ahorros forzados, cuando se tenía el nivel de vida popular comprimido al máximo (gracias a la erosión constante a que habían estado sometidos los salarios) y un movimiento sindical cada vez en mejores condiciones para defenderse. Paralelamente a la disputa entre las clases dominantes por las ganancias originadas en el aumento de la productividad (que mostramos, al tratar de la relación entre precios industriales y agrícolas), esas clases tenían que enfrentarse ahora con la resistencia opuesta por las masas populares. Inútilmente la tasa de inflación saltará de 25% en 1960, a 37% en 1961, a 51% en 1962 y a 73% en 1963; de ser un mecanismo de distribución de la renta en favor de las clases dominantes, el proceso inflacionario se convierte en una lucha a muerte entre todas las clases de la sociedad brasileña para la propia supervivencia, y no podría terminar de otra manera sino poniendo a esa sociedad frente a la necesidad de una solución de fuerza.

El desarrollo económico que el país experimentó desde la segunda década del siglo lo había conducido a una crisis, que se había podido contornar, en 1954, gracias al insuficiente grado de agudización de las contradicciones que contenía. En los primeros años 60, sin embargo, tales contradicciones asumían un carácter mucho más grave, no solamente desde el punto de vista de las relaciones externas, como pretenden muchos, sino también desde el de las oposiciones que se habían desarrollado en el interior mismo de la sociedad. A la escisión vertical que oponía la burguesía industrial al sector agrario-exportador y a los grupos extranjeros, en 1954, se sumaba, ahora, horizontalmente, la oposición entre las clases dominantes, como un todo, y las masas trabajadoras de la ciudad y del campo.

El bonapartismo de Quadros

De enero de 1961 a abril de 1964, el país asistió a tres tentativas para implantarse un gobierno fuerte, tentativas que se basaron en diferentes coaliciones de clase y que reflejaron, en último término, la correlación real de fuerzas en la sociedad brasileña. La primera, concretada en el gobierno de Janio Quadros, que sucedió, por vía electoral, a Juscelino Kubistchek, representó un ensayo de bonapartismo carismático, unido de legalidad y teñido de progresismo en grado suficiente para obtener la adhesión de las masas, al mismo tiempo que lo bastante liberado de compromisos partidarios para que, en nombre del interés nacional, pudiese arbitrar los conflictos de clase. No perteneciendo a los cuadros del principal partido que lo apoyó -la Unión Democrática Nacional- y siendo por su naturaleza contrario a la actuación política basada en fuerzas organizadas, Quadros estaba aún más indicado para ese papel en virtud de la ambigüedad que había marcado su llegada al poder, puesto que, candidato de la derecha, lograra enorme penetración popular, gracias a los temas estabilidad monetaria, reformas estructurales, política externa independiente, en que centró su campaña electoral.

Declarado presidente, se rodeó de un ministerio conservador e inexpresivo, dejando claro, desde el principio, que gobernaría solo, no siendo sus ministros más que secretarios particulares. Su primera medida de gobierno fue aplastar violentamente, inclusive moviendo una parte de la escuadra, una huelga estudiantil sin importancia, acaecida en Recife. En lo sucesivo, su comportamiento fue el de un déspota, despectivo frente a cualquier tipo de presión y mostrando un soberano desprecio por los sindicatos, las directivas estudiantiles, los órganos patronales, los partidos políticos, en fin, por cualquier forma de organización.

Su iniciativa más notable fue la reformulación general del esquema cambiario. Por medio de la Instrucción 204, de la SUMOC, y su complemento, quedó abolido el sistema adoptado en 1953, extinción que alcanzaba a todos los regímenes establecidos bajo tal sistema, incluso la Instrucción 113. El nuevo esquema cambiario creaba un solo mercado para las importaciones y exportaciones, donde la tasa de cambio se fijaba libremente —dejando así de ser uno de los instrumentos primordiales de la política económica. El gobierno sustituía ese instrumento por la tributación interna sobre las importaciones y exportaciones, por la utilización de cuotas de retención de los beneficios y por la emisión de bonos de importación. Aumentaba de este modo las disponibilidades del Tesoro público, al mismo tiempo que beneficiaba a las exportaciones, gracias a la devaluación monetaria provocada por la 204.

La nueva política cambiaria fue considerada, por amplios sectores de la izquierda, como una capitulación de Quadros frente a los intereses del sector agrario-exportador y de los grupos extranjeros, traducidos éstos por el Fondo Monetario Internacional. Esto nos parece una simplificación. Es significativo, en efecto, que los grandes grupos económicos, ya sean de la industria o de la agricultura y comercio de exportación (en una palabra, la economía de Sao Paulo), aplaudiesen las directrices gubernamentales. La oposición partió, sobre todo, de los productores de café de tipo inferior, principalmente los del estado de Paraná, y de los grupos comerciales a ellos ligados, cuya actividad antieconómica fue sancionada por Quadros a través de la tributación diferencial; y de los sectores industriales que se encontraban en situación económica difícil o que estaban todavía en fase de implantación (necesitados, por lo tanto, de los privilegios concedidos por el antiguo sistema cambiario) , que tienen su mejor ejemplo en la industria textil, en todo el país, y en la joven siderurgia de Minas Gerais.

La liberación de los cambios tenía, pues, un doble objetivo: desahogar el sector externo, abriendo perspectivas para superar la grave crisis en que vivía, y ampliando, al mismo tiempo, los recursos del Estado, para atender a los compromisos de la deuda exterior y permitir, a través de un mayor liberalismo económico, que la economía interna marchase hacia una “racionalización”; es decir, eliminase a los sectores considerados antieconómicos o todavía incapaces de enfrentarse a la competencia. No es necesaria mucha perspicacia para ver que eso libraba las empresas medias y pequeñas al apetito de los grandes grupos económicos.

La misma tendencia se manifestó en la política relativa al capital extranjero. Anulando los privilegios que había tenido hasta entonces, la 204 no establecía cualquier limitación a su actividad. El proyecto de ley, encaminado al Congreso por el gobierno, que se proponía reglamentar la exportación de beneficios, se basaba, a su vez, en métodos liberales, principalmente la tributación. Ningún límite cuantitativo se planteaba allí a la exportación de beneficios y tan sólo se ofrecían ventajas fiscales a aquéllos que se reinvertían en el país.

Simultáneamente, el gobierno trató de desahogar al sector externo en otras dos direcciones: primero, negociando la recomposición de la deuda exterior, mientras gestiona la obtención de nuevos créditos en los Estados Unidos y en Europa y un poco más tarde, también en los países socialistas; segundo, planteando la reformulación del comercio exterior, con el objetivo de ampliar el mercado para las exportaciones tradicionales, pero también diversificar las exportaciones, con la inclusión de productos manufacturados.

Es natural, pues, que la diplomacia brasileña presentase cambios sensibles. Quadros inició conversaciones para normalizar las relaciones con los países socialistas, en especial con la Unión Soviética (interrumpidas desde 1947); envió una misión comercial a China, encabezada por el vicepresidente Goulart; lanzó una activa política africana, abriendo nuevas embajadas y consulados y enviando misiones comerciales a los jóvenes países de África, y esbozó una política nueva en relación a Latinoamérica.

En este campo, la cuestión cubana desempeña un papel importante. Manifestando siempre su simpatía por la Revolución de Castro, Quadros reprueba abiertamente el intento de invasión de 1961, y define su posición: el pueblo cubano tiene derecho a autodeterminarse, y hay que impedir que, con motivo de la cuestión cubana, los países latinoamericanos se conviertan en mero juguete en el conflicto americano-soviético. La única solución es la constitución de un bloque autónomo, que sirva de contrapeso a la influencia norteamericana y permita a Latinoamérica solucionar libremente sus problemas. Este bloque, en las condiciones vigentes de 1961, tendría por eje a la Argentina y Brasil. En abril de ese año, en Uruguiaiana, en la frontera brasileño-argentina, Quadros y Frondizi se ponen de acuerdo sobre esas cuestiones.

La política exterior apareció como la faz más espectacular del gobierno de Quadros, quien la utilizó conscientemente para solucionar no sólo el problema de mercado que apremiaba a la economía brasileña, sino el de los créditos externos que se necesitaban. Esto permitió a Brasil presentarse como una de las estrellas en la conferencia de Punta del Este, en agosto de 1961, de donde saldría la Alianza para el Progreso. Decidiendo enviar un diplomático de alto rango a la conferencia neutralista de Belgrado, fijada para septiembre, condecorando al ministro cubano, Ernesto “Che” Guevara, estableciendo una correspondencia personal con el premier soviético, Khruschev, donde se planteaba abiertamente la posibilidad de ayuda económica al Brasil, y preparando cuidadosamente la delegación brasileña que participaría en la sesión anual de las Naciones Unidas, Quadros mostraba que evolucionaba cada vez más hacia una posición de autonomía en el plano internacional, dispuesto a aprovecharse, al estilo nasserista, de las ventajas que eso podía proporcionarle.

En el interior, esa política externa rendía, también, sus dividendos. El respaldo unánime que le daba el pueblo y la importancia que las cuestiones internacionales asumían en el debate político permitían a Quadros hacer olvidar los sacrificios que su política económica representaba para el pueblo. Es natural que la contención de las emisiones monetarias, la supresión de los subsidios a bienes esenciales de importación (como el trigo y el petróleo) y la libertad cambiaría se manifestaban en la elevación del costo de la vida. Quadros no parecía inclinado, sin embargo, a permitir un aumento correlativo de los salarios. Despreciando la presión de los sindicatos y la oposición parlamentaria, convocaba a la nación al sacrificio de una “política de austeridad”.

Por otra parte, atacaba los problemas estructurales internos, sobre todo el agrario, a través de medidas de efecto inmediato, mientras exigía del Congreso una reforma global. El establecimiento de una política de precios mínimos, favorables al agricultor medio y pequeño, fue seguido por la creación del “crédito rural móvil”, suministrado, sin dificultades burocráticas, por unidades volantes del Banco de Brasil. Hería con eso, hondamente, a la estructura del dominio de los latifundistas y especuladores comerciales sobre los campesinos, estructura que se apoyaba principalmente en la fijación arbitraria de precios a la producción y en el agio.

Abriendo tantos frentes, que despertaban el descontento de los sectores más distintos, desde los comunistas hasta la extrema derecha, Quadros se escudaba sólo en su fuerza personal, no preocupándose nunca de resguardarse en un dispositivo político, popular y militar propio. Cuando, tras dos o tres ataques de Lacerda, renunció sorpresivamente a la presidencia, el 25 de agosto de 1961, su prestigio popular llegaba a una culminación y nada parecía, en verdad, amenazar su posición. ¿Qué había pasado?

Se admite que, al desafiarle, Lacerda estaba respaldado por los ministros militares y cubierto por grupos patronales insatisfechos con la política de Quadros. Cuando éste trató de impedir que Lacerda hablase por la televisión, el 24 de agosto, los jefes militares se negaron a cumplir sus órdenes. Se le forzaba, así, a arreglarse con la derecha o a declararle la guerra, y su renuncia fue una estratagema para eludir ese dilema. La conciencia de su fuerza política, Quadros la tenía confirmada por el hecho que la derecha no osaba atacarlo de frente, limitándose a intentar contenerlo. La circunstancia de encontrarse sin sucesor legal, al renunciar (el vicepresidente Goulart estaba en China), llevaría el país al caos, pues, en cualquier hipótesis, Quadros se sentía seguro de que la derecha le prefería mil veces más a él que a Goulart. Renunciando (proceso que empleó, con éxito, durante la campaña electoral, para doblegar a la UDN), esperaba volver al poder en brazos del pueblo, disponiendo de una fuerza tal que ya nadie —ni el Congreso, ni los partidos, ni los militares—podría enfrentársele. Si las articulaciones de la derecha, bajo el liderato de Lacerda, permiten, pues, que se hable de una tentativa de golpe, la respuesta de Quadros, a través de su renuncia, era también un gesto “golpista”, inscribiéndose ambas en la tendencia hacia el gobierno fuerte que caracterizaba a la política brasileña.

Goulart y la colaboración de clases

Los acontecimientos que siguieron confirmaron y desmintieron, al mismo tiempo, las esperanzas de Quadros. Tenía razón al creer que su renuncia llevaría al país al borde de la guerra civil, pero se engañaba al pensar que el movimiento popular le restituiría el poder. Al contrario de lo que le decía su concepción carismática y pequeño burguesa de la política, el pueblo como tal no existe, sino como fuerzas populares que se mueven siempre bajo la dirección de grupos organizados. La desconfianza que inspiraba a esas fuerzas hizo que ellas tratasen de aprovecharse a su manera del caos que su renuncia creó. El pueblo, como esperaba Quadros, salió a las calles para enfrentarse a la derecha, pero no tomó su nombre como bandera y sí el de Goulart, mucho más allegado a las directivas de las masas.

Tras un intento fracasado de los ministros militares de Quadros de, anunciando lo que pasaría en 1964, someter el país a la tutela militar, y gracias sobre todo a la resistencia opuesta por el gobernador de Río Grande del Sur, Leonel Brizola, el vicepresidente Joao Goulart asumió por fin la presidencia, aunque en el marco de un compromiso que sustituía el régimen presidencial por el parlamentario. Se trataba, evidentemente, de una tregua. Muy pronto, Goulart dejó claro que no aceptaría la situación, iniciando una campaña cada vez más violenta de desmoralización del parlamentarismo. Por otra parte, si, en el plano de la política externa, se mantenía el dinamismo impreso por Quadros, en el plan interno se entraba en una fase de relativo inmovilismo.

Es necesario observar aquí que ese inmovilismo no era exclusivamente el resultado ni siquiera principalmente, de la tregua parlamentaria, como Goulart y sus partidarios daban a entender, sino, por encima de todo, del estancamiento de la expansión industrial y del equilibrio a que habían llegado las tensiones sociales. Desde 1962, efectivamente, la tasa de inversiones declina (señal segura de que había caído la tasa de beneficios), mientras, reforzados por la movilización provocada por la crisis de agosto, los movimientos reivindicativos de la clase obrera y de la pequeña burguesía se vuelven cada vez más agresivos. Era evidente que la economía brasileña estaba en un callejón sin salida. La tregua política, resultando de esa situación, la agravaba, ya que no permitía a ninguna clase imponer una solución.

La fuerza de Goulart en el movimiento sindical llevó a la burguesía a depositar en él sus esperanzas de contenerlo y utilizarlo en su intento de constituir un gobierno fuerte, capaz de atacar a los dos factores determinantes de la crisis económica (el sector externo y la cuestión agraria), abriéndole así a la economía nuevas perspectivas de expansión. Es decir que se intentará sustituir el bonapartismo carismático de Quadros, basado en una concepción abstracta de la autoridad, por un bonapartismo de masas, sostenido por fuerzas organizadas y con una ideología social. Esa tendencia se concreta por la actuación de Goulart, que se movió en dos direcciones: montó, poco a poco, un dispositivo militar propio y reforzó su posición en el movimiento sindical. Data de esta fecha el surgimiento de un organismo nuevo, que tendría gran repercusión en el equilibrio de las fuerzas políticas: el Comando General de los Trabajadores, cuya constitución era una superación de los obstáculos levantados por la legislación del “Estado nuevo” a la unificación de la cumbre sindical. Apoyado por la fracción militar progresista y por el CGT, Goulart desarrolló la campaña presidencialista de 1962.

Lo que así resurgía en el panorama político brasileño era una forma de Frente Popular que Vargas había intentado, sin atreverse a concretarla, y que se convirtió, en seguida, en una orientación estratégica del Partido Comunista. Bajo el liderato de Goulart y presentando como finalidad la obtención de “reformas de base”, ese amplio movimiento, a través de la movilización militar y de dos huelgas generales (5 de julio y 14 de septiembre de 1962), doblegó la resistencia de los sectores reaccionarios del Congreso y logró la convocación de un plebiscito para decidir sobre la forma nacional de gobierno. El 6 de enero de 1963, por aplastante mayoría, el pueblo brasileño aprobó la derogación de la enmienda constitucional de 1961 y la devolución de los poderes presidencialistas a Goulart. Parecía, finalmente, que la tendencia bonapartista que se esbozaba en el escenario político de la nación iba a concretarse y que vencería la tesis, preconizada por el PCB, de un gobierno de la burguesía industrial, respaldado por la clase obrera.

La tarea fundamental del nuevo gobierno era hacer frente a la situación económica, cuya deterioración se manifestaba en dos índices: disminución de la tasa de crecimiento del producto nacional, de 7.7% en 1961 a 5.5% en 1962 (con un aumento demográfico de 3.1% al año); y elevación de la tasa de inflación de 37% en 1961 a 51% en 1962. Todavía en diciembre de 1962, Goulart dio a conocer su plan económico, el llamado Plan Trienal de Desarrollo (1963-65). En líneas generales, se trataba de un conjunto de medidas destinadas a reactivar el crecimiento económico y a promover una vuelta progresiva a la estabilidad monetaria. La palabra “desinflación”, que estuviera de moda en el período Quadros, volvía a los periódicos y declaraciones oficiales.¹⁰ En este sentido, se preveía la reducción del 4% en los gastos gubernamentales y una reforma tributaria, destinadas ambas medidas a reducir el déficit de más de 700 mil millones de cruzeiros a 300 mil millones; la renegociación de la deuda externa, con el aplazamiento de los pagos; la disciplina del mercado interno de capitales; una contención relativa de los salarios y sueldos, en proporción al aumento de la productividad; y, en consecuencia, la reducción del aumento del nivel general de los precios de 50% en 1962 a 25% en 1963, y al 10% en 1965. Paralelamente, trazaba el Plan una serie de directrices para las reformas estructurales: administrativa, bancaria, fiscal y agraria.

El fracaso del Plan Trienal, en el mismo año de 1963, no se debió, en última instancia, al hecho de que se trataba de una programación defectuosa, sino a la contradicción misma que se encontraba a la base del gobierno Goulart. Nacido de un movimiento popular, que se desplegó en agosto de 1961 y culminó con el plebiscito de 1963, ese gobierno tenía por misión, desde el punto de vista de la burguesía, restablecer las condiciones necesarias a la rentabilidad de las inversiones —es decir, detener la tendencia a la baja que acusaba la tasa de beneficios. A largo plazo, eso significaba ampliar el mercado interno, a través de una reforma agraria, que, mientras no diera resultados, se compensaría con la ampliación del mercado externo buscado por la política exterior. A corto plazo, se trataba de disciplinar el mercado existente, conteniendo el movimiento reivindicativo de las clases asalariadas. Es decir que, trayendo la marca de un gobierno popular, exigía del gobierno Goulart que tuviera una actuación impopular, reprimiendo las reivindicaciones de las masas. Cuando, pues, tras la protesta de los grupos independientes de izquierda y de los sindicatos, el PCB se vio forzado a condenar el Plan Trienal (el primer fruto de un gobierno que tenía todo su respaldo), no hacía, en verdad, sino confesar la imposibilidad de su “frente único” obrero-burgués. Esa condenación, en efecto, tendría que hacerla el PCB cualquiera que fuera el plan del gobierno, ya que no son las fases cíclicas de depresión las más indicadas para que se establezca una colaboración de clases entre la burguesía y el proletariado.

Otro factor contribuía a dificultar el tipo de alianza que Goulart y el PCB, cada uno por su lado, buscaban. La ascensión del movimiento de masas, que se advertía desde el fin del gobierno de Kubitschek y acelerado por la crisis de agosto de 1961, se había reflejado en el plano político de modo perturbador. El movimiento de la izquierda que se dividía, hasta 1960 entre el PC y el ala izquierda del nacionalismo— sufrió varios fraccionamientos desde 1961. En enero de ese año, se constituyó la Organización Revolucionaria Marxista —más conocida por POLOP, en virtud de su órgano de divulgación Política Operaria— que se propuso restablecer el carácter revolucionario del marxismo-leninismo, que el PCB traicionaba. Esa ruptura del monopolio marxista hasta entonces en manos del PCB (con excepción de la reducida fracción trotskista) era solamente una señal: en 1962, se produjo el cisma interno del Partido Comunista Brasileño, entre su directiva y un grupo del Comité Central, constituyéndose los disidentes en un partido independiente —el PC de Brasil, teniendo como vocero el periódico Classe Operaria. El mismo año, Francisco Juliao, en su manifiesto de Ouro Preto, llama a la formación del Movimiento Radical Tiradentes e inicia la publicación del periódico Liga, pero se escinde en octubre el MRT. Surge, finalmente, la Acción Popular, iniciativa de los católicos de izquierda, que tiene como vocero el periódico Brasil Urgente. Esa proliferación de organizaciones se completa con las corrientes que se forman alrededor de líderes populares, como Brizola y Miguel Arraes, gobernador de Pernambuco, y se encuentran, en la cumbre, en el Frente de Movilización Popular, en Río de Janeiro que reúne, además, los principales organismos de masas, como el CGT, el Comando General de los Sargentos, la Unión Nacional de los Estudiantes, la Confederación de los Trabajadores Agrícolas, la Asociación de Marineros. En este parlamento de las izquierdas, el sector radical se opone con una fuerza cada vez mayor al ala reformista, encabezada por el PCB, en lo que se refiere a la posición a asumir frente al gobierno.

El ascenso del movimiento de masas y la polarización que se efectuaba en su representación política repercutieron inmediatamente sobre las clases dominantes. Protestando contra la amenaza de reforma agraria, los latifundistas, bajo la dirección de la Sociedad Rural Brasileña, empezaron a armar milicias. Formaciones urbanas del mismo tipo —como el Grupo de Acción Patriótica (dirigido por el almirante Heck, uno de los ministros militares de Quadros), las Milicias Anticomunistas (vinculadas al gobernador Lacerda) y la Patrulla Auxiliar Brasileña (financiada por el gobernador de Sao Paulo, Ademar de Barros)— hicieron su aparición. Mientras los industriales de Sao Paulo y de Río formaban una “sociedad de estudios” —el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IPES)— que se destinaba a reunir fondos para la actuación contra el gobierno.

La intervención norteamericana no tardó tampoco a revelarse. Como declaró públicamente el subsecretario Thomas Mann, los créditos de la ALPRO, sin pasar por el gobierno federal, se dirigirían a aquellos gobernadores “capaces de sostener la democracia”; sólo el gobernador Lacerda recibió, entre 1961 y 1963, 71 millones de dólares por esa vía. El embajador Lincoln Gordon desplegaba una actividad inmensa junto a las clases empresariales. Y un organismo directamente financiado por los grupos extranjeros y —como denunció el gobierno Goulart— por la Embajada de los Estados Unidos, el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), interfirió abiertamente en la vida política, sosteniendo a un grupo parlamentario (Acción Democrática Parlamentaria) y financiando, en las elecciones, a los candidatos de su preferencia.¹¹

Esa movilización de las clases dominantes mostraba que el esquema burgués-popular, bajo el cual se formó el gobierno Goulart, era impracticable. Frente a la intensificación de la lucha de clases (que la tasa de inflación relativa a 1963, de 73%, claramente expresa) y el estancamiento de la producción (aumento bruto de 2.1%, con las inversiones aún en recesión), la burguesía retiraba cada vez más su apoyo a Goulart y se dejaba ganar por el pánico difundido por los grupos reaccionarios. Además, como señalamos, la expansión del sector extranjero de la economía, su penetración intensiva en el campo industrial y su organización en el plan político, a través de órganos como el IBAD, todo eso contribuía a diluir la resistencia burguesa. El fracaso de Goulart, al tratar de contener al movimiento reivindicatorio de las masas —el Plan Trienal se frustrará justamente por eso; más específicamente por el aumento de sueldos logrado por la burocracia pública, en octubre de 1963— y la radicalización política, que llegaba ya a las fuerzas armadas (rebelión de los sargentos, en Brasilia, en septiembre de 1963), alejaron progresivamente a la burguesía de Goulart.

Ese divorcio fue agravado por la polarización a la derecha que se produjo en las clases medias. Sufriendo una violenta compresión de su nivel de vida y ocurriendo esto bajo un gobierno llamado de izquierda, esas clases se hicieron cada vez más permeables a la propaganda que les presentaba las reivindicaciones obreras como el elemento determinante del alza del costo de la vida; las huelgas sucesivas que paralizaban a los transportes y demás servicios públicos, afectándolas directamente, les parecían una confirmación de que el país se encontraba al borde del caos y las llevaron a aceptar la tesis de la derecha, de que todo eso no era sino un plan comunista. La intervención de la Iglesia católica precipitó esa tendencia. A través del “tercio en familia” se realizaron, en todas las ciudades, concentraciones hogareñas anticomunistas. De ahí se pasó a las manifestaciones públicas, a las llamadas “marchas de la familia, con Dios, por la libertad”. En enero de 1964, con ocasión del Congreso Unitario de los Trabajadores de América Latina, que se debería realizar allí, la pequeña burguesía de Belo Horizonte salió a la calle, azuzada por los latifundistas y los curas, y logró que se transfiriera a Brasilia. Por primera vez, desde el integrismo fascista de los años 30, la derecha movilizaba a las masas. Los conflictos populares, entre grupos radicales, se hicieron cada vez más frecuentes y violentos, y el país pasó a vivir un clima prerrevolucionario.

Goulart, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, intentó volverse a la izquierda. Su mensaje anual al Congreso, el 15 de marzo, constituía un ultimátum para la aprobación de las reformas de base. Luego, emprendió la movilización popular. En el mitin del 13 de marzo, en Río, que reunió alrededor de 500 mil personas, dio a conocer al pueblo varios decretos, entre ellos el de la limitación de los alquileres urbanos, el de la nacionalización de las refinerías petroleras privadas y el de la incautación de las tierras al borde de las carreteras. Allí, con los representantes del CGT, de los estudiantes y de los sargentos, al lado de Brizola y Arraes y frente a las pancartas del PCB y demás organizaciones de izquierda, Goulart aceptaba la prueba de fuerza con la reacción. Las clases dominantes, el 13 de marzo, vieron a la izquierda unida, anunciando el fin de una era.

Mas si la estrategia de Goulart fue buena para devolverle un año antes los poderes presidenciales, no lo era para hacerlo el dictador de un gobierno popular. Cuando la rebelión de los marinos y su reconciliación con los trabajadores, en el Sindicato de los Metalúrgicos, en Río, quebró, días después, la disciplina militar y dio pretexto a la derecha para evocar a los soviets, su dispositivo de sustentación se escindió. La fracción militar le hizo saber que no le seguiría apoyando si no disolvía el CGT y liquidaba a las organizaciones de izquierda. Ceder a los militares era convertirse en su prisionero, y un prisionero sin valor, puesto que Goulart no ignoraba que toda fuerza política reposaba en su prestigio junto a los sindicatos. Por otra parte, confiando siempre en que su triunfo dependía de la superioridad que tuviese en términos militares, Goulart no había creado las condiciones efectivas para una insurrección popular. El comportamiento de la mayoría de la izquierda, sobre todo del PCB, con su teoría de la revolución pacífica y su cretinismo parlamentario, tuvieron el mismo efecto, desarmando a las masas.

El 2 de abril, alegando no querer derramar sangre, Goulart pasaba la frontera brasileña-uruguaya. La víspera se había constituido un gobierno provisional, que, aunque era ilegítimo (el presidente constitucional se encontraba todavía en Brasil), fue reconocido por los Estados Unidos. Siete días después, las fuerzas armadas se adueñaban del poder, proclamando el Acta Institucional, que suspendía prácticamente la Constitución.

La intervención militar

El análisis de los hechos muestra claramente que no tienen razón los que ven al actual bonapartismo militar de Brasil como el resultado de una acción externa. El intento fracasado de 1961 dejó claro que una intervención militar sólo podría tener éxito si: a) correspondía a una situación objetiva de crisis de la sociedad brasileña, y b) se insertaba dentro del juego de las fuerzas políticas en conflicto. El respaldo que los militares recibieron de la pequeña burguesía, expresado en la “marcha de la familia” que reunió, el 2 de abril de 1964, a un millón de manifestantes en Río, es señal evidente de que la acción de las fuerzas armadas correspondía a una realidad social objetiva. Otra confirmación es la adhesión unánime que recibieron de las clases dominantes.

Es necesario comprender que la escisión que se produjo en las clases medias y que las llevó, bajo banderas extremistas opuestas, a chocar violentamente en las calles, en los primeros meses de 1964 (eso pasó sobre todo en Minas Gerais, de donde procedió el movimiento armado que derrocó a Goulart), indicaba claramente que las tensiones sociales habían llegado a un punto crítico. Tales tensiones oponían, con fuerza creciente las clases dominantes, como un bloque, al proletariado, a las capas radicales de la pequeña burguesía urbana (de las que fue expresión el brizolismo) y a los campesinos y trabajadores rurales, a causa de la agudización de las contradicciones que analizarnos anteriormente.

Si se considera, en efecto, el modelo de las crisis políticas por las que pasó el país, se verá claramente que, desde 1961, las fuerzas populares ganaban autonomía de acción y las crisis se resolvían cada vez menos fácilmente por acuerdos palaciegos. En el “movimiento pro legalidad”, que se desplegó tras la renuncia de Quadros, fue todavía posible a los grupos políticos dominantes encontrar una forma de transacción, el régimen parlamentario. Pero, en las luchas subsecuentes por el restablecimiento del presidencialismo, si el mando estuvo siempre en las manos de Goulart, hubo un momento —en la huelga general de julio de 1962— en que casi se le escapó. Fue el pánico provocado por la amplitud de la huelga general de septiembre y el recuerdo de los disturbios sangrientos que se habían verificado, en julio, en Río de Janeiro, los que, aliados al temor de una intervención militar pro Goulart, doblegaron la resistencia del Congreso.

La crisis de septiembre de 1963 presenta, ya, un modelo nuevo. Su iniciativa no se origina en las esferas dominantes, como las anteriores, sino que pertenece a un sector específico del movimiento popular, los sargentos, cuya rebelión, en Brasilia, se halla en el origen de los acontecimientos. En ningún momento Goulart pudo contener la acción autónoma de los sindicatos obreros y estudiantiles. La solución de la crisis, es decir el rechazo por el Congreso de la declaración estableciendo el estado de sitio de Goulart, tuvo como factor decisivo la movilización popular que se desarrolló en todo el país. Una tal demostración de fuerza del movimiento popular y una prueba tal de debilidad de Goulart convencen a la burguesía de que la esperanza de que éste pudiera ofrecerle una garantía de “paz social”, gracias al control que ejerció siempre sobre los organismos de masas, era vana. El fracaso subsecuente del Plan Trienal refuerza esa desilusión. Es entonces cuando la burguesía abandona a Goulart y cuando las aspiraciones que tuvo de lograr un gobierno bonapartista, actúan en beneficio de la derecha.

Naturalmente, no es solamente el recelo que inspiraba el movimiento de masas el que contribuye a aproximar a la burguesía a las demás clases dominantes y a fundirlas en un bloque. Indicamos ya que la crisis económica, visible desde 1962, no favorecía la alianza de la burguesía con las clases populares, sobre todo con la clase obrera, por los sacrificios que aquélla debería imponer al país. Desde el momento en que Goulart se mostró incapaz de realizar el milagro de esa alianza (y su viraje hacia la izquierda, en marzo de 1964, apenas confirmaba esa incapacidad), la burguesía, necesitando siempre de un gobierno fuerte, tenía que contar con la derecha. Por otra parte, el cambio que se efectúa en el interior de la clase burguesa, desde 1955, con el aumento del sector vinculado al capital extranjero, hacía cada vez más posible este arreglo entre los grupos dominantes.

Esto explica por qué la primera faz que mostró el gobierno militar fue la represión policíaca en contra del movimiento de masas: la intervención en los sindicatos, la disolución de los órganos directivos populares (incluso el CGT), la persecución de los líderes obreros y campesinos, la supresión de mandatos y derechos políticos, la prisión y la tortura. Explica también la política económica de ese gobierno, que fue, ante todo, de contención de los salarios, de restricción del crédito y de aumento de la carga tributaria.¹² En líneas generales, la política de estabilización financiera del actual gobierno quiere crear una oferta de mano de obra más abundante, bajando así su precio, y, al mismo tiempo, “racionalizar” la economía, liquidando la competencia excesiva que generó, en ciertos sectores, la expansión industrial y favoreciendo, por lo tanto, la concentración del capital en las manos de los grupos más poderosos. Esto beneficia, por supuesto, a los grupos extranjeros, pero también a la gran burguesía nacional. Esa política representa un intento para resucitar las prácticas originadas por la Instrucción 113, para superar la crisis del sector externo, pero obedece también a las exigencias planteadas por el propio desarrollo capitalista brasileño, como son la rebaja de los salarios y la racionalización de la producción.

El hecho de que la burguesía brasileña, finalmente, aceptó el papel de socio menor en su alianza con los capitales extranjeros y decidió intensificar la capitalización rebajando aún más el nivel de vida popular y concentrando en sus manos el capital disperso en la burguesía pequeña y media, tiene serias implicaciones políticas. Para amplios sectores de la izquierda, el actual régimen militar representa el fracaso de una clase —la burguesía nacional— y de una política —el reformismo. Planteada así en términos radicalmente antiburgueses, la lucha popular tiende a rehuir los cuadros legales y conduce a la lucha armada. Es evidente que la concreción de esa tendencia depende de la evolución de la crisis en que se debate la economía brasileña.

La política del gobierno no dio, hasta el momento, en este particular, muy buenos resultados. A pesar de que el aumento de los precios fue de 87% en 1964 (más elevado, por lo tanto, que en 1963), las autoridades económicas garantizaron que no sería de más del 25% en 1965 (la misma tasa que fijaba el Plan Trienal para su primer año de aplicación). Aun adoptando medidas coercitivas en relación a las empresas, para que no aumenten sus precios más allá del límite establecido, los índices de Guanabara presentaron, este año, aumentos de 4.5% en enero, 5.7% en febrero y 7 8% en marzo —es decir que, en tres meses, se absorbió el 18% del previsto para todo el año, manteniéndose sensiblemente igual la tasa de inflación. Paralelamente, se suceden las quiebras de empresas (incluso de grandes grupos, como las Minas Jaffet y la Panair do Brasil) y asciende el número de desempleados: solamente en Sao Paulo, 80 mil obreros quedaron sin trabajo en los cuatro primeros meses del año, siendo de mil la media diaria de despidos en todo el estado.¹³

El problema no mejora, si lo consideramos desde el punto de vista externo. Los Estados Unidos informaron, con motivo del primer aniversario del golpe de 1964, que el Brasil se había colocado en la primera fila de los países beneficiados, el año pasado, por la ayuda norteamericana, habiéndosele destinado un total de mil millones de dólares. No explicaron, sin embargo, que la mayor parte de esa suma no representó dinero en caja, sino que eran sólo aplazamientos de los pagos de las deudas contraídas anteriormente. Las inversiones privadas no aumentaron sensiblemente después del cambio político. La consecuencia es que la balanza de pagos de Brasil presentó, en 1964, un déficit global de 290 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el programa económico del gobierno está basado ante todo en la esperanza de créditos e inversiones norteamericanas, se comprende la gravedad de esta comprobación.

Pero no sólo de la situación económica pueden valerse las izquierdas brasileñas para llevar las masas al camino de la insurrección. El carácter “extranjero” del actual régimen militar puede ayudarlas considerablemente. En efecto, si realizamos la interpretación simplista que quiere ver en el golpe de abril una acción exterior a la realidad brasileña, no pretendemos negar la existencia y la importancia de la influencia norteamericana en los acontecimientos, no sólo, como señalamos, por la actuación de la Embajada de los Estados Unidos, en Río, y por la de organismos como el IBAD, sino también por la política de vinculación de las fuerzas armadas de Brasil a la estrategia del Pentágono. El acuerdo militar entre los dos países (firmado en 1942 y ampliado en 1954), la estandarización de los armamentos (1955), la creación de organismos continentales, como el Colegio Interamericano de Defensa (1961), las misiones de instrucción y de entrenamiento, todo eso creó progresivamente una élite militar inclinada a enfocar los problemas brasileños desde la perspectiva de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. A través de un centro de irradiación —la Escuela Superior de Guerra, a la que pertenecen Castelo Branco y otros jefes militares del actual régimen— se difundieron teorías como la de la “agresión comunista interna” y la de la “guerra revolucionaria”, creadas por los franceses en la campaña de Indochina. El espíritu de casta y el paternalismo, que caracterizan a los militares latinoamericanos, hicieron el resto, lo que explica el comportamiento de tropas de ocupación de las fuerzas armadas brasileñas, así como la orientación pro norteamericana del gobierno de Castelo Branco.

Ocupando un poder que las luchas políticas dejaron vacante en 1964, los militares, respaldados por la coalición de las clases dominantes, decidieron sacar al país del callejón en que se encontraba. Desde entonces, han tratado de crear nuevos cuadros institucionales, presentando una nueva ley electoral, un nuevo estatuto para los partidos, encaminando reformas como la agraria y la administrativa, intentando promover, por medio de una política económica rígida y la reglamentación de las reivindicaciones obreras, condiciones para un nuevo equilibrio entre las fuerzas productivas. La burguesía aceptó su tutela y lo que ésta significa, es decir, el abandono de la idea de un desarrollo económico autárquico en provecho de la integración definitiva al capitalismo norteamericano. La cuestión reside menos en saber si tal dirección puede aprovecharle, que en saber si habrá tiempo para que fructifique.

Efectivamente, la deterioración acelerada de la situación económica, la caída constante del nivel de vida de las masas, la proletarización de la pequeña burguesía y el desempleo obrero son factores que dificultan las soluciones moderadas y que tienden a expresarse políticamente en comportamientos radicales. Si las izquierdas brasileñas no se muestran capaces de aprovechar la ocasión, ya se presenta quién quiere sustituirlas: un radicalismo neofascista, que se organiza alrededor de la LIDER (Liga Democrática Radical, entidad paramilitar), de Lacerda y otros jefes derechistas y que gana creciente terreno en las fuerzas armadas. Si las clases dominantes, bajo el actual gobierno militar o a través de una recomposición con los sectores moderados de la izquierda (como intenta una corriente liberal burguesa, con una campaña pro elecciones y amnistía), no detienen la crisis económica y encuentran nuevos caminos para el progreso del país, la oposición política radical, que marcó el último período del gobierno de Goulart, volverá a presentarse con mucho más fuerza —así como los problemas no solucionados en 1954 generaron una crisis más violenta, diez años después. Eso es aún más probable porque las masas trabajadoras pueden sentirse traicionadas, mas no vencidas, dado que no llegaron a dar la batalla.

Dentro del cuadro que presenta la América Latina, las clases dominantes brasileñas, respaldadas por los Estados Unidos y por las oligarquías latinoamericanas, podrán frenar por algún tiempo la explosión de los conflictos sociales que maduran en Brasil, pero no habrá medios de postergar indefinidamente su caída, si no logran abrir nuevas perspectivas de desarrollo económico y social a las grandes masas, si no pueden iluminar el horizonte sombrío que les presenta hoy el porvenir.

Ruy Mauro Marini

NOTAS

1. Caio PRADO JÚNIOR, História económica do Brasil, Sáo Paulo, Ed. Brasilende, 1959, p. 321.
2. Centro de desenvolvimiento económico CEPAL —Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, 15 anos de política económica no Brasil, 1964, p. 16.
3. Caio PRADO JÚNIOR, op. cit., p. 325.
4. Los precios agrícolas globales pasaron del índice 222,6 en 1954 a 686,3 en 1960, mientras el índice de los precios industriales progresó de 204,2 a apenas 462,4 en los años considerados (1949=100). Síntesis del Plan trienal de desarrollo, publicada por la Presidencia de la República de Brasil, diciembre de 1962, p. 126.
5. 15 anos, p. 66.
6. Si el índice relativo de los precios agrícolas en general y los precios industriales, tomando por base a 1949, pasa de 118,8 en 1955 a 148,4 en 1960, el de los precios del producto agrícola para el mercado interno elévase de 109 a 147,6 en los años considerados, presentando, pues, una progresión mucho más rápida. Plan trienal, p. 126.
7. Ibid., p. 127.
8. Ibid., pp. 140-41.
9. 15 anos, p. 63.
10. La expresión “desinflación” se utilizó por primera vez en el período Kubitschek, en el plan de estabilización financiera presentado por su ministro de Hacienda, Lucas Lopes, que no llegó a aplicarse. V. Embajada de Brasil en EE. UU., Survey of the Brazilian Economy, 1958, p. 71.
11. Los gastos del IBAD en los comicios para gobernador de Pernambuco, en 1962, por ejemplo, en que apoyó al adversario de Miguel Arraes. Joao Cleofas, representaron alrededor de 500 millones de cruzeiros, como comprobó la Comisión parlamentaria que investigó la actuación de ese organismo. Sobre la intervención norteamericana en la política de Brasil. en ese período, véase el informe periodístico de Robinson ROJAS, Estados Unidos en Brasil, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1965.
12. Es interesante observar que la política tributaria del gobierno Castelo Branco se basa sobre todo en la hoja de salarios, y no en la capacidad de producción de las empresas: salario familia, impuestos para educación y habitaciones populares, 13° salario, etc. Es decir que aumenta principalmente la carga fiscal de las empresas tecnológicamente menos evolucionadas, que emplean más mano de obra, y que corresponden, socialmente, a la media y pequeña burguesía.
13. Datos suministrados por el Consejo consultivo de empleo y salario y publicados por el Correio da Manha, Río, 13 de mayo de 1965. La información agrega que, en la industria automovilística de Sáo Paulo, dos empresas ya funcionan solamente tres veces por semana y redujeron los salarios de sus obreros. En su edición del 16 de mayo, el mismo periódico informa que las existencias de esta industria eleváronse de 8.500 vehículos, en enero, a 14 mil, en abril de 1965.