Ayuda militar norteamericana: defensa de la seguridad de Estados Unidos
Fuente: Excélsior, México, 14 de diciembre de 1975.
Informaciones procedentes de Washington indican que el gobierno norteamericano ha solicitado al Congreso autorización para ventas de armas a América Latina por 168 millones de dólares, aproximadamente, el próximo año. Se confirma así el aumento de las ventas militares a países de la región, que se observa desde 1971. En ese año, se autorizó un total de 106 millones de dólares, en contraste con la cifra más alta que se registrara anteriormente, en 1968 (63 millones de dólares), año en que se aprobó la nueva Ley de Ventas Militares al Exterior.
El monto propuesto para 1976 es inferior a la cifra de 1974 que ascendió a casi 310 millones de dólares. Hay que considerar, sin embargo, que a ese monto se agregará la suma correspondiente al entrenamiento de personal militar, realizado en el marco del Programa de Asistencia Militar (PAM), que ha oscilado, desde 1971, entre 22 y 30 millones de dólares. Por otra parte, no se contemplan en él tampoco las ventas directas de armas realizadas por empresas privadas norteamericanas, que fueron de 60 millones de dólares en 1968 y de 74 millones en 1973.
La competencia europea
El incremento de las ventas militares norteamericanas a América Latina está íntimamente ligado a la presión ejercida por los mismos países de la región en este sentido. Los intentos del Congreso de Estados Unidos para imponer limitaciones a este rubro fueron contestados por dichos países a través de la diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento, lo que benefició particularmente a Europa. En 1968, regresando de su gira por Latinoamérica, el entonces gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, llamó la atención sobre este hecho en su conocido informe. Esto llevó a una primera flexibilización de la política norteamericana en la materia; posteriormente, el ex presidente Nixon le dio el giro definitivo, provocando el aumento progresivo de las ventas por este concepto.
Esto no basta para explicar, sin embargo, el hecho de que el programa gubernamental norteamericano de ventas de armamentos haya implicado que América Latina comprara equipos a Estados Unidos por mil 400 millones de dólares, entre 1950 y 1974, y absorbiera del PAM (que incluía inicialmente donaciones y préstamos), en el mismo periodo, mil 134 millones de dólares. Es la dinámica de la guerra fría, primero, y la puesta en práctica de la estrategia de contrainsurgencia, a partir de 1961, lo que explica fundamentalmente esta aplicación (para darle un nombre) de recursos por parte de los gobiernos latinoamericanos, la cual ha implicado una dependencia creciente de nuestros países en este campo.
El “escudo protector”
Los responsables de la política norteamericana no han ocultado jamás sus propósitos, en lo que atañe a la asistencia militar. — “Todo dólar invertido en ayuda donada (en materia militar) tendrá su más efectivo uso en apoyo a la política exterior y la seguridad de Estados Unidos”— declaró ante el Congreso, el 3 de junio de 1969, el entonces secretario de Defensa, Melvin R. Laird. Robert McNamara, quien ocupó el mismo cargo, sostiene lo mismo, aunque en forma más sofisticada, en su libro “La esencia de la seguridad”.
Refiriéndose específicamente a los países subdesarrollados, McNamara sostiene allí que “en una sociedad que se moderniza, seguridad significa desarrollo”. Pero añade, más adelante: “La ley y el orden son el escudo tras el cual puede conseguirse el hecho esencial de la seguridad, el desarrollo”. Para dotar a dichos países de ese “escudo protector”, McNamara recomienda, en la esfera militar, amplios programas de ayuda en adiestramiento y equipo bélico, así como en “acción cívica” o sea “utilizar fuerzas militares indígenas (sic) para proyectos militares no tradicionales”.
Matices de la ayuda
Es interesante observar que, en programas de “acción cívica”, Estados Unidos destinó a América Latina, entre 1962 y 1970, recursos del orden de los 52 millones y 500 mil dólares. No se quedó atrás, por otra parte, en lo que se refiere a “ayuda al desarrollo”: en el mismo periodo, las inversiones privadas norteamericanas pasaron de cerca de 8 mil millones de dólares a 14 mil 700 millones.
Convendría tener presente, finalmente, el matiz de los propósitos que animan al gobierno norteamericano a plantearse el programa de ventas militares para 1975. Hay dos casos bastante significativos. El de Brasil, que ocupa el primer lugar en la lista con 60 millones de dólares y que debe esta posición privilegiada a su “importancia estratégica”, así como a “su creciente capacidad para participar con las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones de contingencia”. El segundo lugar lo ocupa la turbulenta Argentina, respecto a la cual el crédito propuesto (34 millones de dólares) servirá para mejorar “su capacidad para el mantenimiento de la seguridad interna”, es decir, su “escudo protector”.
Ruy Mauro Marini
