Estados Unidos: una política de choque para la industria bélica
Fuente: El Sol de México, México, 17 de febrero de 1977.
Algunos movimientos recientes de la Administración Carter le están significando establecer niveles importantes de conflicto con algunos de los países que más adictos se han mostrado a Estados Unidos. Es el caso de Alemania Federal y Brasil, que se ven presionados por el gobierno norteamericano para revisar el acuerdo nuclear que firmaron el año pasado. Al aplicar esa presión, Estados Unidos no ha vacilado en poner en entredicho la “relación especial” que, por mediación de Kissinger, había establecido con Brasil y en imponer en los hechos un embargo al suministro de uranio enriquecido (sobre el cual tiene el monopolio, en el campo occidental) a Alemania Federal. Es también el caso de Israel y Ecuador, que han visto vetado por el gobierno norteamericano el negocio que habían contratado respecto a los aviones Kfir. Para actuar con esa dureza, Estados Unidos tiene fuertes razones económicas y militares. Consideraremos aquí tan sólo las primeras.
La extraordinaria prosperidad de que gozó Estados Unidos en la posguerra, hasta fines de la década pasada, se basó en la posición de absoluta hegemonía de que dispuso sobre la economía capitalista mundial. Ello le permitió no sólo contar con amplios mercados para su producción, sino también, para sus capitales. La economía norteamericana pudo así, desde la década de los cincuenta, funcionar sobre la base de déficits de pagos, que proporcionaban al exterior los dólares necesarios para ampliar la circulación monetaria y dinamizar, por tanto, el mercado, sin que ello incidiera, hasta la década siguiente, en las reservas de Estados Unidos. Luego, los déficits fiscales de los sesentas hicieron funcionar la máquina de fabricar dólares para asegurar las transferencias de mercancías y capitales, así como los gastos militares en el exterior. Al intensificarse la presión de esa enorme masa monetaria sin respaldo sobre sus reservas, el Estado norteamericano planteó la defensa del dólar y en términos políticos, imponiendo primero su inconvertibilidad y después su devaluación.
Para entonces, la prosperidad de Estados Unidos llegaba a su fin. La inflación que la acompañara se mantenía, pero ahora tenía como contrapartida la recesión. No hay ningún misterio en ello, como se pretende hacer creer. En una economía altamente monopolizada, la acción sobre los precios por parte del capital es un mecanismo normal para contrarrestar el alza de los salarios y agilizar el traspaso de ganancias entre los capitales individuales. Ejemplo de lo último ha sido el alza de los precios del petróleo, que puso a los monopolios que operan en esa rama en posición envidiable ante los demás. Respecto a lo primero, la inflación de principios de los sesentas respondió a un alza anual del 3.9% de los salarios horarios en Estados Unidos; su aceleración a partir de 1966 se dio en función de que los salarios siguieron subiendo, experimentando alzas de 6%, luego de 7% y llegando a los 8% en 1973.
El “boom” norteamericano de los sesentas incubaba, pues, la crisis. Esta se desató con la entrada en escena, en el plano del mercado mundial, de Europa, particularmente Alemania Federal, y Japón, forzando a un repliegue norteamericano y llevando a que buena parte de las ganancias obtenidas en Estados Unidos tuvieran que invertirse in situ. La consecuente presión sobre el mercado de trabajo —que se expresa en el hecho de que el índice de desempleo, que era de un 6% al empezar la década de los sesentas, bajó a menos del 4% desde 1966 y se mantuvo allí hasta 1969— explica el movimiento ascendente de los salarios. Pero explica también la caída de la cuota general de ganancias, desde un 16% en 1966 a un 9% en 1969. El intentar elevar esa cuota mediante la inflación significó desorganizar al conjunto de la economía, agudizar la lucha interburguesa y dar paso a maniobras audaces como la del alza del precio del petróleo, en 1973.
Desde entonces, en un marco caracterizado por la retracción de la inversión privada y la presión acentuada sobre los precios, se impone la política deflacionista, concienzudamente aplicada por el gobierno Ford. Desde el punto de vista gubernamental, ello implicaba que el Estado tendría que abocarse a la reducción del déficit de pagos y del déficit fiscal. De lo primero, es un buen ejemplo la Ley de Comercio Exterior, que descargó sobre América Latina una porción significativa del peso de la recuperación de la balanza comercial norteamericana. De lo segundo, la necesidad de recortar el presupuesto público y, por ende, los gastos de defensa, reduciendo “el despilfarro y la ineficacia” en esta materia, como dijo Mondale. Esos gastos han duplicado ya la cifra de 50 mil millones de dólares que le había parecido ominosa a Eisenhower, llevándolo a denunciar al “complejo industrial-militar”.
Los gastos militares tienen, en efecto, la característica de aumentar la circulación monetaria, por los pagos efectuados por el Estado, sin ofrecer en contrapartida bienes y servicios que los que se benefician de esos pagos pueden adquirir, dando su dinero a cambio. En otros términos, son esencialmente inflacionarios. Es natural, por tanto, que en el momento en que la Administración Carter se propone reactivar a la economía norteamericana, manteniendo sin embargo una política de moderación de la inflación, tenga que encarar la posibilidad de reducir esos gastos (según el Secretario de Defensa, ello podría implicar una reducción entre 5 y 7 mil millones de dólares). Pero, sea por la fuerza política de que gozan los militares y los sectores industriales a ellos vinculados, sea por la necesidad real de no conducir a una crisis a éstos últimos, con los efectos consabidos en materia de empleo, el gobierno se ve forzado a procurarles mercados que compensen aquéllos que les estaría cerrando por la restricción de los gastos militares.
Esos mercados compensatorios están necesariamente en el exterior. La dureza con que la Administración Carter trata hoy de recuperar el control del mercado de armamentos y similares lo muestra el incidente provocado por Israel y Ecuador. Lo muestra sobre todo el conflicto abierto con Alemania Federal y Brasil, puesto que, de concretarse el acuerdo nuclear entre estos países, la industria nuclear alemana copará el mercado brasileño —el que más promete en América Latina— además de llevar al colapso el monopolio norteamericano de suministro de uranio enriquecido, tan celosamente defendido hasta ahora.
Ruy Mauro Marini
