El movimiento obrero brasileño

Fuente: Cuadernos Políticos n. 46, Ediciones Era, México, abril-junio de 1986, pp. 5-23. Con anterioridad, fue publicado en Política e Administração n. 173, Río de Janeiro, 1985. Traducción de Francisco Cervantes. Se publica en Internet gracias a Ediciones Era.

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Del anarcosindicalismo al corporativismo

El movimiento obrero brasileño todavía hoy se desarrolla, en lo fundamental, en los marcos establecidos en el curso de los años treinta con la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de 1943. Fueron escasas las modificaciones introducidas en ella por el régimen militar bajo el cual vivió el país después de 1964: en lo esencial, la limitación del derecho de huelga y la extinción del estatuto de estabilidad del empleo; se puede mencionar también la política salarial ¹. El carácter vertical de la CLT —que consagra a los sindicatos únicos por categoría y excluye la relación horizontal entre ellos, desde la base hasta la cúpula; la extremada dependencia en que sitúa la estructura frente al Estado—, el cual, además de la permanente tutela que ejerce sobre los sindicatos, con un amplio derecho a la intervención, fija las contribuciones sindicales y las reúne en un fondo único, redistribuyéndolas después, vía federaciones y confederaciones; el papel de intermediación y regulación que concede a la Justicia del Trabajo y al Ministerio del Trabajo en las negociaciones entre patrones y empleados: todo esto hizo de la CLT un eficiente instrumento para la política de control y represión del movimiento obrero, que el régimen militar usó con mano dura.

La vigencia de esa legislación en un periodo tan prolongado no es un accidente en la historia del movimiento obrero brasileño; por el contrario, es la expresión de un fenómeno más profundo, consustancial a su evolución a partir de cierto periodo: la señalada dependencia en relación al Estado en que fue colocado durante el Estado Novo (1937-1945), momento en que la sociedad brasileña, como un todo, fue reestructurada de arriba a abajo en moldes corporativos, según el modelo europeo (principalmente el italiano). Desde entonces hasta hoy, la dialéctica interna del movimiento obrero pasó a ser marcada por la confrontación de tendencias clasistas con las fuerzas que —dentro y fuera de él— pugnan por mantenerlo subordinado al Estado y, a través de éste, a la burguesía.

En sus albores, fue diferente la situación. Sobre la base de una industrialización limitada y lenta, se tiende a constituir una clase obrera y un movimiento sindical semejantes a los de los países capitalistas más adelantados, tanto más cuanto que las tradiciones de organización y lucha existentes en ellos fueron trasplantadas al Brasil posteriormente, gracias a la incidencia de los inmigrantes europeos en la formación del proletariado. Combativa y doctrinaria, bajo inspiración anarcosindicalista, la clase obrera protagonizó innumerables luchas, entre las cuales la más notable fue la gran huelga de 1917, en São Paulo, cuando los obreros —agitando un programa maximalista— se apoderaron del control de la ciudad durante varios días. La respuesta estatal fue la represión, que golpeó fuertemente a los trabajadores durante los años veinte; de ese periodo data la disidencia obrera, con la formación del Partido Comunista, en 1922. Tras un breve resurgimiento, en los años inmediatos a la revolución burguesa de 1930 —en la que el obrero no participó como clase— y la obtención de significativas conquistas laborales, los trabajadores fueron encuadrados en el esquema corporativo del Estado Novo.

Para que eso fuera posible concurrieron diferentes factores. La aceleración del proceso de industrialización, a partir de los años veinte, provocó un crecimiento relativamente importante de los efectivos obreros, dentro de un patrón que se mantuvo vigente hasta los años sesenta. La característica central de ese patrón residía en el hecho de que ese crecimiento se derivaba principalmente de las migraciones rurales hacia los grandes centros urbanos, principalmente São Paulo. Esa tendencia se reflejó en la constitución y en la dinámica de la clase obrera brasileña en dos formas: una de ellas fue la dilución del pequeño grupo de obreros que estaban relativamente calificados, en su mayoría de origen extranjero —y que se había integrado hasta los años veinte en industrias como la gráfica, la textil, la del vestido y calzado, la de fabricación de muebles—, en una masa de crecimiento ampliado por obreros no calificados, ligados a la construcción civil, transportes y servicios públicos y, luego, también a la propia industria manufacturera. El proletariado industrial incorporó así, en gran escala, a trabajadores de reciente origen rural, analfabetos en su mayoría y carentes de experiencia en materia de organización y lucha, originarios como eran de un régimen de relación semiesclavista ². Es natural que las condiciones de liderazgo de la vanguardia obrera del periodo anterior se debilitaran, facultando al Estado para la absorción y la manipulación de los nuevos dirigentes, tanto más cuanto que aumentaba la presencia estatal en las nuevas áreas de expansión económica. Surge la figura del “pelele”, dirigente sindical vinculado con el gobierno, vía el Ministerio del Trabajo y encargado de negociar con éste las concesiones a sus representantes a cambio de su encuadramiento en la política gubernamental.

La otra forma en la que las migraciones rurales influyeron sobre la clase obrera consistió en que éstas ponían a la disposición de la industria masas crecientes de trabajadores, que se sumaban al excedente de mano de obra disponible siempre en la industria artesanal. Eso llevó a la formación de un proletariado sólo virtual, esto es, a una población carente de recursos y servicios, amontonada en la periferia o en los intersticios de las ciudades y que subsistía a costa de pequeños expedientes o de la prestación de servicios personales; por ende, le iba a ser difícil asumir una cultura proletaria, e incluso urbana. En permanente contacto con ese sector con el cual se confundía e interpenetraba en sus extremas franjas, la clase obrera no sólo sufrió la presión que ejercía tal sector en el mercado del trabajo, debilitando su posición en relación con los patrones y con el Estado, sino que también lo tuvo como lastre en el proceso de construcción de su conciencia de clase.

En el contexto creado por el Estado Novo, el movimiento obrero pasó a ser determinado por el juego interno del aparato estatal y en consecuencia por los conflictos y contradicciones que se desarrollaban en el seno de la burguesía, y que aparecieron tras la instauración del segundo gobierno de Getulio Vargas, en 1951. El fin de la guerra mundial y la reconstrucción de la economía capitalista, bajo la hegemonía norteamericana, habían reubicado en el centro de las discusiones el papel de la economía brasileña y sus relaciones con los grandes centros desarrollados. En el periodo de entreguerra, el país había iniciado su proceso de industrialización, valiéndose incluso de la competencia que establecían los grandes centros —en particular los Estados Unidos y Alemania en torno a América Latina; la gran industria siderúrgica había nacido así, como fruto de la política de negociación fraudulenta del gobierno dictatorial de Vargas con Alemania primero, y con los Estados Unidos después. Pero la industrialización sólo se volverá posible con el derribamiento del régimen oligárquico por la revolución de 1930 y la irrupción de la burguesía industrial en el plano político, apoyada por la pequeña burguesía. El Estado Novo de 1937 selló el compromiso de la burguesía industrial con la vieja oligarquía agrario-exportadora. En ese contexto, si la oligarquía se veía obligada a financiar, en cierta medida, la industrialización, a través de la confiscación cambiaría —que remuneraba sus exportaciones con un dólar subvalorado—, por otra parte sus excedentes de producción eran adquiridos por el Estado, con lo que se transfería a la sociedad sus eventuales pérdidas y —todavía más importante— la estructura agraria continuaba sin tocar. El desarrollo industrial garantizaría la reproducción económica del país, ofreciéndole a la oligarquía —principalmente por medio del sistema bancario— campos de inversión para su capital sobrante.

Así se creó un sistema económico en el cual se entrelazaban dos subsistemas: el agrario-exportador —revigorizado por el conflicto mundial— y el industrial vuelto hacia el mercado interno —aunque, durante la guerra, éste se hubiera integrado transitoria y parcialmente al exportador, suministrando manufacturas ligeras a los países beligerantes—. El segundo se habría de desarrollar a la sombra del primero y habría de ser alimentado por él en parte, gracias al mercado existente allí, a la transferencia de recursos —a través del Estado o de los bancos— y a la migración de mano de obra hacia la ciudad. Esto es lo que empezó a ponerse en cuestión.

El conflicto interburgués

La estructuración del mercado mundial, tras de Bretton Woods, llevó a la burguesía agrario-exportadora a postular la ruptura del compromiso de 1937 en el sentido de una instrumentación del Estado favorable a sus intereses, esto es, en un sentido liberalizante. La burguesía industrial, por su lado, defendía la política proteccionista y exigía una intervención más decidida del Estado en la economía, tanto más cuanto que se veía presionada por el capital privado norteamericano, deseoso de invertir en los sectores más rentables del parque industrial brasileño. Temas como el control cambiario, la política aduanal y la nacionalización de los recursos básicos habían pasado a primer plano en la discusión política.

Le cupo a Vargas proponerse como candidato para un nuevo periodo de gobierno, cinco años después de su deposición, y poner en práctica la política de la burguesía industrial. Para sostenerla, movilizó los apoyos de la masa en la que se había fincado el esquema del poder del Estado Novo: la clase media asalariada, que se beneficiaba con la expansión del aparato burocrático, fuente de empleos, y la clase obrera, manipulada por la estructura sindical. Las grandes medidas de su gobierno se tomaron en la cresta de los movimientos articulados por esas fuerzas, como se pudo ver en la campaña por la nacionalización del petróleo en 1952.

Convocada a participar en la disputa que se generaba dentro del bloque en el poder y accionado por el dispositivo sindical, cuya palanca se encontraba en manos del Estado, la clase obrera rompió el inmovilismo al que había sido llevada por el Estado Novo. Pero no lo hizo solamente para apoyar la política de la burguesía industrial: se involucró también en una activa militancia antimperialista y a favor de las grandes reformas económicas y sociales, cuyos frutos se iban a ver diez años después, y colocó sobre el tapete sus propias reivindicaciones. En 1953, en una movilización de gran envergadura de los metalúrgicos, vidrieros y gráficos de São Paulo, conquista de hecho el derecho de huelga, que la legislación no le negaba, pero que era anulado por la maraña burocrática y jurídica en la práctica de los “peleles”.

Después de pasar por un violento acendramiento, cuyo saldo fue el trágico suicidio de Vargas en 1954, la disputa interburguesa desembocó en un acomodamiento precario, en la segunda mitad de la década. Bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, el país cede a las presiones norteamericanas, abriendo a las inversiones extranjeras los sectores nuevos y dinámicos de la industria, al mismo tiempo que renuncia a toda transformación en el esquema global de la reproducción económica. Así, la industrialización es llevada al límite permitido por ese esquema, que reserva al sector agrario-exportador —y al capital extranjero— la función de proporcionar las divisas necesarias para la adquisición de equipo y materias primas requeridas por la industria. Condicionada así, ésta ocupa hasta el punto de saturación el mercado interno, en las fajas de consumo individual, y comienza a operar de manera todavía incipiente en la esfera del consumo capitalista. El margen de la expansión, en ese contexto, es naturalmente estrecho y el crecimiento económico alcanza pronto sus límites. Desde 1960 aparecen puntos de estrangulación, que acabarán por conducir a la crisis.

El movimiento obrero sufre un retroceso. El patrón de crecimiento del proletariado, basado en las migraciones internas, llega a su paroxismo, con la rápida expansión del empleo que la industrialización preveía. La reconstrucción, aunque todavía temporal, de las fracciones que integran el bloque dominante, se refleja en la contención de las reivindicaciones obreras por la cúpula sindical, la cual se organiza en torno al heredero de Vargas: João Goulart, vicepresidente de la República. Mientras tanto, la inflación limitada pero persistente, acaba por reestimular los movimientos reivindicativos, que evolucionan hacia nuevas formas de organización.

En efecto, los sindicatos pasan a buscar fórmulas capaces de superar los obstáculos a la acción común de diferentes ramos, creados por la legislación del Estado Novo. Surgen órganos de coordinación intersectorial, los llamados “pactos de acción conjunta”, particularmente activos en aquellos sectores que habían tenido el mayor desarrollo a partir de la intervención del Estado en la economía. Así, serán los trabajadores de las empresas estatales v paraestatales —en los sectores del petróleo, ferroviarios, administración de los puertos— quienes fungirán como vanguardia de las movilizaciones obreras. El punto culminante de éstas se alcanza a fines de 1950, en la llamada “huelga de la paridad” que reunió en Río a portuarios, estibadores y marítimos, con el apoyo de otros ramos.

La “huelga de la paridad” fue, en una amplia medida, una acción que desbordó al aparato sindical, atropellando a los “peleles” y a las autoridades del Ministerio del Trabajo. Pero le sirvió al gobierno y en particular al Partido Trabajador, jefaturado por Goulart, como advertencia a las fuerzas antagónicas del bloque dominante, que habían fortalecido sus posiciones. Efectivamente, las elecciones presidenciales de 1960 consagraron la victoria de Janio Quadros, sostenido por la gran burguesía agrario-exportadora y ahora también industrial, aliada con el capital extranjero. Pero también triunfa como vicepresidente João Goulart, que tenía tras de sí a la mediana y pequeña burguesía industrial, al movimiento obrero y a los sectores de las clases medias. Así pues, se iba a modificar el cuadro de las alianzas, dejando atrás el corte horizontal entre la burguesía industrial y agrario-exportadora que había regido los movimientos de la política nacional desde los treintas.

El bloque burgués popular

El reordenamiento de las fuerzas con el que se iniciaba la década de los sesenta, expresado en la victoria simultánea de dos candidatos antagónicos, no era más que la manifestación visible de los cambios que tenían lugar en la sociedad brasileña. Al mismo tiempo, ocurrieron fenómenos menos evidentes, pero no menos decisivos para la evolución del movimiento obrero y de las luchas de clase en el país.

Uno de los acontecimientos que marcaron la segunda mitad de los años cincuenta había sido el surgimiento del movimiento campesino. Tradicionalmente ausente de la vida política, ignorado en las alianzas y compromisos de clases, el campesinado se había organizado a través de las Ligas Campesinas y peleaba por sus reivindicaciones. Las Ligas habían aparecido en el Nordeste, región extremadamente pobre y poco industrializada; su clientela estaba constituida sobre todo por campesinos parcelarios, generalmente desposeídos de títulos de propiedad, pero englobaba también a peones, insertados en un régimen semi-asalariado. Su impacto en la vida brasileña los había llevado a expandirse en dirección sur, en particular hacia Minas Gerais y Góias, donde, al lado del campesinado, existía un amplio contingente de asalariados, disponibles para la movilización. La toma de conciencia del mundo rural y el interés del Partido Comunista por contener la expansión de las Ligas, creadas fuera de su control, llevaron a la sindicalización de los obreros agrícolas, proceso que se aceleró en forma extraordinaria ya bajo el gobierno de Goulart, al promulgarse una ley de sindicalización. El proceso iba a tener corta duración, al ser interrumpido por el golpe militar de 1964, pero iba a resurgir después bajo los auspicios de la Iglesia Católica.

Una segunda línea de desarrollo del movimiento sindical, en aquella época, era la que pasaba por las clases medias. Organizadas corporativamente por el Estado Novo, que las había dotado de sindicatos y asociaciones, sus entidades más expresivas —en especial la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)— se iban a volver contra él y a participar en las luchas por la democratización del país, en 1945. Posteriormente, mientras un sector que se perfilaba hacia la UNE, se sumaba al movimiento nacionalista de los cincuentas, otro —en particular los profesionales liberales— se mantuvo en los cuadros de la oposición liberal. En los años críticos con los que se inició la década de los sesenta, se integraban al movimiento popular, además de los estudiantes, entidades sindicales de los empleados bancarios y del servicio público.

Pero lo importante no se encuentra en esta alineación de esas organizaciones, sino en el hecho de que no se daban cuenta de la situación real de las clases medias en aquel momento. Engrosadas por la proletarización (entendida ésta como separación de los medios de producción, no necesariamente como pauperización) de la pequeña burguesía, así como por el ascenso de cuadros de extracción proletaria, que la rápida expansión de los servicios había provocado, habían aumentado su peso en la sociedad. Constituían el sector social de mayor nivel educativo y se beneficiaban con el contacto fluido del exterior, lo que les permitió modernizarse y adquirir nuevos gustos y aspiraciones de consumo, así como generar nuevas formas culturales (de las que la “bossa nova”, forma híbrida de la samba y el jazz, es un buen ejemplo). Esto sucedía en un país con débiles estructuras partidistas, un aparato sindical envejecido y organizaciones sociales casi inexistentes, que carecían de canales de expresión. El gran mérito de la UNE, más maleable y naturalmente permeable a las élites intelectuales, fue el de haber servido como tribuna a esos sectores; de ahí advino la parte significativa del prestigio y de la fuerza que mostró la entidad en ese periodo. El golpe militar canceló ese ciclo en la historia de la representación de las clases medias, obligándolas a buscar otros recursos, que al final se revelaron más eficaces y duraderos.

Finalmente, entre los fenómenos profundos que afectaron al movimiento popular, a principios de los años sesenta, es necesario considerar la transformación de la propia clase obrera y la experiencia de lucha que vivió. El contradictorio resultado de las elecciones de 1960 puso al país bajo la dirección de la gran burguesía nacional y extranjera (que iba a esbozar, con Quadros, un programa de reformas que, después, incumbiría al régimen militar revisar y aplicar) pero lo hizo poniendo a su lado, en situación subalterna pero vigilante, al bloque burgués-popular, representado por Goulart. Esa extraña combinación no iba a durar. El propio Quadros se encargó de anularla con su renuncia, y la intentona frustrada de sus ministros militares, en el sentido de impedir la posesión de Goulart, al provocar la gran movilización popular, sólo logró apresurar la transferencia del poder. La situación se invirtió, el bloque burgués popular asumió la Presidencia, bajo la vigilancia de sus opositores, atrincherados en el Congreso que —para mayor seguridad— impuso a Goulart el régimen parlamentario. La lucha por la hegemonía regresó entonces a las calles, a través de la campaña por el restablecimiento del presidencialismo.

El movimiento obrero se vio de nuevo en la situación que había vivido en 1950: participar directamente en la disputa interburguesa, bajo la dirección de una de sus fracciones. Pero los tiempos habían cambiado. La presencia burguesa en el nuevo bloque en el cual participaba era ahora menos fuerte que en el pasado, mientras que aumentaba el peso popular, por la gran incidencia que tenían las clases medias, la pequeña burguesía propietaria y el campesinado, además de la propia clase obrera. Si en los idus del cincuenta los trabajadores se habían movido naturalmente hacia una relativa autonomía —como lo mostraba la huelga de 1953— con mayor razón lo iban a hacer ahora, cuando la correlación de las fuerzas los favorecía y la lucha de clases les exigía grandes esfuerzos, como las dos huelgas generales de 1962, en los marcos de la campaña presidencialista, que iba a llevar a ésta a la victoria.

Esa experiencia le permitió al movimiento obrero alcanzar grados superiores de organización. Entonces se constituye el Comando General de los Trabajadores (CGT), embrión de la anhelada central única, que contribuyó decisivamente a formar lo que debería ser la máxima instancia de conducción del movimiento de masas: el Frente de Movilización Popular (FMP), donde, al lado del CGT y con exclusión de los representantes de la burguesía, se encontraban la UNE y un conjunto de órganos recién creados: la Confederación de Trabajadores Agrícolas (CONTAG), el Comando General de los Sargentos, la Asociación de Marineros. Funcionando más como un parlamento que como un órgano ejecutivo, el FMP fue sin duda la experiencia más avanzada lograda hasta hoy por las fuerzas populares brasileñas en materia de diálogo y coordinación, a pesar de las marcadas diferencias de opiniones allí existentes.

La unidad que alcanzaba el movimiento obrero en su cúpula e imponía, por su ejemplo, a los otros sectores populares, tenía sin embargo limitaciones. En primer lugar excluía del CGT a los trabajadores agrícolas, al mismo tiempo que sancionaba la inclusión de entidades de la clase media. En segundo lugar, se realizaba a través de dirigentes que eran “peleles” del periodo anterior, los cuales le habían impreso al CGT un carácter acentuadamente burocrático y superestructural, al mismo tiempo que lo encuadraban en los límites bien precisos de la estrategia gubernamental. En tercer lugar, por su carácter de estructura sindical heredada del pasado, no aseguraba la representación en el CGT de los obreros de las nuevas ramas industriales —como la industria automovilística— que habrían de tener un papel decisivo en las luchas obreras del futuro.

Esas debilidades del movimiento obrero se pusieron en evidencia con el desarrollo de los acontecimientos, pero no responden directamente por el fracaso del gobierno de Goulart. Las brechas en el esquema de sustentación de éste surgieron como consecuencia de su política reformista y de la radicalización de los sectores populares, sin que el CGT o el frente que hegemonizaba pudiera impedir los actos de ruptura. Así sucedió en ocasión de la rebelión de los sargentos en Brasilia, en septiembre de 1963, y después en la movilización popular contra el decreto de estado de sitio qué Goulart propuso al Congreso, para hacer frente a la situación. En octubre, los servidores públicos se levantaron contra la política salarial, derribando el Plan Trienal del gobierno, que había sido ya objeto de críticas por los sindicatos. La tentativa de Goulart de pasar a una política ofensiva, esbozada en el comicio del 13 de marzo de 1964, fue, además de tardía, un gesto inconsecuente, que no contaba con un esquema de acción política y militar capaz de sostenerlo. El error le costó caro a Goulart y a las fuerzas que lo apoyaban, pero el precio más alto lo pagó la clase obrera.³

El resurgimiento del clasismo

El régimen militar, instaurado el 19 de abril de 1964, disolvió al CGT y al FMP, así como a la UNE y las organizaciones de masa de los militares; encarceló a los dirigentes sindicales o los obligó a exiliarse; e intervino en gran número de sindicatos, principalmente en los más activos. El derecho de huelga fue prácticamente suprimido. El régimen de estabilidad en el trabajo fue de hecho sustituido por el libre despido y sin causa justificada, medida que el artífice de la política económica, el entonces ministro de Planeación Roberto Campos, habría de considerar años después trascendental, dado que al eliminar el llamado “pasivo laboral” de las empresas (esto es, las indemnizaciones que tendrían que pagarse a los trabajadores despedidos) propició ampliamente la centralización del capital. Finalmente, la política salarial fijó rígidamente el salario mínimo ⁴, al mismo tiempo que subestimaba sistemáticamente el factor relativo a la inflación proyectada, lo que llevó al salario mínimo a caer de un nivel superior a los 500 cruceiros, en 1964, a un nivel inferior a los 400 cruceiros en 1966 (en moneda de marzo de 1974), tendencia declinante que se mantuvo hasta 1970 ⁵. En la medida en que el salario mínimo regula la escala salarial en su conjunto ⁶, la inmensa masa de los trabajadores se vio afectada por la política conocida como de “reducción salarial”, hecho agravado por la intensa rotatividad de la mano de obra que permitió la supresión de la estabilidad.⁷

Con sus sindicatos desarticulados o bajo intervención, sometidos a la infiltración policial y a la delación, los trabajadores iniciaron un paciente trabajo de reorganización que introdujo un dato nuevo en el movimiento obrero brasileño: los comités de fábrica, semiclandestinos, a partir de los cuales fue posible incluso reconquistar sindicatos. En ese proceso, tomaron la delantera los trabajadores de los sectores industriales de reciente implantación: los metalúrgicos, principalmente los del ramo automovilístico. Se trata de un proletariado joven, reclutado entre la población urbana y aun obrera, con experiencia laboral en la industria y, en su mayoría, constituido por mano de obra semicalificada y calificada, lo que supone cierto grado de instrucción ⁸. Ellos iban a ser quienes asumirían, de allí en adelante, el liderazgo del movimiento obrero.

En el contexto de las movilizaciones populares contra la dictadura militar, que se iban a iniciar en 1966 teniendo a los estudiantes a la vanguardia (habían reconstruido la UNE), se reanimó el movimiento obrero. Entre los puntos más elevados de su actividad, hay que mencionar la huelga metalúrgica de Minas Gerais, en abril de 1968, que se prolongó más de una semana; la del 14 de mayo en São Paulo, cuando las masas, reunidas en la plaza pública, expulsaron a pedradas de la tribuna pública a los representantes gubernamentales y promovieron sus propias elecciones; la huelga de los metalúrgicos de Osaco, en São Paulo en julio —la más importante de ellas—, que llevó a la ocupación de la fábrica realizada por los obreros, y la segunda huelga metalúrgica de Minas Gerais en octubre, que se convirtió en una huelga de sector global y coincidió con la huelga bancaria de Belo Horizonte. Esas luchas fueron cortadas de golpe a raíz del golpe del 13 de diciembre de 1968, cuando el régimen militar promulgó el Acta Institucional No. 5, que confirió al gobierno poderes discrecionales. Recrudeció la represión, con nuevas intervenciones en los sindicatos, acompañadas de prisioneros y exilio de dirigentes y militantes de base.

1968 no fue sólo el año en el cual la dictadura asumió su facción definitiva. Corresponde también al principio de una nueva fase de expansión económica —que el régimen bautizó como “milagro brasileño”— que se iba a extender hasta 1973. El periodo de crisis que la había precedido iba a servir para reconvertir la economía en beneficio del gran capital nacional y extranjero, que ya había asumido la conducción del bloque dominante en 1964. Junto con la apertura de la economía a las inversiones extranjeras, se asiste a una violenta centralización del capital y al aumento del grado de explotación de la clase obrera que —mediante la “reducción salarial”, la prolongación de la jornada de trabajo y la intensificación del ritmo de trabajo es abiertamente sometida a un proceso de sobreexplotación. Paralelamente se reducen las barreras aduanales, con vistas a forzar la elevación del nivel tecnológico interno, y se fomentan las exportaciones mediante subsidios fiscales y crediticios. Operando como capital industrial y financiero, la gran burguesía nacional y extranjera se ponía así al frente del conjunto de la clase, para integrar los dos subsistemas hasta entonces existentes —el agrario-exportador y el manufacturero interno— y fundir en uno solo los dos ciclos de reproducción económica en el que se originaban. Esa transformación profunda de la economía brasileña suprimía las bases para el patrón de contradicciones interburguesas que prevalecían en el país desde 1930, expresado en el corte vertical entre la fracción agrario-exportadora y la fracción agrario-industrial. Ahora —como se había podido ver ya en las luchas políticas de los años sesenta— el patrón de la lucha interburguesa iba a consistir en los choques de intereses entre el gran capital y las capas burguesas medias e inferiores, pero sin que esto llegara a configurar un verdadero corte en la lucha de clases. El proceso de reproducción de las capas burguesas subalternas dependía demasiado del gran capital para que le fuera posible enfrentarlo con un proyecto propio.

El proyecto de un Brasil alternativo tendría que gestarse, por lo tanto, fuera del campo burgués, en aquel espacio donde se mueven las clases explotadas de la sociedad. Fue ese corte horizontal de la lucha de clases que se afirmó en la coyuntura crítica de 1968 lo que puso en evidencia el papel decisivo que le correspondía a un movimiento obrero clasista. El desarrollo ulterior del proceso social y político brasileño dependería del modo como las distintas clases de la sociedad iban a asimilar esa nueva realidad, y tendría una influencia decisiva en la evolución del movimiento obrero.

De la resistencia a la oposición

La clase obrera necesitó de algún tiempo para reponerse de la derrota de 1968. Las condiciones políticas en que tuvo que hacerlo, por lo demás, no la favorecían. La configuración declaradamente dictatorial que había asumido el régimen militar excitó la indignación de sus cuadros más avanzados, así como la de los sectores de punta de la pequeña burguesía, en particular, del movimiento estudiantil y de grupos de militares, llevándolos a emprender una abierta resistencia. Durante cuatro años se sucedieron acciones armadas urbanas, a las cuales la dictadura respondía con violencia. Cualquier acto de oposición y aun de desacuerdo en relación con el régimen era, en ese contexto, asimilado al feroz enfrentamiento que sacudía al país. Esa situación duró hasta 1972, cuando la guerrilla urbana fue prácticamente eliminada.

El año de 1973 corresponde al momento de plena afirmación del régimen militar que —ante una sociedad sometida y una economía que presumía de tasas excepcionales de crecimiento— cree llegada la hora de la consolidación. Así pues, se dispone a dar principio a una relativa liberalización, destinada a asegurar su institucionalización. Pero entonces es cuando se inicia la reorganización de las fuerzas sociales, que dan por terminada la fase de resistencia; esto es, de la lucha contra la dictadura llevada a cabo en los marcos legales e institucionales del régimen. Ese cambio de táctica tendrá su puesto de avanzada en aquel sector obrero que había destacado ya al finalizar la década de los años sesenta como su sector de vanguardia: los trabajadores metalúrgicos.

La política laboral de la dictadura militar consistió en suprimirlas barreras a la explotación del trabajo por el capital, dando margen a una situación que la expresión “capitalismo salvaje” caracteriza bien. La jornada de trabajo fue prolongada de hecho en los sectores o ramas industriales más atrasadas y con bajo nivel de organización sindical —como la agricultura y la construcción civil—; mediante el régimen de horas extras forzadas en los demás. Cuando ya era sensible la resistencia obrera, un dirigente sindical insospechado, por su capacidad de acomodamiento —Joaquim Santos de Andrade, del Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo—, denunciaba que en esa rama “los obreros se encuentran trabajando doce horas por día”, aclarando que el 97 % de los metalúrgicos de São Paulo tenían el siguiente régimen de trabajo: ocho horas diarias, dos horas extraordinarias (máximo permitido por la CLT, salvo en casos especiales) y más de 1.36 horas diarias bajo el pretexto de compensar el descanso del sábado, descanso inexistente ya que ese día se encontraba en vigor una jornada de ocho horas; en total, los obreros trabajaban 66 horas a la semana, en lugar de las 48 horas que la ley establece. A eso había que sumarle la manipulación del sistema de turnos que —siempre en el ramo metalúrgico le permitía al patrón apropiarse, como tiempo de trabajo, de doce horas semanales del tiempo de descanso del obrero.⁹

Junto con la prolongación de la jornada, las empresas recurrían a la intensificación del ritmo de trabajo. Sabemos que esto es posible mediante dos procedimientos: el aumento de los instrumentos de trabajo que el obrero maneja y el incremento de la velocidad de las máquinas; el segundo es más importante en los ramos cuya producción utiliza el trabajo en cadena, como el metalúrgico, lo que no quiere decir que no se use allí también el primero. Una investigación de campo, realizada en una fábrica automovilística de São Paulo en 1974-75, mostró que el incremento en la carga de trabajo de los obreros, desde su entrada a la fábrica, variaba entre el 20 y el 50%, según la categoría.¹⁰

Indicamos ya el carácter constrictivo de la política salarial. En 1973, y en dinero de marzo de 1974, a pesar de que los índices de aumento habían sido algo superiores a partir de 1971, el salario mínimo real en Río de Janeiro era de 343 cruceiros (promedio anual), por lo mismo igual al de 1968 (373 cruceiros en ambos años, si incluimos el 13% del salario) ¹¹. El salario medio real en la industria había evolucionado de manera poco más favorable (28 % en relación a 1969) quedando más bien por detrás del aumento de la producción (en el mismo periodo, el índice del producto industrial real se elevó un 62%) y de la productividad del trabajo (el índice del producto industrial por trabajador empleado en la industria pasa ‘del 100 al 135 en ese periodo) ¹². Observemos que estas cifras son solamente indicativas, siendo pocos los estudios existentes sobre el movimiento real de los salarios; uno de ellos, relativo a un grupo de grandes empresas de la región centro-sur, indica que entre abril de 1966 y abril de 1972, los obreros calificados tuvieron pequeños aumentos en sus salarios reales, mientras que los salarios de los semi o no calificados se mantuvieron iguales o cayeron hasta en un 8%. ¹³

En 1973, la clase obrera se encontraba todavía a la defensiva y su vanguardia de masa —los trabajadores metalúrgicos del centro-sur, particularmente los de la industria automovilística y mecánica— apenas comenzaban a reorganizarse. Sin posibilidades aún de presionar a los patrones mediante el recurso por excelencia de la lucha obrera la huelga, la clase inició acciones de desgaste, que herirían al capital exactamente en su avidez de más trabajo suplementario, o sea obstaculizando los mecanismos de prolongación de la jornada y de intensificación del ritmo de trabajo. El movimiento más notable de 1973 fue el rechazo de los obreros calificados de la Volkswagen a trabajar horas extras; durante ese año y el que siguió, se difundió en el ramo metalúrgico paulista y se extendió a otros ramos y regiones la resistencia de los obreros, mediante protestas, paros y operaciones tortuga.

En 1974, con el cambio institucional de gobierno, la acción obrera pudo pasar al terreno de la reivindicación salarial abierta. La denuncia del nuevo jefe del equipo económico gubernamental, Mario Henriques Simonsen, en el sentido de que los índices de inflación de 1973 habían sido falseados para justificar los cortes en los aumentos de salarios, dio a los proletarios motivo para desencadenar una campaña por la reposición del salario. El ascenso de las luchas obreras tomó así otro carácter; al principio las acciones se dieron de modo casi espontáneo, mediante la articulación incipiente de órganos de base clandestina, pero entonces los sindicatos eran empujados por las bases y se movían a la luz del día, bajo la cobertura que les daba la confesión del propio régimen.

La relegitimación del movimiento sindical se acentuó en los años siguientes, dentro de un contexto caracterizado por el proceso de distensión política, que su gestor, el entonces presidente de la República, general Ernesto Geisel, calificó como “lento, gradual y seguro”. La distensión, primera fase de la redemocratización del país, obedeció a un conjunto de factores de índole muy diferente. Indicamos ya que la desarticulación de la izquierda —a partir de la represión a la lucha armada— y la expansión económica predisponían al régimen, en 1973, a avanzar en ese sentido. Eso sucedía con más razón todavía porque el régimen pretendía concretar al fin el ideal subimperialista que lo había animado desde su nacimiento; el acuerdo nuclear con Alemania Federal, en 1975; y el protocolo de consultas mutuas, firmado con los Estados Unidos por la mano de Kissinger en 1976, así lo habían demostrado. Esas pretensiones a una hegemonía subordinada exigían la institucionalización del país dentro de los moldes liberal-democráticos, propios del capitalismo desarrollado, aunque los militares concibieran esto, en aquel momento, de una manera muy restringida. El ascenso de James Carter a la presidencia de los Estados Unidos, al dar nuevo énfasis a la cuestión de los derechos humanos, iba a reforzar esa tendencia, tanto como la relación privilegiada que el régimen militar buscó establecer con el gobierno germano occidental, entonces en manos de la social-democracia.

Internamente, las presiones de la sociedad civil también se acentuaban. Desde la primera alza de los precios del petróleo, el supuesto “milagro brasileño” mostró tener los pies de barro. En efecto, aunque la expansión del capital industrial y el desarrollo del capital financiero, desde 1967, habían favorecido cierta homogeneización y la afirmación de su hegemonía sobre el conjunto de la economía, ésta no superaba completamente la desarticulación que afectaba a su esquema de reproducción. Es cierto que las exportaciones habían aumentado visiblemente, pasando, entre 1964 y 1973, de un total inferior a 1 500 millones a más de 6 billones de dólares. La industria había participado en esto de una manera absoluta y relativa —las exportaciones de productos manufacturados se elevaban de algo menos de los 100 millones de dólares en 1964, equivalentes al 7% del total, hasta los 1800 millones en 1968, casi un 30% del total— y la agricultura había diversificado las suyas, incluyendo junto con el café y otros ítems tradicionales, nuevos productos, en particular la soya. Pero ese proceso no había implicado una homogeneización perfecta de la esfera de circulación que continuaba haciendo una diferencia entre el mercado externo y el interno, con lo que se acentuaban las disparidades de la esfera productiva, tanto al nivel de los sectores y ramos (marcadamente en la agricultura, donde se profundizaba el corte entre la producción para la exportación y la producción para el mercado interno), cuanto a nivel de las empresas (la gran empresa industrial y los grandes grupos comerciales acaparando los frutos del comercio exterior).

Esta imperfecta homogeneización de la esfera de circulación resultaba directamente de la superexplotación del trabajo en el plano de la producción, que —induciendo a la concentración de la renta— repercutía en el mercado interno a través de la ampliación de las brechas entre la esfera alta y la esfera baja de circulación: mientras que la primera, formada por el consumo de los capitalistas, de las clases medias y, eventualmente, en fases de expansión de una pequeña fracción del proletariado, se asimilaba al comercio exterior por la estructura de los bienes que la integraban y por su dinamismo, la esfera baja —enteramente creada por los salarios— se apartaba, modificando más lentamente su composición y manteniéndose deprimida. En este sentido, recordemos que entre 1960 y 1970, el 5% más rico de la población había aumentado su participación en la renta global del 27.3 al 36.3% y el 80°/ más pobre había reducido la suya del 45.5 al 36.8% mientras que los 15% medios se mantuvieron estables, en un 27%. Se entiende así que entre 1964 y 1970 el índice de la producción industrial dentro de un ramo como el del material de transporte se hubiera elevado del 92.4 al 225.2, mientras que en un ramo como el textil se redujera del 101.6 al 97.2 o, en vestido y calzado, se mantuviera estancado, alrededor del 113; industrias de bienes de salario como estas últimas sólo se iban a dinamizar, en los setentas, al vincularse con el mercado exterior.

El nuevo ascenso

La dialéctica de la dependencia brasileña la llevaba así a modificar su forma, no su profunda configuración. En su expresión definitiva, esa dependencia es el resultado de una economía capitalista incompleta, que por eso mismo no fue capaz de desarrollar plenamente la forma del valor en tanto que dinero. La moneda nacional funciona internamente como medio de circulación y de pago —incluso, aunque insuficientemente, como reserva del valor—, pero no llega a revestir el carácter de dinero mundial; en consecuencia las relaciones de la economía interna con el mercado internacional quedan condicionadas a las disponibilidades en monedas extranjeras que tengan ese carácter. En el Brasil de mediados de los años setenta, la estructura productiva seguía dependiendo de la importación de máquinas, tecnología y materia primas esenciales —modificándose sólo su grado de sofisticación y su volumen— que era financiada por las exportaciones —ahora incluyendo también productos manufacturados y productos agrícolas nuevos—, fijando por lo tanto éstas el límite de la acumulación del capital. Para flexibilizarlo, se acudirá en los años setenta a un cierto esfuerzo de sustitución en la prestación de servicios (como en el transporte marítimo) y de exportación de capital al exterior, aunque ésta última —teniendo al Estado como principal protagonista— se concentrara sobre todo en la creación de una infraestructura capaz de acelerar la circulación externa de mercancías, mediante la expansión bancaria o el financiamiento de obras y compras en el exterior, y sólo embrionariamente de ese origen a la transferencia real de dinero y tecnología (que es lo que de hecho podría promover transferencias líquidas en un sentido inverso). Pero ese esfuerzo era insuficiente para las pretensiones de grandeza del régimen y para la avidez de lucro del capital que operaba en Brasil, llevándolos a recurrir al mecanismo tradicional de la dependencia para ampliar el radio de la acumulación de capital: las inversiones extranjeras: En el mundo capitalista de los años setenta, esas inversiones habían asumido prioritariamente la forma de préstamos y financiamientos, motivando el crecimiento potencial de la deuda externa y llevando al país a naufragar a principios de la siguiente década, en la mayor crisis financiera de su historia, que acentuó de una manera brutal los rasgos principales de su dependencia.

Las dificultades que empezó a enfrentar la economía brasileña, a partir de 1974, y que configurarían luego una situación de receso, exacerbaron, como siempre sucede, las divergencias de intereses de las clases y grupos sociales, provocando movimientos en las bases de sustento del Estado y forzándolo progresivamente a buscar medidas de descompresión. La clase obrera, que se había movilizado desde 1973, se sumó a la ir tranquilidad creciente de la pequeña burguesía —que veía amenazados sus privilegios en la esfera de consumo— y de la propia burguesía, la cual, en el contexto de una campaña contra la intervención del Estado en la economía, empezó a destacar en su interior a los primeros grupos industriales favorables al control directo del aparato estatal, con prescindencia de la intermediación militar, tendencia que iría aumentando a medida que el capital financiero acentuara su presión, mediante la tasa de intereses, para apropiarse de la plusvalía generada en la producción. En las elecciones generales de 1974, el tránsito de las luchas sociales brasileñas de la resistencia a la oposición se concretaría, uniéndose las fuerzas descontentas para adjudicar sus votos, por primera vez, al único partido legal de oposición: el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Así se configuraba un frente político integrado por la pequeña burguesía, sectores de la burguesía y la clase obrera, y respaldado por la Iglesia Católica, que traía de la mano al movimiento sindical rural, al campesinado organizado y a las asociaciones populares urbanas, en cuya organización había invertido notable esfuerzo. Desde ese momento, la redemocratización se convertía en una exigencia de la lucha de clases en el país, que el régimen militar podía aspirar a moderar y dirigir, pero que no estaba en condiciones de impedir.

Tras la coyuntura de 1977 —que había visto acentuarse la reorganización y el descontento de la clase obrera, al mismo tiempo que la pequeña burguesía se lanzaba a la campaña por la amnistía de los presos y exiliados políticos— el año de 1978 propició el primer enfrentamiento directo del movimiento obrero con la patronal y con la dictadura militar, la huelga en la industria automovilística que, habiendo principiado en São Bernardo, se había extendido después a las otras áreas de la industria del Gran São Paulo. Primer gran movimiento huelguista después de 1968, puso en escena a una clase obrera lúcida, disciplinada y combativa. La propia forma de la movilización constituía un hecho nuevo en Brasil: dentro de un contexto que favorecía el despido de los huelguistas por los patrones y que dificultaba la ocupación de las fábricas, los obreros no abandonaron el trabajo, limitándose a permanecer con los brazos cruzados junto a las máquinas inmóviles, en una ocupación de hecho, durante el tiempo necesario (una semana en la Ford). La dirección del movimiento se mantuvo en manos de los sindicatos —los cuales se habían fortalecido a partir de la campaña por la reposición salarial, registrándose en la industria automovilística y solamente en el año de 1978 un crecimiento en los efectivos sindicales que fue del 20% en la Chrysler, más del 25% en la Ford, 16% en la Mercedes y más del 10% en la Volkswagen— ¹⁴; los sindicatos, pues, demostraron contar con un apoyo efectivo de las bases y reforzaron su unión con ellas, mediante la utilización de delegados, núcleos de acción y comisiones coordinadoras. El movimiento confirmó el papel de vanguardia de los obreros metalúrgicos y ratificó la importancia de la empresa como centro de actividad sindical, ya que —como se había esbozado en 1968— no se basó en la movilización de la categoría sino antes bien en la acción, teniendo como eje el establecimiento fabril.

La huelga metalúrgica de mayo de 76 centralizó la atención de la opinión nacional, acentuó la activación de la pequeña burguesía y de los sectores populares y generó un periodo de agitación obrera que se extendió a São Paulo y a los otros centros industriales, en particular al centro-sur.

Los obreros industriales mantuvieron el liderazgo absoluto de las movilizaciones, al realizar las tres cuartas partes de las huelgas de ese periodo, pero todos los otros sectores también participaron:

1979 marcó el punto alto del ciclo iniciado en 1974. El cambio de gobierno, con la designación del general João Baptista Figueiredo, impulsó el proceso de redemocratización hacia su segunda fase —la de la apertura—, al decretar una amnistía relativamente amplia. En el plano institucional, la apertura iba a proseguir en los años siguientes, a través de la reformulación partidaria de 1980, que flexibilizó el cuadro partidista, las elecciones generales de 1982 y la toma del poder de los diez gobernadores estatales elegidos por la oposición, en marzo de 1983. En medio de una cierta resistencia de los sectores militares descontentos y algunas maniobras desestabilizadoras, la sucesión presidencial acabaría por normalizarse en noviembre de 1984, para permitir, en enero del año siguiente, la designación de un civil y representante de la oposición —Tancredo Neves— a la Presidencia de la República. Observemos también que 1979 fue el año en el cual la crisis estructural de la economía, tras de permitir una breve mejoría de los indicadores económicos, los llevó a una brusca caída y, tras una mejoría aparente en 1980, desemboca finalmente en una violenta recesión.

En abril, después de una intensa preparación, los metalúrgicos del ABC ^* entran en huelga, movilizando a cerca de 200 mil obreros. En esta ocasión, cancelado el elemento sorpresa, los huelguistas no pudieron proceder a la ocupación blanca de las fábricas, que ya habían realizado en 1978, siendo forzados a echar mano de piquetes que la policía hostilizaba ferozmente. La posición del gobierno recién llegado al poder era más dura, y éste procedió a la intervención de los tres sindicatos involucrados al entrar la huelga en su segunda semana, destituyendo y arrestando a sus dirigentes. La gran organización de los huelguistas contaba con direcciones alternativas para hacer frente a esta eventualidad y con comités de huelga bien estructurados; esto, así como su disposición combativa, les permitió mantener el movimiento todavía durante cuatro días, para concluir al final en una tregua con los patrones.

La huelga [señala un autor] no fue un éxito completo para los obreros. Los tres sindicatos se vieron muy cercanos a una seria derrota y forzados a aceptar una solución de compromiso. Al final de tres meses de negociaciones difíciles, los términos del acuerdo eran sólo marginalmente mejores de lo que habían sido antes de la intervención. Sin embargo, la huelga fue una seria derrota para los patrones y el Estado. En lugar de poner fin a la huelga con la intervención de los sindicatos, el Estado presenció cómo los líderes depuestos continuaron a la cabeza del movimiento. El Estado se vio forzado a reconocer a los líderes depuestos como los legítimos representantes de los obreros y se vio forzado a aceptar que sin esos líderes el movimiento en el ABC hubiera provocado más problemas a corto plazo. O sea que el movimiento podía seguir existiendo sin los líderes sindicales: la intervención no podía producir los efectos deseados. Los patrones, cuyo objetivo era infligir una pesada derrota a los sindicatos, con el fin de invertir los avances conseguidos por ellos y recuperar lo que habían cedido en mayo de 1978, se veían con un sindicato con mayor credibilidad que nunca.¹⁵

En todo el país, el movimiento reivindicativo se extendió, haciendo subir el número de huelgas.

El cuadro de arriba ilustra que el aumento de huelgas en 1979 se debe sobre todo a la aceleración del movimiento reivindicativo en los sectores de servicio, clase media asalariada y no asalariada, disminuyendo las huelgas de los obreros industriales. Esta reducción se compensa, en cierta medida, por el aumento relativo de las huelgas promovidas por grupos de empresas o por categorías, lo que implica una movilización mayor de efectivos y representa un elemento favorable a la resistencia ante una represión gubernamental incrementada. Así, en el total de las huelgas de obreros industriales, las huelgas por establecimiento equivalieron al 92.3% en 1978, cayendo al 72.55 en 1979; en los otros sectores, las huelgas por categoría representan un peso muy superior: el 46% en la construcción civil, el 71.4% en los servicios, el 54.9% para los asalariados de clase media y el 94.1% para los no asalariados, en 1979, siendo que, en los siguientes años, mantendrán su importancia sobre todo los tres últimos, debido a la menor capacidad de transacciones fraudulentas que se les presentan.¹⁶

El ascenso del movimiento reivindicativo de los trabajadores, en 1979, forzó al régimen a modificar, por primera vez, su política salarial, abandonando la “reducción” que se había, establecido en 1965. La nueva ley salarial, vigente a partir del 1° de noviembre, eliminó la fórmula que sujetaba los salarios al residuo salarial (o inflación proyectada), la indexación, pasando a basarse en un nuevo índice de precios: el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), establecido mensualmente en función de una muestra de familias que ganan hasta cinco salarios mínimos. Los reajustes salariales dejaron de ser anuales para volverse semestrales y garantizaban el 10% por encima del INPC para los trabajadores que ganaban tres veces el salario mínimo y un aumento igual al INPC para los que recibían hasta diez veces el salario mínimo, siendo progresivamente inferior para las fajas más elevadas; modificaciones menores posteriores no iban a alterar ese cuadro (que sólo se modificaría en 1983, para ceder a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional).¹⁷

Al mismo tiempo en que cedía en el terreno salarial, el gobierno endurecía, empero, su política represiva. La huelga metalúrgica del ABC en 1980 se realizó bajo una violenta presión gubernamental que disolvió a fuerza piquetes y manifestaciones, intervino en los sindicatos, arrestó y encuadró a sus líderes en la Ley de Seguridad Nacional. Ni siquiera la presencia del Papa, de visita entonces en Brasil, moderó la actuación del gobierno, aunque la Iglesia Católica, en particular sus máximos representantes en São Paulo y en el ABC, hubiera patentizado su efectivo apoyo y solidaridad a los huelguistas; por el contrario, el gobierno estableció con el clero un nivel de enfrentamiento tal, que llegó a ventilarse la posibilidad de que el obispo de Santo André —que había asumido públicamente la gestión de fondo de la huelga, tras la intervención en el sindicato— fuera procesado también por crimen contra la seguridad nacional. La actitud del gobierno en relación a la Iglesia y el interés de los políticos de la oposición por la continuación de la apertura —entonces en la fase de reformulación partidaria— cerraron ambos a los huelguistas la oportunidad de obtener otros apoyos, llevándolos finalmente a la suspensión de la huelga. Estos dos elementos —el ablandamiento de la política salarial y la represión gubernamental— bastarían por sí mismos para explicar el comportamiento de los movimientos huelguistas en 1980. En ese año el total de las huelgas se redujo a 58 (sólo 19 realizadas por los obreros industriales); la recuperación posterior del movimiento no le permitiría volver a exhibir el dinamismo de 1979.

Las dos tendencias

Otro factor iba a influir también en el movimiento obrero, contribuyendo a frenar su ascenso en tanto que movimiento social: el proceso de reorganización en el que se empeña por entonces y las repercusiones que tendrá sobre él el reacomodo de las fuerzas políticas, tras la reformulación partidaria. Desde 1980 es visible la agitación reinante en el ambiente sindical alrededor de la revisión de la estructura sindical y de la creación de una central única, realizándose con el correr del año reuniones con ese fin, entre las cuales el Encuentro Nacional de Oposiciones Sindicales (ENOS) y el I Encuentro Nacional de Trabajadores en Oposición a la Estructura Sindical (ENTOES), así como la creación de la Articulación Nacional del Movimiento Sindical y Popular (ANAMPOS), de corta vida. El 21 de marzo de 1981, 183 unidades reunidas en São Paulo lanzan la convocatoria de la 1 Conferencia de las Clases Trabajadoras (CONCLAT), crean la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) encargada de concretarla, y establecen su temario (que comprende seis puntos: reivindicaciones y legislación trabajadora, sindicalismo, previsión social, política salarial y económica, política agraria y problemas nacionales), y fijan los criterios de participación. Las consignas para la campaña preparatoria de la CONCLAT eran: estabilidad en el empleo; salario mínimo real unificado; libertades democráticas; libertad y autonomía sindical ¹⁸. En ese mismo año, entre mayo y junio, tuvieron lugar doce Encuentros Estatales de las Clases Trabajadoras (ENCLATs) donde fue posible realizarlos, involucrando 908 entidades, entre federaciones, sindicatos rurales y urbanos, asociaciones presindicales y profesionales.

La I CONCLAT se verificó en Praia Grande, São Paulo, del 26 al 28 de agosto de 1981, con la presencia de 1091 entidades, representadas por 5 036 delegados y respaldadas por 12 millones de trabajadores.

El cuadro de arriba evidencia el predominio de las entidades de base, sumando los delegados de las federaciones y confederaciones (Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura del Brasil; Confederación de Profesores del Brasil; Confederación Nacional de los Trabajadores de la Comunicación y Publicidad; Confederación de los Trabajadores de los Transportes Marítimos, Fluviales y Aéreos) cerca del 40/o. Muestra también que los sindicatos urbanos, que representan el 43% del total, contaron con una representación proporcionalmente superior (60% de los delegados), sucediendo al revés con los sindicatos rurales, probablemente por los criterios de participación adoptados, que favorecen a las pequeñas entidades (hasta de dos mil afiliados: con un representante por mil; hasta diez mil: uno por dos mil y así sucesivamente). No permite detallar finalmente, entre los sindicatos urbanos, cuáles son los que correspondían a los obreros industriales (industria de la transformación, transporte y servicios básicos), cuáles a los de la construcción civil y a los servicios (bancarios, comerciales, etcétera).

Las principales resoluciones de la 1 CONCLAT consistieron en la aprobación del Plan de Luchas, o plataforma de acción; en la fijación del Día Nacional de Lucha, fijado para el 1° de octubre, con la recomendación expresa de que se discutiera en tanto en todo el país la realización de una huelga general; y en la creación de la Comisión Nacional Pro-Cut, destinada a avanzar en el proceso de la formación de la central única de trabajadores, que se constituiría en un Congreso de Clases Trabajadoras (CONCLAT) a realizarse en agosto del siguiente año. A pesar de estos acuerdos, el cónclave no fue un lecho de rosas: allí cristalizaron dos tendencias, cuyo enfrentamiento anularía ulteriormente la mayor parte de las decisiones tomadas, comenzando por la Comisión Pro-Cut, que iba a funcionar con extremada dificultad y a producir escasos resultados. Esa división nacía en el plano sindical, pero se proyectaba en la esfera política.

Por un lado, se encontraba el liderazgo de los metalúrgicos del ABC, destacando la personalidad de Luis Inácio da Silva (Luía) que encabezaba un bloque minoritario pero combativo, de oposición urbana y formado por entidades de base. Su ideología enfatizaba la acción directa de las masas; cuestionaba las alianzas de clases fuera del campo popular (excluyendo, así, cualquier tipo de acuerdo con la burguesía), negaba legitimidad a la estructura sindical vigente, proponiendo su inmediata reformulación; y, naturalmente, asumía una postura radicalmente opuesta al régimen militar. Esa posición no derivaba de una concepción teórica definida, lo que la haría vulnerable a las disputas de pequeños grupos y podría llevarla a amalgamar actitudes contradictorias. Bajo cierto punto de vista y en la medida en que tendía a ignorar la especificidad de lo social y de lo político, así como sus mediaciones, reasumía la tradición clasista y libertaria del anarcosindicalismo, en el contexto de una motivación política, que la llevó a erigirse en partido: el Partido de los Trabajadores (PT).

Por otro lado, se ubicaba la tendencia conocida como Unidad Sindical (o, como la apodó el PT, “Bloque de la Reforma”), cuya figura central era también un dirigente metalúrgico: Joaquim Santos de Andrade, del Sindicato de los Metalúrgicos de São Paulo, antiguo “pelele” cuyo reinado de veinte años pasó del acomodamiento a la política laboral de la dictadura militar a la militancia en las huestes más liberales de la oposición. Agrupando los liderazgos de la cúpula de la estructura sindical, encastillados en las federaciones y confederaciones, y contando con un fuerte apoyo en el sindicalismo rural —vía la CONTAD— y en las entidades de asalariados de clase media —en particular entre los funcionarios públicos—, Unidad Sindical prefería la acción por la cúpula, buscaba la alianza con la burguesía oposicionista y consideraba la estructura sindical vigente un instrumento útil y necesario en la actual fase de organización del proletariado brasileño; su única coincidencia con la corriente petista era la oposición a la dictadura militar. Integrada al partido PMDB —que había resultado del antiguo MDB, a exclusión de los sectores minoritarios que constituyeron el PT y el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), bajo el liderazgo de Leonel Brizola—, Unidad Sindical se iba a constituir en su seno en una pieza clave e iba a unir su destino al proceso de hegemonización de ese partido por la burguesía oposicionista, con vistas a la recuperación del Estado.

En estas circunstancias es natural que la coyuntura electoral de 1982 exacerbara las divergencias entre las dos corrientes e hiciera impracticable la realización del CONCLAT en la fecha prevista, el mes de agosto. Por iniciativa de Unidad Sindical el evento fue aplazado. En septiembre se produjeron los primeros enfrentamientos en la reunión de la Comisión Pro-Cut en Brasilia; más allá del retiro de algunos representantes del bloque petista, bajo el alegato de que su mandato expiraba en agosto, Unidad Sindical forzó la aprobación de resoluciones que reforzaban el poder de las Federaciones y las Confederaciones en la Comisión, sustrayéndola a la legitimación por las bases; se ampliaba la Comisión en detrimento de los estados, donde era más fuerte la penetración petista, y se señalaba como fecha para el CONCLAT agosto de 1983. La confrontación se eludió, empero, y una nueva reunión de la Comisión con la presencia de los dos bloques, se verificó el 27 de noviembre, decidiéndose realizar el CONCLAT el 26, 27 y 28 de agosto de 1983, con la creación del CUT en la agenda y recomponiendo la propia Comisión.

La división sindical

El año de 1983 se inició con los preparativos para los encuentros o congresos estatales (ENCLATs-CECLATs), realizándose éstos en abril y agosto, eligiendo la mayoría de ellos representantes ante el CONCLAT. A diferencia de 1981, las reuniones se realizaron en todo el país, en total 25 unidades de la Federación, con una participación sensiblemente superior en entidades y delegados. El 21 de julio, con la participación unitaria de las dos corrientes, se realizó el llamado “Día Nacional de Huelgas con Manifestaciones”, que tuvo resultados desiguales y, en todo caso, limitados.

Pero la coyuntura social y política era difícil: desde finales de 1982, inmerso en la más grande crisis de su historia moderna, el país había cedido a las presiones internacionales y había recurrido al FMI. Las consecuencias de la crisis, junto con el empeoramiento del desempleo y el endurecimiento de la política económica del gobierno, en la dirección exigida por el FMI, agravaron los conflictos laborales. Al mismo tiempo que intervino en cinco sindicatos en junio para contener un estallido huelguista, el gobierno trataba de imponerle al Congreso la revisión de la política salarial, con el fin de restablecer la “reducción”, lo que acabaría por dar sus resultados en octubre. En ese contexto se produce la división del movimiento sindical: después de una tempestuosa reunión en el Sindicato de los Metalúrgicos de São Paulo, el 14 de agosto, en vísperas de la fecha señalada para el CONCLAT, la Comisión Pro-Cut se dividió en dos bloques. Por un lado, el sector liderado por Unidad Sindical, que aplaza la realización del Congreso durante sesenta días y disuelve prácticamente la Comisión en una reunión ampliada, fijada para la siguiente semana; por el otro, el bloque petista, que confirma la realización del Congreso en la fecha establecida, en São Bernardo.

El CONCLAT realizado en São Bernardo el 26 y 27 de agosto de 1983, además de establecer el nuevo Plan de Luchas y decidir la realización de una huelga general, crea la CUT, aprobando sus Estatutos y eligiendo su dirección, y establece la fecha de agosto del siguiente año para la realización de su Congreso Nacional. Un criterio más flexible de representación (sindicatos con hasta dos mil afiliados: dos delegados de dirección y tres de base; con hasta diez mil: tres y cinco; etcétera) le aseguró una concurrencia nutrida, distribuida así:

Más equilibrado en su composición que la primera CONCLAT, el CONCLAT de São Bernardo duplicó la participación del campo y de los funcionarios públicos, reduciéndose un poco el peso de los trabajadores urbanos (sin que sea posible precisar el del proletariado industrial) en tanto veía reducirse el de los órganos de la cúpula. Su penetración nacional es más uniforme que la de la primera CONCLAT y es compatible con la distribución geográfica de los trabajadores asalariados, como se puede observar abajo:

Cuatro días después de la clausura del Congreso de São Bernardo, la corriente de Unidad Sindical, constituida en Comisión Organizadora, convoca a su propio congreso para los días 4 y 6 de noviembre, con ubicación en Praia Grande. Incluyendo entre sus resoluciones cuestiones programáticas y organizativas, así como un plan de luchas, y la creación de la Coordinación Nacional y del Consejo de Coordinación Nacional de la Clase Trabajadora (CONCLAT, ambos), el CONCLAT de Praia Grande contó con la presencia de 4 234 delegados, en representación de 1 243 entidades, distribuidas de la siguiente manera:

La representación por actividades económicas, según la propia CONCLAT, es la siguiente:

La distribución regional muestra lo siguiente:

Tomando como base las entidades el CONCLAT de Praia Grande se caracteriza por el fuerte peso del sindicalismo agrícola (más de la mitad del total) y por una incidencia significativa de asalariados de los servicios (más del 30% ), tocando al proletariado industrial una presencia equivalente a la cuarta parte del total. La distribución regional de sus afiliados no difiere notoriamente de la del CONCLAT de São Bernardo.

En el curso de 1984, la CUT dio una demostración de actividades más relevantes, realizando conquistas de posiciones sindicales, lo cual indica que su dinamismo es más grande que el del CONCLAT. En ese año el hecho nuevo y más significativo en el movimiento obrero fueron las movilizaciones huelguistas de los trabajadores agrícolas, principalmente los de la caña de azúcar en São Paulo y en el Nordeste. Tales huelgas fueron relevantes por la irrupción de esa nueva fuerza en las luchas obreras, por su combatividad y por el grado de violencia empleado por los patrones y por la policía para contenerlas, saldándose a pesar de todo con victorias. En São Paulo, donde desbordaron la estructura sindical, fue visible la penetración de la CUT en ese sector, que Unidad Sindical había monopolizado hasta entonces. Junto con ellas, conviene recordar la prolongada huelga nacional de los maestros universitarios, las amenazas de huelga general bancaria y las huelgas parciales de los funcionarios de previsión social, junto con acciones aisladas de los obreros.

El contexto general de relativa debilidad para los trabajadores —afectados por la extensión del desempleo— y la formidable campaña popular por el establecimiento de las elecciones directas para la Presidencia de la República —en la que destacó por su activismo la pequeña burguesía—, la cual canalizó buena parte de la actividad de las masas, no hizo de 1984 el año más favorable para retomar plenamente las luchas reivindicativas. Es de suponerse, empero, que tras un periodo de tregua que fue concedido al gobierno que habría de asumir en marzo de ese año, y si éste no fuera capaz de atender las demandas más sentidas por los trabajadores, sus luchas habrán de recrudecer para alcanzar niveles insospechados. La movilización en que se encuentran las distintas fuerzas —desde obreros industriales hasta trabajadores agrícolas y asalariados de la clase media—, el nivel de organización ya alcanzado y el desarrollo de su espíritu combativo configuran una tendencia en ese sentido, que el clasismo no comprometido con el gobierno sólo podrá acentuar.

El socialismo

A lo largo de su desarrollo, el movimiento obrero brasileño pone en evidencia las determinaciones profundas de que depende su curso y que conviene reafirmar aquí. Destaca en primer lugar la relación que guarda con la composición y las estructuras de la clase media, características que, a su vez, resultan directamente del volumen y de la dirección de la acumulación del capital. Es el hecho de que el país se industrializa lo que lo convierte en un verdadero proletariado industrial, del mismo modo que el cauce por el cual corre a la industrialización crea constantemente nuevos sectores de trabajadores y propicia cambios bruscos en el liderazgo del movimiento, ocupado primero por los obreros gráficos y textiles, luego por los obreros de las empresas estatales y paraestatales y finalmente por los trabajadores de las nuevas industrias de los años sesenta y setenta, en especial la automovilística. Este proceso viene acompañado por una elevación del nivel de instrucción de sus efectivos y por la sustitución de un patrón de crecimiento, basado en el reclutamiento de mano de obra rural, por otro, que implica dar prioridad a la incorporación de miembros con una cultura urbana e industrial, particularmente en los ramos en los que se acentúa el progreso técnico.

Paralelamente a este proceso, a partir de los años sesenta se asiste a la transformación de la mano de obra semiasalariada del campo en auténtico proletariado, cada vez más urbano (ya que se ve forzado a abandonar el medio rural para alojarse en la periferia de las ciudades, de donde sale a trabajar en la agricultura) y que emerge, en esta primera mitad de la década de los ochenta, dispuesto a —luchando por sus derechos— ocupar el lugar que le corresponde dentro del movimiento obrero. El aumento del peso y de la influencia del proletariado rural está directamente ligado a la participación que tuvo en la crisis brasileña el alza de precios del petróleo y el subsecuente lanzamiento del programa del alcohol, destacando en sus filas los trabajadores de la caña de azúcar. Estos nuevos contingentes proletarios no repiten la experiencia de la masa rural convertida en obrero industrial, en los principios de la industrialización, en la medida en que ya encuentra, en el plan de la lucha de clases, un proletariado industrial con tradición de organización y de lucha; pero exigen, por su juventud como clase y su nivel cultural más bajo, una mayor capacidad de conducción de la vanguardia obrera, ya que aceptan más fácilmente las maniobras de los “peleles” y de los agentes de la burguesía dentro del movimiento obrero, constituyéndose, de hecho, actualmente, en uno de los pilares de sostenimiento de la CONCLAT. Las huelgas de 1984 entretanto mostraron con claridad que la fuerza de sus reivindicaciones, tanto tiempo postergadas, y su combatividad los llevan a desbordar fácilmente sus liderazgos tradicionales, por lo que son visibles los progresos que alcanzó la CUT en el sector, por lo menos en São Paulo.

El movimiento obrero no se desarrolla sólo mediante su desdoblamiento en nuevos sectores y categorías, sino también a través de la absorción de un número creciente de trabajadores, dentro de cada ramo. En efecto, el carácter de masa que tienden a revestir las acciones obreras actualmente, la presión por la democratización de los sindicatos, la creación de nuevos y complejos mecanismos de vinculación entre direcciones y bases, están revelando una creciente participación de los trabajadores en procesos que, en el pasado, eran de la competencia de los liderazgos. Esto lleva a la diversificación de sus aspiraciones y reivindicaciones, para atender los intereses de los diferentes niveles y categorías de los obreros involucrados en la lucha ¹⁹, lo que configura el crecimiento y la maduración de la conciencia de clase, en lo que influye también el propio desarrollo sociocultural del país.

El vigoroso crecimiento de la clase obrera brasileña y la pujanza del movimiento creado por él condujeron, en los años recientes, al resurgimiento de una ideología y una práctica clasista, casi olvidados después de la gesta de los años diez. Pero las de entonces eran fruto de un avance de la conciencia en relación con las condiciones reales del movimiento obrero de la época y resultaban, como ya indicamos, de la presencia actuante de los inmigrantes europeos en el sindicalismo brasileño. El clasismo de hoy nace del desarrollo orgánico y de las batallas trabadas por las fuerzas de la izquierda en el pasado próximo; nada colaboró tanto para hacerlo posible como el desenmascaramiento del carácter de clase del Estado, operado en 1964. Rompiendo con la tradición del Estado Novo y del régimen instaurado en 1946, la burguesía brasileña abandonó entonces la pretensión de disimular su control de clase, prefiriendo apoyarlo con las bayonetas. El proletariado brasileño tuvo la amarga experiencia de enfrentarse a un Estado enemigo y hostil, y es la conciencia de ello lo que se expresa en el clasismo. Como sucede con cualquier clase social en esas circunstancias, la clase obrera no fue súbitamente iluminada por el Divino Espíritu Santo, sino que antes bien realiza trabajosamente la traducción de esa experiencia en una ideología y en una práctica propias. Así pues, es natural que amplios sectores de ella —posiblemente aun la mayoría, particularmente por el peso del proletariado rural— continúen sufriendo la presencia de liderazgos atrasados y corruptos, que se las ingenian para mantenerla sujeta a la burguesía y subordinada al Estado. La experiencia vivida por el proletariado brasileño durante el régimen militar, y el hecho de que haya dado origen a una corriente clasista, significan, empero, que la ruptura buscada desde los años cincuenta tuvo al fin lugar y que una nueva dinámica, más rica y más fecunda, ha comenzado. Más temprano que tarde, esa dinámica dará sus frutos.

El mayor problema que el clasismo enfrenta hoy nace de él mismo y reside en la tendencia que se verifica en él, de resbalar hacia el obrerismo. Resultado de la falta de cultura política de la vanguardia obrera y de la mala asimilación que los cuadros de extracción pequeñoburguesa hicieron de las experiencias de la izquierda brasileña, a fines de los años sesenta y principios de los setenta, el obrerismo amenaza a la clase obrera con lo peor que le podía suceder: su aislamiento. Efectivamente, cualquier avance de la clase obrera está íntimamente relacionado con el movimiento de otras clases ‘sociales, como nos lo muestra la historia de la lucha de clases en el Brasil.

Ahí está la experiencia de los años recientes, en la cual —confirmándose lo que ya se había visto en 1959 y a principios de los años sesenta— la división de la burguesía favoreció el avance del movimiento obrero ²⁰ y precipitó la decadencia de la dictadura militar. Es cierto que el proceso se volvió más complejo, en la medida en que la liquidación de la dictadura acabó ligada —y probablemente determinada por— a una reconstrucción del bloque burgués, que hoy se presenta de nuevo unificado. Pero, por eso mismo, es necesario buscar los medios de romper ese bloque, tanto más cuanto que la evolución de la burguesía brasileña indica que no puede permanecer mucho tiempo unida y que la actual situación del país permite prever, a corto plazo, el recrudecimiento de las contradicciones internas que parece haber superado momentáneamente.

Pero más importante que la burguesía, para la clase obrera, es la evolución de las clases medias asalariadas. Expandidas notoriamente durante la década de los sesenta y setenta, tienden hoy a convertirse en un verdadero proletariado de los servicios. Su situación no era ésa durante los años setenta: en el contexto del desarrollo económico propiciado por el régimen militar, cumplían la función relevante de alimentar una de las esferas de circulación privilegiadas por el esquema de reproducción del capital, es decir, la esfera alta, constituida por el consumo suntuario, que se sumaba a la del comercio exterior y a la del consumo estatal para viabilizar la realización de las mercancías. En esos términos, se constituía en una pequeña burguesía privilegiada, independientemente de que sus condiciones materiales de reproducción hubieran sido ya hechas a un lado por el capital, que las separaba de los medios de producción y de vida. Desde la crisis de 1975, empero, la tierra comenzó a moverse bajo sus pies. Los primeros movimientos de la economía del gran capital apuntaron en el sentido de restringir el consumo suntuario; aunque esa tendencia haya sido disimulada por movimientos contrarios, su presión fue lo suficientemente fuerte para que las clases medias ganaran las calles, ya en 1977, con la campaña de la amnistía, y acentuaran su oposición a la dictadura ²¹. Con la crisis de 1981, y particularmente después de 1983, con la revisión de la política salarial, la tendencia comenzó a operar plenamente, completándose ahora la proletarización de la pequeña burguesía con su pauperización.

Todo lleva a creer que no se trata de una tendencia pasajera y que, antes bien, una eventual recuperación de la economía brasileña rehabilitará para el consumo suntuario sólo a las capas superiores de la pequeña burguesía, manteniendo a las otras en los niveles del proletariado. Como quiera que sea, la reacción de la pequeña burguesía ante su expulsión del paraíso creado por el “milagro económico” ha sido acercarse a la clase obrera en sus formas de organización y en los métodos de lucha. Los sindicatos donde militan sus sectores son hoy activos —en particular los de los empleados bancarios, los médicos, los funcionarios y profesores, especialmente los universitarios— y las huelgas por ellos protagonizadas en los últimos años han destacado por su número y combatividad. Ese acercamiento (que la lleva a participar también de la división del movimiento obrero, aunque tienda todavía a favorecer a la corriente no clasista) es necesario para la pequeña burguesía, cuya posición en las luchas reivindicadoras es naturalmente débil, pero refuerza considerablemente el movimiento obrero, particularmente porque no le abre simplemente la posibilidad de una alianza de clase: le abre la posibilidad de incorporar efectivamente a sí, sino a toda, por lo menos a una parte significativa de esas clases medias como proletariado de servicios; esto es, asalariados de servicios con conciencia proletaria. Y de hecho, sólo la lucha de clases permite esa mutación, que no puede ser concedida ni negada por un decreto.²²

De este proceso, en el que crece, se diversifica y enriquece, al mismo tiempo que amplía su campo de alianzas y de asimilación a las otras clases, resulta con meridiana claridad que el movimiento obrero no puede limitar su ideario y su práctica en nombre de un obrerismo estrecho. La clase obrera está llamada a asumir, en grado cada vez mayor, la iniciativa política y a esgrimir para el conjunto de la sociedad una alternativa a la dependencia, a la injusticia social y a la opresión estatal, consustanciales a la solución burguesa. Si los cuadros más lúcidos de la burguesía y los más maleables de la clase obrera son todos hoy vagamente socialistas o caracterizadamente socialdemócratas, es porque saben que el capitalismo brasileño tiene los días contados y quieren ganarse unos días más. Para deshacer los engaños que de ahí resultan bastará que la clase obrera eleve su programa político y cree el instrumento capaz de llevarlo a cabo: su partido.

La corriente clasista advirtió ya eso, aunque de manera confusa. Sin definir un esquema claro de alianzas, sin delimitar con precisión el campo de la lucha social y de la lucha política, sin unificar sus fracciones dispersas en partidos creados artificialmente, sin vincular correctamente la lucha de clases en el país con la que se desarrolla en el plano internacional, no ha sido capaz todavía de ocupar el lugar que es suyo en el Brasil de hoy. El desarrollo futuro del movimiento obrero depende —tanto como de la acción de los elementos objetivos anteriormente indicados— de que esto se logre, para que finalmente pueda desdoblarse en un movimiento socialista, en cuyas filas las amplias mayorías encuentren inspiración y medios para construir al fin el país que les conviene.

Ruy Mauro Marini

Notas

• *Zona fabril de São Paulo: Santo André, São Bernardo y San Caetano. [Ed.]

1. Según Herminia Tavares de Almeida, “Novas demandas, novos direitos: experiéncias do sindicalismo da última década”, Dados, Río, 26-3, 1983, p. 265.
2. Más que de las instituciones serviles —que también fueron trasplantadas al Brasil, durante la colonización— las relaciones de trabajo en el país sufrieron fuerte influencia del régimen esclavista. Entre los autores brasileños que llamaron la atención sobre ese hecho, vale la pena mencionar a Caio Prado Júnior, A revoluçáo brasileira, ed. Brasiliense, São Paulo, 1966.
3. Este periodo ha sido objeto de muchos estudios; el más reciente es el de René Arnaud Dreyfuss, 1964: A conquista do Estado, ed. Vozes, Petrópolis, 1981.
4. La piedra angular de la política salarial fue colocada ya en 1964 por el Programa de Acción Económica del gobierno de Castelo Branco, que fijó la siguiente norma: “Que el salario reajustado sea determinado de modo que iguale el salario real vigente en los últimos 24 meses, multiplicado en seguida por un coeficiente que traduzca el aumento de productividad estimado para el año anterior, aumentado por la previsión para compensaciones de residuos inflacionarios admitidos por azar en la programación financiera del gobierno” (el subrayado es mío). Según Eduardo Matarazzo Suplicy, “Alguna aspectos da política salarial”, Revista de Adminitração de Empresas, Río, n. 5, 14, septiembre-octubre de 1974, p. 32.
5. Según Suplicy, art. cit.
6. Este punto de vista ha sido impugnado por algunos autores. Interviniendo en la discusión João M. L. Saboia afirma con razón que, en tanto que hasta el principio de la década de los setenta el salario mínimo se confundía con la propia tasa de salario, actualmente ha servido de base para la negociación de topes salariales, cuyos valores se sitúan en su gran mayoría muy próximos del salario mínimo. “O salario mínimo e a taxa de salários na economía brasileira: novas evidéncias”, Universidad Federal de Río de Janeiro, Instituto de Economía Industrial, Texto para Discusión, n. 26, 1983, p. 49.
7. Al promover la rotatividad de la mano de obra, el FGTS amplía el ejército industrial de reserva bajo su forma flotante y actúa directamente sobre el nivel salarial. Como ya observamos, las empresas despiden a sus trabajadores en vísperas de la revisión colectiva y los readmiten después o contratan otros, con salarios más bajos que los que obtendrían a través de un acuerdo salarial; según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), O fondo de garantía e seu impacto no mercado de trabalho, São Paulo, 1978. Una investigación de la Fundação Instituto de Pesquisas Económicas de la Universidad de São Paulo, reveló que, para el año de 1974, la tasa media global de rotatividad en la industria automovilística era del 72% y del 63% en las ramas eléctrico-electrónica y metalúrgica, fenómeno que se acentuaba en la pequeña y mediana empresa; Folha de São Paulo, 2 de abril de 1978.
8. Con base en la investigación que realizó en dos empresas automovilísticas de São Paulo, de 1974 a 1975, su autor observa: “Se acostumbra argumentar que sólo los obreros calificados tienen experiencia de trabajo industrial y de vida urbana, pero la investigación comprobó que no era el caso”, sosteniendo que “a los obreros incluidos en las categorías de no calificados y semicalificados no les faltaba experiencia urbana e industrial”. Para la empresa en la que centró su atención, su muestra estableció una proporción del 17.2% de obreros calificados, del 56.9% semicalificados y del 26.9% no calificados. John Humprey, “Operarios da industria automobilística no Brasil: novas tendancias do movimento trabalhista”, Estudos Cebrap, n. 23, enero-marzo de 1978, pp. 92-93. La distribución de los trabajadores en el sector formal del Brasil por nivel e instrucción, en 1976, daba muestras de que solamente el 2.6% estaba constituido por analfabetas y no-declarados; los trabajadores con alfabetización elemental representaban el 5.9% del total; los que habían cursado del primer grado hasta secundaria incompleta representaban el 11%; y los que tenían el primer grado completo el 8.6%; el 20% restante, con un curso incompleto o completo, se escalonaban entre el segundo grado y el nivel superior, según João M. J. Saboia, op. cit.
9. Teresa Matos y Mariana Carvalho, “Efeitos da super-explotação sobre a classe operária”, Brasil Socialista, n. 3, Lausana, julio de 1975.
10. Humphrey, art. cit., p. 100.
11. Suplicy, art. cit., Anexo II, cuadro 1.
12. Ibíd., cuadro 2. Aquí utilizamos el concepto corriente de productividad.
13. El estudio es de Edmar Bacha, citado por Humphrey, art. cit., p. 95. Los datos proporcionados por Suplicy acusan una caída del 6% en la media anual del salario mínimo entre 1966 y 1972.
14. Humphrey, art. cit., pp. 25-26.
15. Ibíd., p. 27.
16. Datos sobre la amplitud de las huelgas se pueden encontrar en el artículo de M. H. Tavares de Almeida, ya citado.
17. Un buen análisis de los efectos de esa política en los salarios y su relación con la inflación se encuentran en el artículo de Paulo Vieira da Cunha: “Reajustes salariais na indústria e a Ley Salarial de 1979: uma nota empírica”, Dados, Río, 26-3, 1983, pp. 291-312.
18. Estas informaciones, como las que siguen, fueron tomadas de documentos y publicaciones sindicales, así como de los eventos y organizaciones mencionados, que sólo serán citados cuando sea necesario.
19. La comparación de las reivindicaciones incluidas por los tres sindicatos (de los metalúrgicos de São Bernardo, de los metalúrgicos de São Paulo y de los metalúrgicos de Santos, que participan en las dos corrientes del movimiento sindical, en sus negociaciones colectivas) revela que las relativas a los salarios, que eran la mayoría en 1970 (cerca de tres cuartas partes) disminuyeron considerablemente su peso a lo largo de la década para llegar a representar sólo cerca del 10% total en 1981; en su lugar, se insertan reivindicaciones que se refieren a la política social de la empresa, a la situación funcional, a las condiciones de trabajo y a las cuestiones sindicales. Según los datos presentados por M. H. Tavares de Almeida, art. cit.
20. Un ejemplo histórico notable en este sentido es la forma en que el enfrentamiento entre la burguesía industrial y la burguesía agraria favorece, en la Inglaterra del siglo XIX el ascenso del primer movimiento político de la clase obrera —el cartismo— y facilitó al proletariado la obtención de conquistas significativas en el plano de la legislación trabajadora, en particular con referencia a la reducción de la jornada de trabajo. Según Marx, El Capital, Libro I, cap. VIII.
21. Según mi artículo “Estado y crisis en Brasil”, Cuadernos Políticos, n. 13, México, julio-septiembre de 1977.
22. Como lo hicieron, en sentido divergente, dos estudiosos marxistas, Harry Braverman y Nicos Poulantzas, quienes, a partir del análisis de la posición de las clases en el proceso de producción, optaron —el primero— por incluir en la clase obrera a todos los asalariados o —el segundo— por circunscribir la clase obrera exclusivamente a los productores directos de plusvalía; según respectivamente Labour and Monopoly, Monthly Review, Nueva York, y Les Classes Sociales, Maspero, París. La posición de los dos autores tenía sobre todo una motivación política: Braverman procuraba fundamentar en el análisis marxista el populismo maoísta y Poulantzas buscaba demostrar el carácter minoritario de la clase obrera para justificar el abandono de una política clasista por parte del Partido Comunista Francés, embarcado entonces en la aventura eurocomunista. Teóricamente, ninguna de las dos posiciones puede apoyarse realmente en Marx; el error de ambas consistía en tomar las categorías económicas de trabajo productivo e improductivo como categorías sociológicas. Sobre el alcance y los límites del análisis económico en el estudio de las clases sociales, véase Esthela Gutiérrez, “La determinación económica de las clases sociales en el capitalismo”, en Sergio Bagú y otros, Teoría marxista de las clases sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1983.