Perspectivas del movimiento de masas
Fuente: El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, Ediciones Era, Serie Popular, México, 1976. Publicado originalmente en la revista Chile Hoy n. 64, Santiago de Chile, 31 de agosto al 6 de septiembre de 1973. Se publica en Internet gracias a Ediciones Era.
Al iniciarse el actual periodo de la lucha de clases en Chile, a fines de 1970, se plantearon inmediatamente dos tesis en el seno de la izquierda. Una identificaba prácticamente la llegada de la UP al gobierno con la toma del poder y propugnaba, en consecuencia, como tareas centrales, las relacionadas con la construcción del socialismo. La otra consideraba que la entrada de la izquierda al gobierno creaba condiciones privilegiadas para desarrollar la lucha de masas y la tarea principal era, en esta perspectiva, trabajar junto a las masas a fin de crear en ellas las condiciones ideológicas, políticas y orgánicas para lograr ese objetivo.
La historia ha mostrado la corrección de esta segunda tesis. La vida de todos los días está marcada por una aguda lucha entre la burguesía y los trabajadores en torno al problema del poder. Entre la burguesía, que aspira al restablecimiento de la dominación plena del capital, y la clase obrera, que se esfuerza por suprimirla, se libra un enfrentamiento que suma ya muchos muertos, se expresa en daños considerables a la infraestructura económica del país y a los bienes de los particulares, y ha afectado seriamente el funcionamiento de la vieja economía capitalista.
La importancia del gobierno en este proceso ha sido percibida tanto por las masas como por los patrones. No sorprende, pues, que —apoyados y muchas veces orientados por el imperialismo norteamericano— éstos se hayan tirado con todas sus fuerzas en contra del gobierno, mientras los trabajadores se imponían como tarea asegurarle bases sólidas de acción, a través de su movilización combativa y la generación de su propio poder. Para hacerlo, la clase obrera y el pueblo han debido superar obstáculos surgidos desde el seno mismo de la izquierda, donde los mismos sectores que habían dado ayer como resuelto el problema del poder, tienden a identificar al movimiento de masas con el curso del proceso político-institucional que estamos viviendo.
Lo cierto es que, aunque lo que le suceda al gobierno interesa directamente al movimiento de masas, ambas cosas no deben confundirse: el gobierno es más bien el fruto del desarrollo del movimiento de masas que existía antes de él y que seguirá existiendo después. Por otra parte, los fenómenos que se verifican en el plano político-institucional —la cristalización de tendencias, las relaciones entre las fuerzas políticas, los avances y retrocesos— no corresponden directamente al movimiento de masas. Se ha visto, por ejemplo, cómo —en circunstancias en que el gobierno parecía débil y vacilaba— el movimiento de masas ha venido a reforzarlo con un derroche de energías.
Sin que esto implique ni mucho menos desconocer la importancia que tiene contener la embestida reaccionaria sobre el gobierno, conviene, por ello, preocuparse de la determinación de aquellos elementos específicos del movimiento de masas que, por su perdurabilidad, son susceptibles de orientar la acción de las fuerzas revolucionarias. Encontraremos allí hechos antiguos y hechos nuevos, tendencias que se desenvolvían antes de 1970 y otras que han surgido en el actual periodo. Entre éstas cabe destacar: el nuevo carácter asumido por la lucha reivindicativa de las masas, el modo cómo es afectada por el problema de la inversión pública, la cuestión de la modificación de las formas de gestión de las empresas, el problema agrario, las relaciones entre la clase obrera y los militares, y el tema mismo del poder popular.
No cabe aquí analizar todos los aspectos de la lucha reivindicativa de los trabajadores. Señalemos tan sólo que ha adquirido un cariz distinto respecto al abastecimiento de bienes esenciales de consumo con la creación y el desarrollo de organizaciones de masas dedicadas a ese fin. Independientemente de las tendencias que predominen a nivel del gobierno, no será posible durante mucho tiempo solucionar los problemas de abastecimiento sin apelar a la cooperación de las organizaciones de masas; es incluso previsible que la importancia de ellas se acrecentará a medida que se imponga el recurso del racionamiento. El margen de acción del gobierno no podrá, en este campo, ir más allá de favorecer tal o cual tipo de organización popular, lo que sólo llevará a que la oposición que existe hoy entre las JAP y las Juntas de Vecinos, por ejemplo, se traslade al interior de la que llegue a predominar. Por otra parte, la pérdida de posición de los sectores populares en materia de distribución del ingreso, debido a la inflación y la especulación patronal, plantea la revitalización de la lucha salarial como un instrumento de acceso al consumo (lo que había perdido importancia relativa en el último periodo).
La asignación de recursos públicos a la inversión tiende a cobrar una relevancia nunca vista en Chile. La notable expansión del capitalismo de Estado, verificada en los últimos tres años, aumenta considerablemente su capacidad de acción económica. Esto llevará a la burguesía a redoblar sus presiones sobre el aparato estatal, para captar una parte creciente de los recursos disponibles, al mismo tiempo que agudizará las contradicciones entre fracciones y grupos burgueses en torno a la disputa del botín. Pero, como se trata de recursos públicos, el problema no será indiferente a las masas, particularmente a los núcleos obreros del área estatal. Se dan de este modo las condiciones objetivas para que la lucha reivindicativa de las masas mantenga un marcado carácter político, en la medida en que se librará en gran parte en el seno mismo del Estado.
La gestión empresarial había empezado a discutirse desde antes de 1964, discusión que tuvo un primer reflejo en la fórmula democristiana de la “empresa de trabajadores”. En el último periodo, el Convenio CUT-Gobierno marcó una nueva etapa, así como el principio de discusión, a que se asistió el año pasado sobre la autogestión. Es evidente, sin embargo, que el problema no ha sido resuelto y que todas las tendencias políticas han elegido sus cartas, inclusive la derecha fascista con su todavía imprecisa “empresa integrada”. La clase obrera, por su lado, ha empezado a asimilar en la práctica la propaganda de la izquierda revolucionaria en favor de la dirección y el control obreros. El fracaso de la fórmula propiciada por el Convenio CUT-Gobierno ha reabierto la cuestión, en el momento mismo en que ésta gana más amplitud, debido a la extensión de las empresas tomadas o intervenidas desde junio. Todo ello indica que, aunque condicionada por la situación política, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas seguirá movilizando a la clase obrera. Es de señalarse, por lo demás, que el problema está planteado también, de una forma o de otra, en otros países latinoamericanos, en particular el Perú.
La reforma de la propiedad de la tierra y la reorganización de la estructura productiva del agro no se presentan de manera muy diferente. Surgida al principio de la década pasada, recibió un primer esbozo de solución con la ley democristiana. Ha sido, sin embargo, en estos tres años que se profundizó su aplicación, gracias al despliegue de un poderoso movimiento campesino. Las transformaciones realizadas en la estructura agraria son ya considerables y todavía no han tocado fondo. Queda sobre todo por realizar una definición de los principios que orientarán su etapa ulterior. Por mucho que el gobierno pueda influir en la solución del problema, tendrá necesariamente que contar con la presencia de un combativo movimiento campesino, con un grado elevado de conciencia y organización.
Uno de los hechos más importantes de este periodo es el nuevo tipo de relaciones que se han ido estableciendo entre la clase obrera y el pueblo, por un lado, y los miembros de los cuerpos armados del Estado, por el otro. Los trabajadores han aprendido a discernir allí a sus hermanos de clase y sus aliados, y la recíproca es verdadera. Esta es una experiencia que no puede dejar de tener repercusiones futuras. Desde otro punto de vista, las relaciones de los militares con el Estado han sufrido también modificaciones, que no pueden ser subvaloradas a nivel del gobierno. Ello no implica tan sólo la asignación de nuevas responsabilidades a oficiales de alta graduación, sino también una participación más directa de los militares, a todos los niveles, en la vida del país. En esta misma revista (Chile Hoy, 55)se ha publicado la información oficial de que se concederá el derecho a voto a todos los miembros de las instituciones armadas. Además, para poner un solo ejemplo, si los problemas de abastecimiento no podrán resolverse sin apelar directamente a las organizaciones populares, es difícil admitir que los militares y sus familias estén excluidos de éstas.
Queda por considerar el naciente poder popular. Entre los aspectos reseñados, éste es seguramente el que, por su naturaleza misma, se relaciona con las orientaciones que prevalezcan en el gobierno. Es obvio que la solución más favorable a las masas implica que éste se apoye resueltamente en las organizaciones del poder popular y la más desfavorable que el gobierno se pusiera en contra de ellas. Parece fuera de duda, sin embargo, que los cordones industriales, en tanto expresión de una democracia sindical amplia, constituyen una conquista a la que difícilmente renunciará la clase obrera. Estos mismos cordones, en tanto que organizaciones de poder, y los comandos comunales en formación, representan formas de organización que no se borrarán ya en la memoria de los trabajadores. En la peor de las hipótesis, podrían pasar por periodos de receso, para resurgir con fuerza redoblada a la primera señal de movilización masiva del pueblo.
Es mucho lo que avanzaron la clase obrera y el pueblo en este periodo, y no se podrá hacerlos retroceder a las posiciones primitivas. Es útil tenerlo presente y entender que es en la medida en que este avance continúe y que nuevas posiciones vayan siendo conquistadas como se sentarán bases más favorables para asegurar una correcta orientación del gobierno. Aunque a veces el torbellino de la política diaria oscurezca este hecho, el curso del proceso lo deciden realmente las masas trabajadoras, en la lucha por sus intereses inmediatos y por los objetivos políticos que ellas se van dando en la lucha misma.
Ruy Mauro Marini
