Ecuador: junta militar entre dos fuegos
Fuente: Excélsior, México, 18 de enero de 1976.
Aunque efectuado al estilo peruano, el cambio de gobierno que hubo en Ecuador el domingo pasado y que llevó a la dimisión del Presidente de la República, general Guillermo Rodríguez Lara, se enmarca en una aguda inestabilidad política.
Rodríguez Lara asumió el gobierno en febrero de 1972, al derrocar al viejo caudillo José María Velasco Ibarra, en lo que fue el quinto golpe de Estado que éste sufrió. El putsch parecía estar dirigido contra las elecciones presidenciales, que serían en el siguiente mes de junio, en las que un bloque de centro-izquierda aparecía como probable vencedor.
“Peruanos” vs. “brasileños”
El problema era más de fondo: en julio del mismo año, Ecuador ingresó al grupo de países petroleros. El Estado pasó a percibir aproximadamente dos millones de dólares diarios, por concepto de regalías e impuestos. Los militares se erigieron en gestores de la nueva riqueza nacional, que sucedía al plátano y al cacao.
Equilibrándose entre un ala militar de izquierda nacionalista (los “peruanos”) y un ala militar tecnocrática, favorable a un estrecho acuerdo con Estados Unidos (los “brasileños”), Rodríguez Lara retomó los proyectos desarrollistas de la junta militar que gobernó a Ecuador entre 1963 y 1966, hasta ser derrocada por un amplio movimiento, que incluía a fuerzas conservadoras y populares. Además de destinar gruesos subsidios a las Fuerzas Armadas, el gobierno lanzó un ambicioso programa de industrialización, en que se destaca el plan de electrificación. En noviembre de 1973, Ecuador ingresó a la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), agregando un motivo más de disgusto a los Estados Unidos, a quien desagradaba ya la reivindicación ecuatoriana de 200 millas marítimas.
En septiembre del año pasado, Rodríguez Lara debió enfrentarse a un intento de golpe militar encabezado por el coronel Ramón González Alvear. El golpe fue frustrado por la acción del general Guillermo Durán Arcentales, comandante en jefe del Ejército; González Alvear se refugió en Chile, desde donde se sumó a la oposición conservadora dirigida por la Junta Cívica Ecuatoriana. Ésta —que incluye también a los ex presidentes Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena— se reunió en diciembre, en Bogotá. La junta fue disuelta a instancias del gobierno ecuatoriano.
La junta arbitra desde la derecha
Sin embargo, la situación política seguía agravándose. Por la misma época, estalló un paro de transportistas, que desorganizó el sistema de abastecimiento, al estilo chileno; se observó también el recrudecimiento del terrorismo de derecha. Paralelamente, crecía la agitación campesina, impulsada por cambios efectuados en la legislación agraria. A principios de este año, el alza de los precios de transporte puso en acción a los estudiantes, que obligaron al gobierno a retroceder: se anuló el alza de tarifas y hubo enfrentamientos callejeros con los choferes.
Las convulsiones del periodo se caracterizaron por el esfuerzo de los sectores populares por deslindar su acción respecto a los grupos de centro y derecha; éstos reúnen a antiguos políticos desplazados, a los empresarios costeños y a la vieja clase terrateniente de la sierra. Esta preocupación se mantiene vigente, después del golpe de Estado.
De hecho, ha sido esta contradicción la que —repercutiendo en las Fuerzas Armadas, como lo demuestran los incidentes militares que precedieron al golpe— propició la constitución de la actual junta militar. Al no estar Rodríguez Lara apoyado por ninguna de las fuerzas en pugna, ésta parece haberse formado con base en la derecha militar. Es lo que se desprende de la oposición que le han movido militares vinculados a la llamada “ala peruana”, como los generales Gustavo Vasconez y Raúl Puma Velasco, ex ministros de Rodríguez Lara, actualmente en la cárcel. Igualmente lo indica la opinión emitida por fuentes políticas y diplomáticas de Quito en el sentido de que la junta es conservadora y pro-norteamericana.
Un programa de acción realista
Como quiera que sea, los sectores centro-derechistas (agrupados ahora en el Frente de Unidad Civil) han intentado capitalizar directamente la situación. Destacan, en esta línea, las declaraciones del ex presidente Velasco Ibarra, quien, al tomar conocimiento del golpe, reclamó “el regreso a una democracia concienzuda y representativa”. La junta militar le ha respondido al anunciar que el actual régimen de excepción se mantendrá hasta fines de 1977.
Los sectores populares, a su vez, al mismo tiempo que critican al desarrollismo de Rodríguez Lara, rechazan el retorno a la democracia representativa, por considerar que de por sí esto no soluciona nada. En una sorprendente demostración de madurez, han presentado un pliego unitario e independiente, que constituye un programa de acción avanzado pero realista. Es la respuesta a ese programa —sustentado por la Confederación de Trabajadores, así como por las federaciones estudiantiles— lo que permitiría caracterizar en definitiva a la actual junta militar.
Ruy Mauro Marini
