Ultimátum de generales: lucha faccional en la Junta chilena
Fuente: Excélsior, México, 11 de enero de 1976.
Informaciones divulgadas en Londres y rigurosamente censuradas en Santiago, dieron cuenta, la semana pasada, de un ultimátum que habría sido presentado por diez generales chilenos al jefe de la junta militar, general Augusto Pinochet. En ese ultimátum los jefes castrenses habrían expresado su disgusto por la obstinación de Pinochet en llevar a cabo una política económica de resultados catastróficos (excepto para algunos grupos empresariales que se benefician con ella), así como en insistir en medidas represivas que deterioran la imagen internacional del país. Además de cambios en la política económica, se le habría exigido a Pinochet la supresión de la policía política, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Dos grupos que cuestionan a Pinochet
Esas informaciones han sido desmentidas en Chile. Sin embargo, no es secreto para nadie que, a nivel de la política oficial, existen por lo menos dos corrientes que cuestionan aspectos de la política de Pinochet. Por un lado, el grupo fascista “Patria y Libertad”, apoyado por sectores empresariales y gremialistas, representados por Orlando Sáenz y Rafael Cumsille, respectivamente, que exige una rectificación de la política económica. Por otro lado, grupos políticos desplazados que se expresan en la Democracia Cristiana y un ala de la Iglesia católica, que ponen énfasis en la redemocratización del país. En el seno mismo de la Junta, es conocida la rivalidad entre Pinochet y el jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, quien intenta capitalizar el descontento de los demás sectores y encauzarlo hacia una solución que garantice el predominio de los militares.
La inflación superior a 300%
Hay muchas razones para ese descontento. La inflación llegaba, en septiembre pasado, al 251 por ciento, debiendo superar a los 300 por ciento para todo el año. Dada la disminución de la producción industrial, del comercio y los servicios, así como el estancamiento de la producción agrícola, se puede prever que el producto geográfico bruto declinará del 12 al 15 por ciento respecto a 1974, que fue ya un año de recesión. El comercio exterior, que había mejorado en 1974, volvió a deteriorarse. Sin considerar la tasa de inflación internacional, las exportaciones cayeron en 44 por ciento de su valor en los cinco primeros meses de 1975, en comparación con igual periodo del año anterior, y las importaciones en 37.3 por ciento. La baja del precio internacional del cobre impediría de por sí una mejora sustancial para el resto del año.
La política represiva de la Junta ha provocado, a su vez, serios conflictos con la Iglesia católica, debido a la detención de varios sacerdotes y monjas en los últimos meses del año, los cuales fueron expulsados del país. Se registraron también roces diplomáticos, particularmente con Inglaterra y Costa Rica. La existencia misma de la DINA, verdadera Gestapo chilena, representa un motivo permanente de fricciones con los cuerpos armados, cuyos servicios de inteligencia le han sido subordinados, problema que es particularmente agudo con la Fuerza Aérea. Fuera del ámbito de la política oficial, que cercena cualquier posibilidad de expresión popular, crece el malestar de las masas. Los salarios han perdido 50 por ciento de su poder de compra, entre septiembre de 1973 y septiembre de 1975. Un balance de las disponibilidades en alimentos, en 1974, tomándose en cuenta la producción nacional y el comercio exterior, muestra que éstas bajaron en un 7%, respecto a 1970, y en un 10 por ciento respecto a 1971-72. No hubo razones, como ya señalamos, para que la situación pudiera haber sido remontada en 1975.
Muchas personas mueren de hambre
Una encuesta realizada por la Confederación de Empleados Particulares, para el mes de junio de 1975, indicaba que una familia de cuatro miembros necesitaría contar con 680.000 escudos (o 680 pesos, para hablar en el nuevo lenguaje de la Junta) para sus gastos mensuales. Lo sorprendente es que, incluyendo las prestaciones sociales, el sueldo mínimo de un jefe de familia en esas condiciones era de 310,000 escudos. Se entiende así que las autopsias efectuadas en el Hospital Regional de Concepción, la tercera ciudad del país y un importante centro industrial, registraran en septiembre pasado un 23 por ciento de casos en que la causa de la muerte fue el hambre.
A esto se suma la creciente desocupación: 16.6 por ciento de la fuerza laboral, en septiembre de 1975, según datos de la Universidad de Chile. Situación tan grave que el gobierno decidió lanzar el Plan de Empleo Mínimo (PEM). Éste tiene como objetivo proporcionar a los cesantes trabajo por 30 días, renovables hasta 90 (mientras que la duración promedio de la cesantía es de 9 a 10 meses); los trabajadores deben laborar una jornada completa, recibiendo la mitad del sueldo mínimo oficial. En agosto de 1975 el PEM “beneficiaba” aproximadamente al 15 por ciento de los cesantes.
Pinochet se mantiene firme
Sería un error, sin embargo, concluir que la junta chilena esté a punto de caer y aun que sea probable la renuncia de Pinochet. Las disputas entre los militares chilenos expresan más bien lucha de facciones, que no pretenden llegar hasta el cuestionamiento de la presencia misma de las Fuerzas Armadas a la cabeza del Estado. Por su parte, Pinochet ha procedido sistemáticamente a eliminar las posibles alternativas que se le pudieran plantear en el seno del Ejército. La renuncia del general Sergio Arellano Stark —jefe del Estado Mayor Conjunto y varias veces señalado como su rival—, que ocurrió la semana pasada por exigencia de Pinochet, muestra que éste conserva un buen margen de maniobra.
Ruy Mauro Marini
