Represión sindical en Chile: institucionalización contradictoria
Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 25 de octubre de 1978.
El proceso de institucionalización que ensayan las dictaduras latinoamericanas con variantes de forma y ritmo, es algo profundamente contradictorio. Las contradicciones se revelan ya en su finalidad: se pretende establecer un marco institucional democrático y, simultáneamente, restringir la participación popular en el mismo. La democracia restringida —o, como quieren los teóricos norteamericanos, “viable”, “gobernable”— es una contradicción en sus propios términos, que sólo puede engendrar un desarrollo político extremadamente inestable, marcado por constantes marchas y contramarchas.
Pero las contradicciones de la institucionalización latinoamericana nacen también de las propias causas de que ella se derivó. En efecto, ella surge para atender a intereses de Estados Unidos, deseosos de encontrar para América Latina regímenes políticos más estables y menos polémicos que las dictaduras militares abiertas, así como de intereses de las burguesías locales, quienes aspiran a resolver sus conflictos internos, asentar con más firmeza su dominación sobre las masas y lograr un grado mayor de injerencia en el manejo de los asuntos del Estado. Junto a esto, la institucionalización se plantea también como un paliativo a la lucha democrática popular, como una maniobra que trata de mediatizar las presiones de las masas y encauzarlas hacia falsos objetivos.
En estas condiciones, es inevitable que el discurso político de las clases dominantes latinoamericanas se encuentre hoy viciado de absurdos, del mismo modo como también lo está su práctica. Es en Chile donde ello aparece con más claridad. Allí, tuvimos una amnistía que excluyó a la inmensa mayoría de los que supuestamente deberían beneficiar, manteniendo en el exilio a miles de chilenos. Se elabora en secreto, fuera del alcance de las distintas fuerzas a quienes interesa directamente, un proyecto de constitución política, de la cual sólo se sabe, según voceros de Pinochet, que será la constitución de un régimen “democrático”, pero también “autoritario”. Y el mismo Gobierno que anuncia una institucionalización pretendidamente democrática acaba de privar de organización gremial a 400,000 trabajadores, al disolver por decreto siete centrales sindicales.
No sorprende, pues, que la dictadura chilena viva en una crisis permanente, que proviene tanto de los enfrentamientos que mantiene con las masas populares y sectores de la propia burguesía, como de sus divisiones internas. Hace poco, esas divisiones llegaron a provocar la exclusión de uno de sus miembros, el general Gustavo Leigh, y el subsiguiente descabezamiento de toda la Fuerza Aérea.
Ello está mostrando que la lucha por la democracia, en América Latina, no se dará mediante un proceso gradual, que amplíe progresivamente y de manera sólida el margen de las libertades cívicas, sino más bien se desarrollará en medio a crisis, en zigzagueo, a través de avances y retrocesos. Los grupos dominantes oscilarán permanentemente entre las concesiones y la represión, entre la creación de una institucionalidad más flexible y la defensa a ultranza del aparato estatal creado en el último período. Las fuerzas populares adoptarán una táctica de ofensivas y repliegues sucesivos, probando su fuerza en cada avance y ganando solidez política y organizativa en cada repliegue.
La disolución de los sindicatos chilenos muestra también que la lucha democrática tendrá que valerse, como hasta ahora, de las más diversas formas de lucha y organización. En Chile, junto a ocupar con la acción sindical el reducido espacio legal otorgado por la Junta, el movimiento obrero ha creado también organizaciones semilegales como la Coordinadora Nacional Sindical, e ilegales, como los comités de resistencia y de fábrica. Sobre esta base, contra la cual nada pueden los decretos de Pinochet, podrán seguir ahora el combate por sus reivindicaciones económicas y sus derechos políticos.
Ruy Mauro Marini
