El movimiento obrero: ¿cuestión social o policial?
Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 2 de mayo de 1979.
A vísperas de las conmemoraciones del Día Internacional del Trabajo, la dictadura chilena dio a conocer una nueva ley represiva. Esta no sólo sanciona las actividades calificadas como terroristas, sino que abarca las acciones de todas las organizaciones políticas, sindicales y de masas, catalogadas como ilegales. Quedan sujetos a castigo incluso quienes, sin participar en esas acciones, pero teniendo conocimiento de ellas, no las delaten a las autoridades.
La ley represiva chilena se promulga en el momento en que la dictadura brasileña anuncia nuevas medidas en contra de los movimientos laborales reivindicativos. Por ocasión de las huelgas del año pasado, el régimen militar modificó su propia ley de huelga, de por sí prohibitiva, para hacerla aún más restrictiva. Ahora, pretende adoptar nuevas disposiciones, que incluyen hasta la prohibición del pago de los salarios caídos por motivo de paro.
En abril último, al tiempo que ratificaba su disposición de proceder a los comicios presidenciales previstos para julio, la dictadura boliviana promulgó también una nueva ley antihuelga. Y, en Perú, el gobierno militar llegó a autorizar expresamente el despido masivo de dirigentes y trabajadores que habían participado en las huelgas mineras de Toquepala y Cuajone, no sin antes arrestar a varios de ellos.
Esas medidas arbitrarias se suman a los instrumentos jurídicos que, desde mediados de la década pasada, se han introducido en América Latina para asfixiar las luchas de los trabajadores. En casi todos los países de la región, la huelga y en general los movimientos reivindicativos se han convertido en cuestión de seguridad nacional. Parece como si estuviéramos de regreso a los años veinte, cuando un gobernante brasileño decía con desparpajo que la llamada “cuestión social” era lisa y llanamente una cuestión policial.
Pero la realidad actual es distinta. La agregación continua de nuevos dispositivos a un marco represivo ya excesivo por parte de las dictaduras, no hace sino mostrar que ese marco es insuficiente para contener al movimiento obrero. Aunque, como se vio recientemente en Perú y Brasil, y se ve ahora en Argentina, las luchas obreras sean brutalmente reprimidas, con la intervención de sindicatos, la prisión de dirigentes, el despido de huelguistas, el movimiento reivindicativo de los trabajadores gana cuerpo y consistencia, rompiendo las mallas con que se intenta aprisionarlo.
Esta situación es la que está llevando a los gobiernos militares a remendar sus redes, porfiados en creer que el ascenso popular que estamos viendo en el continente, desde fines de 1976, puede ser detenido por la fuerza. Incapaces de percibir que el movimiento de masas se rige por leyes objetivas, que rompen las limitaciones jurídicas que se le oponen, las dictaduras latinoamericanas están contribuyendo a desviarlo de su cauce normal, que es el desarrollo en la legalidad, hacia formas de acción más explosivas. El hecho mismo de que Pinochet vincule, en su ley represiva, las acciones de propaganda armada que realiza el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y las acciones amplias de masas no hace sino darle razón al MIR, cuando afirma que recurre a dicha propaganda precisamente porque los trabajadores y la izquierda no tienen otro medio de expresión.
Si las dictaduras militares insisten en su óptica estrecha acabarán por poner en peligro los esfuerzos que hacen por crear una nueva institucionalidad, propicia a sus intereses y a los de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Estarán trabajando más bien por convertir a América Latina en una gran Nicaragua o, lo que es lo mismo, estarán llevando la “cuestión social” a aquel punto en que ella se resuelve en revolución social.
Ruy Mauro Marini
